Gaceta Crítica

Isaac Saney (THE STRUGGLE – LA LUCHA), 9 de Mayo de 2026

El Gobierno de Canadá debe tomar medidas inmediatas y decisivas en defensa de la soberanía canadiense, el derecho internacional y el derecho de las empresas canadienses a realizar negocios lícitos libres de coacción e intimidación extranjeras.

La última escalada de la guerra económica que Estados Unidos libra contra Cuba desde hace décadas por parte de la administración Trump —mediante su Orden Ejecutiva del 1 de mayo de 2026— constituye un nuevo intento ilegal de extender la legislación interna estadounidense más allá de sus fronteras e imponer el régimen de sanciones unilaterales de Washington al mundo entero. Esto representa no solo un ataque contra Cuba, sino un asalto directo a la soberanía de Canadá, al derecho mercantil internacional y al principio de que ningún Estado tiene derecho a dictar las relaciones económicas de otras naciones.

Las consecuencias ya son evidentes.

Tras la Orden Ejecutiva, Sherritt International Corporation, con sede en Canadá —uno de los inversores canadienses más importantes en Cuba y un actor clave en el sector de minerales críticos de Canadá— anunció la suspensión de su participación directa en actividades de empresas conjuntas en Cuba, la repatriación de personal y advirtió que las presiones financieras y operativas derivadas de las sanciones estadounidenses podrían paralizar sus actividades. La renuncia de miembros del consejo de administración y la incertidumbre que ahora enfrenta la corporación ponen de manifiesto el efecto disuasorio de la campaña de intimidación económica de Washington.

Esto es coerción económica del más alto nivel.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado de forma abrumadora y reiterada el bloqueo estadounidense contra Cuba durante más de tres décadas. El bloqueo y su aplicación extraterritorial violan la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la libertad de navegación y comercio, y la igualdad soberana de los Estados. Sin embargo, Washington continúa intensificando este asedio económico, buscando ahora castigar no solo a Cuba, sino también a las empresas, los trabajadores y los intereses económicos canadienses.

La escalada actual tiene su origen en la tristemente célebre Ley Helms-Burton de 1996, una legislación diseñada explícitamente para internacionalizar el bloqueo estadounidense amenazando a las corporaciones y gobiernos extranjeros que mantienen relaciones comerciales legítimas con Cuba. En aquel momento, Canadá reconoció el grave peligro que suponía esta afirmación sin precedentes de jurisdicción extraterritorial y modificó la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras (FEMA, por sus siglas en inglés) precisamente para contrarrestar la Ley Helms-Burton y proteger la soberanía canadiense.

La pregunta ahora es simple e ineludible: ¿Aplicará finalmente Ottawa la Ley de Medidas Extraterritoriales para el Extranjero?

Canadá no puede seguir manifestando su oposición al bloqueo en las Naciones Unidas mientras, en la práctica, cede ante las imposiciones ilegales de Washington. El propósito de la FEMA no era simbólico. Se creó para proteger a las empresas y a los ciudadanos canadienses precisamente de este tipo de injerencia estadounidense.

Si el gobierno canadiense no actúa ahora, la FEMA se convertirá en poco más que un gesto vacío, y Canadá admitirá de hecho que la ley estadounidense prevalece sobre la ley canadiense en territorio canadiense.

Por lo tanto, Ottawa debe:

• Denunciar públicamente la Orden Ejecutiva de la administración Trump como una medida extraterritorial ilegal que viola el derecho internacional y la soberanía canadiense;
• Invocar y aplicar de inmediato la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras para proteger a las empresas canadienses que operan legalmente en Cuba;
• Brindar protección legal, diplomática y financiera a las empresas canadienses afectadas por las sanciones estadounidenses;
• Coordinar con México, la Unión Europea, las naciones de CARICOM y otros estados que se oponen al bloqueo para resistir las medidas coercitivas ilegales de Washington; y
• Reafirmamos la oposición de larga data de Canadá al bloqueo estadounidense y exigimos su fin completo e incondicional.

Este problema va más allá de Cuba.

Si Canadá acepta la capacidad de Washington para castigar a las empresas canadienses por comerciar legalmente con un tercer país, entonces Canadá deja de ejercer una soberanía económica significativa. Hoy es Cuba. Mañana podría ser cualquier país o sector que se oponga a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos.

Además, el ataque a Sherritt resulta particularmente revelador. Sherritt opera una planta de refinación de níquel y cobalto de importancia estratégica en Alberta, minerales críticos esenciales para la transición energética global y las cadenas de suministro industriales de Norteamérica. La ironía es asombrosa: mientras Washington habla sin cesar sobre cómo garantizar la independencia en materia de minerales críticos, sus políticas están socavando activamente una de las principales operaciones de refinación de Norteamérica debido a su relación con Cuba.

Esto demuestra una vez más que el bloqueo estadounidense no está motivado por los «derechos humanos» ni por la «democracia», sino por una política y una campaña de larga data de guerra económica, sabotaje y desestabilización destinadas a estrangular a Cuba sin importar el daño colateral infligido a nivel internacional.

Canadá debe elegir entre defender su soberanía y respetar el derecho internacional, o permitir que se subordina a los dictados extraterritoriales de una potencia extranjera: entre unirse a un imperio o desafiarlo.

El silencio y la inacción no son neutralidad. Equivalen a la aquiescencia.

Fuente: Red Canadiense sobre Cuba