Cristina Fallarás (PÚBLICO), 4 de Octubre de 2026
Las personas que están en las plazas de muchas ciudades españolas no quieren “una prórroga de…”. Ni de los desahucios, ni de la subida de los alquileres, ni de la protección de inquilinas e inquilinos vulnerables. Las prórrogas son sólo la evidencia de una incapacidad preocupante de la izquierda —incluyo, ya perdonarán, al PSOE en ese término— para imaginar mundos alternativos. Y con mundos me refiero a sociedades (ésta) que sean justas donde todas las personas, absolutamente todas, puedan vivir bajo techo sean cuales sean sus condiciones económicas, familiares o de salud.
Como tengo una edad, recuerdo perfectamente los procesos de privatización de todos los suministros imprescindibles para eso que llamamos “vida digna”: electricidad, agua, gas, transportes, banca… Fueron unas transformaciones llevadas a cabo con rapiña por el PSOE y el PP cuando España tenía una estructura básicamente bipartidista, así que sucedió sin grandes dramas. De hecho, me atrevo a decir que una gran parte de la sociedad ni siquiera se dio cuenta de que sucedía. Dentro de unos años, cuando en la Comunidad de Madrid la inmensa mayoría de los estudios universitarios sean privados y la pública sobreviva apenas, algunos tampoco se habrán dado cuenta del cambio.
La idea de la privatización, el término mismo, perdió durante finales de los años 80, los 90 y primeros 2000 toda la carga negativa que le corresponde y pasó, en amplios sectores, a ser sinónimo de “buena gestión”. Recuerdo al Govern de la Generalitat de Catalunya en épocas convergents glosar las maravillas de la gestión público-privada de lo que fuera, desde comedores escolares o residencias de ancianos y ancianas hasta la sanidad pública. De ahí a la gestión privada había un paso, y se dio. Pero nosotras ya no estábamos mirando. Pensábamos que éramos ricas, y probablemente lo éramos, mirándonos ahora. Los chavales dejaban los estudios para poner ladrillos por 4.000 euros al mes. Viendo los resultados a día de hoy, no seré yo quien los critique. El resto, en realidad, creímos disfrutar del viaje como focas nadando entre tiburones. La idiotez de los 90 y los primeros dosmiles no tiene límites.
La consecuencia de aquello, entre otras muchísimas cosas más allá de la multiplicación de los camellos, es la pérdida definitiva de las palabras. Si miro a mi alrededor, no sólo entre la población entre los 40 y finales de la cincuentena, el concepto de la expropiación provoca un escalofrío cercano al de la banda armada. Eso se crea, eso se diseña con precisión. Los medios y el uso van decorando las palabras y sus significados hasta, en muchas ocasiones, hacerlas desaparecer.
En España, según datos del Ministerio de Consumo, el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas. Sólo entre 2012 y 2015, los bancos recibieron más de 165.000 viviendas de hogares por deudas hipotecarias, sin contar las adjudicaciones procedentes de promotoras. La escabechina de la crisis de 2008 y la condonación de la deuda a las entidades financieras no ha reportado ningún beneficio a la sociedad. Los bancos, en cambio, van multiplicando sus ingresos trimestre a trimestre en una escalada obscena.
Es el momento de plantearnos recuperar la desterrada idea de la expropiación. Se llama reparto de la riqueza, y es lo contrario de “prorrogar” el momento de volver a darnos la patada en los riñones.
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