Gaceta Crítica

Marta Martín (MUNDO OBRERO), 9 de Junio de 2026

Perú vuelve a mostrar una fractura que recorre toda América Latina: la confrontación entre pueblos que reclaman dignidad, recursos, derechos y reconocimiento, y élites que solo aceptan la democracia cuando no amenaza sus privilegios.

Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial de Juntos por el Perú | Fuente: @RobertoSanchP

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú no puede leerse como una simple disputa entre dos candidaturas. Lo que se ha puesto en juego este 7 de junio es mucho más profundo: la posibilidad de que el pueblo peruano cierre, aunque sea parcialmente, un ciclo de captura oligárquica del Estado, o que el fujimorismo regrese al Gobierno como expresión concentrada de autoritarismo, neoliberalismo y revancha de clase.

Mientras se escriben estas líneas, el escrutinio oficial sigue abierto y la diferencia entre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, continúa siendo estrechísima, por eso es imprescindible afirmar con claridad una cuestión básica: se debe respetar hasta el último voto, especialmente el voto rural, popular, campesino e indígena, tantas veces despreciado por las élites limeñas cuando no confirma sus expectativas políticas.

Perú llega a esta segunda vuelta después de años de crisis institucional permanente. En una década, el país ha encadenado presidentes destituidos, renuncias forzadas, gobiernos débiles, parlamentos hipertrofiados y una sensación de bloqueo estructural que ha vaciado de contenido la promesa democrática para amplias capas populares. La caída de Pedro Castillo, su encarcelamiento y la posterior recomposición del poder alrededor de un Congreso dominado por fuerzas conservadoras no cerraron la crisis: la profundizaron. Desde entonces, el sistema político peruano ha funcionado como una maquinaria de neutralización de cualquier impulso popular que cuestione los equilibrios heredados del fujimorismo y del neoliberalismo de los años noventa.

Por eso la candidatura de Roberto Sánchez expresa algo que va más allá de su figura individual. Representa la persistencia de un Perú profundo que no acepta ser tratado como anomalía cuando vota distinto a Lima, cuando exige reconocimiento, cuando reclama soberanía sobre sus recursos, derechos sociales, descentralización real y una Constitución que no siga blindando el modelo impuesto bajo el autoritarismo fujimorista.

La campaña de Sánchez ha conectado con el mundo rural, con sectores populares, con comunidades históricamente excluidas y con una memoria todavía abierta: la de millones de peruanos y peruanas que vieron en la victoria de Castillo una irrupción plebeya posteriormente cercada, deslegitimada y finalmente derrotada por una alianza de poderes parlamentarios, económicos, judiciales y mediáticos.

Frente a ello, Keiko Fujimori representa la continuidad política del fujimorismo: un proyecto que combina mano dura, conservadurismo social, subordinación económica a los grandes intereses privados y desprecio por las mayorías populares cuando estas se organizan políticamente. Su apellido no es un dato biográfico menor. Remite a una década marcada por el autoritarismo, la corrupción, las violaciones de derechos humanos, la persecución política y las esterilizaciones forzadas que golpearon especialmente a mujeres indígenas y campesinas. Keiko Fujimori ha intentado presentarse una vez más como garantía de orden, pero ese “orden” tiene un contenido de clase muy concreto: orden para los mercados, orden para las élites, orden para los poderes fácticos, disciplina para los pobres y represión para quienes se atrevan a cuestionar el reparto del poder.

La derecha peruana ha explotado durante toda la campaña el miedo a la inseguridad, a la inestabilidad y al supuesto “salto al vacío” que implicaría una victoria de la izquierda. No es una estrategia nueva. En América Latina, cada vez que los pueblos votan por proyectos que cuestionan la desigualdad, la concentración de la riqueza o la subordinación exterior, se activa la misma pedagogía del miedo: fuga de capitales, amenaza de caos, advertencias de los mercados, criminalización del voto popular y sospecha permanente sobre las regiones que no obedecen al centro político y económico. Lo vimos contra Castillo, lo hemos visto contra otros gobiernos populares de la región y lo vemos de nuevo ahora en Perú.

Sin embargo, lo que aparece como “miedo de los mercados” debe ser leído desde la izquierda como lo que realmente es: temor de las élites a perder el monopolio de la decisión pública. Que una candidatura plantee revisar concesiones, discutir impuestos a la riqueza, abrir un proceso de reforma constitucional o reforzar el papel del Estado en sectores estratégicos no debería ser presentado como amenaza antidemocrática. En sociedades profundamente desiguales, esas propuestas forman parte del debate democrático elemental. Lo verdaderamente antidemocrático es convertir cualquier reforma social en delito, cualquier soberanía económica en extremismo y cualquier voto rural en sospecha.

El Perú que ha votado por Sánchez no vota solo un programa. Vota contra la humillación acumulada. Vota contra la idea de que las comunidades campesinas e indígenas solo son aceptables cuando producen riqueza para otros, pero no cuando deciden políticamente. Vota contra un sistema que permitió que Pedro Castillo fuese tratado desde el primer día como un intruso en el Estado. Vota contra una arquitectura institucional en la que el Congreso ha adquirido una capacidad desmesurada para bloquear, condicionar o derribar gobiernos, mientras la representación popular queda subordinada a pactos parlamentarios opacos y a poderes que no se presentan a las elecciones.

Racismo político

En 2021, Keiko Fujimori desconoció durante semanas la victoria de Pedro Castillo mediante denuncias infundadas de fraude que buscaron anular masivamente votos procedentes de zonas rurales e indígenas. Aquella operación no fue solo una maniobra electoral; fue una expresión de racismo político. El mensaje era transparente: cuando el Perú profundo decide, su decisión debe ser revisada, judicializada o anulada hasta que resulte aceptable para las élites. Esa historia no puede repetirse. La observación internacional, las organizaciones democráticas y las fuerzas de izquierda deben mantenerse vigilantes para que el resultado sea reconocido sin chantajes, sin campañas de deslegitimación y sin presión externa.

También conviene evitar ingenuidades. Una eventual victoria de Roberto Sánchez no resolvería por sí sola la crisis peruana. El nuevo Gobierno nacería en un país fragmentado, con un Congreso previsiblemente hostil, con poderes económicos preparados para condicionar cada decisión, con medios de comunicación mayoritariamente alineados contra la izquierda y con una estructura institucional diseñada para impedir transformaciones profundas. La cuestión, por tanto, no es imaginar una victoria electoral como punto de llegada, sino comprenderla como apertura de una nueva fase de disputa.

Esa fase exigirá inteligencia política, unidad popular y claridad estratégica. Si Sánchez gana, la izquierda peruana necesitará construir mayoría social, no solo mayoría electoral; defender la democracia frente a la ofensiva destituyente; impulsar reformas sociales concretas que mejoren la vida de las mayorías; y abrir un debate constituyente que no sea una consigna vacía, sino una herramienta para democratizar el Estado, redistribuir poder y reconocer la pluralidad nacional del Perú.

Desde una perspectiva internacionalista, la izquierda europea debe mirar Perú con atención y respeto. No corresponde dictar lecciones desde fuera, pero sí reconocer con claridad dónde se sitúa la línea democrática. Esa línea no pasa por la defensa abstracta de la “estabilidad” cuando la estabilidad significa blindar un orden injusto. Tampoco pasa por aceptar como normal que los mercados tengan derecho de veto sobre la soberanía popular. La democracia no puede reducirse a votar cada cinco años para que después gobiernen los mismos intereses de siempre.

Perú vuelve a mostrar una fractura que recorre toda América Latina: la confrontación entre pueblos que reclaman dignidad, recursos, derechos y reconocimiento, y élites que solo aceptan la democracia cuando no amenaza sus privilegios. El fujimorismo es una de las formas más acabadas de esa democracia restringida: elecciones sí, pero bajo tutela; participación sí, pero sin transformación; orden sí, pero construido sobre desigualdad, racismo y miedo.

La segunda vuelta peruana deja, por tanto, una enseñanza fundamental. La izquierda debe comprender las condiciones materiales de cada disputa, las formas concretas de la dominación y los mecanismos mediante los cuales las oligarquías convierten su poder económico en poder institucional. En Perú, esa tarea pasa hoy por defender el voto popular, impedir una nueva operación de desconocimiento del resultado y acompañar a las fuerzas que, con todas sus contradicciones, expresan la voluntad de abrir un horizonte democrático, social y soberano.

Si finalmente Roberto Sánchez confirma su ventaja, será una derrota histórica para Keiko Fujimori y para quienes creyeron que el miedo bastaría para disciplinar otra vez al pueblo peruano.

Lo que sí es cierto es que gane quien gane formalmente, hay algo que esta elección ya ha demostrado: el Perú profundo sigue ahí, no ha sido derrotado, no acepta desaparecer y vuelve a decir que la democracia solo merece ese nombre cuando también habla con voz campesina, indígena, trabajadora y popular.

(*) Vicepresidenta del PIE y responsable de América Latina y el Caribe del PCE