Orinoco Tribune, 28 de Abril de 2026

La política venezolana de extrema derecha María Corina Machado. Foto: Foto de archivo.
El presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró que la política ultraderechista María Corina Machado no cumple con los requisitos legales para acogerse a los beneficios de esta ley. Según el funcionario, la postura de Machado en apoyo del imperialismo estadounidense la excluye de cualquier indulto.
“Si el juez ve que usted solicitó una orden de desalojo una, dos o tres veces, ya no es aplicable”, afirmó Arreaza enfáticamente este miércoles 22 de abril. “La ley es muy clara”.
El comisionado destacó que la amnistía no es un proceso automático, sino que requiere una revisión exhaustiva de la conducta del solicitante. En este sentido, lamentó la falta de autocrítica de Machado respecto a sus llamados a la agresión contra la nación.
En un artículo de opinión publicado por Misión Verdad en febrero de 2024, se resumió el extenso historial delictivo de Machado. A continuación, puede leer sus actividades delictivas más recientes:
Con la llegada de la mayoría opositora al parlamento en 2015 y la activación del falso “gobierno interino” de Guaidó en 2019, Machado se convirtió en un falso “embajador” y solicitó a Estados Unidos y sus aliados que aplicaran medidas coercitivas unilaterales a Venezuela. Estas “sanciones” le costaron a Venezuela aproximadamente 642 mil millones de dólares entre 2015 y 2022, según estimaciones recientes del presidente Nicolás Maduro.
Además, solicitó reiteradamente la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), disfrazado de “fuerza de paz”, cuyo objetivo era derrocar al presidente por la fuerza. Asimismo, Machado impulsó el uso de la doctrina imperialista de la Responsabilidad de Proteger (R2P) como método alternativo para derrocar al gobierno mediante la intervención militar extranjera.
En 2024, también fue descalificada por la Corte Suprema de Justicia para postularse como candidata presidencial debido, entre otras razones, a las siguientes:
• Participó en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, quien promovió el bloqueo criminal de Venezuela.
• Apoyó la expropiación de las empresas y la riqueza del pueblo venezolano en el extranjero, incluyendo la confiscación de las participaciones de CITGO y la corporación petrolera, lo que causó daños materiales por $32.5 mil millones.
• Apoyó la expropiación de la empresa colombo-venezolana Monómeros, que fue devuelta a Venezuela en quiebra cuando el presidente Petro asumió el cargo en Colombia.
• Apoyó la retención ilegal de 31 toneladas de oro por parte del Banco de Inglaterra.
• Apoyó la congelación de $4 mil millones en el sistema financiero internacional.
• Solicitó sanciones que impidieron la compra de medicamentos para 60,000 pacientes con VIH.
• Aceptó el cargo de representante diplomática de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos.
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