Gaceta Crítica

Eduardo Luque (TOPO EXPRESS), 9 de Septiembre de 2026

De los depósitos bancarios y los fondos de pensiones a los mercados financieros.

Hay una transformación profunda en marcha en Europa que no ha asomado al debate público. No afecta solamente a los mercados financieros ni a las grandes instituciones bancarias. Afecta directamente a los ahorros acumulados durante décadas por millones de familias y, de manera particular, al dinero destinado a complementar las pensiones.

El volumen explica por sí solo el interés. Los hogares europeos mantienen alrededor de 10 billones de euros en depósitos bancarios. Aproximadamente el 70 % del ahorro familiar europeo permanece en esas cuentas. Para la Presidenta de la Comisión Europea ese dinero está infrautilizado porque una parte importante no llega a los mercados de capitales. Su propuesta consiste en crear las condiciones para que una proporción creciente de ese ahorro se transforme en inversión financiera.

Hay algo que conviene dejar claro desde el principio. Que Europa tenga mucho ahorro no significa que exista una necesidad económica de colocarlo en bolsa o en otros mercados especulativos. Si el objetivo fuera disponer de recursos para mejorar la economía europea, existen otras posibilidades: aumentar la inversión pública, reforzar la fiscalidad, utilizar instrumentos europeos de financiación, desarrollar la banca pública o destinar una mayor parte de los recursos disponibles a sanidad, educación, vivienda, investigación, infraestructuras o pensiones. La opción de transformar el ahorro privado en capital financiero no es, por tanto, una necesidad inevitable. Es una decisión política y económica.

El contexto: Una idea anterior a Ursula Gertrud von der Leyen

La operación viene de atrás. Nace de la crisis financiera europea y de la progresiva construcción de un mercado europeo de capitales. La idea inicial es como disponer de los recursos públicos para solventar la próxima crisis financiera del sistema. En 2013, en plena crisis bancaria y de deuda soberana, Christine Lagarde dirigía el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones del rescate de Chipre de marzo de aquel año situaron por primera vez de manera especialmente visible en Europa la cuestión de quién debía asumir las pérdidas de un sistema bancario en crisis. El acuerdo finalmente aprobado el 25 de marzo de 2013 protegió y saneó algunos bancos, mientras los recortes introducidos provocaron un auténtico caos social. Cristina Lagarde directora gerente del FMI impuso el recorte en las pensiones y la reforma del sistema de bienestar social a cambio de un préstamos por valor de 1000 millones de euros. No es necesario convertir Chipre en una explicación general pero si podemos sacar una enseñanza importante. Basta recordar su significado: cuando un sistema financiero entra en una crisis grave, el ahorro privado puede terminar formando parte de la ecuación utilizada para resolver las pérdidas del sistema bancario. Bajo esta premisa el Europarlamento a propuesta de la Comisión en 2019 reglamentaron el denominado Plan Paneuropero de Pensiones privadas (PPE) . Su objetivo era potenciar la privatización del sistema de pensiones europeo que pudieran transformase en activos financieros llegado el momento. La UE socializaba las pérdidas y privatizaba las ganancias. A partir de entonces, la cuestión de cómo movilizar el enorme ahorro europeo adquirió una importancia creciente. Primero se propuso una Unión de Mercados de Capitales se intentó avanzar en esa dirección y, con el tiempo, la idea fue reformulada bajo un nombre mucho más explícito: Unión de Ahorros e Inversiones (SIU)

La operación adquirió una dimensión política decisiva el 18 de julio de 2024. Ese día Ursula von der Leyen, durante el proceso que culminó con su elección para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, presentó sus orientaciones políticas para 2024-2029 e incluyó entre sus prioridades la creación de una Unión Europea de Ahorros e Inversiones que integrase banca y mercados de capitales y permitiera movilizar el ahorro privado europeo hacia la inversión. No fue, por tanto, una iniciativa aparecida de improviso. Formaba parte del programa político con el que Von der Leyen consiguió renovar su mandato. El 19 de marzo de 2025, la Comisión presentó formalmente su estrategia. El argumento volvió a ser el mismo: Europa dispone de unos 10 billones de euros de ahorro familiar depositados en los bancos y necesita conseguir que una parte mayor de ese dinero llegue a los mercados de capitales. La cuestión ya no era si había que movilizar el ahorro, sino cómo hacerlo.

Del ahorro seguro al capital financiero

Aquí se encuentra el núcleo del problema. Un depósito bancario y una inversión financiera no cumplen exactamente la misma función. Para una familia, mantener una parte de sus recursos en el banco puede significar conservar una reserva relativamente líquida y segura. Cuando ese dinero pasa a acciones, fondos de inversión, productos de capitalización o instrumentos vinculados a los mercados, cambia su naturaleza: deja de ser simplemente ahorro y pasa a convertirse en capital sometido a las fluctuaciones del mercado. La Comisión presenta esa transformación en términos positivos, olvida intencionadamente la parte oscura. Habla de mejorar las oportunidades de inversión, aumentar la rentabilidad del ahorro y financiar las empresas europeas. El Consejo Europeo utiliza también el argumento de que los depósitos ofrecen una rentabilidad menor que los mercados de capitales.  Pero la rentabilidad potencial tiene una contrapartida que no puede desaparecer mediante el lenguaje financiero: el riesgo (esa parte se le olvida a la comisión).  Un mercado financiero puede proporcionar beneficios, pero también pérdidas. Y cuando el dinero procede de los ahorros de una familia, la pérdida no es una abstracción contable. Es patrimonio y supervivencia familiar.

Por eso el verdadero debate no consiste en decidir si el ahorro europeo está «ocioso» o «infrautilizado». Consiste en determinar qué parte de ese ahorro se pretende trasladar a los mercados, quién obtendrá los beneficios, para que se utilizará y quién asumirá las pérdidas.

El territorio más apetecible: las pensiones

En esta transformación, los fondos destinados a la jubilación ocupan una posición relevante. El motivo es sencillo. Los sistemas de capitalización. (Los sistemas de reparto, por su propia naturaleza, son más difíciles de ser expropiados) acumulan recursos durante décadas. Millones de trabajadores pueden realizar aportaciones durante treinta o cuarenta años y esos fondos pueden permanecer invertidos durante períodos muy prolongados. Para los mercados financieros representan una fuente de capital estable y de enorme magnitud. De ahí la importancia que adquieren los sistemas complementarios de pensiones dentro de esta arquitectura. La cuestión no es que un fondo de pensiones invierta necesariamente en bolsa, porque muchos ya lo hacen en distinta proporción. La cuestión es otra: qué dimensión puede alcanzar esa inversión y qué lugar terminará ocupando dentro del sistema de protección de la jubilación. Cuanto mayor sea la dependencia de la capitalización financiera, mayor será también la exposición del futuro pensionista a las oscilaciones de los mercados. Una crisis bursátil puede reducir el valor de los activos acumulados; una crisis financiera prolongada puede afectar simultáneamente a diferentes clases de activos; y una recesión grave puede hacer coincidir la pérdida patrimonial con el deterioro de las condiciones económicas generales. El riesgo no desaparece porque el dinero esté destinado a una pensión. El riesgo se incorpora a la propia pensión.

España ya conoce una parte de esta historia

Existe un precedente español que resulta mucho más útil para comprender las consecuencias políticas de manejar los recursos destinados a las pensiones: la llamada Hucha de las Pensiones. Durante los gobiernos de Mariano Rajoy se recurrió de manera masiva al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para financiar el pago de las pensiones. El fondo, que había llegado a acumular alrededor de 67.000 millones de euros, quedó prácticamente agotado al finalizar aquel período. No se trató de una inversión bursátil ni de un proceso de privatización. Fue una decisión sobre la utilización de un fondo público destinado a las pensiones. Precisamente por eso constituye un ejemplo pertinente: demuestra que los recursos acumulados para garantizar la jubilación pueden convertirse en humo dependiendo de las decisiones económicas y políticas que se adopten. La diferencia con la situación actual es sustancial. Entonces se utilizó un fondo público para cubrir necesidades del sistema. Ahora se está diseñando una arquitectura destinada a atraer hacia los mercados una parte mucho mayor del ahorro privado europeo. Especialmente los fondos de pensiones.  Y entre ambos fenómenos existe una cuestión común: ¿quién decide sobre unos recursos que los ciudadanos han acumulado para proteger su futuro?

El rearme modifica todavía más el escenario:

El contexto en el que se desarrolla esta política tampoco es neutral.

El 4 de marzo de 2025, Ursula von der Leyen presentó el plan ReArm Europe, con una movilización potencial de hasta 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares europeas. El esfuerzo presupuestario necesario es enorme y la propia estrategia europea busca combinar recursos públicos con una movilización mucho mayor del capital privado. Aquí la Unión de Ahorros e Inversiones adquiere una dimensión diferente. El objetivo declarado de canalizar el ahorro hacia las empresas europeas puede incluir inversiones en innovación o tecnología, pero la defensa y la preparación para una guerra europea se ha convertido en una de las grandes prioridades de la Unión. De hecho, la propia propuesta de Von der Leyen para su segundo mandato vinculaba la movilización de capital privado con sectores estratégicos, mientras defendía simultáneamente una Unión Europea de Defensa. Por eso sería un error presentar la operación simplemente como una política destinada a obtener más crecimiento económico. El destino final del capital depende de las prioridades políticas que se establezcan para la inversión europea. Y esas prioridades están cambiando.

La cuestión de la soberanía

Existe además una dificultad que suele quedar fuera de las explicaciones económicas.La Comisión Europea no posee una competencia general para ordenar a los ciudadanos cómo deben invertir sus ahorros ni puede decidir directamente cómo deben gestionarse todos los fondos de pensiones nacionales. Las competencias continúan distribuidas entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Pero la cuestión cambia cuando observamos el proceso de integración europea en su conjunto. Los Estados han transferido competencias a las instituciones comunitarias. Esa cesión permite a Bruselas establecer marcos regulatorios comunes, armonizar mercados, modificar las condiciones de funcionamiento de las entidades financieras y crear instrumentos que orienten el comportamiento de bancos, aseguradoras, fondos de inversión y ahorradores. No es necesario que la Comisión ordene directamente a un trabajador que coloque sus ahorros en bolsa. Puede crear un sistema financiero en el que esa opción resulte progresivamente más atractiva y más favorecida que mantener el dinero en instrumentos tradicionales. Por eso el debate no es solamente financiero. También es, sobre quién tiene capacidad para decidir sobre el ahorro de los ciudadanos europeos.

La decisión se acerca

La cuestión entra ahora en una etapa especialmente importante. La estrategia fue presentada oficialmente en marzo de 2025, pero su desarrollo requiere nuevas medidas regulatorias, financieras y nacionales. Entre finales de 2026 y comienzos de 2027 podremos ver con mucha mayor claridad hasta dónde llega realmente la operación, qué instrumentos se ponen en marcha y qué papel se reserva a los sistemas de pensiones y al ahorro de las familias. Será entonces cuando se podrá comprobar si la Unión de Ahorros e Inversiones termina siendo principalmente un mecanismo para facilitar la financiación de empresas europeas o si se convierte en algo mucho más profundo: un instrumento para trasladar una parte sustancial del ahorro familiar hacia los mercados financieros. La diferencia es enorme. Porque en el segundo caso no estaríamos simplemente ante una nueva política de inversión. Estaríamos ante un cambio en la relación entre el ciudadano, su ahorro y el sistema financiero europeo. Y ese cambio merece ser discutido antes de que las decisiones estén consolidadas. El problema no es que Europa tenga demasiado ahorro. Tampoco que necesite inversión. El problema es que se está presentando como inevitable una determinada solución: convertir el ahorro acumulado por las familias en capital financiero disponible para los mercados. Y cuando ese proceso alcance también a los fondos destinados a la jubilación, la discusión dejará de ser una cuestión exclusivamente financiera. Pasará a afectar directamente al riesgo que cada ciudadano está obligado a asumir sobre su propio futuro.