Gaceta Crítica

Evgeny Morozov (LE MONDE DIPLOMATIQUE -Junio 2026), 5 de Junio de 2026

La conducta errática del presidente estadounidense podría ocultar una coherencia, consistente en una formidable recuperación del control de la economía por parte del Estado, aunque dirigida por banqueros de inversión. Donald Trump persigue la misma estrategia que su predecesor: organizar la soberanía de Estados Unidos frente a China en los sectores críticos de la defensa y la inteligencia artificial.

por Evgeny Morozov, junio de 2026Damien Hoar de Galvan. — Hanging On (Aferrarse), 2023

Cuando se trata de Donald Trump, es fácil confundir los aspavientos con la sustancia. Los primeros —insultos, caprichos arancelarios, tráfico de criptomonedas, melodramas ministeriales, crueldades calibradas para las cámaras— captan toda la atención en la pista del circo. Lo segundo se manifiesta en dólares. Es el importe del presupuesto de defensa más grande en la historia de Estados Unidos en valor nominal (cercano, en valor real, al pico anual alcanzado cuando el país luchaba contra la Alemania nazi y el imperio japonés): un billón y medio. Para reunir esa suma de dinero es necesaria toda la elegancia aritmética de un hombre que no duda en sablear hasta a sus propios hijos, es decir, en recortar los servicios públicos que los alimentan, los escolarizan y los curan.

Este presupuesto está llamado a financiar la transformación estructural del Estado norteamericano, de su economía y del lugar que ocupa en el orden mundial. La república se quita la máscara del libre mercado, aunque la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por su acrónimo en inglés), el fondo de inversiones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) In-Q-Tel, los laboratorios nacionales y otros instrumentos del “Estado desarrollista oculto”, como lo bautizó el economista Fred Block (1), existen desde hace tiempo. Sin embargo, ahora ya a plena luz del día, Washington selecciona ciertos sectores de actividad, fija precios, adquiere participaciones de empresas privadas y condiciona su ayuda internacional a la lealtad política de los beneficiarios. El vocabulario de la Guerra Fría y el del periodo inmediatamente posterior a la caída del Muro ya no interesan. “Keynesianismo militar” significaba impulsar la demanda agregada aumentando el gasto en defensa; el “neoliberalismo militar” trataba de alcanzar los mismos objetivos, pero pasando por proveedores privados y cadenas logísticas desreguladas. A lo que asistimos hoy en día no es tanto a una cuestión de presupuestos como de asignación de fondos; se trata de decidir qué empresas pueden mantenerse, con qué precios, con qué inputs, en qué sectores. La guerra que se está preparando será más económica que física; tendrá como campos de batalla las cadenas de suministro, los cuellos de botella y los balances contables.

Detrás de todo esto está, por supuesto, el miedo a China y a la tecnología que ha metido en cintura a todas las demás prioridades: la inteligencia artificial (IA). Ninguno de los problemas subyacentes es nuevo. Los planificadores del Pentágono y los analistas de la Rand Corporation hablan de minerales, chips, cables, estrechos y reactores desde hace décadas. Hasta ahora, los administradores asentían educadamente y cambiaban de tema de conversación. La particularidad de la IA es que aúna todas estas cuestiones en un relato único en el que perder ventaja significa izar la bandera blanca.

La historia empieza en 2016-2017, cuando un pequeño grupo de “halcones” obsesionados con China, entre ellos Peter Thiel, la única personalidad de Silicon Valley que apoyaba a Donald Trump en aquella época, decretó que Estados Unidos tiene que bloquear a cualquier precio los avances de Pekín en materia de tecnología móvil, 5G y microchips. El veto contra Huawei en 2019 sirvió como banco de pruebas. La alternancia política no supuso ningún cambio. Al contrario, Joseph Biden afinó el proceso con la creación de nuevos estratos administrativos sofisticados que determinan qué país puede comprar qué tecnología estadounidense. Su Administración amplió las restricciones a las exportaciones más allá de los propios chips para incluir también las máquinas que imprimen los circuitos, los programas de automatización de diseño electrónico (EDA, por sus siglas en inglés), los chips de memoria avanzada, las biotecnologías, las infraestructuras de informática cuántica y muchas otras cosas. Convertida en una especie de producto de primera necesidad del que ningún país piensa poder prescindir, la IA hace que suban las apuestas y Estados Unidos tiene el dedo en el interruptor.

Dinero público para minerales críticos

El segundo mandato de Trump ha consolidado esta herencia bipartidista centralizando las operaciones. Aposentado sobre una montaña de dinero en efectivo que gasta más o menos como le viene en gana, el Pentágono dirige ahora la planificación. Su pantagruélico presupuesto supone sobre todo un problema de personal: encontrar a personas capaces de tomar decisiones de nueve cifras y que estén más cómodas “desplegando” capitales que tropas. Hoy en día, esta tarea ya no recae en un departamento de recursos humanos relegado al sótano, sino en cazatalentos que facturan por hora y saben mostrarse persuasivos. De ser cierto lo que aparece en una oferta de empleo preparada por uno de ellos (y filtrada a la prensa) (2), el Pentágono quiere formar un equipo de treinta personas encargadas de invertir hasta 200.000 millones de dólares en tres años. Los emolumentos prometidos van de 300.000 dólares para los empleados a 600.000 dólares para los subcontratados a través de otros organismos. También se ofrece a los aspirantes un “acceso sin igual” a los altos cargos de la Administración y a redes en las que conseguir financiación que incluyen fortunas de la realeza, garantía de jugosas “oportunidades de salida”.

Esta prosa seductora se redacta en nombre de la Economic Defense Unit (EDU) (3), una agencia fundada en abril dentro del Pentágono por el multimillonario Stephen Feinberg, subsecretario de Guerra y uno de los principales donantes de Trump. Feinberg, además, también es cofundador del fondo de inversión Cerberus Capital Management, que gestiona 65.000 millones de dólares en activos, y ha construido su imperio sobre las ruinas de las joyas de la corona de la industria estadounidense, como el gigante automovilístico Chrysler o el fabricante de armas Remington, uno de los más antiguos del país.

La EDU formará un tándem con la Office of Strategic Capital (OSC), un organismo de préstamos que nació en la era Biden y que Feinberg convirtió en un fondo de inversiones que invierte dinero público en minerales, cables submarinos, drones o satélites. El primer gran contrato cerrado por esta entidad permite comprender mejor cómo circula el dinero. El fondo 1789 Capital, que cuenta con el primogénito del presidente estadounidense entre sus asociados, entró en el capital de Vulcan Elements tres meses antes de que esta empresa obtuviera un préstamo de 620 millones de dólares de la OSC, el más alto en la historia de la agencia. La ejecución del acuerdo se pudo agilizar gracias a la exención de la necesidad de efectuar un estudio técnico-económico, según un decreto presidencial de marzo de 2025 que aligera las condiciones de aprobación para los proyectos relacionados con los minerales críticos. La inversión es de lo más estratégica, puesto que Vulcan fabrica los imanes de tierras raras que el Pentágono necesita desesperadamente para construir sus aviones F-35 y enfriar sus centros de datos de IA y que están prácticamente monopolizados por China.

“Reparar” y “romper”

Lejos de ser una anomalía, el trato con Vulcan es más bien un prototipo, y los hombres que cocinan los siguientes acuerdos no se esfuerzan por disimularlo. Aquí es donde entra en escena el jefe de la EDU, Georges Kollitides II, que también pasó por Cerberus y supervisó el devenir de Remington durante las turbulencias tras la compra. Convertido en el principal consejero del Pentágono en materia de competencia económica, puso el dedo en la llaga durante la conferencia anual del Milken Institute a principios de mayo (4). Tras treinta años de “dominio chino en la guerra económica”, explicó, la reacción tiene que organizarse según una doctrina en dos movimientos: 1) “reparar”, es decir, relocalizar los minerales críticos, su transformación intermediaria y su metalización; 2) “romper”, es decir, atacar la base industrial de los adversarios para impedir que desarrollen unas capacidades que Estados Unidos trata, con retraso, de recuperar. Y, se trate de reparar o de romper, el equipo de la EDU sabe cómo hacerlo, dado que todos sus miembros vienen “del capital-riesgo y de las compras apalancadas”.

Gracias a su diagnóstico de la economía estadounidense post-1991, Kollitides se convierte por un momento, casi involuntariamente, en alguien interesante. Tanto la fuga de capitales en busca de normativas más flexibles y mano de obra más barata como los sinsabores de los “dividendos de la paz” prometidos por el presidente George Bush padre o la fuerza industrial exprimida hasta la última gota para financiar el bum del consumo serían, en su opinión, fruto de una serie de “errores de razonamiento”. Cabría esperar esta denuncia de alguien como Steve Bannon o de un keynesiano de izquierdas en un debate organizado por Jacobin, pero proviene de un financiero nato hablando en el salón de eventos de un hotel de Beverly Hills.

El actual consejo de guerra económico del Pentágono está lleno de inversores de capital-riesgo como él, que se han pasado treinta años sacando rédito de la erosión de la industria del país antes de erigirse en sus salvadores. Ellos son la peculiaridad de la secuencia de acontecimientos que estamos viviendo. Los Estados Unidos de la post-Guerra Fría sabían recurrir, si era necesario, a la planificación, pero la diferencia es que entonces los planificadores venían de la universidad, de los sindicatos o de los ministerios de industria. Ahora los contratados son exempleados de Cerberus, Apollo, Cantor Fitzgerald, bomberos-pirómanos que, habiendo aprendido a repartir el dinero de otros en las consultorías privadas, asignan ahora el dinero público siguiendo los mismos instintos y, globalmente, las mismas estructuras de precios.
Estos hombres intervienen en tres variables: los capitales, los precios y la energía.

Los capitales. Bajo la batuta de Feinberg, la OSC ha superado el ámbito de los préstamos para pasar a acceder a la propiedad propiamente dicha, un cambio que, según los expertos, excede sus competencias. Una cuestión que el Congreso, de mayoría republicana, se ha negado a examinar. El Pentágono se ha hecho con participaciones en MP Materials y Trilogy Metals, así como con warrants (certificados de opción) en Vulcan Elements y ReElement Technologies, que vienen a sumarse a las acciones del gobierno de Intel y Lithium Americas, mucho más comentadas. La One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) de Trump le ha pasado discretamente a la OSC un sobre de 1.500 millones que le permite asignar unos 200.000 millones de dólares de préstamos a cuatro años, la mitad de ellos destinados a los minerales críticos y la otra mitad a 31 sectores tecnológicos juzgados como “esenciales”. En el antiguo catecismo estadounidense no era el Estado quien escogía a los ganadores. La nueva regla es designarlos antes de que lo haga Pekín y asegurarse así de que sabrán a quién dar las gracias.

Los precios. En diciembre de 2024, China prohibió la venta a Estados Unidos de algunas tierras raras refinadas, entre ellas el galio, del que controla el 98% del mercado. Aunque el embargo se suspendió un año después, Washington respondió con el anuncio en febrero de 2026 del Project Vault: un fondo de 12.000 millones de dólares que combina financiación pública y capital privado para crear una reserva estratégica de sesenta minerales clasificados como “esenciales” por el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, cuyos futuros compradores se comprometen por contrato a adquirirlos a un precio determinado. Como complemento, el Gobierno estadounidense ha presentado el Forum on Resource Geostrategic Engagement (Forge), una alianza comercial donde los socios prevén llegar a acuerdos sobre los precios mínimos, las subvenciones y los compromisos de compra a largo plazo. Es decir: el libre mercado, tras tomarse unas copas patrióticas, ha descubierto el control de precios.

La energía. La inteligencia artificial no funciona con aire puro, aunque Silicon Valley haya hilado un relato de ascenso hacia las esferas etéreas de la abstracción (modelos, “nubes”, ideas brillantes…). En el plano material, se trata principalmente de una crisis de demanda de electricidad, agua, turbinas, uranio, chips, etc. Un centro de datos no es más que una fábrica en camiseta. El Departamento de Energía, para el que Thiel supuestamente seleccionó personalmente a un candidato para un cargo crucial en el sector nuclear, al tiempo que algunas de las start-ups incubadas en su Founders Fund se hicieron con los contratos más gordos (5), tiene por cometido devolver al sector nuclear el esplendor que tuvo a principios de la Guerra Fría (6). La misión Genesis del Ministerio de Energía, anunciada en noviembre de 2025 con un vocabulario digno del proyecto Manhattan, reúne 17 laboratorios nacionales —Los Álamos, Oak Ridge, Sandia y Argonne, que suman entre todos 40.000 científicos— en una plataforma única dedicada a la IA-al-servicio-de-la-ciencia, cuyas prioridades oficiales van desde la fisión nuclear hasta los semiconductores, pasando por los materiales críticos.

En todos estos ámbitos, la oferta lleva varios años de retraso respecto a la demanda. Pero, en vez de contar con que el mercado se reequilibrará a través de los precios, la Administración ha respondido acelerando los procesos a golpe de decreto y tratando los estudios medioambientales como cosa del pasado. Sin el pánico provocado por la IA, estos financieros seguirían en sus despachos de Park Avenue escupiendo columnas de opinión sobre el declive de Estados Unidos. Instalados en el Pentágono, han cambiado las diatribas por órdenes de compra.

Visto desde el extranjero, el sistema, más que a una política industrial, se asemeja a una coacción forzada. Pero Estados Unidos no les pide a sus aliados que admiren su ética; solamente tienen que estar de acuerdo con su estrategia china en todos los ámbitos (cadenas de suministro, exportación de chips, compras de minerales, normativa sobre datos, infraestructuras energéticas). El premio: disfrutar de sus créditos baratos, su “nube” y sus procesadores gráficos. El castigo: perder el acceso a las licencias de uso estadounidenses. Hasta ahora el proyecto apenas ha hallado resistencia alguna.

La trampa de la “IA soberana”

Punta de lanza de esta política, la coalición Pax Silica, presentada por la Casa Blanca el 12 de diciembre de 2025, aspira a asegurar la cadena de suministro de la IA para “reducir las dependencias coercitivas” (7). A los ocho socios iniciales, Arabia Saudí, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel, Japón, Reino Unido y Singapur, se les han ido uniendo Emiratos Árabes Unidos (EAU), Finlandia, Grecia, India, Noruega, Filipinas, Qatar y Suecia. Cada uno de los nuevos signatarios hace hincapié en sus bazas. La India promete que sus oligarcas desbloquearán 120.000 millones de dólares para construir infraestructuras nacionales de IA utilizando plataformas estadounidenses (que esto entre en contradicción con su pertenencia al grupo de los BRICS no parece molestar a nadie). Los EAU aportan su gigante G42, vestido de Microsoft tras haber abandonado sus desafortunados vínculos chinos bajo la presión de la Administración de Biden. El caso de Malasia, que no es miembro de la coalición, sirve de advertencia: en mayo de 2025, la viceministra de Comunicaciones anunció una estrategia nacional de inteligencia artificial articulada a partir de los equipos de Huawei; 24 horas después y tras un tuit de David Sacks, el zar estadounidense de la IA, daba marcha atrás. La Comisión Europea, por su parte, ha iniciado un diálogo para unirse a la alianza (Bloomberg, 12 de mayo de 2026).

Presentes durante la conferencia inaugural, los Países Bajos, cuyo líder nacional, ASML, suministra máquinas de litografía a todos los fabricantes de microprocesadores avanzados del mundo, han declinado amablemente firmar. Estados Unidos piensa, sin embargo, haber encontrado la forma de doblegarlos. El Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware (MATCH) Act, un proyecto de ley presentado a principios de abril en la Cámara de Representantes y apoyado por los dos partidos, daría un plazo de 150 días a los países aliados activos en la industria de los chips para conformar sus controles a las exportaciones con los de Washington bajo pena de represalias unilaterales. ASML, cuyo presidente y director general denuncia desde hace tiempo que estas restricciones siguen motivaciones más económicas que de seguridad, está, por supuesto, en el punto de mira. El Gobierno neerlandés ha protestado.

Ante los países del Sur, los estadounidenses se andan con menos cuidado. Desde el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a principios de 2025, la ayuda extranjera pasa por la Development Finance Corporation (DFC) y el Export-Import Bank of the United States (Eximbank), abiertamente diseñados como armas de guerra económica. A finales de 2025, la DFC vio cómo se incrementaba su límite de inversiones hasta los 205.000 millones de dólares, más del triple del nivel anterior, y se reforzaban sus capacidades en materia de compra de acciones. Durante un foro del Council on Foreign Relations en abril, su director, Benjamin Black, que viene del mundo del capital-riesgo y no tiene ninguna experiencia en el sector del desarrollo, describió la misión de la agencia haciendo alarde de un lirismo digno de un contable: “construir ecosistemas económicos holísticos arrimados a nuestros mercados financieros, protegidos de las tomas de poder rivales y estructurados de forma tal que generen rendimientos elevados para el contribuyente estadounidense”.

Bajo Trump II, los préstamos dan derechos sobre los resultados. Un ejemplo: en diciembre de 2025, la DFC firmó un crédito de 553 millones de dólares al operador del corredor ferroviario de Lobito. ¿El objetivo? Modernizar la parte angoleña de esta línea estratégica que permite transportar el cobre y el cobalto congoleño (y, con el tiempo, el cobre de Zambia) hasta el Atlántico y las cadenas de suministro estadounidenses para baterías y chips, alejándolos así del dominio chino de las exportaciones de minerales en la región.

Cuando los préstamos condicionados no bastan, Estados Unidos amenaza con cerrar su farmacia. Presentada en septiembre de 2025, la America First Global Health Strategy obliga a decenas de países, la mayoría africanos, a transferir a las agencias y laboratorios farmacéuticos estadounidenses sus bases de datos de salud nacionales, más, en el caso del proyecto de acuerdo con Zambia, veinticinco años de secuenciación genómica de agentes patógenos, bajo pena de cortarle el grifo de la financiación para tratamientos contra el sida y la tuberculosis. Una nota del Departamento de Estado obtenida por el periódico The New York Times desvela el tipo de chantaje que se ha convertido en normal: una oferta a Zambia de mil millones de dólares de ayuda a la salud en cinco años (apenas la mitad de lo que recibía hasta 2025) a cambio de firmar un convenio independiente que da acceso a Estados Unidos a su cobre, su cobalto y su litio (8). En Kenia, el acuerdo ya firmado se ha suspendido a la espera de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad. Y, cuando Zimbabue decidió retirarse de un acuerdo de 367 millones de dólares, Washington anunció inmediatamente la eliminación progresiva de su ayuda humanitaria a ese país.

La trampa más temible para el Sur sigue siendo, no obstante, la falsa promesa de la “IA soberana” ofrecida como premio de consolación (9). Invertir en tecnologías estadounidenses significa meter en casa los centros de datos, los chips, los modelos y los programas, y después fingir que representan una capacidad nacional. Lo que obviamente no es el caso. Los chips pueden desactivarse; los modelos son cajas negras que la protección del secreto comercial prohíbe abrir; y, si no están integrados en un planteamiento industrial más global, los centros de datos se convierten en unos tentáculos extractivos que producen principalmente medios extra de influencia para Washington. Las proyecciones desarrollistas clásicas de las décadas de 1970 y 1980, en las que un país empezaba por las piezas sueltas de automóvil antes de pasar a la fabricación de coches enteros y después, de vehículos eléctricos, no encuentran una equivalencia evidente en el campo de la IA. Pero, sin una estrategia de este tipo, la “IA soberana” es una trampa, no una solución. El país que mejor lo ha comprendido hoy en día es China, donde los centros de datos de Mongolia Interior se dedican primero a la economía nacional y solo después a la exportación. Desde primavera, la Administración Nacional de Datos china mide la actividad económica en tokens —la unidad que designa los fragmentos de texto tratados por los modelos de IA y, por extensión, la actividad de estos últimos—, es decir, según un criterio estrechamente ligado a la utilización de energía, lo que abre nuevas perspectivas en materia de planificación y asignación de medios. El consumo diario del país supera ya los 140 billones de tokens, es decir, que se ha multiplicado por más de mil desde 2024.

Durante el guateque del Milken Institute, el estratega económico en jefe del Pentágono ofreció la descripción más sincera hasta la fecha del cambio de era en curso en Washington. La fuente de inspiración, declaró Kollitides, no es ni más ni menos que el Imperio británico, con sus “organizaciones público-privadas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, dirigidas por el Estado y cuya flota era un instrumento de dominación económica por todo el mundo”. Que se pueda llegar a plantear una analogía así en 2026, sin pestañear y sin que ninguno de los asistentes se levante para mencionar la batalla de Plassey (el acta fundacional de la colonización británica de la India en 1757) o la forma en que, durante siglos, esas “organizaciones público-privadas” hicieron padecer hambre a un subcontinente entero para alimentar a Londres, es en sí mismo una confesión. El modelo elegido no es el New Deal, ni siquiera el Estado-arsenal de la Guerra Fría. Es un monopolio franquiciado cuyo nombre sigue siendo sinónimo de pillaje legal para más de la mitad del planeta.

Kollitides parece no haberse dado cuenta de que esa estructura ya existe. El Pentágono redacta sus estatutos, los gigantes de la “nube” gestionan los almacenes y una pequeña constelación de fondos de inversión aporta el capital circulante. Palantir analiza la situación. Nvidia suministra el sustrato. El Tesoro, en algún lugar al fondo del pasillo, hace el papeleo. Como el comercio de especias antaño, el desarrollo de la IA asegura la cohesión del conjunto. Su fusión con el beneficio y el arte de gobernar es tan estrecha que cualquiera que intente ver dónde acaba uno y dónde empieza otro será tratado como un resto obsoleto de la era de las reglas y los procedimientos.

La Compañía Británica de las Indias Orientales cobraba sus dividendos en forma de algodón, opio y té. Su avatar contemporáneo los cobra principalmente en forma de actividad digital, los tokens producidos por la IA, los prompts procesados, los modelos entrenados con los datos de los demás. Pero el libro de contabilidad de antaño no ha desaparecido: detrás de los tokens está el cobre de Katanga, el cobalto del Congo, las secuencias genómicas entregadas por las clínicas zambianas a cambio de tratamientos contra la tuberculosis que tal vez no lleguen nunca, los acuíferos vaciados para enfriar los centros de datos. Desde el Beverly Hilton, nada de eso es visible. Desde la East India House en Londres, la hambruna de 1770 en Bengala tampoco lo era. Un defecto de la arquitectura, sin duda.

(1) Fred Block, “Swimming against the current: The rise of a hidden developmental state in the United States”, Politics & Society, vol. 36, n.° 2, Sage Journals, Thousand Oaks, 2008, https://journals.sagepub.com

(2) Ana Swanson, “Wall Street bankers offered lucrative access to join the Pentagon”, The New York Times, 13 de marzo de 2026

(3) Brandi Vincent, “DOD officially launches new Economic Defense Unit to mesh military aims with global financial sway”, 10 de abril de 2026, https://defensescoop.co

(4) “Economic defense in an era of strategic competition: A conversation with Department of War’s George K. Kollitides”, 4 de mayo de 2026, https://milkeninstitute.org

(5) Avi Asher-Schapiro, “DOGE goes nuclear: How Trump invited Silicon Valley into America’s nuclear power regulator”, 20 de marzo de 2026, www.propublica.org

(6) Véase Éva Thiebaud, “Por qué Estados Unidos vuelve a apostar por la energía nuclear civil”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2026

(7) “What is Pax Silica?”, Departamento de Estado, https://www.state.gov/pax-silica

(8) Stephanie Nolen, “US considers withholding HIV aid unless Zambia expands minerals Access”, The New York Times, 16 de marzo de 2026.

(9) Véase “La soberanía: una mercancía estadounidense”, Le Monde diplomatique en español, noviembre de 2025.

Evgeny Morozov Doctor en historia de la ciencia por la Universidad de Harvard.