Gaceta Crítica

Charriot Chai (The China Academy), 24 de Abril de 2026

El 21 de abril, el Gabinete japonés revisó formalmente los Tres Principios sobre la Transferencia de Equipos de Defensa, abriendo oficialmente la puerta para que esta nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial vendiera buques de guerra, misiles y otras armas letales al extranjero. Ese mismo día, la entonces primera ministra Takashima Sanae envió ofrendas rituales al santuario Yasukuni.

En respuesta, el profesor Wang Xiangsui, destacado estratega chino y subsecretario general de la Fundación de Investigación para la Reforma y el Desarrollo de CITIC, señaló que el simbolismo del momento elegido es inequívoco: no se trata de ajustes políticos aislados, sino de manifestaciones de un cambio fundamental en la dirección nacional de Japón. Los países que han apoyado, tolerado o permitido tácitamente la llamada «normalización» de Japón deberían reconocer lo que este país busca realmente: el desmantelamiento sistemático de sus autocontroles pacifistas de la posguerra, lo que, para una nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial, equivale a reclamar privilegios estatales sobrenormales.

I. ¿Cómo debería ser un Japón “normal” bajo el orden internacional de la posguerra?

El profesor Wang señala que, inmediatamente después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas propusieron un plan radical: despojar por completo a Japón de su capacidad industrial y convertirlo en un estado agrario incapaz de librar una guerra. Sin embargo, con el estallido de la Guerra de Corea, la autoridad de ocupación de MacArthur necesitó repentinamente apoyo logístico de la península coreana, y la base militar-industrial de Japón se preservó. El plan original nunca se llevó a cabo por completo.

Dicho esto, Japón también extrajo lecciones de su derrota. Mediante la «Constitución de Paz» de la posguerra, los Tres Principios sobre Exportaciones de Armas y los Tres Principios No Nucleares, Japón construyó todo un marco institucional de autocontrol. La lógica subyacente era clara: como nación con un historial de agresión, Japón limitó voluntariamente su propia capacidad de violencia. En 1991, cuando Estados Unidos presionó a Japón para que aportara tropas a la Guerra del Golfo, Japón invocó su Constitución de Paz y limitó su papel al apoyo logístico y las contribuciones financieras.

Lamentablemente, el gobierno de Takaichi ha abandonado esta autodisciplina, y el discurso que impulsa esta transformación merece un análisis minucioso.

La derecha política japonesa lleva tiempo afirmando que Japón «no es un país normal», argumentando que «las restricciones de la posguerra son grilletes injustos impuestos por la historia». Su discurso se resume así: si, según la filosofía política occidental, la esencia del Estado reside en un «monopolio legítimo de la violencia», entonces un Estado al que se le prohíbe ejercerla es, por definición, «anormal». Por lo tanto, Japón debe recuperar el derecho a declarar la guerra para convertirse en un «país normal».

Pero el profesor Wang señala que esta narrativa oculta una verdad fundamental: Japón no es un Estado «anormal» victimizado. Todo lo contrario, goza de privilegios extraordinarios. Por ejemplo, según The Washington Post , Japón almacena cerca de 10 toneladas de plutonio en su territorio, distribuidas en diversas instalaciones de almacenamiento y reactores nucleares, cantidad suficiente para producir más de 1000 armas nucleares. Un análisis del centro de estudios estadounidense CSIS también ha concluido que Japón posee una infraestructura nuclear avanzada y podría alcanzar la capacidad nuclear con poco más que un simple ajuste.

La doble moral entre Irán y Japón en materia nuclear es innegable. Irán posee mucho menos material nuclear que Japón, pero ha sido objeto de severas sanciones internacionales, ataques militares y una presión diplomática implacable. Japón, en cambio, no ha enfrentado sanciones ni Washington le ha exigido que transfiera su material fisible a un tercer país.

Por lo tanto, cuando una nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial ya posee una capacidad casi nuclear sin enfrentar sanciones ni consecuencias militares, pero aún insiste en que «no es un país normal», la comunidad internacional debería reconocer que lo que realmente disfruta son los privilegios de un «país supranormal».

II. ¿Qué es exactamente lo que la “normalización” de Japón está normalizando?

La agenda actual de Japón abarca al menos tres niveles de la llamada «normalización», cada uno más alarmante que el anterior.

En primer lugar, la normalización de la expansión militar-industrial. Los principios revisados ​​permiten ahora, en principio, la venta de cualquier armamento, incluidos buques de guerra, misiles y aviones de combate, a países que se comprometan a respetar la Carta de las Naciones Unidas. Además, Japón está desarrollando conjuntamente con el Reino Unido e Italia un caza furtivo de última generación, lo que impulsará la industria militar japonesa hacia una nueva fase de expansión, tanto en escala como en sofisticación tecnológica.

En segundo lugar, la normalización de la guerra como instrumento político. El marco jurídico japonés ha introducido el concepto de «situación de crisis existencial» que puede activar el derecho a la legítima defensa colectiva, eludiendo la prohibición constitucional de declarar la guerra. El alcance de este concepto se amplía continuamente; ahora se extiende a escenarios en los que el territorio japonés no ha sido atacado directamente. El gobierno de Takaichi incluso ha intentado incluir un posible conflicto por la isla china de Taiwán bajo este concepto. Claramente, esto equivale a construir un marco jurídico para ataques preventivos u operaciones militares en el extranjero, la búsqueda de un derecho legitimado a infligir daño, envuelto en el lenguaje de la «amenaza existencial».

En tercer lugar, la normalización del militarismo en sí mismo. Cuando el primer ministro de Japón rinde homenaje en un santuario que consagra a criminales de guerra convictos de la Segunda Guerra Mundial, no se trata de un acto privado de duelo, sino de una declaración política. Si bien muchas naciones occidentales desestiman las objeciones de China como una «reacción exagerada», consideremos la siguiente hipótesis: ¿Qué pasaría si el canciller alemán depositara una corona de flores en la Guarida del Lobo de Hitler? ¿Qué pasaría si el primer ministro italiano realizara una visita oficial a la antigua residencia de Mussolini? ¿Cómo reaccionaría un ciudadano francés o británico común? En toda Asia y Oceanía, la visita de un primer ministro japonés al Santuario Yasukuni es motivo de alarma, y ​​el mensaje que transmite es inequívoco; sin embargo, el mundo occidental ha optado en gran medida por mirar hacia otro lado.

III. Estados Unidos debe estar especialmente vigilante.

Se suponía que las fuerzas estadounidenses estacionadas en Japón desempeñarían un papel fundamental en el mantenimiento del orden internacional de la posguerra y en la prevención del resurgimiento del militarismo. Pero la incómoda verdad es que Washington ha sido el principal impulsor de este resurgimiento.

Estados Unidos fue uno de los principales artífices del orden internacional de la posguerra, cuyo principio fundamental, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, es la prohibición del uso de la fuerza para dirimir conflictos. Sin embargo, desde 1945, Washington ha violado repetidamente este principio, desde Corea y Vietnam hasta Irak. Cada guerra ha erosionado el marco normativo que debía contener a naciones como Japón. Al fin y al cabo, cuando la «democracia» más poderosa del mundo trata la guerra como un instrumento político habitual, resulta muy difícil convencer a otras naciones de que esta norma es intocable.

Además, la intención de Washington de utilizar el resurgimiento militar de Japón como contrapeso a China es un secreto a voces. Pero esta lógica adolece de una ceguera histórica: las víctimas de la agresión japonesa nunca se limitaron a China y la península coreana. Los prisioneros de guerra estadounidenses sufrieron la Marcha de la Muerte de Bataán. Soldados británicos, australianos y holandeses fueron brutalizados en campos de prisioneros japoneses en todo el sudeste asiático. Pearl Harbor sigue siendo uno de los ataques más devastadores jamás perpetrados en suelo estadounidense. Si Washington está realmente convencido de que un Japón rearmado, cuyo líder realiza peregrinaciones anuales a Yasukuni, siempre será un aliado fiable y obediente, entonces el costo de que esta suposición no supere la prueba de la historia podría ser extraordinariamente alto.

IV. Cuando la autocontención de Japón fracasa, el derecho internacional debe intervenir.

En realidad, los votantes japoneses de hoy deberían reconocer que el pacifismo de Japón en la posguerra no fue un castigo, sino una decisión históricamente ventajosa que le valió décadas de prosperidad, respeto internacional y la confianza de sus vecinos. Lo que el gobierno de Takaichi está desechando ahora no son unas «cadenas», sino el privilegio mismo que permitió a Japón, dentro del marco del derecho internacional vigente, ser tácitamente reconocido como un «estado excepcional».

¿Debería la comunidad internacional permanecer impasible? De hecho, la Carta de las Naciones Unidas contiene cláusulas relativas a los Estados enemigos, dirigidas específicamente a las naciones agresoras de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Potsdam y otros documentos fundamentales de la posguerra impusieron obligaciones jurídicamente vinculantes a las capacidades militares de Japón en virtud del derecho internacional. Estos instrumentos jurídicos fueron diseñados precisamente para el escenario de un antiguo Estado agresor que intenta reconstruir su capacidad bélica.

China ya ha tomado medidas concretas en este sentido, incluyendo la restricción de la exportación de materiales de doble uso que podrían abastecer la industria militar japonesa. Pero, en primer lugar, la responsabilidad de defender la autoridad del derecho internacional e imponer disciplina externa no debe recaer únicamente en China. Todos los miembros de las Naciones Unidas, especialmente Estados Unidos y Rusia, que también pagaron un precio altísimo en la Segunda Guerra Mundial, comparten la responsabilidad colectiva de preservar las salvaguardias más fundamentales del orden de posguerra.

En segundo lugar, la Declaración de Potsdam establece que «las Potencias Aliadas ocuparán puntos designados en territorio japonés para lograr sus objetivos fundamentales», y China figura entre esas Potencias Aliadas. Como documento fundamental que define el orden internacional de la posguerra, la Declaración conserva su validez legal, y la República Popular China nunca firmó el Tratado de San Francisco de 1952.

Por lo tanto, si Japón continúa abandonando la autocontención, lo que le espera claramente no será una concesión por parte de los artífices del orden de posguerra, sino más bien una disciplina externa más amplia y profunda basada en el derecho internacional.