Alejandra Jacinto (PÚBLICO), 24 de Octubre de 2026
El próximo 11 de noviembre tenemos la oportunidad de transformar el malestar que provoca la crisis de la vivienda en una respuesta colectiva. La convocatoria plantea una pregunta que va más allá de cuánto cuesta alquilar una casa: ¿qué sentido tiene trabajar si una parte cada vez mayor de nuestros ingresos se destina a pagar la vivienda? Tenemos el reto de parar el país por la carestía de la vida, por el derecho a la vivienda y contra la especulación y el rentismo que parasita nuestros salarios, nuestra salud y nuestras vidas.
Aquí algunas de las razones para parar:
1. Porque trabajar debería servir para vivir con dignidad.
Para muchas personas, tener un empleo ya no basta para construir un proyecto de vida. Una parte creciente del salario se va, apenas llega la nómina, al pago del alquiler o a la hipoteca. Después de trabajar todo el mes, queda cada vez menos margen para llenar la nevera, afrontar un imprevisto o ahorrar. La vivienda se ha convertido en una de las principales razones por las que tener trabajo no garantiza hoy una vida autónoma y tranquila. De hecho el reciente informe publicado por Intermon Oxfam, revela una alarmante realidad económica: el coste de la vivienda empuja a 770.000 trabajadores en España por debajo del umbral de la pobreza, elevando la cifra total de trabajadores pobres a cerca de 3 millones de personas.
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2. Porque la vivienda funciona como una aspiradora de rentas.
El encarecimiento de la vivienda no es una cifra abstracta: supone que una parte mayor de los ingresos de quienes trabajan termina convertida en rentas y beneficios para quienes poseen inmuebles. Mientras los salarios avanzan con dificultad, el coste de la vivienda absorbe una proporción creciente de ellos. Esta transferencia de riqueza agrava la desigualdad y debilita la economía cotidiana. Una necesidad básica no puede funcionar como un mecanismo permanente de extracción de rentas.
3. Porque la crisis responde a decisiones políticas y, por tanto, puede cambiarse.
No estamos ante una catástrofe natural ni ante unas leyes inmutables del mercado. La insuficiencia de vivienda pública, la desprotección de quienes alquilan, los desahucios y las condiciones que favorecen la especulación son también consecuencia de decisiones políticas. Revertirlas exige voluntad y capacidad colectiva. Necesitamos viviendas para vivir, no para especular: movilizar las viviendas vacías, retirar del mercado residencial los pisos turísticos que detraen oferta, limitar la compra especulativa y ampliar de forma sostenida el parque público. También hacen falta una fiscalidad que grave el patrimonio y la riqueza, garantías de estabilidad residencial —incluidos contratos indefinidos y una protección efectiva frente a los desahucios— y medidas que permitan bajar los precios mientras mejoran los salarios.
4. Porque no es un problema exclusivo de quienes viven de alquiler.
La crisis afecta también a quienes pagan una hipoteca, a las familias que avalan a sus hijos o destinan sus ahorros a ayudarles a emanciparse, a las personas autónomas y al pequeño comercio. Sus efectos, además, se distribuyen de manera desigual y golpean especialmente a las mujeres, también por las discriminaciones del propio mercado inmobiliario. Cuando la vivienda absorbe los ingresos, queda menos dinero para consumir, cuidar, estudiar o emprender. La huelga puede ayudar a mostrar que no estamos ante un conflicto individual entre inquilinos y propietarios, sino ante un problema social que exige una respuesta compartida.
5. Porque está en juego el futuro de varias generaciones.
La emancipación se aleja para buena parte de la juventud, incluso para quienes estudian, trabajan y cumplen con lo que se les ha pedido. Compartir piso durante años, regresar al hogar familiar o renunciar a oportunidades laborales y personales se ha convertido en una experiencia demasiado habitual. Al mismo tiempo, muchas familias sostienen económicamente a sus hijos e hijas y aplazan sus propios proyectos. Si el acceso a una vivienda depende cada vez más del patrimonio familiar, la desigualdad deja de ser una posibilidad y se convierte en una herencia.
6. Porque sin vivienda no hay igualdad ni libertad.
La inseguridad residencial no afecta a todo el mundo de la misma manera. Las mujeres soportan con mayor frecuencia empleos precarios y una carga desproporcionada de los cuidados; la falta de alternativas habitacionales puede impedir que una mujer abandone una relación o se separe. La situación es aún más difícil para muchas mujeres migrantes, que se enfrentan al racismo inmobiliario. La libertad queda seriamente limitada cuando tomar decisiones sobre la propia vida —incluido salir de una situación de violencia— puede implicar quedarse sin hogar.
7. Porque la vivienda también es una cuestión de salud.
La incertidumbre sobre una subida del alquiler o la renovación del contrato, el temor a recibir un burofax o una notificación de desahucio y la obligación de vivir en espacios inadecuados tienen consecuencias sobre la salud física y mental. La preocupación constante por dónde podremos vivir y cuánto costará deteriora el bienestar y la vida cotidiana. La historia de Mari Carmen ha dado rostro a esa realidad. Su caso obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a aceptar como sociedad y qué medidas son necesarias para que nadie tenga que afrontar esa inseguridad en condiciones de vulnerabilidad.
8. Porque queremos barrios vivos, no ciudades convertidas en escaparates.
Cuando casi todo el salario se destina a la vivienda, el comercio de proximidad pierde clientela y muchos negocios acaban bajando la persiana. En su lugar, se multiplican las actividades orientadas a un consumo de paso, mientras se debilitan las redes vecinales y desaparecen vínculos construidos durante años. Las ciudades corren el riesgo de convertirse en espacios para la inversión y el consumo antes que en lugares para vivir. Defender el derecho a la vivienda también significa proteger el arraigo, las relaciones de vecindad, los servicios cotidianos y el tejido social que hace habitables los barrios.
9. Porque el derecho a la educación también depende de dónde vivimos.
La inestabilidad residencial afecta de forma directa a la infancia: altera el descanso, rompe rutinas y repercute en el aprendizaje y en la vida escolar. Las mudanzas forzadas y la incertidumbre sobre dónde se vivirá el próximo curso no deberían formar parte de la experiencia de ningún niño, niña o adolescente. Para muchos jóvenes, además, el precio de una habitación determina si pueden estudiar fuera de casa. La capacidad de pago no puede convertirse en un filtro que condicione el acceso a la educación.
10. Porque la organización colectiva puede cambiar las reglas.
Si debemos extraer algún aprendizaje del último mes es que, organizados, tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Las instituciones no han estado a la altura sea por acción o por omisión. Las movilizaciones, las acampadas y las protestas han servido para situar el problema en el centro del debate, aprobar decretos con medidas de emergencia y hasta provocar un adelanto electoral. Sin embargo, una huelga general incorpora otra herramienta: demostrar y demostrarnos que la economía depende de nuestro trabajo y de la vida de quienes la sostenemos.
Parar el país el próximo 11 de noviembre es una obligación democrática para demostrar que gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende.
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