Gaceta Crítica

Aaron Benanav (JACOBIN.LAT), 9 de Mayo de 2026

La izquierda no puede limitarse a imaginar una planificación digital más eficiente: debe preguntarse qué formas de innovación, deliberación y poder social podrían orientar la tecnología hacia fines democráticos. Aaron Benanav responde a Evgeny Morozov y reabre el debate sobre el socialismo, la automatización y el futuro de la abundancia.

Hay dos revoluciones tecnológicas distintas en marcha, y ambas compiten por nuestra atención y nuestros recursos limitados, así como por la prioridad política. El camino que reciba una inversión sostenida y el que quede marginado determinarán el futuro que las sociedades sean capaces de construir.

Por un lado, está la IA generativa, que algunos describen como una tecnología de uso general similar a la electricidad o Internet. Sus defensores afirman que, al automatizar las tareas del sector servicios —donde el crecimiento de la productividad lleva mucho tiempo estancado—, la IA puede sacar a las economías avanzadas del estancamiento, al tiempo que reorganiza los fundamentos culturales e incluso cognitivos de la vida humana.

Sin embargo, la brecha entre la promesa y el rendimiento sigue siendo amplia. Fuera de aplicaciones muy específicas, las ganancias de productividad han resultado difíciles de demostrar. Los «agentes» de IA —sistemas destinados a planificar y llevar a cabo tareas complejas de forma autónoma— se anuncian repetidamente, pero siguen sin materializarse, lo que pone de relieve la falta de fiabilidad de los sistemas generativos en general. Y a diferencia de los motores de las revoluciones tecnológicas del pasado, que redujeron los costos gracias a las economías de escala, la IA generativa consume una cantidad extraordinaria de energía, lo que la pone en rumbo de colisión con la otra transformación tecnológica de la era: la transición ecológica.

Esta revolución también tiene el potencial de reorganizar la vida a un nivel fundamental, remodelando la forma en que se produce y distribuye la energía, cómo se construyen las ciudades y cómo se cultivan los alimentos. Pero, impulsada por los importantes avances en las tecnologías solar, eólica y de baterías, la transición ecológica presenta una característica definitoria de las revoluciones tecnológicas de la que carece la IA: una rápida y sostenida reducción de los costos.

El mundo en el que vivimos está moldeado por las tecnologías que adoptamos. Las tecnologías no son meras herramientas, sino que reorganizan las prácticas sociales, remodelan las identidades y las aspiraciones, y amplían el abanico de futuros que las personas pueden imaginar de forma significativa. Elegir la IA generativa o la energía verde como vía tecnológica dominante alteraría profundamente nuestra forma de vivir y trabajar.

Desde el punto de vista técnico, la transición ecológica parece la candidata más sólida para una revolución verdaderamente transformadora, pero el potencial técnico por sí solo nunca garantiza su realización. Desde un punto de vista económico, lo que se considera prometedor no se descubre de forma pasiva. Debe producirse de forma activa a través de decisiones de inversión. Qué sistemas se desarrollan más y, por lo tanto, qué innovaciones pueden madurar hasta convertirse en sistemas sociotécnicos, depende de cómo se organice la inversión y quién la controle.

En el capitalismo, ese control se concentra en un reducido grupo de personas —inversores de capital riesgo, ejecutivos de empresas y burocracias estatales— cuyas decisiones se orientan hacia la rentabilidad y la competencia geopolítica. Esta concentración reduce drásticamente el abanico de vías tecnológicas que se pueden seguir, al tiempo que suprime la controversia pública sobre los fines a los que se destinan las tecnologías. Para liberarse de esta restricción se necesita algo más que una mejor regulación de las tecnologías individuales. Es necesario abrir las propias decisiones de inversión a la participación democrática, de modo que se puedan articular, debatir y perseguir futuros alternativos por razones que vayan más allá de la rentabilidad y la rivalidad geopolítica.

En dos artículos publicados en la revista New Left Review, esbocé un marco para una economía multidimensional diseñada para liberar el desarrollo tecnológico de sus ataduras capitalistas, permitiendo que una gama más amplia de personas y valores sociales den forma a los sistemas de producción. Los individuos recibirían créditos para consumir, y las empresas realizarían transacciones en puntos para cubrir los costos operativos y comprar insumos intermedios. Los puntos sobrantes no podrían convertirse en ingresos personales ni conservarse para financiar inversiones futuras. Este sistema digital de doble moneda bloquearía los canales a través de los cuales el éxito en el mercado se traduce actualmente en un aumento de la riqueza personal y un mayor control sobre las inversiones futuras. En su lugar, las juntas de inversión sectoriales, compuestas por representantes elegidos de los trabajadores, los consumidores, la sociedad en general y expertos técnicos, asignarían fondos de inversión específicos a propuestas competitivas presentadas por las empresas. La inversión no obtendría una tasa de rendimiento monetaria. Lo que importaría, en cambio, es cómo una propuesta determinada podría mejorar los resultados sociales y a qué costo. Una matriz de datos abierta haría más visibles las compensaciones que implica la elección entre propuestas alternativas.

Evgeny Morozov ha criticado este marco en The Ideas Letter. Argumenta que la IA generativa es una tecnología revolucionaria que rompería el modelo que propongo. Su afirmación se basa en una comprensión particular de la «creación de mundos» tecnológicos. En su opinión, la IA está creando un mundo en un sentido más fuerte que, por ejemplo, las energías renovables, donde el imaginario social ya está establecido y el desarrollo tecnológico implica en gran medida innovar en torno a objetivos conocidos. Aún no sabemos para qué sirve la IA ni qué formas de vida reorganizará o inventará; sus usos y significados solo surgirán, argumenta, a través de la experimentación.

La indeterminación no es exclusiva de la IA. Las revoluciones tecnológicas anteriores —desde los ferrocarriles hasta la electricidad y Internet— también pasaron por períodos en los que las aplicaciones no estaban claras y la inversión se adelantó a la comprensión; los auges especulativos fueron seguidos por colapsos, ya que se pusieron a prueba visiones contrapuestas y la mayoría fracasó. Morozov afirma que la IA pertenece claramente a esta clase de tecnologías. Dado que su futuro no puede especificarse de antemano, sostiene, debe explorarse a través de la experimentación abierta, en lugar de guiarse por propósitos articulados colectivamente.

La respuesta preferida de Morozov a la indeterminación es la proliferación: la búsqueda simultánea de muchos proyectos de IA en ciudades, cooperativas y movimientos, cada uno de los cuales explore una posibilidad diferente. Cualquier sistema de inversión organizado democráticamente que pregunte de antemano para qué sirven las tecnologías —y que asigne los recursos en consecuencia— excluiría, en su opinión, el proceso mediante el cual una tecnología como la IA podría llegar a descubrir su propósito. Justificar antes de explorar disciplinaría la innovación y cortaría el dinamismo experimental que requieren las tecnologías creadoras de mundos.

Sin embargo, lo que esta respuesta pasa por alto silenciosamente es el problema central de la economía: cómo asignar recursos escasos entre usos competitivos. Las tecnologías creadoras de mundos no solo amplían el espacio de posibilidades, sino que también obligan a elegir qué posibilidades se perseguirán ampliamente y a expensas de qué alternativas. Algunos de los proyectos de IA que Morozov celebra —pequeños experimentos a nivel de empresa o iniciativas comunitarias— requieren poca financiación adicional. Pero otros —sistemas municipales de IA integrados en escuelas, clínicas o administraciones de vivienda— dependen de amplias infraestructuras de datos, mano de obra técnica especializada y grandes cantidades de computación y energía. Estos proyectos son inevitablemente intensivos en capital y recursos. Compiten por una capacidad de inversión limitada no solo entre sí, sino también con otras prioridades sociales urgentes, como la necesidad de descarbonizar rápidamente los sistemas energéticos.

Una vez reconocida esta limitación económica, el pluralismo por sí solo ya no es una respuesta adecuada. Sin embargo, Morozov no explica quién asignaría los recursos entre las distintas vías tecnológicas que compiten entre sí, ni cómo se tomarían, evaluarían y revisarían esas decisiones a lo largo del tiempo.

Aquí es donde falla la crítica de Morozov a mi marco. Trata la experimentación local y el control colectivo como principios opuestos. Para sostener este punto de vista, reformula las instituciones que propongo —diseñadas para organizar el conflicto político-económico sobre las decisiones de inversión— como obstáculos administrativos que sofocarían el dinamismo tecnológico. Pero estas instituciones no tienen por objeto suprimir la experimentación, sino organizarla políticamente, proporcionando mecanismos para seleccionar, ampliar, revisar y abandonar proyectos que compiten entre sí cuando no se puede llevar a cabo todo a la vez. La experimentación y la selección política no son alternativas. Son momentos complementarios de un mismo proceso.

En el marco que propongo, las empresas presentan propuestas de cambios tecnológicos u organizativos a gran escala a juntas de inversión sectoriales, que asignan fondos limitados mediante procedimientos democráticos. Morozov sostiene que evaluar estas propuestas en múltiples dimensiones —un efecto de democratizar la inversión y separarla de la rentabilidad— supondría una restricción procedimental excesiva para la innovación, especialmente en el caso de lo que él denomina tecnologías creadoras de mundos, como la IA.

Al interpretar mi argumento de esta manera, Morozov lo asimila a un modo familiar de crítica tecnológica, en el que se culpa a sistemas como la IA generativa por su sesgo, su insostenibilidad o su degradación de la calidad del trabajo, y luego se les somete a llamamientos a la moderación. Tras una década en la que las redes sociales y los teléfonos inteligentes han producido daños ampliamente reconocidos que Silicon Valley no ha sabido abordar —amplificando la distracción, deteriorando la salud mental, acelerando la difusión de teorías conspirativas y profundizando la desigualdad—, la resistencia pública a cualquier nueva disrupción es totalmente racional. ¿Por qué se debería esperar que la gente se someta, una vez más, a los experimentos de ingeniería sociotécnica de Silicon Valley sin ninguna garantía de que los daños resultantes se tomarán en serio?

Sin embargo, visto desde esta perspectiva, el marco que propongo acaba pareciendo un campo de permisos cada vez más reducido, en lugar de un espacio de posibilidades en expansión. Las tecnologías disruptivas casi siempre violan las normas existentes; en un régimen en el que cada una de esas violaciones debe resolverse por adelantado, los proyectos que cambian el mundo serían fáciles de bloquear y difíciles de realizar. Es esta imagen procedimentalista la que lleva a Morozov a sugerir que, en mi marco, las juntas de inversión «woke» domesticarían el desarrollo tecnológico demasiado pronto, obligando a las posibilidades emergentes a justificarse antes de que hayan tenido la oportunidad de generar nuevas prácticas y nuevos significados a través de su uso.

Esta interpretación se basa en una caracterización errónea básica de cómo se despliega el desarrollo tecnológico en mi relato. No digo que el cambio tecnológico llegue completamente formado desde los laboratorios de investigación y luego entre en producción sujeto a la revisión de las juntas de inversión, como sugiere Morozov. Al igual que en el capitalismo, la mayor parte de la innovación en mi marco es incremental y local, y surge dentro de las empresas en lugar de fuera de ellas.

Bajo el capitalismo, el espacio para la experimentación a nivel empresarial es reducido. A las empresas solo se les permite innovar en la medida en que prometan reducir los costos o aumentar los ingresos, y hacerlo de la forma más rentable posible. Incluso cuando los trabajadores identifican formas de mejorar la sostenibilidad o la calidad del trabajo, estas posibilidades suelen descartarse por no ser rentables antes de que puedan probarse seriamente. El blitzscaling,  es decir, el crecimiento acelerado financiado con pérdidas para conquistar un mercado, puede aplazar brevemente esta restricción, pero solo para intensificarla más tarde: una vez que la rentabilidad se convierte en imperativa, la innovación se redirige hacia la monetización, degradando los productos y servicios en un proceso que Cory Doctorow denomina «enshittification», la degradación progresiva de una plataforma bajo la presión de monetizarla. El resultado es una dramática infrautilización de la inteligencia colectiva generada a través de la participación compartida de los trabajadores en la producción: el conocimiento tácito incrustado en las rutinas de trabajo, los patrones de coordinación entre departamentos y la resolución diaria de problemas.

Una economía multidimensional está diseñada para eliminar este cuello de botella. Las empresas en regla conservan plena autonomía sobre cómo gastan sus presupuestos operativos. Son libres de reorganizar los flujos de trabajo, experimentar con nuevas tecnologías y contratar nuevos proveedores a través de transacciones de mercado ordinarias, que no requieren la aprobación previa de las juntas de inversión. Dado que la financiación de las inversiones futuras no está vinculada a la rentabilidad esperada, la experimentación puede perseguir una gama más amplia de objetivos. Cuando se proponen inversiones a mayor escala, solo es necesario argumentar de forma sustantiva que mejorarían los resultados sociales de alguna manera concreta, en cualquier dimensión social o ecológica relevante.

Cabe destacar que gran parte de la experimentación no requiere ninguna inversión, solo un uso diferente del tiempo y la atención dentro de las operaciones normales. Cuando se trata de costos modestos, estos pueden cubrirse con los presupuestos operativos ordinarios o mediante la asignación directa de fondos de inversión que las empresas reciben para el mantenimiento regular y las mejoras menores. Las empresas también están integradas en un ecosistema de innovación más amplio, reorientado hacia formas de progreso multicriterio, que incluye institutos de investigación, consultoras y organizaciones tecnológicas comunitarias que apoyan la resolución creativa de problemas.

Las propuestas de inversión a gran escala solo entran en escena una vez que se han explorado las posibilidades en la práctica y se ha demostrado que justifican su expansión. Una escuela, por ejemplo, puede experimentar libremente con las herramientas de IA existentes para apoyar la enseñanza o mejorar los resultados del aprendizaje, reasignando el tiempo del personal o los fondos operativos para explorar posibilidades cuyo valor aún no se conoce del todo. Pero proponer el desarrollo de una nueva aplicación de IA adaptada al plan de estudios de un distrito —junto con el hardware y el personal técnico necesarios para implementarla en todo el sistema— es otra cuestión. Si un proyecto de este tipo costara entre 20 y 30 millones de puntos, y el presupuesto de inversión anual del sector educativo fuera de 100 millones de puntos, su financiación desplazaría otras prioridades.

Aquí es donde el llamamiento de Morozov a la creación de un mundo abierto se enfrenta a una limitación ineludible. Incluso cuando los propósitos y efectos de una tecnología solo pueden descubrirse mediante su uso, comprometer recursos en una vía en lugar de otra excluye otras alternativas. No se puede eludir una pregunta: ¿qué merece financiación y en qué medida? Los procedimientos de inversión democráticos existen precisamente para que esas disyuntivas sean explícitas, discutibles y colectivamente vinculantes, en lugar de dejarlas que se resuelvan implícitamente a través de la rentabilidad, el poder de los grupos de presión o la decisión administrativa.

Morozov se resiste a la idea de la fijación pública de orientaciones, no solo porque lo considera un freno a la experimentación local, sino porque lo entiende como la imposición de una única concepción del bien, autorizada democráticamente, fijada de antemano y aplicada desde arriba. Según esta interpretación, las juntas de inversión tendrían que establecer primero un conjunto determinado de valores y ponderaciones, y luego utilizarlos para seleccionar y disciplinar las propuestas de innovación, reduciendo la coordinación pública a la aplicación administrativa de un marco de evaluación predefinido. Es esta imagen de equilibrio de valores ex ante y de examen procedimental lo que lleva a Morozov a considerar que el establecimiento de orientaciones es intrínsecamente hostil al pluralismo y al descubrimiento, y a retroceder en cambio hacia la experimentación local dispersa llevada a cabo con recursos públicos compartidos.

Pero la experimentación a nivel de empresa, por indispensable que sea, no es suficiente. El problema no es solo que las inversiones a gran escala implican recursos escasos y, por lo tanto, requieren una elección. Otra cuestión es que muchas de las transformaciones más importantes no pueden lograrse mediante la actuación aislada de las empresas. Dependen de patrones de inversión que se acumulan con el tiempo. Los proyectos independientes deben alinearse para construir infraestructuras compartidas, capacidades acumulativas y tecnologías interconectadas. Cuando las inversiones se alinean, las complementariedades entre empresas permiten que la experimentación en un lugar refuerce las transformaciones en otros.

Las empresas capitalistas están estructuralmente mal equipadas para emprender esfuerzos tan coordinados. Las transiciones a gran escala requieren una coordinación entre empresas y sectores que los mercados capitalistas tienen dificultades para proporcionar, aunque las grandes corporaciones a veces logran una coordinación parcial dentro de sus propias industrias. Por eso los Estados han intervenido históricamente para financiar y organizar innovaciones tecnológicas trascendentales, desde Internet hasta la energía solar. La sugerencia de Morozov de que descuido el papel del Estado en la organización del cambio tecnológico es desconcertante, dado lo fundamental que es para mi argumento la inversión coordinada públicamente. La verdadera cuestión no es si la coordinación pública es necesaria, sino cómo se pueden organizar los sistemas de inversión para establecer una dirección entre las empresas sin caer en jerarquías tecnocráticas de mando y control.

Tomarse en serio las complementariedades entre las inversiones significa que las juntas de inversión no pueden tratar las propuestas como solicitudes de financiación independientes que deben juzgarse por sus propios méritos. Las juntas deben evaluar no solo las propuestas individuales, sino también cómo las carteras de inversiones se suman para crear vías de desarrollo competitivas. Incluso dentro de un mismo sector, siempre habrá múltiples futuros disponibles, dependiendo de cómo se combinen, secuencien y escalen las inversiones a lo largo del tiempo. La agricultura podría orientarse hacia la hidroponía automatizada y la carne cultivada en laboratorio o hacia la agroecología y el consumo convivial; la construcción podría favorecer las nuevas viviendas públicas de bajo consumo energético o la rehabilitación de los edificios existentes.

Este tipo de orientación no presupone un acuerdo. Por el contrario, las juntas de inversión pueden seguir siendo lugares de controversia política permanente, en los que las facciones rivales —y no la junta como actor unificado— articulan diferentes prioridades y tratan de orientar la innovación hacia los futuros que defienden. En este marco, la experimentación a nivel de empresa ya se orienta hacia esos horizontes alternativos. Incluso cuando los resultados son inciertos, la experimentación rara vez carece de dirección: las empresas exploran posibilidades a la luz de los futuros que intentan ayudar a construir, basándose en imaginarios sociotécnicos que vinculan la resolución de problemas locales con transformaciones más amplias. Las juntas de inversión intervienen en el punto en el que las trayectorias en competencia deben enfrentarse políticamente y se deben tomar decisiones sobre cuáles de ellas deben ampliarse.

Por esta razón, el control democrático de la inversión no puede dar lugar a un consenso ni basarse en él. Tiene que estructurar las luchas entre trayectorias alternativas de desarrollo, o «mundos», en el sentido de Morozov. La coordinación se logra en medio del conflicto, precisamente a través de los procedimientos de selección que Morozov descarta.

Sin embargo, incluso estos niveles de coordinación a nivel empresarial y sectorial son insuficientes para resolver los problemas más urgentes a los que se enfrentan las sociedades contemporáneas. La transición ecológica, por ejemplo, exige cambios simultáneos en los sistemas energéticos, las redes de transporte, la vivienda, los sistemas alimentarios y los patrones de consumo. Por eso mi marco incluye no solo la innovación a nivel empresarial y los procedimientos de selección a nivel industrial, sino también comités de coordinación interindustriales. Estos organismos se encargarían de proyectos sociales a gran escala —como la ecologización de la economía, la reducción de la semana laboral o la reparación de injusticias históricas— organizados a través de mandatos renovables de cinco años. Las asambleas ciudadanas ayudarían a decidir los enfoques generales. A continuación, los comités de coordinación desplegarían fondos de inversión para reducir el costo de las inversiones complementarias en todos los sectores, funcionando como una forma de política crediticia orientada a misiones.

Sin embargo, la coordinación intersectorial no puede ser una razón para eludir la política: todos los proyectos deben estar vinculados a empresas específicas y pasar por el mismo proceso controvertido de propuesta y selección. Los conflictos sobre la coordinación siguen siendo momentos de formación de valores colectivos, en los que se aclaran las prioridades y se actualiza su relevancia mediante la aparición, el debate y la selección entre futuros alternativos.

Como parte de su esfuerzo por forzar mi argumento a una falsa oposición entre la experimentación local y la toma de decisiones colectiva, Morozov caracteriza erróneamente mi marco como si exigiera a la sociedad determinar sus valores por adelantado, asignarles pesos y luego aplicarlos administrativamente para gobernar la vida económica. Esta interpretación errónea permite a Morozov presentar la experimentación con la IA generativa como algo singularmente resistente a la dirección colectiva, basándose en que los experimentos realizados para descubrir nuevos usos también transforman los valores y las aspiraciones de quienes participan en ellos. Pero esto no es una peculiaridad de la IA.

Muchas de las decisiones trascendentales que toman las personas y las sociedades son transformadoras precisamente en este sentido. Tener un hijo, emigrar a otro país, comprometerse con una vocación, así como integrar nuevas tecnologías en la sociedad o la economía, todo ello remodela las preferencias, las capacidades y la autocomprensión de los implicados. Actuar no solo hace realidad los valores previos, sino que los revisa con el tiempo.

Mi marco no niega ni pretende eludir esta relación recursiva entre la acción y la valoración, sino que la institucionaliza. Los valores se aclaran, se discuten y se recomponen con el tiempo a medida que las sociedades actúan, se enfrentan a las consecuencias y revisan sus compromisos a la luz de lo que esas acciones revelan o transforman. Los valores no se vuelven en modo alguno políticamente inarticulables por haberse formado a través de la práctica en este sentido.

En un esfuerzo por hacer valer su objeción, Morozov intenta asimilar mi argumento a los conocidos enfoques que dan prioridad a los valores, asociados a pensadores como Amartya Sen y Martha Nussbaum, así como a marcos formales de teoría de la decisión, como el análisis de decisión multicriterio —enfoques en los que me baso, pero que también critico explícitamente—. En estas perspectivas, la tarea consiste primero en especificar lo que importa con la mayor claridad posible —capacidades o dimensiones del bienestar— y luego utilizar esas especificaciones para orientar las políticas, como en proyectos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los indicadores Más allá del PIB de la OCDE.

En las sociedades capitalistas, los marcos que dan prioridad a los valores siguen siendo en gran medida ineficaces porque chocan con el motor subyacente del sistema: la inversión orientada a los beneficios. Sin embargo, lo que es más importante, esos enfoques caracterizan erróneamente el funcionamiento de los valores. Las personas rara vez saben de antemano cuántos valores tienen, cómo clasificarlos o incluso qué significan en la práctica valores como la sostenibilidad o el «buen» trabajo.

Los enfoques que dan prioridad a los valores se basan en la mediación tecnocrática para traducir esas prioridades en acciones. Los expertos tienen la tarea de especificar definiciones y ponderaciones —basadas en encuestas o procedimientos deliberativos— y luego ponerlas en práctica como reglas de decisión. El juicio gerencial ejercido dentro de las limitaciones administrativas desplaza el desacuerdo político. Esto excluye el proceso mediante el cual se forman realmente los valores: actuar sobre los compromisos, afrontar las consecuencias y revisar las prioridades a la luz de la experiencia.

En mi marco, por el contrario, el objeto de la elección colectiva no son los valores como tales, sino proyectos políticos y existenciales rivales, cada uno de los cuales encarna una comprensión particular de qué valores son importantes, cómo deben ponerse en práctica y cómo deben priorizarse entre sí. Las formas competitivas de componer entre valores se articulan y se discuten a través de propuestas concretas y las justificaciones ofrecidas para elegir entre ellas. La relevancia social más amplia y el significado práctico de los criterios surgen entonces de forma retroactiva, a través de las decisiones sobre qué proyectos se financian y a qué escala. Así es como mi marco deja espacio para la política —la política real— dentro de la propia economía. Morozov invoca el «centro roto» de Gillian Rose para sugerir que cualquier marco institucional separará falsamente la decisión de la acción. Pero las instituciones que propongo están diseñadas precisamente para mantener ambos aspectos entrelazados.

La única excepción podría parecer ser la Matriz de Datos, que articularía criterios como indicadores para analizar la actividad económica. Pero esto no significa que los valores se fijen de antemano. La Matriz de Datos no funciona como un algoritmo de planificación o una autoridad de toma de decisiones, como supone Morozov. Su función es explícitamente informativa y política, no ejecutiva. Agregaría datos públicos sobre la producción y el consumo y los vincularía con los impactos ecológicos, sociales y subjetivos posteriores, de modo que se pudieran prever y debatir las consecuencias de las alternativas de inversión.

Al no tener ninguna función ejecutiva, la Matriz de Datos no impone un único marco de evaluación coherente, ni funciona como un punto de control obligatorio en el proceso de decisión. Las decisiones de inversión siempre se toman de forma prospectiva, sobre la base de información incompleta y expectativas controvertidas. Por esta razón, los datos recopilados para la Matriz de Datos deben permanecer abiertos a la controversia.

Los ciudadanos científicos, junto con las empresas, asociaciones y grupos políticos, podrían solicitar que se modifiquen los indicadores existentes o que se añadan otros nuevos, incluidos indicadores alternativos que operacionalicen los valores de diferentes maneras. El objetivo de la Matriz de Datos es utilizar una amplia base de información pública para hacer que las interpretaciones rivales de lo que importa sean inteligibles, parcialmente comparables y políticamente determinantes, sin sustituir el juicio por la medición ni posponer la decisión en nombre de la exhaustividad epistémica.

La importancia de este marco se hace más evidente por contraste: el capitalismo neutraliza la política más amplia de valores aquí descrita al hacerla económicamente irrelevante. Independientemente de lo que digan los críticos o incluso los gobiernos, el éxito económico sigue midiéndose en términos de una única dimensión evaluativa: las ganancias en eficiencia económica, que se traducen en mayores beneficios y un mayor crecimiento del PIB. Todos los demás valores quedan relegados a la categoría de restricciones externas, que limitan la actividad económica sin dirigirla. En el marco alternativo que propongo, múltiples valores impregnan la elección de los planes de producción, de modo que el progreso se desarrolla en varias dimensiones a la vez, con complejas implicaciones para la forma en que las personas trabajan y viven.

La elección entre las vías disponibles puede ampliar o reducir el campo de posibilidades. Algunos futuros se vuelven más fáciles de realizar; otros quedan efectivamente descartados; y la comprensión de las personas sobre lo que importa cambia a medida que avanzan en el tiempo, al igual que en la propia descripción de Morozov sobre la creación de mundos tecnológicos. La diferencia es que, en mi marco, este proceso se entiende desde el principio como político, ya que se desarrolla en condiciones de escasez que obligan a elegir colectivamente entre futuros rivales.

Lo que resulta desconcertante de la crítica de Morozov es que este núcleo político desaparece de la vista. Un marco diseñado para organizar el conflicto sobre la inversión —para hacer que las compensaciones sean visibles, discutibles y vinculantes cuando no se puede perseguir todo a la vez— se reformula como un sistema de cierre administrativo que disciplinaría prematuramente la experimentación. Su análisis no es simplemente un malentendido de mi marco propuesto, sino una inversión de su intención: interpreta un relato destinado a politizar la construcción del mundo como un intento de suprimirla.

Esta interpretación errónea no solo distorsiona mi argumento, sino que incapacita a Morozov para pensar en lo que requeriría una economía política alternativa real. Al rechazar la coordinación mercantil, evacúa el espacio institucional en el que puede producirse la experimentación descentralizada a nivel de empresa. Al rechazar la coordinación política, se queda sin estrategia para organizar la inversión a gran escala, alinear proyectos complementarios o revisar las prioridades a lo largo del tiempo bajo restricciones reales de recursos. Lo que queda no es una economía política, sino un conjunto de aspiraciones normativas: gestos hacia características deseables de un futuro socialista sin tener en cuenta las instituciones capaces de sostener la experimentación local o coordinar la transformación colectiva.

Cuando Morozov ha intentado explicar cómo podría cohesionarse un sistema poscapitalista, ha recurrido a programas de investigación poco adecuados para la tarea, precisamente porque no logran endogenizar las transformaciones dinámicas de los valores sociales ni del desarrollo tecnológico. Las críticas que Morozov dirige a mi marco se aplican, por tanto, con mucha más fuerza a las alternativas que él mismo propone.

Por ejemplo, la propuesta de Daniel Saros de un socialismo digital, que Morozov elogió en la New Left Review, distingue entre créditos y puntos, al igual que mi marco, pero incorpora esta distinción  en una serie de rondas de asignación en las que el sistema vuelve a calcular qué quiere la gente y cómo distribuir los recursos en cada ciclo. No ofrece ninguna teoría de la inversión, ninguna explicación de la configuración política de la producción y ninguna concepción de la innovación tecnológica que construye mundos. De hecho, Saros abandonó la idea poco después de escribir sobre ella.

El giro de Morozov hacia la cibernética (tomando prestado de y luego ampliando el trabajo de Eden Medina) adolece de las mismas limitaciones. La cibernética es una teoría de sistemas que detecta desviaciones y restaura la coherencia en respuesta a las perturbaciones. Incluso en las formulaciones más sofisticadas de Stafford Beer, la preocupación central no es la innovación, sino la viabilidad: mantener la identidad de un sistema en condiciones cambiantes. Los sistemas de gestión cibernética se adaptan a los objetivos, pero como estos se introducen como supuestos políticos exógenos, la cibernética no puede explicar su transformación dinámica a través de la innovación tecnológica o el conflicto político. Como programa de investigación, la cibernética también se ha agotado hace tiempo.

Estas limitaciones son importantes porque lo que Morozov trata como un reto exclusivo de la IA —la formación endógena de mundos a través del uso— es, en realidad, una característica general de los períodos de rápido cambio tecnológico. Esos momentos no solo amplían el espacio de posibilidades, sino que obligan a tomar decisiones colectivas sobre qué posibilidades se realizarán ampliamente y cuáles permanecerán marginales o sin realizar. El problema, entonces, no es cómo gobernar una tecnología excepcional, sino cómo organizar la producción cuando el dinamismo tecnológico choca con la capacidad de inversión finita y las prioridades sociales cambiantes.

Contrariamente a la interpretación de Morozov, abordar este desafío no requiere tratar la tecnología como algo neutral ni asumir que los valores deben establecerse de antemano. Los mercados pueden mantenerse como espacios de experimentación descentralizada, donde se ponen de manifiesto y se exploran las posibilidades. Las instituciones políticas, por su parte, deben asumir la responsabilidad de coordinar las inversiones: decidir qué trayectorias se amplían, se revisan o se abandonan a medida que se desarrollan sus consecuencias. En un futuro poscapitalista, Morozov tal vez desee impulsar una vía aceleracionista de IA generativa; yo daría prioridad a una rápida transición ecológica. Otros abogarán por transformaciones más lentas y cautelosas, o por formas diferentes de reorientación tecnológica.

Estos desacuerdos no pueden resolverse únicamente mediante la experimentación local, ni mediante deliberaciones orientadas al consenso, ni mediante el control tecnocrático del Estado. En cambio, deben afrontarse política y democráticamente, a través de instituciones capaces de reorganizar la producción a lo largo del tiempo ante el desacuerdo sostenido sobre qué futuros deben construirse y cuáles deben dejarse atrás.

Aaron Benanav, 9 de Mayo de 2026 Investigador de la Universidad Humboldt (Berlín) y autor de La automatización y el futuro del trabajo (Traficantes de Sueños, 2021)