Gaceta Crítica

Thomas Jusquiame (LE MONDE DIPLOMATIQUE), 15 de Mayo de 2026

Durante mucho tiempo encarnaron el tipo humano más despreciable imaginable: los mercaderes de cañones, de quienes Bob Dylan estimaba que no “valían la sangre que corre por sus venas”. Hoy, la Unión Europea los erige en héroes del gran rearme moral y militar. Este mórbido entusiasmo permea también el sector financiero, donde el Estado alienta las inversiones de color caqui.

GRACE GRAUPE-PILLARD. — Gunboat (‘Cañonero’), 2009

“Ver cómo un misil sale de nuestras fábricas para ser entregado a las fuerzas armadas hace de mi trabajo algo extremadamente concreto; tengo en ello parte de responsabilidad”. “Thibault”, un técnico cuyo testimonio se cita en un vídeo promocional del fabricante MBDA, no se hace idea de cuánta razón tiene. En tiempos recientes, los productos de su empleador han devastado escuelas, mezquitas y campos de refugiados gazatíes, causando la muerte de quinientas personas, entre ellas un centenar de niños (1). Esta empresa europea de armamento con una cartera de pedidos bien surtida —por un valor de 44.000 millones de euros (Challenges, 23 de febrero de 2026)— no ahorra esfuerzos para maquillar su mercancía: un código ético que “vela por el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos”; campañas internas de sensibilización sobre identidad de género, neurodiversidad o menopausia; puesta en marcha de proyectos de reforestación y de preservación de las capas freáticas; incluso adopción de “prácticas de ecoconcepción” del material bélico con el fin de “reducir el impacto medioambiental en origen” (2): ¿un paso hacia las bombas “bio”?

Pero esta estrategia de gestión del riesgo reputacional, ¿sigue teniendo sentido cuando los medios de comunicación europeos, los principales partidos de Gobierno y la presidencia de países como Francia y Alemania celebran a coro el gran rearme y la actividad militar (3)? Recientemente, los lectores de L’Express, Le Point o Le Parisien pudieron hojear los catálogos promocionales de armamento made in France; los oyentes de France Culture ya saben “cómo preparar a los hombres para la guerra” (30 de octubre de 2025), mientras que los suscriptores del diario Le Monde descubrieron, en marzo de 2025, un dosier en cinco entregas titulado “Gastos militares: un factor de crecimiento”.

Este último periódico se hace eco de las directivas de la Revue nationale stratégique 2025 [el documento que define la estrategia militar de Francia], que aboga vehementemente por “una economía que se prepare para la guerra”. Con el fin de hacer que caiga sobre el sector una lluvia de “inversiones masivas, ya sean públicas o privadas”, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) recomienda que el Estado francés se asegure de que “las políticas internas de los bancos y las aseguradoras no vayan más allá de las exclusiones reglamentarias”; dicho en plata: hay que cuidar de que las “regulaciones ESG (criterios medioambientales, sociales y de gobernanza) no disuadan a los inversores de financiar las empresas de la base industrial y tecnológica de defensa (BITD)” (4).

El 20 de marzo de 2025, ante un público de inversores y empresarios reunidos en la sede del Ministerio de Economía francés, en el barrio de Bercy, el exministro de Defensa Sébastien Lecornu, deseoso de “acabar con las últimas trabas culturales y normativas”, recordaba con “firmeza” que el sector militar no era sinónimo de inversiones “sucias”. En cuanto a la Comisión Europea, decidió que “la financiación sostenible de la Unión Europea [era] compatible con la inversión en el sector de la defensa” (5). De ahí que algunas armas nucleares, incendiarias o la munición de uranio empobrecido sean ahora opciones de inversión “ética”, como lo son los carros de combate, los cañones, los cazas, los obuses o los programas informáticos de vigilancia. Solo las armas prohibidas siguen siendo tabú. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se estima que el número de fondos de inversión ESG expuestos a la industria del armamento nuclear ha aumentado en más de un 50% (Bloomberg, 24 de agosto de 2025). A estas inversiones realizadas conforme a criterios “medioambientales, sociales y de gobernanza” se las supone comprometidas con el desarrollo sostenible.

Un consorcio de periodistas reveló recientemente que 120.000 millones de euros procedentes de los fondos “verdes” de bancos franceses como Crédit Agricole, Crédit Mutuel o el grupo BPCE fueron invertidos entre 2021 y 2025 en la industria armamentística, incluidas empresas implicadas en el genocidio en Gaza. La Comisión Europea las justificó por su contribución a la “sostenibilidad social”. Los pequeños ahorradores europeos puede que hayan colaborado sin saberlo en la revalorización de las acciones de Elbit Systems —el mayor fabricante de armas israelí, implicado en la destrucción de tierras agrícolas en Gaza— a través de fondos ESG dedicados a la “transición climática” (6).

Este encauzamiento de inversiones con destino al complejo militar-industrial se inscribe en una estrategia de apoyo institucional más amplia. El recurso al contribuyente europeo —800.000 millones de euros por medio del plan ReArm Europe— y francés —más de 700.000 millones acumulados en las dos últimas leyes de programación militar— se ve acompañado de la movilización del principal inversor europeo: el Bpifrance. Propiedad del Estado francés, este “banco de los empresarios”, en asociación con el grupo BPCE, emprendió en octubre de 2025 una búsqueda de financiación dirigida a particulares. En la actualidad, los franceses pueden apostar directamente por las empresas de armamento a través de sus planes de pensiones o sus seguros de vida. Estas inversiones —singularmente arriesgadas y sin rendimientos garantizados— se añaden a los mil millones de euros que Bpifrance inyecta año tras año, desde 2021, en las “jóvenes promesas” del sector (7). El conjunto está coronado por tres mecanismos: un “fondo de innovación en defensa” alimentado por la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, la aseguradora alemana Allianz y MBDA por valor de 400 millones de euros para adquirir participaciones en empresas prometedoras; un “acelerador de la defensa” para acompañarlas en sus decisiones estratégicas, y un “crédito DEF’FI” en condiciones ventajosas para satisfacer sus necesidades de tesorería.

Una vez creadas y consolidadas, las pequeñas y medianas empresas estarán maduras para caer en las redes tendidas por un puñado de grandes corporaciones militares. Véase el siguiente ejemplo de este bien engrasado mecanismo económico: el pasado enero, Dassault Aviation anunció una inversión de 200 millones de euros en el fabricante de drones autónomos Harmattan AI, cuyo joven fundador compara su producción con “ejércitos robóticos napoleónicos”. El valor de mercado de esta empresa creada en 2024 supera en la actualidad los mil millones de euros.

“¿A las armas, patrones?”

Si bien los inversores institucionales llevan mucho tiempo incorporando activos del sector armamentístico a sus carteras, “la novedad reside en el apetito de los fondos de inversión privada (private equity funds), calificados de ‘finanzas alternativas’, por el sector del armamento”, lo cual “se opone al discurso según el cual a los mercados no les gusta la guerra”, analiza el economista y especialista en la industria del armamento Claude Serfati. En un contexto de intensificación de guerras y tensiones geopolíticas, invertir en empresas generosamente subvencionadas y sostenidas por pedidos plurianuales del Estado supone una apuesta acertada, ya que “pocos sectores industriales se benefician de una tasa de crecimiento de su volumen de negocio parangonable a la del armamento”, zanja el investigador. En 2025, las empresas tecnológicas de defensa vieron cómo las inversiones procedentes del capital riesgo, en gran medida dominado por actores estadounidenses, se disparaban un 132% en Europa: el mayor aumento en el conjunto de todos los sectores (8).

Otros sectores industriales también reclaman su parte del pastel. Según una investigación publicada en octubre de 2025 por Bpifrance y titulada “¿A las armas, patrones?”, a una de cada dos empresas francesas no pertenecientes al sector militar le gustaría “extender en él sus actividades, bien por oportunidad de desarrollo […], bien por necesidad”. Los ejemplos recientes de Renault —fabricante de automóviles en dificultades que ha puesto en marcha un proyecto de producción de drones militares— o Mistral IA —una exitosa empresa de nueva creación centrada en la inteligencia artificial que ha firmado una asociación con el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés— ilustran esta tendencia.

Como recuerda Claude Serfati, el gasto público en educación, transporte o comunicaciones constituye una inversión mucho más fructífera en términos económicos y sociales que las destinadas a armamento: “Las empresas no usan aviones Rafale para producir otra cosa, al igual que los hogares no consumen misiles”. Financiar la sanidad o la vivienda genera, por añadidura, más puestos de trabajo indirectos que las industrias predominantemente militares gracias, sobre todo, a los vínculos que establecen con otros sectores económicos. Así, por ejemplo, las actividades con una finalidad social crean tres veces más empleo que los sectores industriales militares (9).

Pero ¿es siquiera concebible considerar la economía de guerra una industria como cualquier otra? A los millones de muertes que han causado los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial se añaden los desastres ecológicos que estos conllevan. Dejando al margen el impacto de los combates, se estima que el complejo militar-industrial supone el 5,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (10); llegar al umbral del 3,5% del producto interior bruto (PIB) dedicado al gasto militar —porcentaje previsto por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— se calcula que supondría emitir 2330 millones de toneladas de CO₂ equivalente de aquí a 2030: un consumo anual cercano al de Brasil y Japón juntos (11). Tony Fortin, responsable de estudios del Observatorio del Armamento, compara la desregulación del mercado militar con un “liberalismo autoritario opaco, donde los empresarios industriales hacen lo que les apetece”. De hecho, el “secreto de defensa” impide al Tribunal de Cuentas francés acceder a ciertos datos para verificar el uso de los recursos públicos, mientras que el Estado invita a las empresas militares a “valerse de la llamada ‘ley de bloqueo’ del 26 de julio de 1968 para oponerse a las solicitudes de información o las auditorías intrusivas” (12).

Para recuperar el control, Fortin aboga por un mayor nivel de transparencia del Estado a propósito de las exportaciones. “Países Bajos debe hacer públicas las licencias de exportación concedidas a las empresas militares en un plazo de dos semanas”; al igual que Alemania, cuyo Parlamento controla todas las licitaciones superiores a 25 millones de euros. En opinión de Fortin, la comisión parlamentaria francesa creada en 2023 para controlar las exportaciones no es sino “una cáscara vacía que solo empezará a ejercer plenamente su mandato cuando el debate se extienda entre la población civil”. El Observatorio del Armamento ha creado una red de vigilancia de las empresas fabricantes de armas y ha formado a ciudadanos para que investiguen sobre sus actividades. La coalición de organizaciones de activistas Guerra a la Guerra, creada en 2025, trata asimismo de movilizar a la sociedad civil por medio de acciones y convocatorias; así, 4000 personas se reunieron en el Salón Aeronáutico de Le Bourget para mostrar su oposición a los “mercaderes de la muerte”. Las recientes movilizaciones de los estibadores de Génova, que recibieron el apoyo de 50.000 personas en la ciudad, Marsella, Barcelona o Tánger, así como las de sus colegas de Suecia y Bélgica (13) para bloquear el cargamento de material militar con destino a Israel, traducen la voluntad de una parte de la sociedad civil de influir en los conflictos. La perspectiva de una producción militar también ha causado cierto revuelo entre los trabajadores de Renault. Y es que el “gran rearme” que propone la Unión Europea como tabla de salvación es, antes que nada, eso: una industria que consume dinero público y cuyos beneficios se ven amenazados por la paz.