Gaceta Crítica

Abordar la seguridad sin espejismos es fundamental para el desarrollo sano de una sociedad. El campo popular no puede ignorar este desafío, ni minimizarlo.

Carmen Navas y Carlos Ron (TRICONTINENTAL) 29 de mayo de 2026

Sidney Amaral (Brasil), Mãe Preta ou A Fúria de Iansã [Madre Negra o la Furia de Yansá], 2014.

Hay una guerra larga, silenciosa y rentable que se lleva a cabo en Nuestra América: la guerra contra los pobres. Aunque cambien los uniformes, las doctrinas o los eslóganes – que van desde ‘pacificación’ hasta ‘mano dura’ o ‘tolerancia cero’- ya sea bajo el escudo de la ‘guerra contra las drogas’ o la ‘guerra contra el hampa’, la guerra que produce la desigualdad del imperante orden económico, se libra para simultáneamente criminalizar la pobreza y aterrorizar a la población.

La ‘Marea Furiosa’ que en los últimos tiempos ha avanzado sobre los gobiernos de América Latina ha tenido como uno de sus enfoques combatir la crisis de seguridad que se percibe a lo largo de la región.  En su estrategia de descrédito hacia el progresismo latinoamericano, la nueva derecha presenta a las fuerzas de izquierda como ineficientes e incapaces – incluso hasta cómplices – de la criminalidad. Con frecuencia, en el debate político se utilizan encuestas que revelan a la criminalidad como una de las principales preocupaciones del electorado en la región e incluso apuntan a que, por esa razón la población ha estado favoreciendo los gobiernos que prometen mano dura e inclemente contra la delincuencia. No extraña, en este sentido, que aun siendo los más afectados por políticas de criminalización de la pobreza, las personas se pronuncien a favor del combate al crimen.  Según la encuesta de AtlasIntel, por ejemplo, un 62 por ciento de los propios habitantes de Río de Janeiro apoyaron una operación policial que dejó 121 víctimas el pasado mes de octubre. Desde Kast hasta Keiko Fujimori, las campañas de la derecha han resaltado el combate la delincuencia entre sus prioridades. El propio presidente uruguayo, Yamandú Orsi, señaló en una entrevista que 50 por ciento de los votantes del Frente Amplio, también simpatizan con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. “La derecha tomó la bandera de la seguridad, que es un derecho humano, y lo monopolizó durante mucho tiempo,” agregó.

Actualmente, el gran aparato mediático nos presenta el llamado ‘modelo Bukele’ como la fórmula más eficaz de combatir la inseguridad y el crimen organizado. Sin embargo, un análisis de fondo nos conduce a preguntarnos ¿a quién sirve el tal orden que busca imponer y sobre los cuerpos de quiénes se edifica? Bukele ha construido un sistema a través de una política de desmantelamiento del Estado y de la precariedad social amparada en la prolongación indefinida de un estado de excepción. En El Salvador, donde hoy la tasa de encarcelamiento posee el récord mundial de 1.650 personas por cada 100 mil habitantes, se criminaliza la infancia a través de la reducción de la edad para juzgar a niños como adultos, se producen juicios colectivos y encarcelamientos en masa, y se persigue a la disidencia política, como en el caso del defensor de derechos humanos, Fidel Zavala.

Entre las cifras que Bukele oculta, sin embargo, están la del crecimiento de la pobreza al 9,6% o los 25 mil estudiantes que han abandonado sus estudios.

Esto demuestra que tanto la inseguridad existente, como este espejismo de orden y seguridad, terminan golpeando más fuerte a quienes viven en la periferia – quienes, aun así, han orientado sus votos hacia soluciones tangibles frente a los discursos de corte más conciliadores y sociológicos de la izquierda regional. Según la encuesta de CB Consultora de abril de 2026, Bukele lidera la popularidad regional con un 70,1% de imagen positiva, mientras Lula da Silva ronda el 48,4% de apoyo con un 49,1% de rechazo y Gustavo Petro apenas alcanza un 38,2% de aprobación. Lula mismo se ha visto obligado en su campaña a presentar un plan contra el crimen organizado prometiendo estándares de máxima seguridad en sus prisiones.

Rosa Mena Valenzuela (El Salvador), Calles, 1983. Colección MARTE.

Este ‘autoritarismo pop’ que cultiva temores, esconde detrás de su represión y de su propaganda que es incapaz de resolver la desigualdad estructural que conduce a la pobreza y en ocasiones, a la propia criminalidad. Se vende a sí mismo como un modelo contra el que no existe ninguna alternativa y la generación de líderes de la Marea Furiosa que buscan restaurar un dominio colonial sobre toda la región, se suman obedientemente al llamado Escudo de las Américas que Estados Unidos encabeza como solución a la criminalidad. Pero resulta que sí hay alternativas.

Recientemente, la politóloga Viri Ríos de Mexico Decoded ha señalado que el gobierno progresista de Claudia Sheinbaum sí ha venido construyendo una propuesta diferente. En tan solo 18 meses, la tasa diaria de homicidios ha caído en un 41 por ciento, aun cuando su población es 20 veces mayor que la de El Salvador y los desafíos de seguridad en México van más allá de pandillas y organizaciones criminales, a incluir el gran crimen organizado transnacional y los cárteles de la droga. Sin implementar un estado de excepción, la población carcelaria mexicana ha venido subiendo en un 11 por ciento después de cambiar su política de seguridad.

La clave, subraya Ríos, es que la estrategia no rehúye confrontar directamente las fuentes del crimen, abandonando por igual el descabezamiento de cárteles que en sexenios previos disparó exponencialmente la violencia y el enfoque de baja confrontación que predominó entre 2018 y 2024. La política mexicana ataca directamente a las causas materiales de la delincuencia: busca en primer lugar, frenar las fuentes de financiamiento del crimen atacando a nivel nacional problemas de acuerdo a la realidad territorial: lucha contra el contrabando de combustible en las zonas petroleras, supervisión de los puntos aduaneros en zonas fronterizas, ataque a la extorsión en el campo, y así sucesivamente. Ríos reconoce que en México persisten problemas estructurales como la corrupción, pero señala que a pesar de sus limitaciones, México está logrando disminuir la criminalidad a partir de una política que no recurre a la violencia desenfrenada de Bukele.

Otra experiencia desde la izquierda que vale la pena estudiar es la de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en Venezuela. Aquí se aporta otra clave conceptual decisiva: la territorialización de la seguridad bajo una lógica preventiva y de trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas policiales, en lugar de la lógica carcelaria. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de 56 por cada cien mil habitantes en 2016 a cerca de 4 en 2024. Para finales de 2025, las autoridades reportaron una reducción de más del 25 por ciento de los asesinatos frente al año anterior.

Lo que el modelo de los Cuadrantes de Paz plantea es que una política de seguridad construida con participación comunitaria organizada, desde el barrio donde vive la clase trabajadora y no en su contra, como el modelo Bukele, puede dar resultados efectivos. Puede servir de orientación hacia la izquierda que anclar la seguridad a la construcción del poder popular en el territorio es más efectivo que la punición.

Vlady (México), Mecanismo Carcelario, (1958-1959).

Las fuerzas populares que en los próximos años quieran disputar el campo electoral deben estudiar a fondo estas soluciones y también construir sus propuestas. En primer lugar, el tema de la seguridad no puede ser ignorado porque no se trata de un capricho de la élite, se trata de una preocupación real de la población trabajadora, aún si en ocasiones la construcción de narrativas ultraconservadoras busca aterrorizar a la población magnificando las condiciones de criminalidad en nuestros países.  La seguridad debe asumirse también como un derecho de la población trabajadora y debe reconocerse su vulnerabilidad doble de ser atacada tanto por la delincuencia como por políticas reaccionarias de represión.

En segundo lugar, debemos preguntarnos cuál es la institucionalidad concreta que un gobierno popular debe construir y financiar para atacar la delincuencia – ¿una mayor profesionalización de las fuerzas de investigación y de seguridad? ¿El ataque directo a las fuentes del financiamiento del crimen y a los rangos intermedios que la operan? ¿La construcción de una agenda de trabajo entre la comunidad y las autoridades en el territorio basada en el respeto y la colaboración y no por la persecución?

En tercer lugar, hay que demostrar que la represión y el terror, a largo plazo, exacerba la exclusión y fomenta prácticas criminales. La represión es costosa, y muchas veces pasa a ser tercerizada hacia fuerzas mercenarias o peor aún, extranjeras, lo que a largo plazo pone en riesgo la soberanía nacional.

Abordar la seguridad sin espejismos es fundamental para el desarrollo sano de una sociedad. El campo popular no puede ignorar este desafío, ni minimizarlo. Pero debe, sobre todo, convencer a la población de que sí tiene una alternativa viable, que no implica ni la desarticulación del Estado, ni la represión mortal, que, por el contrario, invite a la clase trabajadora a formar parte de su propia estrategia de seguridad.

Carmen Navas Reyes es investigadora del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Es una feminista venezolana y exdiplomática. Sus intereses de investigación incluyen democracia y sistemas políticos, movimientos sociales, historia de la diáspora africana y la afrodescendencia.

Carlos Ron es co-coordinador de la oficina de Nuestra América en el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Es un exdiplomático venezolano que se desempeñó como viceministro para América del Norte (2018–2025) y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (2020–2025).