Gaceta Crítica

Joan Coscubiela (MIENTRAS TANTO), 9 de Agosto de 2026

En unos momentos en los que a la sociedad nos cuesta identificar motivos de reconocimiento colectivo es importante destacar que el sistema público de seguridad social es una gran conquista de la sociedad española. En contra de la recreación histórica que hacen los nostálgicos del franquismo, la seguridad social no fue una concesión de la dictadura, sino una construcción de la democracia.

Durante la primera parte del siglo XX, España avanzó lentamente en la construcción de un incipiente sistema de previsión social, de naturaleza asistencial. Lo hizo en paralelo al resto de países europeos, bajo la presión de los brutales efectos sociales de una primera industrialización y los temores que el socialismo despertó entre los capitalistas. Es conocido el papel que jugó el Informe Bismarck (1881) sentando las bases de una incipiente atención a la vejez, en una sociedad en la que la esperanza de vida al nacer era de 40 años, en que solo un 32% de los nacidos llegaban a los 65 años y las personas que alcanzaban esa edad tenían una esperanza de supervivencia de 10 años más.

En España, siguiendo esta pauta, se constituye en 1893 la Comisión de Reformas Sociales. Sus primeros resultados fueron la Ley de accidentes de trabajo de 1900, que establecía la responsabilidad empresarial y, más tarde, en 1919, la creación del Retiro Obrero. El golpe de Estado fascista y la dictadura interrumpen este proceso, mientras que en otros países europeos se avanzaba en la universalización de la seguridad social. El informe Beveridge publicado en el Reino Unido en 1942 no tiene paralelismo en España, donde no es hasta mediados de los años 70 del pasado siglo cuando se recupera algo del tiempo perdido. Para hacerse una idea, sirve recordar que, en 1978, España dedicaba a pensiones el 4,6% del PIB. En 2025 ese porcentaje se acerca al 13%.

La seguridad social es, sin duda, la principal política pública. Comporta unos recursos cercanos a los 200.000 millones de euros, que dan cobertura a nueve millones y medio de pensionistas que reciben más de 10,4 millones de prestaciones, a las que hay que sumar los 700.000 titulares y más de dos millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Además de proteger situaciones de necesidad —no todas–, la seguridad social constituye el principal pilar del estado social y actúa como factor de legitimación de una democracia, especialmente en momentos de crisis por los cuatro costados.

El impacto de las pensiones en términos de reducción de la desigualdad es muy significativo. Se calcula que en 2023 supusieron una reducción del 15,3% de la desigualdad en las rentas de mercado disponible. A diferencia de los ingresos por cotizaciones, con un impacto regresivo en términos de redistribución, especialmente por el impacto que tienen las bases máximas de cotización.

La mejora, aún insuficiente, de las pensiones en los últimos años ha sido determinante para la reducción del riesgo de pobreza entre las personas mayores de 65 años. Un factor que de manera vergonzosa es utilizado por los ideólogos del conflicto intergeneracional para hablar de privilegios de los pensionistas, a los que intentan confrontar con las generaciones jóvenes usando la lógica del agravio comparativo.

Esta gran conquista de la sociedad española tiene el mérito de haberse alcanzado en unas décadas de auge ideológico y político del neoliberalismo, con una significativa reducción del papel del Estado y un ataque a todo lo público y colectivo. Desde los años 80 hemos sufrido reiteradas ofensivas contra el sistema público de pensiones, con el objetivo de devaluarlo y abrir espacios al negocio de los sistemas privados. Primero, intentando que compráramos el modelo Piñeira de fondos privados de pensiones que impuso Pinochet como obligatorio (a excepción de jueces y militares). Luego, con las llamadas «cuentas nocionales» lo que, explicado de manera breve, comporta la introducción de criterios de capitalización individual en el cálculo de las pensiones. Y, de manera sistemática, intentando acabar con la revalorización anual de las pensiones.

Una de las claves de la fortaleza del sistema ha sido la estrategia de reforma permanente del mismo que, entre otras cosas, ha supuesto un proceso de armonización de derechos. En 1978 existía un modelo mutualista que aún tenía muchos rasgos gremiales. Existía una multiplicidad de regímenes especiales (escritores de libros, toreros, futbolistas) dentro del Régimen General. Además del Régimen Agrario, el del Mar y el de Autónomos. La seguridad social de los asalariados se organizaba por mutualidades y Montepíos, en función de los sectores productivos (siderometalúrgico, textil, construcción), cada uno de ellos con su propia Caja.

La reforma institucional de 1978 comienza un proceso de armonización, con la creación de una tesorería común y una multiplicidad de reformas que, en los últimos años, ha llegado también a las clases pasivas (aunque aún se mantienen las mutualidades de jueces y la de militares). Este proceso supone la concreción de uno de los principios de la seguridad social: la solidaridad interpersonal e intergeneracional. También la solidaridad interterritorial, con la incertidumbre de lo que podría suponer acceder a los planteamientos de nacionalistas vascos y catalanes en relación con la transferencia de la gestión de las prestaciones de seguridad social.

El proceso de reformas se ha producido en un marco de grandes acuerdos sociales y políticos que contrasta con el clima de crispación de los últimos años. Aunque normalmente se pone de relieve el papel del Pacto de Toledo, con cuatro grandes acuerdos parlamentarios desde 1995, lo determinante han sido los ocho acuerdos de concertación social que desde 1996 han alcanzado los diferentes gobiernos con las organizaciones sindicales y empresariales. En este sentido, el papel del sindicalismo confederal ha sido clave, combinando capacidad de movilización con una clara apuesta por reformas pactadas, incluso cuando el escenario socioeconómico era muy adverso, como sucedió con el acuerdo del 2011 en el marco de las políticas derivadas de la gran recesión.

Como es obvio, estos avances sociales no quedan garantizados para siempre, por mucho que se pretendan blindajes del pergamino en el texto constitucional. La ofensiva contra el sistema público de seguridad social continúa en pie, ahora con el reiterado argumento de su insostenibilidad financiera. A taponar esa vía de agua, que intentan provocar los partidarios de su privatización o encogimiento, se han dedicado los últimos acuerdos, especialmente el de 2024. Primero, disputando el relato de la quiebra, a partir de discutir las proyecciones que hablan del gasto insostenible en 2070 o incluso en 2100. También impugnando la mayor, sobre la imposibilidad de sostener ese gasto público. Frente a las previsiones catastrofistas, en el marco de estos acuerdos se ha establecido que la media (2022-2050) de los recursos anuales destinados a pensiones sea del 15% del PIB, cuando en estos momentos, según AIREF, se sitúa en su 13%. Incluso con las proyecciones más alarmistas de FEDEA, que eleva el gasto al 16% en 2050 —se trata de un indicador que nos situaría en la media de la UE—, es del todo asumible, atendiendo a las variables económicas y, sobre todo, a su sostenibilidad social, teniendo en cuenta el significativo aumento de población pensionista en el 2050.

La variable de la sostenibilidad financiera depende de la evolución de muchos parámetros. Unos demográficos, con bastante certidumbre en relación con cuántas personas van a pasar a ser pensionistas en los próximos años; otros más inciertos, especialmente los referidos a inmigración. En lo que se refiere a parámetros económicos, la evolución es, lógicamente, más incierta. En relación con los recursos necesarios, debe tenerse en cuenta la evolución de la edad media de jubilación, que en estos momentos está situada en 65,2 años (hombres 64,8; mujeres 65,5), con una significativa reducción de las jubilaciones anticipadas obligatorias y un aumento considerable de las jubilaciones demoradas de manera voluntaria. Es una tendencia que parece consolidarse.

Pero lo más determinante será la evolución de los ingresos. En este apartado, el aumento de la aportación fiscal a los presupuestos de la seguridad social, que comenzó con el acuerdo de concertación social (1995-1996), está siendo considerable. También los ingresos contributivos, que en buena parte van a depender de la evolución de la población activa y ocupada, de la calidad del empleo que se cree y de la evolución de los salarios y, por tanto, de las bases de cotización.

En los últimos acuerdos se han establecido mecanismos para aumentar los ingresos contributivos (cotizaciones: aumento progresivo de las bases máximas de cotización, creación de una cotización de solidaridad para salarios que superen la base máxima de cotización —se calcula una masa salarial global de 40.000 millones de euros—), establecimiento de un mecanismo de solidaridad intergeneracional. Todo ello acompañado de la revitalización del Fondo de Reserva, que se calcula alcanzará los 62.000 millones de euros en el 2032.

Algunos ignoran deliberadamente que el principal factor de riesgo para la sostenibilidad del sistema público de pensiones no deriva del aumento de los recursos necesarios, sino de la inestabilidad e incertidumbre y los efectos provocados por un tecno-feudalismo con el que el capital pretende dar una salida autoritaria y desigualitaria a la crisis del neoliberalismo. Aparecen en el horizonte riesgos de estanflación provocados por las crisis generadas por las actuaciones militares de EE. UU. e Israel. Y, aunque más camuflados, comienzan a aparecer riesgos de explosión de una nueva burbuja financiera, esta vez de la mano de los magnates tecnológicos. Conviene recordar que en estos momentos hay 76,3 billones de dólares atrapados en la banca en la sombra, no sometida a controles de ningún tipo, pero entrelazada con la banca tradicional. Un verdadero polvorín.

La pugna social y política en defensa del sistema público de pensiones se mantiene. Aunque las propuestas de cambio sistémico del modelo han sido aparcadas, la ofensiva por adelgazar los recursos utilizados continúa y se intensificará en los próximos años. Deberemos hacer frente a esta ofensiva combinándola con la mejora del nivel de protección de las pensiones. No deberíamos olvidar que, a pesar de los grandes avances de estas cinco décadas, hoy la pensión media de jubilación se sitúa en 1.570 € mensuales brutos. Para afrontar estos retos, es bueno hacerlo desde el autorreconocimiento colectivo del gran éxito de la sociedad y la democracia española.