Gaceta Crítica

Rocío Cruz (PÚBLICO), 2 de Junio de 2026

El profesorado valenciano atraviesa uno de los momentos de mayor tensión en la cuarta semana de parón. Acusan a la Generalitat de estar aplicando una táctica de desgaste para dar «largas» en la negociación.

La huelga del profesorado de la educación pública no universitaria en el País Valencià entró este lunes en su cuarta semana coincidiendo con el arranque de las pruebas de acceso a la universidad. Suma ya más de 16 jornadas de movilizaciones. Este mismo lunes, a las 21.00 horas, unos 200 docentes iniciarion una acampada en la plaza de la Virgen de València. Sin embargo, ahora vive uno de sus momentos de mayor tensión desde el inicio del parón indefinido el 11 de mayo. El último punto de ebullición se produjo el domingo durante una concentración ante la Conselleria de Educación, cuando una docente jubilada de 68 años cayó al suelo tras ser empujada fuertemente por la espalda por un agente de la Policía Nacional. ¿Qué recorrido tendrá esta agresión? ¿Podrá derivar en sanciones para el agente implicado y convertirse en un revulsivo capaz de reactivar y reforzar las movilizaciones?

Hasta ahora, lo último que se sabe es que la profesora afectada denunció lo ocurrido. Tras la agresión, la Delegación del Gobierno anunció la apertura de una investigación, mientras que la Policía Nacional ha iniciado un expediente disciplinario interno para depurar posibles responsabilidades. Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mantuvo una reunión con los sindicatos para analizar lo sucedido y revisar el dispositivo de seguridad desplegado en las protestas.

Adrián Rodríguez, miembro del colectivo Policías Antifascistas, no deja margen para la ambigüedad al valorar las imágenes de la actuación policial. «Es una intervención difícilmente defendible. No cumple los principios básicos que deben regir cualquier actuación policial: congruencia, oportunidad y proporcionalidad», explica en conversación con Público. A su parecer, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. «En este caso la docente sufrió una brecha en el mentón, pero el desenlace podría haber sido mucho peor», advierte.

Adrián Rodríguez, Policías Antifascistas: «No es habitual ver ese mismo nivel de desproporción frente a grupos de extrema derecha»

Rodríguez considera que la agresión proyecta una imagen muy negativa de los dispositivos de orden público. «Deja una imagen muy preocupante desde el punto de vista de la profesionalidad. Además, este tipo de actuaciones suelen producirse siempre en el mismo contexto: movilizaciones de carácter social y reivindicativo. Sin embargo, no es habitual ver ese mismo nivel de contundencia o desproporción frente a grupos de extrema derecha», sostiene.

El portavoz recuerda que los agentes reciben formación específica para gestionar situaciones de tensión y estrés. «Precisamente se les prepara para actuar con serenidad en escenarios complejos y evitar respuestas impulsivas o desproporcionadas», señala. Por ello, considera que la investigación abierta debería tener consecuencias. «La ciudadanía debe sentirse protegida por las fuerzas de seguridad y la credibilidad de la institución exige actuar con rigor cuando se producen hechos de este tipo. Si se concluye que hubo una actuación incorrecta, el expediente disciplinario debería ser ejemplarizante para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse», zanja.

Ana Vicenti, docente en Madrid: «Existe una estrategia desde determinados sectores de la derecha para desacreditar las movilizaciones»

Las imágenes del agente agrediendo a la manifestante han incendiado aún más si cabe las protestas, han circulado como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación y han generado un verdadero impacto en el colectivo más allá de las fronteras valencianas. «Cuando lo vi, me pareció algo alarmante y extremadamente grave», denuncia a Público Ana Vicenti, docente en la Comunidad de Madrid. La profesora recrimina especialmente las justificaciones posteriores. «Se ha llegado a plantear que el mantenimiento del orden público estaba por encima del derecho de manifestación y que la actuación estaba justificada, cuando a mi juicio no lo estaba en absoluto», sostiene.

Vicenti considera que el episodio se produce en un contexto de creciente tensión política y mediática alrededor de las protestas educativas. «Existe una estrategia impulsada desde determinados sectores de la derecha, en la que participan también algunos sindicatos policiales y determinadas voces dentro de los cuerpos de seguridad, para desacreditar las movilizaciones y deteriorar la imagen del profesorado», denuncia. Sobre un posible revulsivo en el parón, la docente cree que el malestar entre el profesorado ya ha alcanzado cotas muy elevadas. «El sector está profundamente enfadado. Sinceramente, no sé si necesitábamos más motivos para estarlo», termina.

La UFP defendió que la agresión del agente se produjo en el marco de un dispositivo para impedir el corte de la vía pública

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) respondió en la X a las declaraciones de Bernabé justificando la actuación del agente implicado en la intervención y generando una enorme polvareda en la red social. El sindicato policial sostuvo que la actuación se produjo en el marco de un dispositivo para impedir el corte de la vía pública. «Responde a una intervención para evitar que se ocupen las calles», señalaron, defendiendo que el objetivo era impedir el primer momento de irrupción en la calzada. Añadieron que este tipo de situaciones exige actuar «con rapidez, con la mínima fuerza necesaria, pero con decisión». La organización sindical manifestó su respaldo al agente expedientado: «Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si se sale a cortar calles, uno se expone a ser desalojado». La UFP reprochó también a Bernabé la gestión política de la agresión: «Deje de hacer política con nuestro trabajo».

Sin acuerdo y con más tensión en las calles

Al margen de la actuación policial que ha agitado aún más si cabe el avispero, las negociaciones se encuentran prácticamente en punto muerto, con el salario como principal línea de fractura: mientras los sindicatos exigen reabrir el debate retributivo, la Conselleria da por sentado ese capítulo. El último intento de acercamiento se produjo en la novena reunión negociadora, celebrada el 31 de mayo entre la administración autonómica y los cinco sindicatos con representación en la mesa sectorial. El encuentro, de poco más de una hora,terminó sin acuerdo y con reproches cruzados. Las organizaciones sindicales denunciaron que la administración dio por concluida la sesión sin responder a su petición de reabrir la negociación salarial, mientras que la consellera de Educación, Carmen Ortí, argumentó que no se negociaría «bajo presión» antes de levantar la reunión.

La fricción por la ruptura de la cita se trasladó a la calle. Seis representantes de STEPV, CCOO y UGT decidieron encerrarse en la Conselleria para exigir un nuevo documento de negociación, en una acción que se prolongó durante varias horas y que derivó en una concentración de apoyo en el exterior del edificio. El encierro terminó entrada la noche, cuando los sindicalistas abandonaron las instalaciones tras ser advertidos de que su permanencia no estaba autorizada y de posibles consecuencias legales. En paralelo, la Conselleria mantiene sobre la mesa una propuesta de incremento salarial progresivo de hasta 200 euros brutos mensuales en 2028, una oferta que ya han aceptado CSIF y ANPE, pero que los sindicatos mayoritarios en la huelga —STEPV, CCOO y UGT— consideran «claramente insuficiente». Su posición pasa por reabrir «de forma inmediata» la negociación salarial antes de abordar el resto de materias.

Alba Sánchez, docente en Alacant: «El Govern no quiere negociar, quiere imponer. Negociar implica ceder y aquí no están cediendo en nada»

El departamento autonómico, sin embargo, sostiene que el acuerdo económico está «cerrado» y plantea continuar las conversaciones en otros ámbitos como ratios, plantillas, infraestructuras, valenciano, inclusión educativa o Formación Profesional (FP). De momento, hay previstas reuniones técnicas entre el 1 y el 3 de junio. El desacuerdo ha tenido ya consecuencias en la propia dinámica negociadora: tras el encierro, STEPV, CCOO y UGT anunciaron que no acudirían a la mesa sectorial convocada para el lunes como gesto de protesta, lo que impidió que la reunión se desarrollara con normalidad por falta de quórum.

En medio del bloqueo, el malestar entre el profesorado sigue creciendo. «Al principio parecía que querían negociar, pero han estado semanas dando largas», señala a este diario Alba Sánchez, profesora de Matemáticas en Secundaria en Alacant. «Dicen que el acuerdo económico ya está firmado porque lo rubricaron CSIF y ANPE, y no quieren volver a tocarlo», añade. Bajo su mirada, la problemática trasciende lo salarial. «El Govern no quiere negociar, quiere imponer. Negociar implica ceder y aquí no están cediendo en nada», dice. «Le da igual que llevemos días de huelga o que haya alumnado afectado. Pero la tensión acumulada empieza a notarse también en la calle. Ayer hubo una actuación policial que generó malestar y hoy incluso se ha pedido identificación a varias personas en las protestas».