Gaceta Crítica

W.T. WHITNEY jr (PEOPLE’S WORLD), 13 de Mayo de 2026

Debido a la escasez de combustible provocada por el bloqueo estadounidense, una mujer cubana utiliza una bicicleta para transportar a su hija en La Habana, el 8 de mayo de 2026. | Ramon Espinosa / AP

El 1 de mayo, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que impone una nueva ronda de sanciones contra Cuba. Este último conjunto de restricciones se aplica a personas y entidades extranjeras, incluidas las instituciones financieras, no solo a Cuba o a sus funcionarios gubernamentales. La introducción de la orden de Trump afirma que Cuba constituye “una amenaza inusual y extraordinaria, cuyo origen se encuentra total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos”.

Las personas sancionadas perderán todos sus bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos y no podrán ingresar al país. Las sanciones también se aplican a las personas o entidades que presten apoyo o mantengan contacto con las partes directamente sancionadas. Nadie recibirá aviso previo de la imposición de sanciones.

Una de las consecuencias de estas nuevas sanciones estadounidenses radica en el temor que desatan, incluyendo el temor que se apodera de personas o entidades acusadas únicamente de asociarse con las personas o entidades directamente sancionadas. De suma importancia es la aplicación extraterritorial de estas sanciones, es decir, su extensión a países distintos de Cuba y Estados Unidos.

La orden ejecutiva afecta a:

• Quienes “han trabajado en los sectores de energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana”.
• Partes “que sean propiedad, estén controladas o dirigidas por, o que hayan actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Gobierno de Cuba”.
• Quienes hayan “prestado asistencia material” o proporcionado “apoyo, bienes o servicios al Gobierno de Cuba”.
• Aquellos que hayan servido al gobierno de Cuba en un cargo de liderazgo, o estén implicados en “graves abusos contra los derechos humanos en Cuba”, o estén “involucrados en actos de corrupción… relacionados con Cuba”, o sean “un familiar adulto” de alguien que esté sancionado .

El nuevo régimen también prohíbe a las instituciones financieras extranjeras transferir fondos a una cuenta bancaria estadounidense que sirva a actividades e intereses en Cuba.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 7 de mayo la aplicación de las sanciones y señaló a la corporación canadiense Sherritt como infractora por sus instalaciones mineras de níquel y cobalto, operadas como una empresa conjunta con el gobierno cubano en Moa, en el este de Cuba.

Según un comunicado emitido por Sherritt en respuesta, “la mera emisión de la orden ejecutiva crea condiciones que alteran sustancialmente la capacidad de la corporación para operar con normalidad”. Tres directores de la compañía renunciaron y las acciones cayeron un 30%.

El comunicado del Departamento de Estado también indicaba que el grupo empresarial GAESA (por sus siglas en español) había sido sancionado. Este gran conglomerado, controlado por el ejército cubano, opera en los sectores turístico, financiero y de importación y exportación de la economía cubana. El Departamento de Estado acusó a GAESA de corrupción financiera y sancionó específicamente a Ania Guillermina Lastres, su presidenta ejecutiva.

El observador cubano Luis Enrique Pérez advirtió el 5 de mayo sobre “ un impacto inmediato en la vida cotidiana de los cubanos al limitar el acceso a recursos básicos”. Indicó que “estas medidas podrían impedir que llegue a Cuba cualquier cosa, desde una pieza para una central termoeléctrica o un panel solar hasta un medicamento que salve la vida de un niño”.

Hizo hincapié en el peligro del aislamiento:

“Mediante la intimidación, terceros países, bancos y empresas internacionales evitan cualquier relación con la isla… Por primera vez, se están aplicando medidas contra terceros países, empresas o personas con vínculos con Cuba que no tienen conexión con la economía estadounidense… Los bancos de terceros países que hacen negocios con entidades cubanas corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense… [Las sanciones] amenazan no solo a Cuba, sino también la soberanía de todos los estados.”

Esta política pretende obligar a la comunidad internacional a elegir entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos.

Tal y como señaló el periódico canadiense People’s Voice , la Red Canadiense sobre Cuba criticó duramente al gobierno canadiense por su silencio ante las sanciones estadounidenses contra Sherritt Corporation.

El gobierno «debe tomar medidas inmediatas y decisivas en defensa de la soberanía canadiense, el derecho internacional y el derecho de las empresas canadienses a realizar negocios lícitos libres de coacción e intimidación extranjeras… Canadá debe elegir si defenderá su soberanía y respetará el derecho internacional, o si permitirá subordinarse a los dictados extraterritoriales de una potencia extranjera».

Además, el gobierno debe reafirmar “la oposición de larga data de Canadá al bloqueo estadounidense y exigir su fin completo e incondicional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado que dice, en parte:

“Se trata de un ataque explícito, flagrante y directo contra el derecho soberano de todos los Estados que mantienen o desean mantener relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba”. El comunicado afirma que la medida de Estados Unidos “solo logrará su efecto destructivo si las naciones soberanas e independientes se dejan intimidar y amedrentar”.

Las nuevas sanciones forman parte de la intensificación de los ataques del presidente estadounidense contra Cuba. A finales de abril, indicó que un portaaviones estadounidense podría «acercarse, detenerse a unos 100 metros de la costa y decir: ‘Muchas gracias. Nos rendimos’».

Sin embargo, los cubanos se mantienen firmes. Durante dos semanas de abril, se sumaron a una campaña por la soberanía nacional y la oposición al bloqueo. Más del 80% de la población adulta ofreció «mi firma por la patria» y unos cinco millones de cubanos, la mitad de la población, marcharon el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

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WT Whitney, Jr., es un periodista político especializado en América Latina, la atención médica y la lucha contra el racismo. Activista solidario con Cuba, anteriormente trabajó como pediatra y reside en una zona rural de Maine.