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Sanciones: La UE ha sancionado al periodista alemán Hüseyin Doğru. ¿Apoyó las actividades desestabilizadoras de Rusia?

Raphael Schmeller y Hüseyin Dogru (Der Freitag), 20 de Noviembre de 2026

Este artículo fue escrito por Raphaël Schmellerpara der Freitag y publicado en formato impreso el 19 de noviembre de 2026. Traducido del alemán al inglés por Hüseyin Dogru.


«Prensa libre: protegiendo lo que nos importa». Este es el lema de los carteles de la UE en Bruselas, Berlín y otras ciudades. El mensaje es que Europa debería ser un lugar donde los periodistas puedan trabajar libremente y exigir responsabilidades al poder estatal. A principios de noviembre, la campaña advirtió que los periodistas están siendo vigilados, intimidados y sometidos a presiones económicas. Sin embargo, esta afirmación resulta incompatible con la propia política de la UE.

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Desde el 20 de mayo de 2025, Hüseyin Doğru, periodista alemán residente en Berlín, figura en la lista de sanciones de la UE por presunto apoyo a las actividades desestabilizadoras de Rusia. El 8 de octubre, las medidas se prorrogaron un año más, a pesar de que no está acusado de ningún delito. Por consiguiente, sus cuentas y bienes permanecen congelados, y su libertad de viajar sigue restringida.

Las sanciones han trastocado la vida cotidiana de Doğru. A partir de enero, afirma, se enfrentará a una «amenaza existencial», con tan solo 506 euros al mes para subsistir. Esta es la cantidad que puede retirar de sus bienes congelados como mínimo para la subsistencia, y afecta directamente a una familia de cinco miembros: Doğru, su esposa y sus tres hijos pequeños. Bruselas considera que las medidas son proporcionadas. Al ser consultado, un funcionario de la UE declaró que las sanciones no le impiden ejercer como periodista, y una portavoz de la Comisión subrayó que la libertad de expresión no es ilimitada. Las sanciones son «temporales y reversibles», afirmó, y su principal objetivo es un «cambio de comportamiento».

¿Qué comportamiento se supone que debe cambiar Doğru? Se le acusa de difundir información sistemáticamente falsa a través de AFA Medya y la plataforma RED, de adoptar la narrativa de Hamás y de colaborar con manifestantes propalestinos durante la ocupación de la Universidad Humboldt en mayo de 2024. Al hacerlo, según la UE, apoyó las actividades de desestabilización rusas. También alega que RED mantiene estrechos vínculos con los medios estatales rusos.

Doğru rechaza estas acusaciones. Confirma que trabajó para Redfish, financiada por la agencia de noticias rusa Ruptly, pero afirma que rompió esos vínculos cuando comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania. «Si revisan mi trabajo, verán que critiqué esta guerra y la califiqué repetidamente de invasión». También niega tener vínculos con Moscú en la actualidad. Los archivos que le entregaron no contienen «ningún informe de inteligencia, nada» que lo respalde, asegura.

La UE no ha presentado ninguna prueba públicamente verificable de las supuestas conexiones. En su opinión jurídica, no tiene que probarlas. Basta con que una persona apoye o facilite acciones atribuidas a Rusia. Tampoco es necesario que la conducta sancionada sea punible: el Servicio Europeo de Acción Exterior define la «manipulación e injerencia de información extranjera» como un «patrón de comportamiento mayoritariamente no ilegal». El Consejo Europeo puede basarse en informes de los medios de comunicación y otras fuentes sin esperar investigaciones ni procedimientos judiciales. Dado que la UE considera sus sanciones como medidas preventivas y no penales, sostiene que no se aplica la presunción de inocencia. Esto es precisamente lo que hace que el caso sea tan problemático para el Estado de derecho. La UE señala que los afectados pueden impugnar su inclusión en la lista ante los tribunales europeos, como hizo Hüseyin Doğru en julio de 2025. Sin embargo, hasta que se dicte una resolución, las sanciones permanecen en vigor.

Las sanciones se imponen sin que un tribunal de la UE haya revisado la situación jurídica.

Un dictamen jurídico presentado ante el Parlamento Europeo por la exjueza Ninon Colneric y la experta en derecho internacional Alina Miron describe estas sanciones individuales como una «muerte civil» de facto. Se congelan los activos y se bloquea en gran medida el acceso a la banca y la capacidad de operar económicamente, todo ello sin revisión judicial previa. Las dos abogadas advierten que la intención es disuadir a los periodistas. Al fin y al cabo, argumentan, sigue sin estar claro dónde termina el periodismo legítimo y dónde comienza la «manipulación de la información».

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El abogado de Doğru, Alexander Gorski, afirma que no se cumplen las condiciones para sancionar a su cliente. «Hüseyin Doğru no tiene vínculos con la Federación Rusa. Es un periodista independiente». Califica de «absolutamente ridícula» la afirmación de la UE de que Doğru aún puede ejercer como periodista. Según Gorski, los posibles empleadores no obtienen una respuesta clara del gobierno alemán sobre si pagarle constituiría una infracción de las sanciones con consecuencias penales.

Igualmente llamativa es la postura de la Unión Alemana de Periodistas (dju), integrada en el sindicato Verdi, que no ve ninguna violación de la libertad de prensa. «Los medios de propaganda organizados por un Estado extranjero» no pueden acogerse a su protección, declaró un portavoz de Verdi. Al mismo tiempo, el sindicato admite que el caso «no está resuelto en aspectos clave». No especifica qué pruebas ha examinado la propia dju.

En agosto, la sección de medios, periodismo y cine de Berlín-Brandeburgo del propio sindicato votó mayoritariamente a favor de que se revisaran y levantaran las sanciones. El comité ejecutivo nacional de la DJU rechazó esta petición, invocando el principio de «democracia combativa» ( wehrhafte Demokratie ). Un sindicato de periodistas, por lo tanto, respalda el instrumento de sanciones en un caso que ellos mismos consideran sin resolver, en lugar de exigir pruebas verificables y la protección de la libertad de prensa.Suscribirse

Las organizaciones de derechos humanos también han protestado, aunque de forma limitada hasta el momento. Amnistía Internacional está al tanto del caso y afirma estar en contacto con el abogado de Doğru. Indica que es necesario examinar si las sanciones son proporcionales, pero que por el momento no es posible emitir una declaración detallada. Reporteros Sin Fronteras tampoco pudo responder preguntas sobre el caso «por falta de capacidad». Tras un año y medio de sanciones, esta reticencia resulta sorprendente. Gorski menciona un precedente: «Es indignante ver cómo se utiliza la legislación sobre sanciones para silenciar a un periodista alemán que reside en Alemania».


Este artículo fue escrito por Raphaël Schmeller para der Freitag 

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