Gaceta Crítica

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¿Quién adoctrina a quién? La cultura que nos jugamos el 29N en España.

Pablo Crespo (PÚBLICO), 16 de Noviembre de 2026

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto de precampaña en Valladolid, a 28 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).
El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto de precampaña en Valladolid, Castilla y León.Europa Press

Mientras determinados sectores de la derecha y la ultraderecha denuncian el adoctrinamiento ideológico, sus decisiones sobre conciertos, bibliotecas, teatros y ayudas al cine plantean una pregunta incómoda: ¿quién está intentando decidir qué podemos leer, escuchar y ver?

Hay una inquietante manera de entender la libertad que consiste en defenderla a gritos hasta que alguien se atreve a ejercerla. Entonces aparecen las ofensas religiosas, las amenazas a los valores tradicionales, las acusaciones de adoctrinamiento y, si hay poder institucional de por medio, las decisiones administrativas. La cultura pasa de ser un patrimonio que conviene celebrar a convertirse en un problema que hay que vigilar. Todo, por supuesto, en nombre de la libertad.

La contradicción merece algo más que una sonrisa irónica. Porque detrás de determinadas polémicas culturales no solo encontramos disputas sobre una obra de teatro, un cartel o una película. También se discute quién tiene autoridad para establecer los límites de lo que una sociedad puede conocer, representar y cuestionar. Y resulta especialmente llamativo que quienes denuncian una supuesta imposición ideológica recurran a las instituciones para condicionar contenidos que no encajan con sus convicciones.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La cultura nunca ha sido neutral, ni tiene ninguna obligación de serlo. La literatura, la música, el cine y las artes escénicas llevan siglos cuestionando estructuras de poder, revisando relatos oficiales y dando voz a quienes permanecían fuera de ellos. Una novela sobre la represión franquista, una película que aborda la diversidad sexual o una canción que desafía determinados valores religiosos pueden transmitir posiciones políticas sin convertirse por ello en instrumentos de adoctrinamiento. Expresar una idea no equivale a imponerla. Confundir ambas cosas supone vaciar de significado la libertad de creación.

En Castilla y León, la Consejería de Cultura, dirigida por Vox, ha incorporado a las ayudas cinematográficas una cláusula que excluye producciones consideradas adoctrinadoras o partidistas. Y, por si la advertencia no resultaba suficientemente clara, las productoras solicitantes deben firmar una declaración comprometiéndose a respetar esos criterios. El Ministerio de Cultura ha requerido su retirada por los riesgos que aprecia para la libertad de expresión y creación.

La administración autonómica defiende que se trata de garantizar la neutralidad institucional y evitar la propaganda partidista. Es legítimo exigir criterios transparentes para distribuir dinero público. Lo que resulta discutible es trasladar esa exigencia a conceptos tan ambiguos que su interpretación puede depender de la sensibilidad política de quien ocupa un despacho. ¿Quién decide cuándo una película adoctrina? ¿Podría una historia sobre memoria democrática considerarse propaganda? ¿Y una producción que reivindicase una determinada visión de España? Cuando las respuestas dependen de valoraciones ideológicas poco definidas, la neutralidad corre el riesgo de convertirse en una etiqueta para justificar exclusiones.

Pero el efecto más inquietante puede producirse mucho antes de que una película llegue a las pantallas. No siempre hace falta prohibir una obra para condicionar su existencia. A veces basta con introducir la sospecha de que determinados temas, personajes o enfoques pueden perjudicar sus posibilidades de financiación. El creador empieza entonces a calcular qué conviene contar, qué puede resultar demasiado incómodo y qué asuntos sería preferible evitar. La autocensura es particularmente eficaz porque consigue que el silencio llegue antes que la prohibición.

Representación de la obra 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva'.

Las artes escénicas tampoco han escapado a estas controversias. En octubre, la compañía Proyecto 43-2 denunció ante la Fiscalía la suspensión de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, una obra sobre García Lorca, la represión franquista y la memoria histórica que debía representarse en Valladolid. La Fundación Siglo, dependiente de la Junta, alegó obras de adecuación y motivos de seguridad. La compañía cuestionó esas explicaciones y denunció una posible motivación ideológica, que no está acreditada judicialmente. El caso exige prudencia sobre sus causas, pero también transparencia sobre las decisiones institucionales. Porque cuando una representación previamente programada desaparece del calendario, la administración tiene la responsabilidad de ofrecer explicaciones verificables.

La música conoce igualmente estas presiones. En 2021, Vox exigió suspender un concierto de Zahara en Toledo después de considerar ofensivo un cartel en el que la artista aparecía caracterizada como la Virgen María con una banda que decía Puta. El cartel fue retirado, aunque el concierto finalmente se celebró. La polémica dejó una cuestión que sigue plenamente vigente: sentirse ofendido por una creación artística no concede automáticamente el derecho a impedir que otros puedan disfrutarla. La libertad de expresión sería una conquista bastante modesta si únicamente protegiera aquello que nadie considera provocador.

Toma de posesión del portavoz del Gobierno de Castilla y León Carlos Fernández Carriedo.

En Burriana, el entonces concejal de Cultura de Vox también pretendió apartar de la sección infantil y juvenil de la biblioteca municipal determinados libros de temática LGTBIQ+. Lo justificó apelando a la protección de los menores, pese a que un informe técnico de la propia biblioteca defendía que las publicaciones estaban correctamente clasificadas. El episodio invita a preguntarse desde cuándo el criterio profesional de quienes gestionan una biblioteca debe quedar subordinado a las preferencias morales de un cargo político. Una biblioteca pública no es una extensión de las convicciones personales de quien administra su presupuesto.

Estos casos no son idénticos, pero sí permiten observar diferentes formas de intervención sobre la circulación de contenidos culturales: presiones públicas, decisiones de programación, intentos de reclasificación de libros y condiciones para acceder a financiación. Sus efectos y justificaciones deben examinarse individualmente, sin perder de vista el debate común sobre los límites del poder institucional.

También conviene preguntarse por qué ciertas expresiones culturales provocan tanta resistencia en determinados sectores de la derecha y la ultraderecha. Bien es sabido que algunas de sus corrientes políticas mantienen concepciones especialmente rígidas de la historia, la identidad nacional, la sexualidad o la familia. Cuando una obra cuestiona esas certezas, la discrepancia puede dejar de plantearse como un debate de ideas y trasladarse al terreno de las restricciones institucionales. Ahí reside el verdadero problema: no en que un partido critique una creación, algo perfectamente legítimo, sino en que utilice su poder para condicionar su acceso al público.

La disputa también alcanza a las universidades, donde determinados agitadores de ultraderecha buscan convertir el debate político en un espectáculo bochornoso de confrontación y repercusión viral. Las ideas políticas tienen tanto derecho a participar en la vida universitaria como cualquier otra corriente de pensamiento. Lo que merece ser cuestionado es la sustitución del intercambio intelectual por la provocación concebida para alimentar una batalla mediática. Una universidad no debería funcionar como un plató en el que gana quien consigue el vídeo más escandaloso, sino como un espacio donde las afirmaciones se contrastan y los argumentos pueden desmontarse.

Y ahí aparece otra contradicción. Se habla constantemente de proteger a los jóvenes del adoctrinamiento, pero pocas herramientas resultan más útiles contra él que una educación que fomente la lectura, el conocimiento histórico, la investigación y el pensamiento crítico. Una persona formada no está obligada a pensar como la izquierda, como la derecha ni como nadie. Está, sencillamente, mejor preparada para detectar una manipulación, discutir una consigna y construir sus propias conclusiones. Quizá, el verdadero desafío para cualquier discurso que aspire a imponerse sin demasiadas preguntas, sea encontrarse con ciudadanos que sepan formularlas.

Porque adoctrinar no consiste en mostrar una realidad incómoda, narrar una experiencia minoritaria o revisar críticamente el pasado. El adoctrinamiento comienza cuando se pretende sustituir la capacidad de juicio por la aceptación obligatoria de una doctrina. Y una cultura plural, precisamente porque permite conocer perspectivas contradictorias, puede actuar como una defensa frente a esa imposición.

Quienes dicen combatir el adoctrinamiento deberían explicar por qué necesitan intervenir en lo que otros leen, escuchan, representan o producen. La cultura no tiene la obligación de confirmar nuestras certezas ni de tranquilizar nuestras conciencias. Puede incomodar, provocar, equivocarse, contradecirnos y obligarnos a revisar aquello que creíamos indiscutible. Esa es una de sus mayores virtudes.

A las puertas del 29N, el debate cultural merece algo más que las habituales promesas sobre financiación y patrimonio. No hablamos únicamente del futuro de artistas, festivales, editoriales o teatros. Hablamos de la posibilidad de conocer relatos diferentes, revisar nuestra historia y acceder a expresiones que no necesariamente coinciden con la visión del mundo de nuestros gobernantes. Una sociedad puede seguir produciendo películas, publicando novelas y organizando conciertos mientras se estrecha silenciosamente el espacio reservado a las voces incómodas.

La libertad cultural no se mide por la cantidad de obras que una administración está dispuesta a celebrar, sino también por su capacidad para respetar aquellas que la cuestionan. Las instituciones no deberían decidir qué debemos pensar, sino garantizar que dispongamos de suficientes herramientas y perspectivas para hacerlo por nosotros mismos.

¿De verdad podemos hablar de libertad cultural cuando quienes gobiernan se reservan el derecho a decidir qué ideas merecen un escenario, una pantalla o una estantería?

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