Laura Prieto Gallego (PÚBLICO), 22 de Abril de 2026
- El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda que pretende crear un parque público permanente y contempla una serie de medidas para evitar fraudes.
- Expertos y activistas creen que la norma avanza en el buen camino, pero ven escasa la partida presupuestaria.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2027 con el blindaje de las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) como principal novedad. Hasta un 40% de los 7.000 millones presupuestados irán destinados a la construcción de un parque público residencial que no podrá liberalizarse nunca, como sucede actualmente en la mayoría de comunidades.
«Este plan es un paso más para que la crisis de la vivienda no sea permanente», ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Otra de las medidas estrella que ha anunciado son las cláusulas antifraude para evitar casos como el del escándalo de Les Naus en Alacant y sus polémicas adjudicaciones de vivienda protegida. La ministra ha prometido que «ni un euro irá dirigido a la especulación». «La sociedad española no está dispuesta a que unos pocos se enriquezcan y otros se queden sin casas», ha reiterado.
El decreto ley se articula en torno a cinco pilares: impulsar la construcción y la adquisición de vivienda pública; apostar por la rehabilitación; desarrollar líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; reducir la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso a la vivienda y favorecer mejoras en las zonas donde el mercado está especialmente tensionado.
El acuerdo de este martes en el Consejo de Ministros tendría que haberse producido a finales de 2025. Sin embargo, según ha explicado Rodríguez, en estos cuatro meses han tratado de «contar con la opinión y el respaldo de las comunidades autónomas«. En total, se han producido más de 28 encuentros con los ejecutivos regionales y se han recibido más de 400 aportaciones del sector «que en gran medida han sido incorporadas».
Nada de esto ha frenado las críticas de las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Esta es la primera vez que un plan estatal de vivienda condiciona las ayudas económicas al cumplimiento de una serie de requisitos, algo que desde esta formación consideran una intromisión en sus funciones. Además, a diferencia de en las normas anteriores, donde las administraciones autonómicas sólo asumían el 25% del coste de los proyectos, a partir de ahora harán frente al 40%. El otro 60% restante irá a cargo del Gobierno.
Las asociaciones exigen un esfuerzo mayor
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas habla de un «presupuesto insuficiente» y pone un ejemplo muy ilustrativo: el gasto en creación de VPO supondrá tan solo un 1% del gasto militar. «Una inversión así no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda. Es dinero público que sirve para complementar al mercado, no para sanearlo», denuncian.
El inquilinato echa en falta algunas de las grandes reivindicaciones sociales. Creen que habría sido un buen momento para avanzar hacia los alquileres indefinidos, prorrogar los contratos actuales, gravar a los tenedores con viviendas vacías o incluir medidas de tanteo para intervenir en las compraventas y ganar terreno a los fondos buitre. En la misma línea, desde la Plataforma Antidesahucios definen la iniciativa como «llena de buenas intenciones, pero corta de presupuesto».
Alba Agraz, politóloga especializada en vivienda y miembro de Ideas en Guerra, cree que el nuevo plan de vivienda incorpora avances que «eran necesarios desde hace mucho tiempo», pero ve un problema de dotación económica. La experta recuerda que «Austria o Dinamarca llevan décadas invirtiendo millones anuales en vivienda social», un modo de operar que les ha llevado a alcanzar entre un 20 y un 30% del parque público. Mientras, «España sigue atrapada en un raquítico 2%«, una anomalía europea «que ningún plan de 7.000 millones puede solucionar», zanja la experta.
Aunque el plan «va en la buena dirección», según la abogada, experta en la materia y exdiputada de la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, el presupuesto sigue siendo «irrisorio». El gasto en esta materia se triplica respecto a planes anteriores –según ha confirmado la propia ministra–, pero sigue suponiendo un 0,4% de los Presupuestos Generales del Estado y no termina de llegar al 1% del PIB español (la media en Europa se sitúa en el 0,37% y países como Irlanda o Francia destinan ya más de un 0,5%).
Desde el Observatori DESCA hacen una valoración similar. Aunque destacan algunas novedades bien encaminadas, sobre todo en materia de VPO, han realizado una simulación con el presupuesto previsto y concluyen que sólo sería posible adquirir 6.829 viviendas en lo que queda de 2026. «Si comparamos esta cifra con los 60.000 lanzamientos que se pueden reactivar debido a la reciente caída de la moratoria de desahucios o con las 105.000 familias que están en la lista de espera de una vivienda de protección oficial exclusivamente en Catalunya, son evidentes las limitaciones», sostienen.
Todo depende de qué harán las comunidades
«Esta ley tiene un gran problema y es que depende de que las comunidades aporten financiación y acepten ciertas condiciones que las del PP rechazan», explica Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). Cree que el camino a seguir debe ser el reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho fundamental «para que se aprueben medidas de mínimos, pero sean de obligado cumplimiento, sin discriminaciones por razón de residencia».
Álvaro Mazorra, doctor en sociología y miembro del Grupo de Estudios Críticos Urbanos de la UNED, también pone en duda el recibimiento de la medida que vayan hacer las comunidades autónomas: «Ya estamos viendo que hay regiones, como Madrid, que se muestran completamente contrarias y que llevan años apostando por una política muy clara de liberalización del suelo y privatización de la vivienda. En el otro extremo tenemos comunidades como Catalunya o Euskadi, que han apostado por tener un gran parque residencial público».
UGT advierte por su parte de que la clave del Plan Estatal estará en su implementación. El sindicato exige «responsabilidad» a las administraciones de este nivel de gobierno para evitar que se produzcan desigualdades territoriales y critica que no se haya impuesto «algún mecanismo para garantizar el desarrollo de la medida» como se ha hecho en los algunos planes de empleo.
El arquitecto por la Universidad de Alcalá de Henares Alejandro López Parejo es más positivo y considera que uno de los grandes avances del decreto es que se «señala claramente el papel de las comunidades autónomas en esta materia» y se complementa «la acción que éstas desempeñan» con la actividad del Gobierno. Aún así, es cauto: «Habrá que ver cómo se recibe y si realmente las comunidades apuestan por desarrollar lo que es una demanda ineludible de la sociedad«. Otras medidas, recuerda, no han sido bien acogidas, como la declaración de zonas residenciales tensionadas, «que Madrid no ha querido delimitar».
Las críticas no se han hecho esperar desde los gobiernos autonómicos de la derecha, aunque el Ministerio de Vivienda ve factible que acaben firmando los convenios, ya que, de no hacerlo, no recibirán los fondos. El siguiente paso será que el ministerio se reúna con cada uno de ellos para detallar la forma de desplegar el plan.
De momento, Isabel Díaz Ayuso está siendo la presidenta más combativa. A su gobierno le corresponden unos 1.113 millones repartidos en cinco años. El Ejecutivo pondrá el 60% y la comunidad el resto. Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda y Transportes madrileño, cree que el Plan pretende «recentralizar competencias que son autonómicas» y afirma que la protección permanente de la VPO «es inconstitucional». También Balears ha pedido tener mayor capacidad de decisión en los nuevos proyectos.
De acuerdo a los datos que este martes ha aportado el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, Andalucía, Catalunya y Madrid serán las zonas que mayor presupuesto concentren. Las que salen peor paradas con los parámetros utilizados -que tiene en cuenta la tensión del mercado inmobiliario o el empleo- son Balears, Cantabria y La Rioja.
Primeros pasos para un parque de VPO estable
Las medidas que mejor han sido recibidas por las asociaciones a favor de la vivienda son las que buscan regular y estabilizar el parque residencial público. Que las VPO fueran de carácter indefinido y se repartieran bajo criterios reglados y transparentes eran dos reivindicaciones históricas que quedan recogidas por primera vez en este nuevo Plan de Vivienda.
Sin embargo, Alejandra Jacinto lamenta que el texto olvide cualquier tipo de medida para regular el mercado privado y poner freno a la especulación. «Es imperativo que se aprueben medidas que surtan efectos aquí y ahora. No de aquí a 2030», añade. Desde el inquilinato afirman que lo que se ha conocido «se suma a Casa 47 [la infraestructura que sustentará el sistema público de vivienda] y configura un modelo basado en la vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada».
Tanto el Sindicato de Inquilinas como la PAH ponen el foco en la importancia de crear vivienda pública asequible, ya sea para la compra o el alquiler. Además, denuncian que se sigan poniendo mínimos de renta para acceder a estas promociones.
La rehabilitación de lo ya construido
Una de las organizaciones no gubernamentales que ha reaccionado ha sido Greenpeace. En cuanto a la rehabilitación de inmuebles, ven insuficientes las metas fijadas «en un contexto de inflación fósil derivada de la guerra en Oriente Medio». «El Gobierno puede y debe hacer más. Queremos menos pelotazos inmobiliarios y más vivienda social y sostenible y protección de las personas inquilinas», ha dicho Carlos García Paret, su portavoz.
Alejandro López Parejo, con experiencia en este tipo de proyectos, explica que las dotaciones dirigidas a este ámbito son continuistas con el impulso de los fondos Next Generation. «Son ayudas fundamentales tal cual está el parque residencial español. Quizá la pega es la falta de profundidad en el impulso y mantenimiento a las oficinas de rehabilitación», añade.
El foco en la emancipación juvenil
El plan aprobado por el Gobierno contempla algunas medidas dirigidas a facilitar la emancipación juvenil. Las más destacadas se encaminan a promover los alquileres protegidos con opción a compra o un aumento de 50 euros del bono mensual del alquiler.
Elsa Arnáiz, directora de Talento para el Futuro, plataforma de empoderamiento político juvenil, ve con buenos ojos que se ponga el foco en los jóvenes, pero ya adelanta que «el pago del alquiler no funciona y acaba siendo una transferencia a los caseros». «Creo que debería hacerse de otra manera. este tipo de ayudas, aunque sean bien intencionadas, no terminan funcionando porque los propietarios siempre encuentran la manera de subir el alquiler», añade.
De igual manera, el sociólogo Álvaro Mazorra sostiene que estas bonificaciones «sólo hacen que aumente la burbuja de precios». Como conclusión final, el sociólogo cree que la efectividad del plan depende de muchos factores que aún están por ver: «¿Va a resolver la crisis habitacional? Estoy bastante convencido de que no, pero es un paso más en la buena dirección».
«Se ha acertado con el enfoque que se le da a la vivienda protegida, pero no alcanza todavía la ambición que exige esta crisis», sostiene Alba Agraz. Coincide con Parejo en que la única forma de ver cambios significativos es estableciendo límites a la especulación. «Hay que plantear límites a la especulación en materia de vivienda. Se trata de una crisis no de vivienda, sino de accesibilidad a la misma; la solución no solo pasa por construir más, sino por poner coto a la inversión como bien refugio», concluye el arquitecto.
Gaceta Crítica 
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