Laura Prieto Gallego (PÚBLICO), 22 de Octubre de 2026
Euskadi se compromete a comprar 510 viviendas en un barrio de Donostia para evitar que pierdan su protección oficial. Ya hizo lo propio en verano con más de 50 pertenecientes a Kutxabank.
Más de medio millar de familias podrán quedarse en sus pisos del barrio donostiarra de Benta Berri. Tras casi treinta años como inquilinas de viviendas de protección oficial, sus casas iban a pasar al mercado libre en 2028, lo que las abocaba a expulsiones y subidas drásticas del alquiler. De hecho, la actual propietaria, Testa Homes (filial de Blackstone), ya había comenzado a enviar burofax para no renovar los contratos. Hace unos meses, se organizaron con Stop Desahucios y una asociación vecinal para hacer público su caso y ahora han conseguido que el Ejecutivo vasco intervenga de una forma contundente.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE-EE), acaba de anunciar la compra de los 510 pisos, junto con sus garajes y trasteros, por 100 millones de euros. Itxaso ha descrito la operación como «un éxito colectivo» y ha defendido que construir un nuevo edificio para alojar al mismo número de personas habría tenido un coste superior al de esta compraventa, ejecutada por debajo del precio de mercado. La firma formal entre la Administración y el fondo de inversión está prevista para finales de año.
Los detalles del acuerdo se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa. El consejero ha explicado que las negociaciones comenzaron en marzo y no han sido sencillas. Según su análisis, las regulaciones en vivienda de los últimos años y, en especial, la declaración de Donostia como zona tensionada han sido un incentivo para cerrar la venta a un precio más reducido. Además, ha agradecido la paciencia de los vecinos y ha descrito la ciudad como el «punto negro de la vivienda en Euskadi«: «El problema para estas familias no era solo quedarse sin la casa en la que llevaban tres décadas. El problema es que en Donosti no hay casas, no se podrían haber ido a otra pagando algo más».
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El consejero ha descartado que actualmente se estén estudiando operaciones similares, aunque ha puesto el foco en el derecho de tanteo y retracto que tienen las instituciones públicas cuando se vende una VPO. Este mecanismo de adquisición preferente es una de las principales herramientas que está utilizando el Ejecutivo autonómico para ampliar el parque público. «Hace treinta años construimos mucha vivienda pública, pero se perdía porque quedaba desprotegida pasado el tiempo. Ahora estamos enmendando el error. Hemos recuperado ya más de mil», ha señalado el consejero.
Por esta vía de descalificación se han perdido unos 55.000 pisos protegidos en Euskadi. La comunidad fue pionera en crear VPO indefinidas, en el año 2003. Sin embargo, promociones anteriores como la de Benta Berri han quedado fuera de esta regulación. Con el fin de poner remedio a esta problemática, la comunidad vasca pretende modificar su ley de vivienda para evitar que aquellas que se encuentran en zonas tensionadas acaben en el mercado libre.
La compra de estas 510 casas ha supuesto un 15% de los 600 millones del presupuesto con el que cuenta la Consejería. A esta operación se suma la compra de más de medio centenar de inmuebles al banco Kutxabank este verano. Los pisos, repartidos en una veintena de municipios, se adquirieron por 5,7 millones.
Como en Euskadi, la descalificación de pisos protegidos ha mermado el parque residencial público en el resto de España. En los años previos a la crisis de 2008, cuando más se desplomó la construcción, la mayor parte de los inmuebles de este tipo tenían un periodo limitado de protección de entre 15 y 50 años. Hoy en día, la gran mayoría ha pasado a formar parte del mercado libre. De las 4,8 millones de VPO construidas desde 1968, 4 millones han desaparecido, de acuerdo con los registros del Ministerio de Vivienda.
Una fórmula replicable en el resto del país
La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Alejandra Jacinto, asesoró hace un tiempo a los vecinos de Benta Berri. En ese momento concluyeron que, más allá de la vía judicial, la solución al conflicto era política. «Denunciando las cláusulas abusivas de los contratos no ibas a solucionar el problema de fondo, que es que unas casas que habían contado con cierta protección la perdían pasados los treinta años. A partir de ese momento Blackstone iba a hacer lo que le diese la gana y probablemente iba a echar a los vecinos para sustituirlos por otros más rentables», explica. Por ese motivo, la única opción pasaba porque las Administraciones Públicas intervinieran en el mercado. «Y así lo han hecho, lo cual es una buena noticia a falta de conocer la letra pequeña», puntualiza.
Jacinto considera que a través de fórmulas como la que acaba de aplicar el Gobierno vasco se podría no solo ampliar el número de inmuebles de titularidad pública, sino evitar la expulsión de decenas de vecinos inmersos en conflictos con grandes fondos de inversión. «Desde luego que se puede aplicar a otros bloques en lucha. En el caso de Tribulete 7 llevamos mucho tiempo diciendo que esta sería la solución definitiva», defiende. Según su argumento, si la Comunidad de Madrid tuviera regulado el derecho de tanteo y retracto podría hacerlo. A pesar de ello, insiste en que el Gobierno central, a través de Casa 47, también podría dar el paso, «ya que sabemos que la Comunidad no lo va a hacer».
Según recuerda la experta, no es la primera vez que se realiza un movimiento de este tipo. Ocurrió algo similar con Casa Orsola. Este edificio emblemático del barrio del Eixample de Barcelona se convirtió en uno de los grandes símbolos de la lucha vecinal contra la gentrificación. Después de casi tres años intentando evitar su expulsión, la Generalitat intervino acordando la compra directa del bloque.
Además, recientemente Navarra ha informado de que seguirá la misma estrategia que Euskadi y destinará 104 millones a comprar edificios residenciales en manos de fondos de inversión. Se trata de unos 600 pisos que acabaron en manos de estas empresas tras perder su protección oficial y que ahora el Gobierno Foral pretende recuperar.
Una de las principales reivindicaciones del Inquilinato
Desde el Sindicato de Inquilinas celebran que las familias finalmente puedan permanecer en sus hogares y que, además, esas casas no vayan nunca a acabar en el mercado libre. «Es una buena noticia que demuestra algo que llevamos años defendiendo, que es que las Administraciones ya tienen herramientas para intervenir el mercado», afirma Pablo Pérez, uno de sus portavoces.
Al igual que con el caso de Tribulete, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han exigido al Gobierno y al Ayuntamiento que recuperen las 1.860 viviendas públicas de la EMVS que Ana Botella vendió a Blackstone en 2013. «La pregunta que hacemos es muy sencilla: si el Gobierno Vasco puede intervenir, ¿por qué el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid no deberían hacer lo mismo? Evidentemente, las condiciones jurídicas y económicas de cada operación son distintas, pero no podemos aceptar que la privatización de la vivienda pública sea irreversible«. subraya el portavoz.
Para Pérez, recuperar los bloques ya existentes debe ser una prioridad de cualquier política pública. «Ya hay un gran parque construido y no es siempre necesario construir más. Durante años se nos ha repetido que esta es la única solución a la crisis habitacional y para nosotras existe una pregunta igual de importante, que es qué hacemos con las viviendas que ya existen y que están en manos de grandes rentistas», reflexiona.
A pesar de ello, el portavoz insiste en que esta no debe ser la única medida que se ponga en marcha. En este sentido, apuesta por desarrollar otros mecanismos de tanteo y retracto por parte de organizaciones sociales, como ya ocurre en Cataluña, para que operadores sociales y cooperativas puedan también entrar en estas operaciones.
Otra de las propuestas del inquilinato es la movilización obligatoria de viviendas vacías en manos de grandes tenedores o el estudio de nuevas formas de intervención pública en el mercado inmobiliario, incluida la expropiación «cuando concurran los requisitos legales y el interés general lo justifique». El Sindicato también insiste en la importancia de garantizar la titularidad pública permanente de todo el parque residencial público y apostar por contratos indefinidos.
El Sindicato LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak), uno de los de mayor presencia en Euskadi, también ha querido valorar este último paso del Gobierno Vasco. La organización considera que es «una buena noticia para los inquilinos amenazados», pero se muestra prudente: «Aún es necesario conocer el contenido exacto del acuerdo: las condiciones de compra, cómo se integrarán en el parque público y, sobre todo, las condiciones de alquiler». Por otro lado, el sindicato lamenta que se haya tenido que pagar «dos veces» por estos edificios, destinando millones de euros a este fondo buitre.
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