Juan Oliver (PÚBLICO), 22 de Noviembre de 2026
- La empresa que su hermana dirige en Galicia recibió más de 37 millones de euros durante los mandatos del candidato del PP al frente de la Administración gallega.
- La firma en la que su cuñado es directivo, que nunca antes del covid había contratado con la Xunta, fue la más beneficiada por los fondos de emergencia que el Gobierno puso a disposición de la comunidad.

Alberto Núñez Feijóo llegó a presidente de la Xunta prometiendo decencia y transparencia en su gestión y «regeneración democrática» en la vida pública, con una campaña en la que el PP acusó a sus rivales de PSOE y BNG de despilfarrar fondos públicos, e incluso de delinquir durante su mandato en coalición en la legislatura anterior. Y aunque la suma de votos de socialistas y nacionalistas superó en aquel 2009 a la de los populares, Feijóo se hizo con la mayoría absoluta por sólo un escaño, que ganó por una diferencia de menos de 10.000 sufragios en la circunscripción de Lugo. Luego, obtuvo otras tres mayorías absolutas, en 2012, 2016 y 2020, y se mantuvo 13 años en el poder hasta que fue elegido presidente del PP estatal en la primavera de 2022.
Durante ese período, desde su investidura hasta que abandonó la Xunta, las empresas en las que trabajan como altos cargos su hermana y su cuñado multiplicaron su facturación con la Administración autonómica. Las sociedades del Grupo Eulen, que se dedica a la prestación de servicios a empresas e instituciones públicas, sobre todo de limpieza y seguridad privada, y del que Micaela Núñez Feijóo es directora para el noroeste de España, se hizo con adjudicaciones por más de 37 millones de euros del presupuesto de varias consellerías, agencias, consorcios, sociedades mercantiles públicas y fundaciones adscritas a la Xunta. Universal Support, una sociedad de Bergondo (A Coruña) dedicada al telemárketing y filial de la multinacional Konecta, de la que es directivo Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas, se llevó 19,2 millones de fondos anticovid del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Hasta que su hermano llegó a la presidencia de la Xunta en abril de 2009, el grupo para el que trabaja Micaela Núñez Feijóo facturaba una media de 793.000 euros al año con la Administración anterior de PSOE y BNG. Sólo en los primeros ocho meses de Feijóo en el poder, entre mayo y diciembre de 2009, Eulen obtuvo adjudicaciones por casi el doble de esa cantidad. Durante los doce ejercicios posteriores, la media se elevó por encima de los tres millones anuales.
Según denunció la oposición en Galicia a raíz de varias investigaciones periodísticas, en algunos procedimientos de adjudicación existían sospechas de que Eulen recibía trato de favor –se llevaba adjudicaciones en las que no presentaba la mejor oferta económica sino incluso la más cara y ganaba concursos en los que sus competidoras eran eliminadas sin que se motivaran las razones de su exclusión–, así como de que podría haber contado con información privilegiada: bien porque presentaba ofertas mínimas en los concursos en los que no tenía competencia, una circunstancia que no debería conocer, bien porque, cuando tenía rivales, hacía propuestas económicas muy levemente inferiores a la de sus rivales o incluso exactamente iguales, decimales incluidos. Además, se dieron varias coincidencias temporales en el nombramiento de altos cargos de instituciones y organismos de la Xunta, desde hospitales a fundaciones y sociedades públicas, que luego contrataban a Eulen. Unas sospechas que, en todo caso, no se tradujeron en ningún procedimiento judicial.
Contratos con los hospitales al mando de su prima
Otra de las polémicas surgió cuando Feijóo ya había dejado la Xunta pero implicaba a otra familiar suya, su prima Eloína Núñez Masid, a quien había nombrado gerente de los hospitales de Ourense al poco de tiempo de su investidura en 2009, y a quien ascendió a la gerencia del área sanitaria de Santiago en 2017. Antes de ser cesada por el Gobierno de Alfonso Rueda en ese puesto en mayo de 2024, Núñez Masid inició la tramitación de dos contratos por valor de casi 4 millones que fueron adjudicados a la empresa donde su prima era directiva una semana después de su salida. En el más caro, de más de 3,9 millones, su gerencia había elevado el precio de licitación en 666.000 euros unos meses antes.
Otras administraciones autonómicas y locales del Estado gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía y también el Ayuntamiento de Madrid elevaron considerablemente las contrataciones con Eulen desde el momento en que Feijóo se hizo con la presidencia del PP.
Su hermana Micaela nunca se ha pronunciado en público sobre esas circunstancias, pero Feijóo y la Xunta siempre han negado expresamente las acusaciones y las han atribuido a la mala fe de la oposición. Por su parte, Eulen ha rechazado que existiera relación alguna entre el incremento de su facturación en concursos públicos con la Xunta y con otras administraciones y la relación familiar entre su directiva y el hoy candidato popular. También ha descartado cualquier irregularidad en otras 24 adjudicaciones por valor de más de 700.000 euros que se registraron como contratos menores –se asignan sin necesidad de concurso– durante los mandatos de Feijóo, pese a que superaban la cantidad máxima legalmente establecida para esa modalidad de adjudicación. Según otra investigación del diario El Salto, las sociedades vinculadas a Eulen se llevaron más de 4,8 millones de euros mediante esos contratos menores de la Xunta sólo entre 2018 y 2023.
En cuanto a Universal Support, la compañía en la que trabaja Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo, se trata de una empresa de telemarketing que gestiona centros de atención telefónica, que nunca había contratado con la Administración gallega ni tenido relación alguna con el sector sanitario hasta la crisis del covid. Entonces, el Servizo Galego de Saúde empezó a adjudicarle sin concurso y por la vía de urgencia –el mecanismo habilitado durante la pandemia para agilizar la lucha contra la enfermedad–, o con concurso y pese a que era la oferta más cara, contratos relacionados con la información telefónica a pacientes y para el rastreo y seguimiento de casos. Sumaron más de 19 millones de euros entre 2020 y 2023.
La empresa más beneficiada por los fondos covid
Durante la emergencia sanitaria de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha un fondo extraordinario de 13.500 millones de euros para que las comunidades autónomas pudieran financiar medidas contra el covid. Galicia recibió 828 millones. Según un informe del año 2024 del Consello de Contas de Galicia, el organismo encargado de fiscalizar la contabilidad de la Administración autonómica, la empresa en la que Cárdenas era directivo fue la más beneficiada de todas las empresas que recibieron asignaciones de la Xunta de Feijóo con cargo a esas partidas extraordinarias: al menos 2,87 millones de euros mediante 15 contratos en 2020, y otros 8,85 millones a través de otras 28 adjudicaciones en 2021. En total, 11,72 millones . El BNG elevó posteriormente esa cantidad a 15,2 millones de euros y acusó a la Xunta de ocultar expedientes y documentación que el Consello de Contas no habría podido fiscalizar.
A esas cifras se suman otras derivadas de adjudicaciones a Universal Support en los años siguientes. La Xunta registró algunas como contratos menores pese a que, como en el caso de Eulen, superaban el máximo legal para esa modalidad de asignación sin concurso. En otros, lo hizo bajo otros instrumentos de diversa regulación que también lo permitían, aunque no amparaban el objeto de la licitación. Así, el 27 de abril de 2022, tres días antes de que el Diario Oficial de Galicia publicara el cese de Feijóo en la Xunta que él había anunciado casi dos meses antes, el Sergas informó de la adjudicación a los call center de Universal Support de dos contratos menores por 214.000 euros que superaban con creces el tope legal. En enero de 2022, la Administración sanitaria había aprobado otros 58.000 euros para la empresa de Cárdenas en otro contrato tramitado mediante el procedimiento negociado sin publicidad, que la ley reserva a aquellos casos en los que no recibe ofertas, hay una urgencia imperiosa o que precisan de secreto por razones vinculadas a la seguridad del Estado. La Xunta no explicó esas razones, y alegó que se trataba del pago de facturas por convenios anteriores que, por error, se registraron en sus archivos informáticos bajo modalidades de contratación que no les correspondían.
Al igual que Micaela Núñez, Cárdenas nunca se ha pronunciado en público sobre esos hechos, pero Universal Support, al igual que Eulen, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha asegurado que cumple escrupulosamente con la normativa de contratación pública. Ninguna de las denuncias de la oposición ni de las informaciones sobre los contratos de la Xunta con empresas vinculadas a la familia de Feijóo ha sido nunca objeto de procedimiento judicial alguno. Durante los mandatos de Feijóo en la Xunta, el Partido Popular se negó a que el Parlamento autonómico investigara esas adjudicaciones.
En el otoño de 2024, ya bajo la presidencia de Alfonso Rueda en Galicia, el BNG forzó la constitución de una comisión de investigación en la Cámara gallega cuyos trabajos apoyó el PSOE. El PP, sin embargo, vetó una lista de comparecientes entre los que figuraban el ya presidente estatal del partido, su hermana y su cuñado. La comisión reclamó a la Xunta todos los expedientes relacionados con las empresas de las que eran directivos, que sumaban entonces 1.579 procedimientos. La Administración de Rueda sólo facilitó al Parlamento 825 expedientes, de los que casi la mitad –433– correspondían al período anterior a 2009. Es decir, antes de la llegada de Feijóo al poder tras aquellas campañas en las que prometía transparencia en su gestión y «regeneración democrática» de la vida pública.



Deja una respuesta