Gaceta Crítica

Mark Gruenberg (PEOPLES’S WORLD), 26 de Junio de 2026

Nick Gutiérrez, presidente de la denominada «Asociación Nacional de Propietarios de Tierras Cubanos en el Exilio», muestra un mapa de La Habana encargado por la petrolera Esso, el 21 de abril de 2026, en Coral Gables, Florida. Esso era el nombre comercial con el que operaba la actual corporación ExxonMobil en la Cuba prerrevolucionaria. | Marta Lavandier / AP

WASHINGTON—Por un margen partidista de 6 a 3 —todos los jueces nombrados por republicanos a favor, todos los jueces nombrados por demócratas en contra— la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al gigante petrolero ExxonMobil para demandar al gobierno cubano por al menos mil millones de dólares.

En su dictamen mayoritario, el juez Brett Kavanaugh explicó que, por lo general, los gobiernos extranjeros, y también sus diplomáticos en Estados Unidos, gozan de «inmunidad soberana» frente a las demandas estadounidenses. 

Pero la Ley Helms-Burton, que el Congreso aprobó y el presidente demócrata Bill Clinton promulgó en 1996, estableció una excepción explícita para Cuba y sus «agencias e instrumentos», a menos que el presidente de Estados Unidos renunciara a la aplicación de la ley. 

Dos compañías petroleras estatales cubanas, UniónCuba-Petróleo y Corporación CIMEX, SA, a las que ExxonMobil demandó junto con el gobierno, ahora administran la refinería, los oleoductos y las más de 100 estaciones de servicio que dejó Standard Oil, la predecesora de ExxonMobil, entre 1959 y 1960.

Este fallo es otra decisión favorable a las grandes empresas por parte de la mayoría republicana de la Corte Suprema, lo que ha contribuido a que la opinión pública sobre el Tribunal Supremo caiga a niveles negativos. 

Esa misma mayoría ha desmantelado la Ley de Derechos Electorales, ha bendecido el financiamiento ilimitado de las corporaciones en la política, incluido el «dinero opaco», y ha hecho la vista gorda ante los oligopolios, los monopolios y la Declaración de Derechos.

ExxonMobil no necesita el dinero. El año pasado registró beneficios de 28.800 millones de dólares y, según los analistas de mercado, va camino de alcanzar una cifra idéntica este año.

Los presidentes anteriores a Donald Trump habían renunciado a la sección de la Ley Helms-Burton que permitía demandar al gobierno cubano. Trump, para congraciarse con la influyente comunidad cubana derechista y anticastrista del sur de Florida, puso fin a dicha renuncia en 2019. Esto restableció el derecho de las empresas y los particulares a demandar. 

El valor original de las instalaciones de la petrolera antes de la Revolución Cubana de 1959 y su posterior toma de control era de 71 millones de dólares. Con la inflación, las penalizaciones y un interés anual del 6% a partir de 1960, ha aumentado a 1.000 millones de dólares. La Ley Helms-Burton también contempla el pago de daños triples. 

Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, de apellido demócrata, emitieron votos disidentes. En su opinión, Kagan afirmó: «Nada en el texto ni en la «estructura» de la Ley Helms-Burton sugiere que el Congreso haya derogado la inmunidad soberana de estos acusados, y mucho menos que lo haya hecho con la claridad inequívoca requerida».

Ninguno de los legisladores estadounidenses con grandes poblaciones cubanoamericanas anticastristas —los representantes Robert Menéndez Jr., demócrata por Nueva Jersey, y Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, todos republicanos por Florida— tuvo reacciones inmediatas al fallo del tribunal.

Los sitios web del Miami Herald y de las dos cadenas nacionales en español, Telemundo y Univision, indican que no cubrieron la noticia. La Embajada de Cuba en Estados Unidos tampoco emitió ningún comentario de inmediato.

Pero en su discurso ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba una semana antes del fallo judicial, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel habló de intentar atraer más inversión extranjera como parte de un amplio plan de reforma económica para contrarrestar el embargo estadounidense y otros controles férreos de la derecha sobre la república insular.

“No solo debemos decirles a los inversionistas extranjeros dónde invertir, sino también capacitarlos para que inviertan en el sector económico de su interés y seleccionen directamente a sus trabajadores, siempre sin intermediarios estatales”, afirmó Díaz-Canel.

“Debemos autorizar la inversión extranjera directa en el sector privado nacional… con reglas claras sobre propiedad, repatriación, reinversión y resolución de controversias”. Esto incluye “facilitar modelos de inversión con diferentes modalidades y con la participación de todos los actores involucrados”.

Díaz-Canel criticó duramente el carácter imperialista del embargo, que se mantiene desde 1960, así como la obsesión de Trump por derrocar al gobierno cubano.

Eso queda simbolizado por la reciente acusación del régimen de Trump contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, por cargos estadounidenses de conspiración y asesinato.

Díaz-Canel no mencionó específicamente la Ley Helms-Burton, a pesar de que abre la puerta a demandas por parte de otras empresas y particulares, como los hermanos Fanjul.

Esos amigos de Trump y adversarios de Castro tienen prácticamente el monopolio de la producción de azúcar de caña cruda en Estados Unidos. Trump mencionó a los Fanjul en la recaudación de fondos en la Casa Blanca, entre los donantes corporativos, para su controvertido salón de baile. 

El galardonado periodista Mark Gruenberg dirige la oficina de People’s World en Washington, D.C. También es editor del servicio de noticias sindical Press Associates Inc. (PAI). Conocido por su habilidad periodística, su agudeza y su vasto conocimiento de la historia, Mark es un entrevistador comprensivo, pero implacable a la hora de indagar sobre las grandes corporaciones y sus dueños multimillonarios.