Gaceta Crítica

The Lancet Planetary Health, 2 de Mayo de 2026

Los profesionales de la salud y los investigadores que trabajan en la intersección del medio ambiente y la salud a menudo lamentan la relativa escasez de consideraciones de salud en la política climática, y solo recientemente (desde 2023) la salud ha comenzado a integrarse más en las negociaciones formales de la ONU sobre el clima. Sin embargo, las consideraciones de salud pública han desempeñado un papel en la política climática desde hace mucho tiempo. Un ejemplo particularmente destacado de Estados Unidos fue el «hallazgo de peligro» de 2009, que determinó que seis gases de efecto invernadero principales ponen en peligro la salud y el bienestar humanos. Este hallazgo, basado en evidencia, proporcionó la base legal para la autoridad de la EPA de Estados Unidos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de vehículos y fuentes industriales. Sin embargo, como sin duda sabrán los lectores, la administración Trump derogó este hallazgo el 12 

^de febrero de 2026, revirtiendo la legislación ambiental, supuestamente para reducir costos.La justificación explícita parece basarse principalmente en un tecnicismo: que la Ley de Aire Limpio de EE. UU. solo pretende regular la contaminación «que perjudica la salud o el medio ambiente a través de la exposición local y regional». Sin embargo, no parece nada claro que los contaminantes que contribuyen al calentamiento global no cumplan con este criterio, y aunque esto probablemente no preocupe demasiado a la administración Trump en sus objetivos, podría tener repercusiones en la legalidad de la derogación, que ya está siendo impugnada por una coalición de estados, ciudades, condados y agencias estatales, encabezada por Massachusetts, California, Nueva York y Connecticut.Los argumentos sobre los beneficios de los mercados libres de regulación son un tema recurrente en la política estadounidense y en otros países, por lo que no sorprende que se haya recurrido a esta lógica para justificar la flexibilización de las regulaciones sanitarias y ambientales. Sin embargo, los críticos argumentan que el ahorro estimado calculado por la EPA no tuvo en cuenta el costo financiero ni las vidas amenazadas por la eliminación de estas protecciones ambientales y de salud pública. Este tipo de contabilidad parcial —que ignora factores considerados «externos a la economía»— se entiende mejor como una contabilidad incompleta de las interrelaciones del mundo real. Una contabilidad parcial similar, que omite el costo de mantener y expandir la infraestructura energética de combustibles fósiles, se utiliza a menudo para inflar el costo aparente de la descarbonización.Cabe destacar también que las encuestas muestran que la legislación para limitar los gases de efecto invernadero goza de popularidad entre los estadounidenses, a pesar de la polarización política actual sobre el tema. 

Alrededor de tres de cada cuatro estadounidenses apoyan las políticas climáticas , con un respaldo notablemente mayor entre los jóvenes. Por lo tanto, resulta difícil comprender por qué la administración Trump, con índices de aprobación muy bajos, impulsaría tales políticas, a menos que se entienda como parte de una agenda de desregulación más amplia que sirve a los intereses de la industria de los combustibles fósiles, que han ejercido un cabildeo exitoso para mantener su dominio y aumentar su rentabilidad. Tales prioridades parecen estar lejos de tener un mandato democrático.Incluso si los ahorros financieros a corto plazo derivados de la desregulación pudieran subsistir tras una contabilidad más exhaustiva, algo que parece improbable, la guerra de Estados Unidos con Irán ya ha elevado los precios del combustible para los consumidores estadounidenses, demostrando así los beneficios tangibles de seguridad e independencia energética que ofrecen las energías renovables, en contraste con la alta vulnerabilidad del comercio de petróleo y gas.Quizás uno de los desafíos más extraños que enfrentamos en la transición hacia una relación más armoniosa con nuestro medio ambiente es la capacidad de algunas personas para priorizar el beneficio personal a corto plazo sobre los daños, tanto presentes como futuros, a otros. Una y otra vez, este tipo de comportamiento miope y estrecho de miras se repite. Tal vez sea comprensible que cada individuo priorice aquello que más le beneficia, especialmente en circunstancias difíciles. Pero a nivel social y de gobierno nacional, es un fracaso lamentable favorecer los intereses de unos pocos sobre las necesidades de la mayoría. La evidencia es más clara que nunca: la transición hacia fuentes de energía no fósiles puede ser rentable, proteger la salud pública y aumentar la seguridad energética nacional. El fracaso de la administración Trump en esta transición, a pesar del apoyo público, sugiere la necesidad de procesos democráticos más deliberativos y, sin duda, representa una oportunidad para que otras naciones tomen la iniciativa.