Gilbert Achcar (JACOBIN), 14 de Septiembre de 2026

John Mearsheimer y Stephen Walt culparon a Israel de los fracasos de Estados Unidos en Oriente Medio. Pero, desde Irak hasta Irán, Washington ha tenido sus propios motivos para la guerra en el Golfo.

Ocurre siempre lo mismo. Estados Unidos se lanza de cabeza a un atolladero en Oriente Medio y, como un reloj, empiezan a alzarse voces que le echan toda la culpa a Israel. Los dos casos más destacados de este fenómeno se produjeron en torno a la invasión de Irak de 2003, liderada por la administración de George W. Bush, y a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026, liderada por la segunda administración Trump.

La polémica más conocida del tipo «echarle la culpa a Israel» sigue siendo la desencadenada por John Mearsheimer y Stephen Walt. Comenzó con un artículo suyo publicado en la London Review of Books en 2006, antes de convertirse al año siguiente en un voluminoso libro de cerca de quinientas páginas, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (El lobby israelí y la política exterior de EE. UU.). Los dos autores comenzaron esta obra en un momento en que el fiasco de la administración Bush en Irak se había vuelto tan evidente que el Congreso de los Estados Unidos tuvo que intervenir y nombrar una comisión bipartidista —el Grupo de Estudios sobre Irak, también conocido como la Comisión Baker-Hamilton— encargada de diseñar una salida a lo que se había convertido en un lodazal devastador.

Este hecho por sí solo plantea una pregunta: ¿por qué los dos autores no habían reaccionado de la misma manera ante la anterior guerra devastadora librada contra Irak por Estados Unidos, la ofensiva original de 1991 liderada por la administración de George H. W. Bush? Al fin y al cabo, el interés de Israel en destruir tanto a las fuerzas armadas iraquíes como a la infraestructura del país en aquel entonces era sin duda mayor que cualquier interés que pudiera haber tenido en que las tropas estadounidenses ocuparan el país en 2003, sobre todo porque estas trajeron consigo, desde el exilio, a los aliados iraquíes del archienemigo regional de Israel, Irán, y los incluyeron en la Autoridad Provisional de la Coalición tras la invasión.

Antes de la ofensiva de 1991, el Irak de Sadam Husein había salido de su guerra de ocho años contra Irán con un ejército desmesurado y una enorme deuda. Invadió el Emirato de Kuwait, rico en petróleo, en agosto de 1990 en un intento por resolver su problema económico y financiar el mantenimiento y el desarrollo de sus fuerzas armadas. Israel tenía, obviamente, un enorme interés en la destrucción de aquel Estado iraquí, y habría sido fácil construir un argumento convincente que demostrara cómo tanto el Gobierno israelí como el lobby israelí habían intervenido de forma intensa y decisiva del lado del sector belicista de la clase dirigente estadounidense.

No es ningún gran misterio por qué Mearsheimer y Walt omitieron esta historia: ambos apoyaron esa guerra, que probablemente consideraban que servía al interés nacional de Estados Unidos (un concepto que se refiere al interés de un Estado en una perspectiva «realista» tradicional, sin tener en cuenta los intereses sociales específicos que dicho Estado representa). El realismo de corte conservador de estos dos académicos interpreta, por tanto, al mundo como dividido entre potencias cuyos intereses legítimos se derivan de su posición geopolítica y de su afán por alcanzar la hegemonía regional o global.

Como realistas, Mearsheimer y Walt estaban muy en sintonía con el propio realismo de la administración de Bush padre, que convergía con la opinión de los aliados árabes de Washington de que, a falta de una alternativa creíble que se ajustara a la hegemonía estadounidense, debía evitarse el derrocamiento del régimen de Sadam Husein. Por eso la ofensiva de 1991 no llegó a avanzar hasta Bagdad, una postura que provocó amargas recriminaciones por parte de algunos neoconservadores y sus aliados iraquíes, que vieron en ello una traición a su aspiración de un cambio de régimen. Trump, más tarde, despreciaría abiertamente la ambición de cambio de régimen una vez que esta hubiera fracasado, respaldando plenamente el llamado enfoque realista.

El contraste entre la guerra de 1991 y la invasión de 2003 fue evidente, no solo porque la administración Bush, repleta de neoconservadores, persiguiera el cambio de régimen —para gran disgusto de las monarquías petroleras árabes, que temían con razón que el verdadero beneficiario fuera su némesis, Irán—, sino también en la justificación de la guerra desde el punto de vista del interés nacional estadounidense tal y como lo percibían Mearsheimer y Walt.

Consideraban que la decisión de derrocar a Sadam Husein era «difícil de comprender». Husein era, según admitían, «un tirano brutal con ambiciones preocupantes —entre ellas, el deseo de hacerse con armas de destrucción masiva—, pero su propia incompetencia había puesto esos peligrosos objetivos fuera de su alcance». Su ejército había sido derrotado en la Guerra del Golfo de 1991 y se había visto aún más debilitado por una década de sanciones de la ONU, lo que dejó el poderío militar de Irak «nunca impresionante, salvo sobre el papel» y «fácil de derrotar en 2003», sin armas de destrucción masiva.

Sin embargo, tras los atentados del 11-S, cuando cabría esperar que Estados Unidos se centrara con precisión milimétrica en Al Qaeda, la administración Bush optó por invadir un país en decadencia que no tenía nada que ver con los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono y que ya estaba, en la práctica, bajo control.

Para Mearsheimer y Walt, fue «una decisión profundamente desconcertante».

La peor clave posible para este «rompecabezas» es, de hecho, Israel, por la razón obvia de que los factores mencionados determinaron las propias prioridades del Estado sionista incluso más que las de Estados Unidos. ¿Por qué demonios iba el Gobierno israelí a estar interesado en incitar a Estados Unidos a invadir Irak cuando este país ya había quedado paralizado por la devastadora destrucción de su poderío militar, junto con su infraestructura civil, en 1991, seguida de una docena de años de estrangulamiento infligido por Estados Unidos? ¿Alguien creería que Israel estaba menos preocupado que las monarquías petroleras árabes del Golfo por la posibilidad de que Irán tomara el control de Irak? Y, sin embargo, estas consideraciones tan obvias no impidieron que Mearsheimer y Walt culparan al lobby israelí, al tiempo que agrupaban sin distinción a instituciones estadounidenses específicamente proisraelíes —la más notoria de ellas, el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC)— y a los neoconservadores, en particular a aquellos que presionaron a favor de la invasión de Irak como miembros del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC).

Los dos académicos hicieron un buen trabajo al poner al descubierto la nefasta influencia del lobby israelí en la política estadounidense hacia Oriente Medio en general. Por ello, fueron acusados injustamente de antisemitismo, una acusación que Israel y sus partidarios esgrimen contra la mayoría de los críticos. Pero también le proporcionaron munición a la estrategia de «echarle la culpa a Israel», a la que se adhirieron plenamente.

Su argumentación se basó en numerosas citas de fuentes israelíes —políticos y medios de comunicación— con el fin de demostrar que Israel había ejercido una intensa presión a favor de la invasión de Irak de 2003, que se llevó a cabo en contra del «interés nacional» de Estados Unidos. No hay duda, por supuesto, de que muchos políticos israelíes apoyaron la campaña de la administración de George W. Bush para ocupar Irak. El más entusiasta de ellos fue Benjamin Netanyahu, salvo que —durante el periodo crucial de debate en Estados Unidos, en el que participó testificando bajo juramento a título particular ante una comisión de la Cámara de Representantes— se encontraba al mismo tiempo ocupado maniobrando contra su rival Ariel Sharon, que por entonces era primer ministro de Israel y líder del partido Likud.

El caso relativo a la presión ejercida por Sharon a favor de la invasión de Irak de 2003 es mucho más débil. Por supuesto, el primer ministro israelí difícilmente podía manifestar abiertamente sus reservas (y las de la comunidad de inteligencia israelí) sobre el proyecto estrella de una administración estadounidense respaldada por muchos de los amigos de Israel dentro de la clase dirigente de los Estados Unidos. Pero para cuando la tesis de Mearsheimer y Walt se había convertido en tema de acalorado debate, ya habían salido a la luz pruebas significativas que apuntaban a esas reservas y a su expresión a través de canales discretos. Un testimonio destacado a este respecto es el de Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell, quien afirmó en una entrevista de 2007 que Israel le había advertido a Estados Unidos de que no invadiera Irak.

El debate se reduce a lo siguiente: ¿se llevó a cabo la invasión de Irak tras la presión ejercida por Israel y sus partidarios en contra del interés nacional estadounidense, o se llevó a cabo en defensa de ese interés nacional, tal y como lo entendía la administración de George W. Bush?

Consideremos la diferencia entre el AIPAC y el PNAC (una diferencia que se aprecia en sus respectivos nombres). Es indiscutible que el PNAC desempeñó un papel incomparablemente mayor en la decisión de la administración de invadir Irak que cualquier componente específico del lobby israelí. Los tres miembros más influyentes de la administración —Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, que además resultaron ser los tres más implicados en la aventura iraquí— figuraban entre los veinticinco fundadores del PNAC, al igual que Zalmay Khalilzad, embajador de Bush en Irak.

Sin embargo, a diferencia del AIPAC, la razón de ser del PNAC no era el apoyo a Israel, sino el impulso hacia un «nuevo siglo americano», tal y como indicaba su nombre: en otras palabras, el fomento y la consolidación de la hegemonía imperial de EE. UU. sobre el resto del mundo. En la carta del PNAC de enero de 1998 dirigida a Bill Clinton, en la que se le instaba a invadir Irak, los dieciocho firmantes mencionaron a Israel solo una vez y al mismo nivel que los aliados árabes de Estados Unidos: «La seguridad de las tropas estadounidenses en la región, de nuestros amigos y aliados como Israel y los Estados árabes moderados, y una parte significativa del suministro mundial de petróleo quedarán en peligro».

La carta expresa la visión más ampliamente compartida dentro de los círculos de la élite sobre cuál era el interés nacional estadounidense . En lugar de centrarse en el debate sobre esa visión, Mearsheimer y Walt —ellos mismos dos miembros del establishment de la política exterior estadounidense— optaron por culpar al lobby israelí, una estratagema que les permitió explicar el fiasco de Irak sin un debate franco y abierto (y más difícil) sobre los intereses imperialistas de EE. UU., también conocidos como interés nacional.

No se trata de sabiduría a posteriori. Muchos críticos del imperialismo estadounidense han explicado por qué la creencia de que Israel dictaba la política de EE. UU. en Oriente Medio era, de hecho, un caso de «la cola que mueve al perro». Para entenderlo, es necesario adoptar una perspectiva histórica. A principios de la década de 1960, un nacionalismo árabe cada vez más radical había obligado a Washington a renunciar a su presencia militar directa en la región: abandonó la base aérea de Dhahran, en el corazón de los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudí, justo cuando los intereses que dicha base debía proteger se veían amenazados. Incapaz de intervenir abiertamente sin avivar aún más la hostilidad árabe, Estados Unidos encontró en Israel un activo estratégico inestimable. Como escribí en 2003: «Por un lado, Israel desempeñaba un papel militar como guardián de los intereses imperialistas en la región. Por otro lado, Washington obtenía beneficios políticos a los ojos de los países árabes al demostrar que tenía en sus manos la correa de ese guardián».

Desde esta perspectiva, las sumas que Estados Unidos destina a Israel representan una de las inversiones más rentables que jamás haya realizado para consolidar su hegemonía. Comparemos los más de 300 000 millones de dólares (ajustados a la inflación) en ayuda económica y militar total que Washington le proporcionó a Israel entre 1946 y 2024 con los 1,5 billones de dólares que la administración Trump solicita para el Pentágono solo para el próximo año fiscal. Es obvio que lo que los economistas denominan la «utilidad marginal por dólar gastado» en Israel es mucho mayor que la del mismo dólar añadido al gigantesco presupuesto militar estadounidense.

Esta perspectiva permite comprender mucho mejor lo que estaba en juego en el proyecto de invasión de 2003 y lo que se reveló, un año después de que tuviera lugar, sobre los debates a los que había dado lugar, no solo dentro de la administración Bush, sino también entre Washington y sus aliados árabes (y, entre bastidores, Israel). Ya comenté estos debates en mayo de 2004, mucho antes de la polémica entre Mearsheimer y Walt, en un artículo titulado «El paseo de Bush hacia el atolladero iraquí».

Mearsheimer y Walt no son capaces de reconocer que la razón fundamental que guía la política estadounidense en Oriente Medio es la importancia estratégica del Golfo para los intereses imperiales de EE. UU. (algo de dominio público desde 1945). Tampoco admiten que esa misma importancia es la razón principal de la propia alianza entre EE. UU. e Israel. Así pues, se suman a la negativa a reconocer lo que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal entre 1987 a 2006, reconoció en sus memorias de 2007: que «la guerra de Irak tiene que ver, en gran medida, con el petróleo». Greenspan, que no es ningún radical, calificó la inestabilidad de Oriente Medio como el «gorila de ochocientas libras» capaz de frenar el crecimiento económico mundial, un factor, señaló, que ninguna previsión energética sensata puede ignorar.

Hoy en día, el control estadounidense del flujo de petróleo del Golfo importa menos por el propio abastecimiento de Estados Unidos que como palanca de presión sobre otros: particularmente China, un país dependiente de esas importaciones y su único competidor real, y sobre sus propios aliados en Europa y Asia Oriental, también dependientes energéticamente. Y el premio no es solo el petróleo, sino el dinero del petróleo: los petrodólares que Greenspan omitió mencionar. Los fondos soberanos de las seis monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) gestionan en conjunto casi 6 trillones de dólares, más del 40 % del total mundial. Esos mismos Estados son clientes cruciales del complejo industrial-militar estadounidense: según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, tres de ellos —Arabia Saudí, Kuwait y Catar— figuraban entre los diez principales importadores de armas del mundo en el periodo 2020-2024, y Estados Unidos suministraba el 74 % de las importaciones saudíes, el 63 % de las de Kuwait y el 48 % de las de Catar.

Si a esto se suman los conocidos intereses comerciales que las familias Trump, Kushner y Witkoff tienen en los Estados del CCG y conjuntamente con ellos, así como la influencia cada vez más decisiva de la oligarquía tecnológica, queda patente la enorme variedad de intereses estadounidenses en Oriente Medio. Estos factores pesaron más que cualquier otro —incluida la incitación de Netanyahu— en la decisión de Trump de sumarse a los ataques de Israel contra Irán en junio de 2025 y, posteriormente, el 28 de febrero, de librar una guerra conjunta junto a este país. Imaginar que Trump lanzó una expedición militar de esta envergadura principalmente para complacer a Netanyahu supone malinterpretar al presidente del «America First» tanto como la idea, popular antes de su segunda toma de posesión y durante los meses posteriores, de que era un hombre pacifista y contrario a la guerra.

El único argumento que podía defender que atacar el programa nuclear de Irán no servía a los intereses nacionales de EE. UU. lo expusieron, casi de forma preventiva, Mearsheimer y Walt en su artículo original de 2006. Las ambiciones nucleares de Irán, admitieron, le daban a Washington motivos propios de preocupación; pero, continuaron, esas ambiciones no suponían una amenaza directa: «Si Washington pudo convivir con una Unión Soviética nuclear, una China nuclear o incluso una Corea del Norte nuclear, puede convivir con un Irán nuclear».

Esto no es más que otra flagrante subestimación de la importancia estratégica de la región del Golfo para los intereses imperiales de EE. UU. Estados Unidos no tuvo más remedio que adaptar su estrategia nuclear al crecimiento de los arsenales de China y de la URSS. El armamento nuclear de Corea del Norte, un país adyacente a China y bajo su protección, tenía una importancia estratégica limitada para Washington: no alteraba sustancialmente el equilibrio de fuerzas en Asia Oriental. Lo mismo ocurre con el armamento nuclear de la India y Pakistán y su disuasión mutua. Un Irán nuclear, sin embargo, sería una historia muy diferente. Pondría en peligro la hegemonía estadounidense en la región del Golfo al poner de manifiesto un grave fracaso de su compromiso de proporcionar protección a sus Estados vasallos. También desencadenaría una carrera nuclear en la región, comprometiendo en gran medida la seguridad de esta zona del mundo de gran importancia estratégica, mucho más allá del ya significativo papel de Irán a la hora de ponerla en peligro a través de sus representantes y aliados regionales.

Por lo tanto, resulta muy creíble que, tras la línea oficial de los saudíes de apaciguar a Irán, Riad se uniera en realidad a Israel para animar a Trump a entrar en guerra, tal y como informó el Washington Post desde el primer día. En cualquier caso, Trump no habría entrado en guerra sin consultar antes a sus amigos locales, entre los que destacan los saudíes y los emiratíes. Es muy improbable que hubiera entrado en guerra si se hubiera encontrado con una oposición real por parte de estos dos aliados regionales clave. La única reserva plausible y significativa contra la guerra probablemente la expresó el emirato de Catar, que siempre se ha protegido contra los riesgos entablando amistad con todo el mundo (desde acoger la base militar regional clave de EE. UU. y su centro de mando hasta acercarse a Teherán y sus aliados), un escenario que se vería gravemente afectado por la guerra, como de hecho ocurrió. Pero la influencia de Catar sobre Trump es mucho menor que la del reino saudí y los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de su intento de potenciarla regalándole a Trump un lujoso avión Boeing procedente de su propia flota principesca.

Todo lo anterior no altera el hecho de que Trump y su administración hayan lanzado lo que denominé «la más chapucera de todas las guerras imperiales de EE. UU.». Y hizo falta mucho tiempo para que todo el mundo se diera cuenta de que, en comparación con la expedición imperialista contra Venezuela, Washington se enfrenta a un hueso mucho más duro de roer en Irán, con el riesgo de tener que elegir, en última instancia, entre intensificar la guerra sin una estrategia de salida o abandonarla sin alcanzar los objetivos proclamados. Fue precisamente entonces cuando comenzaron a alzarse voces desde todos los rincones, desde la extrema derecha, al estilo de Tucker Carlson, pasando por figuras del movimiento MAGA mayoritario, hasta incluso algunos en la izquierda que creen que el antisionismo exige abrazar la tesis del lobby israelí.

Aparte de quienes fantasean con un Israel todopoderoso, menospreciando así los enormes intereses imperialistas de los propios Estados Unidos, la mayoría de quienes recurrieron a la estratagema de «echarle la culpa a Israel», ya fuera de forma consciente o por reacción instintiva, desviaron la atención de esos mismos intereses imperialistas, que respaldan firmemente por considerar que se corresponden claramente con el llamado interés nacional estadounidense.

Que Netanyahu y su gobierno de extrema derecha, así como toda la élite de poder israelí, estuvieran totalmente a favor de la guerra contra Irán es incuestionable. Pero que sean ellos los culpables de la participación tan chapucera de Trump y su equipo en esta guerra y de su gestión de la misma, simplemente no se sostiene. De hecho, se puede argumentar lo contrario: que Netanyahu es el «perrito faldero» de Trump, como se decía de Tony Blair en la época de la invasión de Irak, a juzgar por cómo el presidente estadounidense está tratando al primer ministro israelí. Netanyahu es ahora acusado por la oposición israelí de ser un «títere» y de convertir a Israel en un «Estado vasallo». La verdad ineludible es que, independientemente de los consejos que Netanyahu pudiera haberle dado a Trump, la responsabilidad fundamental de la guerra en curso recae en el presidente estadounidense, junto con aquellos miembros de su administración que comparten sus delirios de grandeza.

Gilbert Achcar. Es profesor de Estudios del Desarrollo y Relaciones Internacionales en la SOAS, Universidad de Londres.

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