Expertos de la ONU exigen rendición de cuentas a Israel.
Reem Alasalem (Savage Minds), 22 de Noviembre de 2026

Mandatos de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967.
Excelencia,
Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes en nuestra calidad de Relatores Especiales sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Relatores Especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, de conformidad con las resoluciones 59/20, 61/22 y 1993/2A del Consejo de Derechos Humanos.
En este sentido, quisiéramos llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre la información que hemos recibido en relación con la presunta violencia, incluyendo agresión sexual y otras formas de maltrato físico y psicológico, que supuestamente sufrió la Sra. Anna Liedtke, de nacionalidad alemana, tras su detención por las autoridades israelíes después de la interceptación de la Coalición Flotilla de la Libertad en octubre de 2025.
Según la información recibida:
Anna Liedtke nació el 1 de diciembre de 2000. Es periodista, estudiante de ciencias políticas y defensora de los derechos humanos en Duisburgo, Alemania. Es portavoz de la organización de mujeres Zora, que trabaja para combatir el feminicidio, la violencia sexual y el acoso. La labor de la organización trasciende las fronteras de un solo país y ha incluido iniciativas que abordan, entre otros temas, la situación de las mujeres en Afganistán. Guiada por su firme compromiso con la coherencia y por la convicción de que la liberación de las mujeres no puede limitarse a un solo lugar, Liedtke decidió participar en la Flotilla tras ver la convocatoria en agosto de 2025. A pesar de haber conocido, por testimonios de participantes de la Flotilla anterior, los casos de acoso sexual y registros corporales que habían sufrido, decidió participar, convencida de la importancia de la misión.
Intercepción, registro y detención inicial
La Coalición Flotilla de la Libertad estaba compuesta por aproximadamente 100 personas. Los participantes partieron de Otranto, Italia, el 30 de septiembre de 2025 y pasaron aproximadamente una semana en alta mar en el Mediterráneo. En la madrugada del 8 de octubre, alrededor de las 4:30 a. m., fueron interceptados en aguas internacionales, a más de 120 millas náuticas de Gaza, por las Fuerzas Armadas israelíes, que llegaron en helicóptero. Los participantes fueron registrados en la cubierta, obligados a sentarse en la cafetería del barco y posteriormente trasladados al puerto de Ashdod, llegando aproximadamente 15 horas después, alrededor de las 8 p. m.
Según los informes, al llegar al puerto, a los participantes de la Flotilla les vendaron los ojos y les ataron las manos a la espalda. Los obligaron a sentarse en el cemento durante varias horas antes de ser llamados individualmente y llevados a diferentes estaciones. Les confiscaron sus pertenencias y los objetos relacionados con Palestina. Algunos funcionarios supuestamente escupieron a los objetos con referencias palestinas y se burlaron de los miembros de la Flotilla. También les cortaron los cordones de los zapatos. A una participante, que tenía una pierna amputada, le pasaron su prótesis por un escáner similar a los de los aeropuertos, mientras, según los informes, los funcionarios se reían de ella. La Sra. Liedtke no fue golpeada en esta etapa, pero otros participantes de la Flotilla sí lo fueron.
Tras el procesamiento inicial, los participantes de la Flotilla fueron sometidos a registros corporales individuales, que, según se informó, los soldados varones pudieron observar. Cuando la Sra. Liedtke gritó para alertar a los demás de lo que estaba sucediendo, un soldado la arrastró por la zona de registro. Según los informes, le dijo que sabía que era alemana y que la habría tratado con más dureza, pero que, dado que su gobierno estaba siendo «amable», debía ser más respetuosa. Posteriormente, se le tomaron las huellas dactilares a la Sra. Liedtke y se la interrogó sobre sus vínculos personales, si había viajado previamente a Israel o Palestina y si era estudiante. Durante el interrogatorio, según los informes, un oficial la llamó «puta nazi» y cantó canciones nazis.
Esa misma noche, los participantes de la Flotilla fueron trasladados a la prisión de Ktzi’ot, donde permanecieron hasta el 10 de octubre. A su llegada, la Sra. Liedtke fue sometida a otro registro corporal. Durante el traslado, los participantes de la Flotilla sufrieron diversos tipos de maltrato físico y verbal, incluyendo esposas, grilletes, vendas en los ojos, gritos, golpes y amenazas. Supuestamente, los participantes de la Flotilla se enteraron después de que guardias de la prisión habían entrado en sus celdas y los habían amenazado con violarlos. Como las amenazas se hicieron en hebreo, inicialmente no entendieron lo que se decía y otro participante de la Flotilla tradujo las declaraciones. La Sra. Liedtke también oía gritos provenientes de otras partes de la prisión. Mientras los participantes de la Flotilla estaban recluidos en Ktzi’ot, representantes de la embajada alemana en Israel y un abogado la visitaron, y la Sra. Liedtke les contó lo sucedido. Según se informa, funcionarios de la embajada alemana en Israel también se pusieron en contacto con el padre de la Sra. Liedtke para informarle de que la habían visitado y que, según ellos, no había ocurrido nada particularmente malo.
Presuntos casos de violencia sexual y malos tratos en la prisión de Givon.
El 10 de octubre, los participantes de la Flotilla fueron trasladados de Ktzi’ot a la prisión de Givon, donde permanecieron aproximadamente dos días y medio. Dado que la prisión consta de varias unidades, la Sra. Liedtke no pudo saber a cuál fueron llevados, pero, según se informó, personas del Handala y el Madleen, embarcaciones que participaron en flotillas anteriores, también habían estado recluidas allí. Al parecer, los guardias de Givon fueron más agresivos. Cuando la Sra. Liedtke bajó del autobús, los guardias supuestamente la empujaron hacia adelante, con la cara hacia el suelo, mientras le sujetaban las manos a la espalda y la llevaban al interior del edificio. Posteriormente, los participantes de la Flotilla fueron conducidos a un pasillo con numerosas celdas; algunos fueron colocados en una celda y otros en celdas separadas.
Según se informa, había un escáner y un detector de metales, similares a los que se usan en un aeropuerto, y todos los participantes de la Flotilla fueron revisados. Algunos fueron esposados juntos y posteriormente tuvieron que ser separados. Los guardias llamaron a los participantes de la Flotilla por su nombre, les permitieron identificar sus maletas y luego los colocaron en otra celda. El fuerte ruido de las puertas, las esposas y los grilletes, junto con las risas de los guardias, contribuyeron a lo que la Sra. Liedke experimentó como una atmósfera de humillación. Cuando los guardias inicialmente les mostraron sus maletas a los participantes de la Flotilla, creyeron que podrían ser liberados. En cambio, fueron trasladados de una celda a otra durante un período prolongado. También fueron llamados para un examen médico, durante el cual se les midió la presión arterial, se les pesó y el médico les preguntó sobre alergias y enfermedades crónicas.
Según la información recibida, los participantes de la Flotilla fueron llamados uno por uno a una pequeña «habitación» separada del resto del pasillo por una cortina, donde se les realizaron los cacheos. Tres guardias femeninas con detector de metales se encontraban dentro de la zona delimitada por la cortina. Aunque la cortina estaba cerrada, cuando la Sra. Liedtke se dio la vuelta, pudo ver a guardias masculinos, enmascarados y fuertemente armados, detrás de la cortina, quienes observaban los cacheos.
Los guardias le ordenaron a la Sra. Liedtke que se pusiera de cara a la pared y levantara los brazos para que la pasaran por el detector de metales. Luego le pidieron que se quitara la ropa. La Sra. Liedtke se negó inicialmente, ya que había sido sometida a registros corporales y creía que el propósito del registro repetido no era un control de seguridad, sino una humillación. Permaneció de pie y no se quitó la ropa. Según los informes, los guardias comenzaron entonces a gritarle y a tirar de su camiseta y sus pantalones. Posteriormente, la Sra. Liedtke se quitó la ropa, esperando que el procedimiento fuera el mismo que durante los registros anteriores: que se desnudaría, «los guardias se burlarían de ella y la agredirían», y luego se volvería a vestir y regresaría con los demás participantes de la Flotilla.
Mientras la Sra. Liedtke estaba desnuda frente a los guardias, estos la sujetaron con fuerza, a pesar de que ella les decía que le dolía. Podía oír a los guardias hablando hebreo, idioma que no entendía, y a los guardias masculinos riéndose afuera. Mientras los miraba, una de las guardias la sujetó por la cabeza y la cara y la empujó al suelo, obligándola a ponerse en cuclillas. Otra guardia, según los informes, introdujo varios dedos en la Sra. Liedtke, primero vaginalmente y luego analmente. La Sra. Liedtke desconoce si se usó la misma mano para ambos actos o si fueron realizados por dos guardias diferentes. Podía oír la respiración agitada de las guardias y las risas de los guardias masculinos afuera. Creía que algunos de los guardias podrían haber estado filmando el incidente, aunque esto no se ha confirmado.
Después, los guardias le ordenaron a la Sra. Liedke que se volviera a vestir. Recuerda haberse sentido muy mareada y no estar completamente consciente de su entorno. Las guardias la tomaron de la mano y la empujaron de vuelta a la celda donde esperaban los demás participantes de la Flotilla. La Sra. Liedke les preguntó si todo había transcurrido con normalidad durante los registros, a lo que respondieron que sí.
Condiciones de detención en la prisión de Givon y de puesta en libertad.
Posteriormente, a las participantes de la Flotilla se les entregó ropa de prisión y se las trasladó a una celda donde permanecieron durante dos días más. Seis personas compartían la misma celda, sin ventana. Según los informes, los guardias entraban en las celdas con linternas y golpeaban las puertas, despertando a las participantes aproximadamente cada hora, aunque no llevaban reloj. En una ocasión, unos doce guardias entraron en la celda. Supuestamente, obligaron a las participantes a arrodillarse, les empujaron la cabeza hacia abajo y las golpearon. Una soldado les dijo que fueran más respetuosas con los guardias. Afirmó que era su prisión y sus guardias, y que nunca habían hecho nada malo. Añadió que si los guardias habían hecho algo, las participantes debían decírselo, ya que todas eran mujeres, aunque, según los informes, unos diez minutos antes, la misma soldado las había llamado «insectos» y «animales».
Según los informes, la Sra. Liedtke estuvo en huelga de hambre desde que los participantes de la Flotilla fueron desembarcados y no comió desde el miércoles hasta el domingo. Supuestamente, no se les proporcionó agua potable, teniendo acceso únicamente al agua del grifo, que estaba sucia. Las celdas tenían inodoros, pero no duchas. Mientras estuvieron a bordo, los participantes de la Flotilla no tenían permitido usar el baño excepto cada dos o tres horas.
El domingo 12 de octubre, los participantes fueron subidos a un autobús penitenciario sin ser informados de su destino. Supuestamente, solo supieron que estaban en Jordania cuando se les pidió que dieran sus nombres. Luego fueron trasladados a otro autobús, fletado por una compañía jordana, donde se reunieron todos los participantes de la Flotilla. Fueron llevados al puente Allenby, donde esperaron en un gran salón a los representantes de sus respectivas embajadas y luego fueron trasladados al mismo hotel. El representante de la embajada alemana le preguntó a la Sra. Liedtke sobre su experiencia, sin realizarle una entrevista detallada, y les proporcionó comida y agua a los participantes de la Flotilla.
Seguimiento y rendición de cuentas
En Israel, supuestamente se les pidió a los participantes de la Flotilla que firmaran un documento reconociendo su culpabilidad, pero la Sra. Liedtke se negó. Permaneció en Jordania una noche antes de ser trasladada al aeropuerto junto con otros alemanes. Según se informa, ningún representante del Gobierno alemán se reunió con la Sra. Liedtke tras su deportación ni tomó ninguna otra medida, lo que le dio la impresión de que el gobierno no estaba interesado en lo sucedido. Tras la conferencia de París sobre presos políticos, celebrada los días 20 y 21 de diciembre de 2025, los participantes de la Flotilla enviaron una carta abierta al Gobierno alemán solicitando una investigación y una revisión de las relaciones diplomáticas con Israel, pero nunca recibieron respuesta.
El Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel presentó una denuncia en nombre de la Sra. Liedtke, exigiendo una investigación penal. Según se informa, la denuncia fue presentada el 1 de junio de 2026 ante la Fiscalía General, el asesor jurídico del Servicio Penitenciario de Israel, la Unidad Nacional de Investigación del Personal Penitenciario —una subunidad de la Unidad de Delitos Graves e Internacionales de Lahav 433— y el comandante de la prisión de Givon. Al parecer, hasta la fecha no se han emitido conclusiones sustanciales.
Sin prejuzgar la veracidad de las acusaciones descritas anteriormente, deseamos expresar nuestra profunda preocupación por el trato que, según se informa, recibió la Sra. Anna Liedtke mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades israelíes, incluyendo presunta violencia sexual durante un registro corporal intrusivo, amenazas de índole sexual, violencia física, humillación y otros tratos degradantes. Dichos actos, de confirmarse, podrían comprometer las obligaciones de Israel de respetar y garantizar la dignidad, la integridad física y psicológica de la Sra. Liedtke, así como su protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso en el contexto de su privación de libertad. Las circunstancias que rodean la presunta agresión sexual son particularmente problemáticas, dado que, según se informa, los actos fueron perpetrados por personas que ejercían autoridad y control sobre la Sra. Liedtke mientras ella se encontraba privada de libertad y no podía marcharse ni protegerse.
Nos preocupa especialmente el presunto uso de registros corporales en situaciones que, según la información recibida, parecen haber servido a fines de humillación e intimidación, en lugar de a un objetivo de seguridad legítimo y necesario. Dichos registros, junto con otras amenazas, casos de humillación, uso de la fuerza física y otros tratos degradantes, suscitan serias preocupaciones en virtud de los artículos 7 y 10(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y los artículos 1, 2 y 16 de la Convención contra la Tortura (CAT). Recordamos además que las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Mujeres Reclusas y las Medidas No Privativas de Libertad para las Mujeres Infractoras (las Reglas de Bangkok) exigen que los registros a las mujeres reclusas se realicen de manera que se respete su dignidad y privacidad, de conformidad con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y legalidad. La supuesta presencia de guardias masculinos observando los registros, los presuntos comentarios y amenazas de índole sexual y, lo que es más grave, la presunta agresión sexual a la Sra. Liedke, también suscitan serias preocupaciones, ya que podrían ser indicativos del uso del poder penitenciario para perpetrar o facilitar la violencia sexual.
El presunto uso de violencia sexual, amenazas y humillación contra la Sra. Liedtke resulta alarmante, sobre todo teniendo en cuenta su labor como defensora de los derechos humanos. Cuando se recurre a la violencia de género para intimidar, castigar o disuadir a las mujeres de participar en la defensa de los derechos humanos, puede servir para reprimir sus actividades legítimas y desalentar a otras personas de emprender una labor similar, generando un efecto disuasorio. Esta conducta es incompatible con la obligación del Estado de proteger a las defensoras de los derechos humanos de la violencia, las amenazas y la intimidación, y de garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo, tal como se establece en los artículos 2, 12 y 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos (res. 53/144 de la Asamblea General) y en la resolución 68/181 de la Asamblea General, relativa a la protección de las defensoras de los derechos humanos en sus artículos 7, 9 y 10. Asimismo, es incompatible con las protecciones que ofrece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
Recordamos que el buque en el que viajaba la Sra. Liedtke fue presuntamente interceptado en aguas internacionales, donde los buques están sujetos a la jurisdicción exclusiva de su Estado de abanderamiento. En la medida en que la interceptación se llevó a cabo en cumplimiento del bloqueo naval de Gaza, recordamos que los órganos de las Naciones Unidas y los titulares de mandatos de procedimientos especiales han constatado sistemáticamente que el bloqueo es ilegal, lo que equivale a un castigo colectivo de la población civil; un bloqueo ilegal no puede proporcionar una base jurídica para la interceptación de buques en alta mar ni para el arresto y la detención de quienes se encuentran a bordo. Estos hechos, además, ocurrieron en el contexto de la continua presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024; de las órdenes de arresto pendientes emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024 contra el Primer Ministro de Israel y el entonces Ministro de Defensa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza; y de la conclusión de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de que Israel ha cometido y sigue cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza (A/HRC/60/CRP.3, 16 de septiembre de 2025).
Nos preocupa que la privación de libertad de la Sra. Liedtke pueda carecer de fundamento jurídico, dado que se produjo tras la interceptación de la embarcación en la que viajaba en aguas internacionales y que, al parecer, fue consecuencia del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, incluyendo su participación en una misión humanitaria emprendida como acto de solidaridad internacional con la población civil de la Gaza sitiada. Recordamos que el artículo 9(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la detención arbitraria y la privación de libertad, y que la detención impuesta como consecuencia del ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el Pacto es arbitraria en sí misma. Recordamos además que a ninguna persona privada de libertad se le puede negar el derecho a que un tribunal revise la legalidad de su detención, de conformidad con el artículo 9(4). La privación de libertad en tales circunstancias puede encuadrarse en las categorías I y II establecidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Nos preocupa además la aparente falta de rendición de cuentas efectiva tras las presuntas violaciones. Recordamos que, según los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura, los Estados deben garantizar una investigación pronta e imparcial siempre que existan motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura y deben asegurar que las personas que alegan haber sido sometidas a tortura tengan derecho a presentar una queja y a que su caso sea examinado de forma pronta e imparcial. Estas obligaciones son particularmente relevantes cuando las denuncias se refieren a violencia sexual perpetrada por funcionarios estatales contra una persona privada de libertad.
Además, el deber de investigar las denuncias de violaciones de los derechos protegidos por los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) está vinculado a la obligación, establecida en el artículo 2(3) del PIDCP, de garantizar un recurso efectivo. En el contexto de la violencia de género, las obligaciones de debida diligencia del Estado, conforme a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), exigen además medidas eficaces para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar tales actos. Por consiguiente, toda investigación debe ser pronta, independiente, imparcial, exhaustiva y eficaz, incluso con el fin de esclarecer los hechos, identificar a todas las personas involucradas y determinar si la responsabilidad puede extenderse más allá de quienes perpetraron directamente los presuntos actos, incluso mediante actos de ordenación, ayuda, facilitación, consentimiento o omisión de prevenir o sancionar dicha conducta.
En relación con los hechos y preocupaciones antes mencionados, sírvase consultar el Anexo sobre Referencia al derecho internacional de los derechos humanos adjunto a esta carta, que cita los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos pertinentes a estas alegaciones.
Dado que es nuestra responsabilidad, en virtud de los mandatos que nos ha otorgado el Consejo de Derechos Humanos, procurar esclarecer todos los casos que se nos presenten, agradeceríamos sus observaciones sobre los siguientes asuntos:
- Por favor, facilite cualquier información adicional y/o comentario que pueda tener sobre las acusaciones mencionadas anteriormente.
- Sírvase proporcionar información sobre la base legal y fáctica de la interceptación del buque en el que viajaba la Sra. Liedtke, así como de su posterior arresto, detención y expulsión, incluyendo el lugar de la interceptación, e indicar si tuvo acceso a una autoridad judicial competente para revisar la legalidad de su detención.
- Por favor, facilite información sobre la base legal y procesal de los registros corporales a los que, según se informa, fue sometida la Sra. Liedtke, incluidos los criterios aplicados para determinar si dichos registros eran necesarios y el motivo por el cual se llevaron a cabo repetidamente y a pesar de su falta de consentimiento.
- Por favor, aclaren si se permitió que personal militar o penitenciario masculino observara a la Sra. Liedtke durante los registros corporales, incluyendo los motivos de su presencia.
- Indique también si se han tomado medidas para preservar las pruebas pertinentes para una posible investigación, incluidas las grabaciones de cámaras de seguridad u otras grabaciones, los registros penitenciarios o cualquier otra prueba que pueda ayudar a esclarecer las circunstancias de la presunta agresión sexual ocurrida durante el registro corporal en la prisión de Givon.
- Sírvase proporcionar información sobre si se está llevando a cabo alguna investigación en respuesta a la denuncia presentada en nombre de la Sra. Liedtke por sus abogados. Indique también la autoridad o autoridades responsables de llevarla a cabo y si es independiente de las personas o instituciones implicadas en las acusaciones. Indique además si la Sra. Liedtke o sus representantes han sido informados del estado o el resultado de la investigación y si se han adoptado conclusiones o medidas hasta la fecha.
- Por favor, facilite información sobre las garantías disponibles para las personas privadas de libertad, y en particular para las mujeres detenidas, para denunciar la violencia sexual u otros malos tratos de forma confidencial y sin temor a represalias, incluido el acceso a mecanismos de denuncia independientes, asistencia jurídica y apoyo médico y psicosocial.
Esta comunicación, así como cualquier respuesta recibida del Gobierno de Su Excelencia, se publicarán en el sitio web de informes de comunicaciones transcurridos 60 días. Si el Gobierno de Su Excelencia responde dentro de ese plazo, tanto la comunicación como la respuesta podrán publicarse antes de que se cumpla dicho plazo. Las comunicaciones y las respuestas también se incluirán en el informe periódico que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.
Mientras esperamos una respuesta, instamos a que se tomen todas las medidas provisionales necesarias para evitar que se repitan las presuntas infracciones y, en caso de que las investigaciones confirmen o sugieran que las acusaciones son ciertas, para garantizar la rendición de cuentas de la(s) persona(s) responsable(s) de las presuntas infracciones.
Es posible que en breve expresemos públicamente nuestra preocupación, ya que, a nuestro juicio, la información en la que se basará el comunicado de prensa es suficientemente fiable como para indicar que se trata de un asunto que requiere atención inmediata. Asimismo, consideramos que es necesario alertar al público en general sobre las posibles implicaciones de las acusaciones antes mencionadas. El comunicado de prensa indicará que nos hemos puesto en contacto con el Gobierno de Su Excelencia para aclarar la(s) cuestión(es) en cuestión.
Le rogamos, Excelentísimo Señor, acepte las seguridades de nuestra más alta consideración.
Reem Alsalem Relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias Andrea Bolaños Vargas Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Francesca Albanese Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967.
Anexo
Referencia al derecho internacional de los derechos humanos
En relación con los hechos y preocupaciones antes mencionados, quisiéramos remitir al Gobierno de Su Excelencia a sus obligaciones legales en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado, así como a las normas internacionales más amplias de derechos humanos.
Intercepción en aguas internacionales y bloqueo naval
Conforme al derecho internacional consuetudinario, recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques en alta mar están sujetos a la jurisdicción exclusiva del Estado de su pabellón (artículos 87, 92 y 110). Se prohíbe un bloqueo cuando este provoca hambruna o daños excesivos a la población civil (Manual de San Remo, párrs. 102-103), y el castigo colectivo está prohibido en virtud del artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra. La misión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos declaró ilegal el bloqueo de Gaza y consideró injustificada la interceptación de la flotilla de 2010 en relación con dicho bloqueo (A/HRC/15/21). En su opinión consultiva del 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal y debe cesar cuanto antes, tal como lo ratificó la Asamblea General en la resolución ES-10/24.
Privación arbitraria de libertad
El artículo 9(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, que nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios, y que nadie será privado de libertad salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley. En su Observación General n.º 35, el Comité de Derechos Humanos aclaró que la noción de «arbitrariedad» debe interpretarse de forma amplia, incluyendo los elementos de inadecuación, injusticia e imprevisibilidad (CCPR/C/GC/35, párr. 12), y que el arresto o la detención como castigo por el ejercicio legítimo de los derechos garantizados por el Pacto, incluyendo la libertad de opinión y de expresión y la libertad de reunión, es arbitrario (párr. 17). De conformidad con el artículo 9(4), toda persona privada de libertad tiene derecho a interponer una demanda ante un tribunal, para que este pueda decidir sin dilación sobre la legalidad de la detención. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (A/HRC/36/38), la privación de libertad es arbitraria cuando es manifiestamente imposible invocar cualquier fundamento jurídico que la justifique (categoría I) o cuando resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II).
Tortura, trato inhumano y degradante
Deseamos recordar el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Israel el 3 de octubre de 1991, que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición es absoluta e irrevocable. En su Observación General n.º 20, el Comité de Derechos Humanos ha subrayado que el artículo 7 protege la dignidad y la integridad física y mental de la persona y exige a los Estados partes que presten protección contra los tratos prohibidos, incluso cuando sean infligidos por personas que actúen en calidad oficial (HRI/GEN/1/Rev.1, pág. 30, párr. 2). La protección que ofrece el artículo 7 se complementa con el artículo 10(1) del PIDCP, que exige que todas las personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana. En su observación general n.º 21, el Comité de Derechos Humanos subrayó que el artículo 10(1) impone a los Estados partes una obligación positiva hacia las personas que son particularmente vulnerables debido a su condición de personas privadas de libertad (HRI/GEN/1/Rev.1(1994), pág. 33, párr. 3).
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), ratificada por Israel el 3 de octubre de 1991, exige en su artículo 2 que los Estados partes adopten medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole eficaces para prevenir actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. El artículo 16 exige a los Estados partes que prevengan otros actos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no constituyan tortura, cuando dichos actos sean cometidos por, a instigación de, o con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de sus funciones. El Comité contra la Tortura, en su Observación General N.º 2, señaló que “si una persona va a ser transferida o enviada a la custodia o control de un individuo o institución que se sabe que ha cometido tortura o malos tratos, o que no ha implementado salvaguardias adecuadas, el Estado es responsable y sus funcionarios están sujetos a castigo por ordenar, permitir o participar en dicha transferencia en contravención de la obligación del Estado de adoptar medidas eficaces para prevenir la tortura de conformidad con el artículo 2, párrafo 1” (CAT/C/GC/2, párr. 19).
Violencia contra las mujeres y defensoras de los derechos humanos de las mujeres
Recordamos además la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Israel el 3 de octubre de 1991, que establece que los Estados tienen la obligación de prevenir la discriminación por razón de sexo. El Comité de la CEDAW, en su recomendación general n.º 35 (2017), observa que la violencia de género contra la mujer está incluida en la prohibición del artículo 1 (CEDAW/C/GC/35, párr. 21). La recomendación general n.º 19 del Comité de la CEDAW (1992) define la violencia de género como «la violencia dirigida contra una mujer por el hecho de ser mujer o que afecta de manera desproporcionada a las mujeres». Dicha violencia «incluye los actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o sexual, y las amenazas de tales actos» (A/47/38, párr. 6).
Deseamos recordar que el artículo 7 de la CEDAW exige que los Estados partes “adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país” y, en particular, que garanticen a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho “a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país”. El Comité de la CEDAW reconoció que las mujeres “históricamente han tenido y siguen teniendo un papel como combatientes, como parte de la sociedad civil organizada, como defensoras de los derechos humanos, como miembros de movimientos de resistencia y como agentes activos en los procesos formales e informales de consolidación de la paz y recuperación” y, por lo tanto, “los Estados partes deben abordar todos los aspectos de sus obligaciones en virtud de la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer” (CEDAW/C/GC/30, párr. 37).
Además, la resolución 68/181 de la Asamblea General, sobre la protección de las defensoras de los derechos humanos, en sus artículos 7, 9 y 10, exhorta a los Estados a reconocer públicamente el importante papel que desempeñan, a adoptar medidas prácticas para prevenir las amenazas, el acoso y la violencia contra ellas, a combatir la impunidad por tales violaciones y abusos, y a garantizar que todas las disposiciones legales, medidas administrativas y políticas sean compatibles con las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, las defensoras de los derechos humanos tienen derecho a participar libre y seguramente en la vida pública y a ejercer su legítima labor en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de violencia, intimidación u otras formas de represalia por razón de sus actividades.
Quisiéramos llamar su atención sobre los principios fundamentales enunciados en la Declaración sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, los Grupos y los Órganos de la Sociedad de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, también conocida como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2 de la Declaración, que establecen que toda persona tiene derecho a promover y a esforzarse por la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel nacional e internacional, y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger, promover y aplicar todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, quisiéramos señalar a la atención del Gobierno de Su Excelencia las siguientes disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos:
- El artículo 12, párrafos 2 y 3, establece que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona contra toda violencia, amenaza, represalia, discriminación adversa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria como consecuencia del ejercicio legítimo de los derechos a que se refiere la Declaración.
Protección de las personas privadas de libertad
Las Reglas Mínimas Estándar de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) establecen que todos los reclusos deben ser tratados con respeto a su dignidad inherente y a su valor como seres humanos (regla 1), y prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (regla 43). La regla 47 prohíbe el uso de cadenas, grilletes o instrumentos inherentemente degradantes. La regla 48 permite la restricción solo como último recurso, de forma proporcional, temporal y cuando sea estrictamente necesaria. Asimismo, recordamos el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, incluidos el Principio 1 (trato con humanidad y respeto a la dignidad inherente), el Principio 6 (prohibición de la tortura y los malos tratos) y el Principio 14 (derecho a recibir prontamente información apropiada en el idioma que la persona pueda comprender).
Además, las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Mujeres Reclusas y las Medidas No Privativas para las Mujeres Infractoras (las Reglas de Bangkok) reconocen las necesidades específicas de género y los mayores riesgos que enfrentan las mujeres en detención. La Regla 19 establece que “Se adoptarán medidas eficaces para garantizar que la dignidad y el respeto de las mujeres reclusas se protejan durante los registros personales, los cuales solo podrán ser realizados por personal femenino debidamente capacitado en métodos de registro apropiados”. La Regla 20 establece que se deben desarrollar métodos de detección alternativos, como escáneres, para reemplazar los registros corporales invasivos y los cacheos al desnudo, a fin de evitar sus efectos psicológicos y físicos perjudiciales. La Regla 25(2) también establece que las mujeres reclusas víctimas de abuso sexual deben recibir asesoramiento médico y psicológico apropiados, la atención médica física y mental necesaria, apoyo y asistencia jurídica.
Derecho a un remedio eficaz
El artículo 2(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige a los Estados partes que garanticen que las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido vulnerados, «a pesar de que la vulneración haya sido cometida por personas que actúen en calidad oficial», dispongan de un recurso efectivo, determinado por las autoridades judiciales, administrativas o legislativas competentes o por otra autoridad competente, y que los recursos concedidos se hagan cumplir. Asimismo, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos salvaguarda el derecho de toda persona a un «recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes para los actos que violen los derechos fundamentales que le confiere la constitución o la ley». Conforme al artículo 12 de la Convención contra la Tortura, los Estados partes «garantizarán que sus autoridades competentes lleven a cabo una investigación pronta e imparcial, siempre que existan motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción», y el artículo 13 prevé el derecho de la persona a presentar una denuncia ante las autoridades competentes y a que su caso sea examinado de forma pronta e imparcial por ellas.
En su Observación General n.º 31, el Comité de Derechos Humanos aclaró que el artículo 2(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) exige a los Estados partes que garanticen recursos accesibles y efectivos para las violaciones de los derechos consagrados en el Pacto, incluso mediante mecanismos judiciales y administrativos apropiados. El Comité subrayó además que dichos mecanismos deben asegurar que las denuncias de violaciones sean investigadas con prontitud, exhaustividad y eficacia por órganos independientes e imparciales, y que la falta de investigación puede constituir en sí misma una violación separada del Pacto (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr. 15). Cuando las investigaciones determinen que se han violado los derechos consagrados en el Pacto, los Estados partes también deben garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia (párr. 18). Los recursos exigidos en virtud del artículo 2(3) del PIDCP incluyen reparaciones a las personas cuyos derechos consagrados en el Pacto hayan sido violados. En su Observación General N.º 31, el Comité de Derechos Humanos especificó además que la reparación puede incluir la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como disculpas públicas, monumentos conmemorativos públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y prácticas pertinentes, así como llevar ante la justicia a los perpetradores de violaciones de derechos humanos (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, párr. 16).
Finalmente, el Comité de la CEDAW, en su recomendación general n.º 35, señaló que, de conformidad con la Convención y el derecho internacional general, un Estado parte es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia contra las mujeres y debe establecer un marco jurídico y de servicios jurídicos eficaz y accesible para abordar las violaciones (CEDAW/C/GC/35, párr. 22). En su recomendación general n.º 33, el Comité exhortó a los Estados a garantizar que las defensoras de los derechos humanos puedan acceder a la justicia y recibir protección contra el acoso, las amenazas, las represalias y la violencia (CEDAW/C/GC/33, párr. 15(i)).
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