Gaceta Crítica

Jonathan Maunders (Counterfire), 18 de Junio de 2026

El gobierno boliviano está convirtiendo la retórica de Washington en ley. Tras semanas en las que funcionarios estadounidenses describieron las protestas como parte de un intento de golpe de Estado, el presidente Rodrigo Paz Pereira firmó una ley de emergencia que podría allanar el camino para una intervención militar contra las huelgas y los bloqueos de carreteras.

Esta medida permite a las fuerzas armadas intervenir en operaciones internas cuando se considera que la policía es insuficiente. Aún más peligroso, otorga a soldados y policías una presunción de legalidad en situaciones de conflicto. En la práctica, sus acciones se considerarán legales a menos que se demuestre lo contrario.

No se trata de un cambio administrativo menor. Paz está pasando de condenar el movimiento a prepararse para aplastarlo.

Apoyo de EE. UU.

Esto hace que la intervención del gobierno de Trump sea aún más significativa. Funcionarios estadounidenses han respaldado a Paz, y el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió asistencia de emergencia y apoyo logístico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha vinculado las protestas con amenazas de dominación por parte de grupos narcoterroristas.

El lenguaje utilizado es deliberado. Una vez que se tacha a los manifestantes de criminales o golpistas, la represión puede presentarse como la defensa de la democracia.

Con la nueva legislación, el gobierno de Paz ahora puede afirmar que despejar barricadas, desplegar tropas y suspender derechos no son ataques contra los trabajadores bolivianos, sino medidas necesarias para restablecer el orden. El respaldo de Estados Unidos contribuye a legitimar esta medida.

Este es el patrón habitual en América Latina. Los gobiernos de derecha son tratados como legítimos, incluso cuando atacan a los pobres. La represión se disfraza de estabilidad. Mientras tanto, los movimientos de masas son tachados de antidemocráticos cuando empiezan a desafiar el poder del mercado.

El costo humano ya es grave. Según el defensor del pueblo independiente de Bolivia, entre el 1 de mayo y el 2 de junio los disturbios dejaron diez muertos, 37 heridos y 365 detenidos. Los bloqueos también han interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicamentos, y ciudades como La Paz y El Alto enfrentan escasez.

Paz está intentando utilizar este sufrimiento para conseguir apoyo a una represión, culpando de la crisis a los manifestantes en lugar de a la austeridad y al colapso económico que originaron el movimiento.

Las protestas continúan

El problema del gobierno es que las protestas no han desaparecido sin más. Incluso en medio de una creciente represión, el movimiento sigue arraigado en una indignación real: por la escasez de combustible, el aumento de los precios, el estancamiento de los salarios y la sensación de que el gobierno de Paz representa los intereses empresariales y de Trump, en lugar de los de los trabajadores y los pobres del campo boliviano.

El enfrentamiento está cambiando. Paz intenta pasar de la negociación y la represión policial a los poderes de emergencia y la fuerza militar. Sigue afirmando que defiende la democracia mientras se prepara para aplastar al pueblo al que supuestamente sirve.

El movimiento de protesta boliviano es diverso. Reúne a mineros, sindicatos, trabajadores del transporte, organizaciones rurales y grupos indígenas. Existen tensiones reales en cuanto al liderazgo y la estrategia. Pero nada de eso justifica calificar un movimiento social de terrorismo o golpe de Estado.

El peligro es evidente. La administración Trump ha contribuido a crear el clima político propicio para la represión en Bolivia. La legislación de emergencia de Paz ha creado ahora el mecanismo para ello.

Si las huelgas y los bloqueos de carreteras se tratan como intentos de golpe de Estado, y se proporciona cobertura legal a los soldados antes de enviarlos a las calles, Bolivia se convertirá en una advertencia para toda la región.

La austeridad y la represión se disfrazan con el lenguaje de la democracia y la estabilidad. Por eso, el movimiento de protesta boliviano merece solidaridad y la intervención estadounidense debe ser rechazada.