Gaceta Crítica

Gary Wilson (THE STRUGGLE – LA LUCHA), 17 de Mayo de 2026

El Departamento de Justicia está tramitando la acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, uno de los líderes históricos de la Revolución Cubana, por el derribo en 1996 por parte de Cuba de dos aviones pilotados por Hermanos al Rescate, que no era un grupo humanitario, sino una rama de una red terrorista anticubana creada por Estados Unidos y arraigada en la guerra de la CIA contra la Revolución Cubana. 

Raúl Castro fue comandante en la lucha revolucionaria que derrocó a la dictadura de Batista, respaldada por Estados Unidos. Posteriormente, se desempeñó como ministro de Defensa y presidente de Cuba. Washington no solo nombra a una persona, sino que ataca a un líder identificado con la revolución misma.

Esa amenaza de acusación formal se suma a todo lo demás que Washington ha desplegado contra Cuba en los últimos meses: un bloqueo de combustible que dejó a la isla sin diésel ni reservas de fueloil al 14 de mayo, una visita del director de la CIA, John Ratcliffe, con el ultimátum de Trump para «cambios fundamentales», una oferta de ayuda de 100 millones de dólares condicionada a concesiones políticas y al menos 25 vuelos de vigilancia militar estadounidense cerca de la costa cubana desde el 4 de febrero, las mismas plataformas utilizadas antes del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Así es como opera el imperialismo: los tribunales, la CIA, el Pentágono, el Departamento del Tesoro, el Congreso y los medios de comunicación corporativos actúan como diferentes brazos del mismo estado de clase.

La administración ha sido transparente respecto al enfoque venezolano. Ratcliffe instó a la parte cubana a aprender de la operación contra Maduro. Altos funcionarios desean tener la opción de aplicar la misma estrategia contra La Habana.

Por eso la comparación con Venezuela es relevante. Nicolás Maduro fue atacado no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Revolución Bolivariana. Raúl Castro está siendo atacado de la misma manera: como uno de los líderes históricos de la Revolución Cubana. Es como arrestar al líder sindical en medio de una huelga y pretender que el problema radica en una sola persona, y no en la lucha en sí.

La posible acusación forma parte de esa estrategia, no como una auténtica cobertura legal, sino como un recurso propagandístico al que Washington puede recurrir cuando todo el mundo ya sabe de qué se trata. Recuerden el caso del Maine. El pretexto no tiene por qué ser creíble; simplemente tiene que existir.

Pero para entender de qué se trataría realmente en la acusación, hay que entender qué era realmente Brothers to the Rescue.

José Basulto y la red anticubana de la CIA

La organización Brothers to the Rescue fue fundada en Miami en 1991 por José Basulto. El grupo afirmaba buscar balseros cubanos en el estrecho de Florida como tapadera humanitaria. Sus escasos vuelos de rescate pronto dieron paso a misiones políticas y provocadoras hacia el espacio aéreo cubano, utilizando la imagen humanitaria como tapadera para su participación en las operaciones anticubanas de la CIA. Basulto no era un trabajador humanitario cualquiera. Era un agente de la CIA, veterano de la Bahía de Cochinos y un hombre con una larga trayectoria en inteligencia, comunicaciones, explosivos, sabotaje y subversión. Posteriormente reconoció haber participado en una misión de comando patrocinada por la CIA en Cuba. En 1962, llevó a cabo un ataque armado en el que disparó un cañón de 20 mm contra un hotel cubano.

Brothers to the Rescue operaba dentro de una red anticubana dirigida por Estados Unidos. Durante la década de 1990, dicha red planificó y ejecutó atentados con bomba contra objetivos turísticos cubanos, complots de asesinato y operaciones paramilitares contra la isla. Alpha 66, Omega 7, Comandos F4, la Fundación Nacional Cubanoamericana, Cuba Independiente y Democrática, y la propia Brothers to the Rescue operaban con impunidad en Estados Unidos, con el conocimiento y el apoyo del FBI y la CIA, según Marjorie Cohn, expresidenta del Gremio Nacional de Abogados y profesora de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson.

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos documentó posteriormente los hechos. Alpha 66 dirigía campamentos paramilitares, atacó hoteles cubanos en 1992, 1994 y 1995, intentó introducir granadas de mano de contrabando en Cuba y envió a miembros que fueron interceptados cuando se dirigían a asesinar a Fidel Castro en 1997. La Fundación Nacional Cubanoamericana planeó bombardear una discoteca en La Habana. Los Comandos F4 estuvieron involucrados en otro intento de asesinato contra Castro.

No se trataba simplemente de una corriente política cubanoamericana. Era un aparato terrorista con base en Estados Unidos cuyo objetivo era derrocar la Revolución Cubana. Washington lo alentó, lo protegió y, en casos clave, lo dirigió.

Luis Posada Carriles demostró lo que significaba esa protección. Posada había sido agente de la CIA desde 1961. Fue el cerebro del atentado con bomba contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976, que acabó con la vida de las 73 personas a bordo. Posteriormente, admitió su responsabilidad en una serie de atentados con bomba contra hoteles en La Habana a finales de la década de 1990, que causaron la muerte de un turista italiano e hirieron a decenas de personas.

En 2005, Posada reapareció en Estados Unidos tras años operando a través de la red anticubana protegida por EE. UU. en Centroamérica. Había sido arrestado en Panamá en 2000 por un complot para asesinar a Fidel Castro, y luego indultado en 2004. Posteriormente, la fiscalía afirmó que mintió sobre cómo ingresó a Estados Unidos; los testimonios lo ubicaron en un barco desde Isla Mujeres, México, hasta Florida, y no por la ruta terrestre que él alegaba. El FBI reconoció que representaba una amenaza potencial para la seguridad nacional. Sin embargo, un juez federal desestimó los cargos. Posada murió en libertad en Miami en 2018.

Cuba había advertido a Washington sobre estas operaciones. Las autoridades estadounidenses no las detuvieron. La liberación de Posada fue la solución.

Los aviones que utilizaba Brothers to the Rescue tenían su propia historia. Cuba documentó que el grupo usaba aeronaves que habían sido empleadas previamente en guerras estadounidenses y guerras subsidiarias, incluyendo Vietnam y El Salvador. Habían sido transferidas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con las marcas «USAF» aún sin borrar por completo.

No se trataba de aviones privados inocentes. Procedían de la misma red militar estadounidense y de la CIA que armaba las guerras sucias en Centroamérica. Al menos un avión utilizado en las operaciones de Brothers to the Rescue había sido pilotado previamente por los Contras nicaragüenses, respaldados por la CIA.

Ahora, ese mismo material se estaba utilizando contra Cuba desde Florida. Las marcas civiles eran solo una tapadera. La misión era una provocación.

Estos vuelos se denominaban vuelos de propaganda. Eran una táctica terrorista. El ejército estadounidense utilizó el mismo método en Vietnam: enviar aviones por encima de la zona y hacer que la población se preguntara si esta vez la carga serían folletos o bombas.

Sobre La Habana, el mensaje no era solo el papel que arrojaban desde el avión. El mensaje era el avión mismo.

A medida que la Operación Hermanos al Rescate asumía un papel político más abierto, sus vuelos hacia el espacio aéreo cubano se convirtieron en una campaña de provocación. En julio de 1995, uno de sus aviones esparció propaganda antigubernamental sobre La Habana. Al año siguiente, Cuba presentó ante las Naciones Unidas un récord de 25 violaciones del espacio aéreo en los 20 meses previos al 24 de febrero de 1996. Cuba advirtió repetidamente a Washington que las continuas violaciones serían respondidas con la fuerza.

Washington no detuvo los vuelos.

El derribo

El 24 de febrero de 1996, tres aviones de Hermanos al Rescate despegaron de la zona de Miami. Aviones MiG de la Fuerza Aérea Cubana interceptaron dos de ellos sobre aguas costeras cubanas. Cuatro hombres perdieron la vida: Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. Basulto pilotaba el tercer avión y regresó a Florida.

Cuba defendió la medida adoptada ante las Naciones Unidas como una respuesta soberana a las violaciones reiteradas de su espacio aéreo y a las operaciones hostiles más amplias —bombardeos, sabotajes, vuelos de propaganda— que redes dirigidas por Estados Unidos llevaban a cabo contra la isla desde territorio estadounidense.

En una carta fechada el 13 de febrero de 2026 y dirigida a Trump, cuatro congresistas republicanos solicitaron al Departamento de Justicia que procesara a Raúl Castro. Alegaron que él aprobó personalmente la orden de interceptación mientras ejercía como ministro de Defensa de Cuba.

El impacto político del derribo del avión en 1996 fue inmediato y duradero. El Congreso aprobó la Ley Helms-Burton en cuestión de días, una legislación largamente estancada que condicionaba el levantamiento de las sanciones estadounidenses a la caída del gobierno de Castro y otorgaba nuevos derechos a los estadounidenses y cubanoamericanos que reclamaban propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. El presidente Bill Clinton, quien esperaba liberalizar las relaciones con La Habana, la promulgó el 12 de marzo de 1996.

Los Cinco Cubanos y la inversión legal

El derribo del avión no se limitó al ámbito diplomático. Se convirtió en un arma en un tribunal estadounidense.

Cuba había desplegado agentes en el sur de Florida para vigilar a las organizaciones más peligrosas respaldadas por Estados Unidos que operaban contra la isla, entre ellas Hermanos al Rescate. Estos agentes, conocidos como los Cinco Cubanos, fueron arrestados por el FBI en 1998. Entre ellos se encontraba Gerardo Hernández, coordinador de la red. Fue acusado no solo de espionaje, sino también de conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo del avión en 1996.

La acusación distorsionó la realidad. Los agentes cubanos estaban vigilando a grupos que planeaban y ejecutaban ataques contra la isla. Ese era el contexto real. El juicio de Miami lo dejó de lado.

El juicio duró siete meses en una ciudad impregnada de política anticubana. Una encuesta previa al juicio reveló que el 49,7% de la población cubanoamericana local apoyaba firmemente una intervención militar directa de Estados Unidos para derrocar al gobierno cubano. Durante las deliberaciones, los miembros del jurado manifestaron sentirse presionados. Algunos incluso afirmaron que sus matrículas habían sido grabadas de camino a sus vehículos.

En 2005, un panel de tres jueces del Undécimo Circuito anuló por unanimidad las condenas. Determinó que conformar un jurado imparcial en Miami era «una posibilidad irrazonable debido al prejuicio generalizado en la comunidad». El pleno del tribunal restableció las condenas al año siguiente.

Los Cinco Cubanos fueron finalmente liberados en diciembre de 2014. El resultado real del proceso: quienes monitoreaban las operaciones terroristas contra Cuba terminaron encarcelados durante años. Los artífices de esas operaciones, entre ellos Posada, permanecieron en libertad.

Ahora Washington quiere utilizar el mismo incidente para procesar a Raúl Castro, quien era ministro de Defensa de Cuba en aquel entonces.

Operación psicológica

Frank Mora, exembajador ante la Organización de los Estados Americanos y actualmente profesor en la Universidad Internacional de Florida, describió la amenaza de acusación formal como una operación psicológica, dirigida tanto a la maquinaria política cubanoamericana de derecha de Miami como a La Habana. Esto les indica a esos sectores que Trump habla en serio sobre poner fin al régimen revolucionario en la isla.

William LeoGrande, profesor de ciencias políticas en la American University, describió claramente la estrategia general: la administración está tratando de obligar a Cuba a capitular en la mesa de negociaciones mediante la creación de una amenaza lo suficientemente creíble como para que La Habana ceda primero.

“Los cubanos no son buenos para ceder”, dijo.

Eso es quedarse corto en términos históricos. La Revolución Cubana ha resistido más de seis décadas de bloqueo, invasión, complots de asesinato, sabotaje y guerra económica por parte de Estados Unidos porque el pueblo cubano la ha defendido. La administración Trump está desplegando simultáneamente todo ese arsenal —embargo de combustible, ultimátum de la CIA, vigilancia del Pentágono, sanciones del Tesoro, amenaza de acusación por parte del Departamento de Justicia— y apuesta a que la combinación producirá lo que ninguna de esas medidas produjo por separado.

La acusación contra un hombre de 94 años por un derribo ocurrido hace 30 años —tras 25 violaciones documentadas del espacio aéreo cometidas por una rama de una red terrorista anticubana creada por Estados Unidos— no es un acto neutral de las fuerzas del orden. Se trata de una maniobra propagandística, elegida por la misma razón por la que la visita de Ratcliffe a La Habana se hizo pública en lugar de mantenerse en secreto: Washington no busca justicia. Está fabricando un pretexto para la agresión.

Cuba ya ha vivido esto antes. Washington puede incluir el nombre de Raúl Castro en la acusación. Pero el objetivo es la propia Revolución Cubana, porque sigue siendo la prueba, a 145 kilómetros de Florida, de que el imperialismo estadounidense puede resistirse y sobrevivir.