Gaceta Crítica

Gerardo Del Val Cid
Miembro del Comité Central del Partido Comunista de España y de la Dirección Federal de Izquierda Unida
Editor de Gaceta Crítica
9 de agosto de 2026

1. «Entre los ciegos, el tuerto es el rey»

El Gobierno español, que en otras circunstancias habría pasado relativamente desapercibido por sus políticas social-liberales, aparece hoy, ante la Administración Trump y las derechas que gobiernan en la Unión Europea, como un gobierno de «extrema izquierda».

España ha incrementado en 70.000 millones de euros su gasto militar. En un contexto en el que la economía española destaca por un crecimiento basado fundamentalmente en el turismo —favorecido por la incertidumbre y los conflictos bélicos que afectan a otros países de nuestro entorno—, en la especulación inmobiliaria y en una apuesta por el capitalismo verde, el Gobierno español ha aumentado considerablemente el gasto armamentístico, hasta alcanzar una inversión que apenas supera el 2 % del PIB.

El acoso permanente de una derecha española cada vez más próxima a coquetear con el fascismo hacia el Gobierno de coalición progresista ha ido empujando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ignorar algunos de los grandes problemas que afectan a la clase trabajadora española: una vivienda inaccesible para la inmensa mayoría de la población y unos salarios que dificultan formar una familia o desarrollar una vida con un mínimo de seguridad económica.

Las fuerzas de izquierda presentes en el Gobierno, así como los partidos que lo apoyan desde fuera, apenas han alzado la voz frente al incremento del gasto militar, precisamente por el acoso y derribo al que está sometido el Ejecutivo español por parte de una oposición derechista —PP y Vox— que ha roto, en mi opinión, todas las barreras democráticas.

A ello se suma un poder judicial que, también en mi opinión, antepone en numerosas ocasiones su ideario derechista a su obligación de actuar con independencia y ecuanimidad. Probablemente, esto tenga relación con el hecho de que el poder judicial fue, junto con la monarquía, uno de los poderes que no se sometieron directamente al refrendo popular durante la transición española del fascismo a la monarquía parlamentaria.

La política desarrollada por el Gobierno de Sánchez desde 2018 ha fortalecido la posición del gran capital en España y su proyección internacional. Así, la tasa de rentabilidad del capital continúa en su tendencia histórica a la baja, tal como señalara Marx, mientras que los excedentes y beneficios empresariales registran una tasa media de crecimiento anual del 6,8 %, frente a un escaso 2 % de incremento de las rentas del trabajo a través de los salarios negociados en convenios colectivos.

Dentro del conjunto de empresas capitalistas, las principales beneficiarias del aumento de los beneficios son las grandes empresas y, especialmente, las compañías que forman parte del índice bursátil IBEX 35. Las pequeñas y medianas empresas también crecen, pero a un ritmo considerablemente menor.

La alianza resulta, desde mi punto de vista, clara: PSOE, capital financiero —la banca liquida cada año beneficios récord—, industria turística y su correspondiente réplica inmobiliaria, junto con toda la industria vinculada al denominado capitalismo verde —vehículos eléctricos, instalaciones fotovoltaicas y eólicas—. Estamos hablando de un enfoque liberal con aderezo keynesiano por parte del equipo económico del Gobierno español.

El contrapunto «social» se ha articulado a través de la participación de la coalición Sumar y, anteriormente, de Unidas Podemos, especialmente en materia laboral; mediante la consolidación de la actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC; y a través del incremento del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de poco más de 700 euros en 2018 a más de 1.200 euros en 2026.

A ello debemos añadir los escudos sociales desarrollados durante la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania y, ahora, la guerra de Irán. Podemos considerar que estas son las principales medidas que constituyen el contrapunto social del Gobierno social-liberal del PSOE-Sumar.

En política exterior, el Gobierno español se ha mantenido dócil ante la OTAN y sus aventuras belicistas en el este de Europa, basadas, desde mi perspectiva, en la rusofobia y en el intento constante de desestabilización de Rusia mediante la presencia militar en los países más próximos a esta potencia nuclear.

Ucrania ha sido utilizada como campo de pruebas de una guerra por poderes de la OTAN contra Rusia y España, desgraciadamente, está presente con tropas y material militar en países bálticos y en Rumanía. España no ha mantenido ningún contencioso histórico con Rusia y ambos países han sido socios comerciales durante años, especialmente en materia energética y tecnológica.

No obstante, el Gobierno español ha mantenido una posición que considero digna y solidaria frente al genocidio de Gaza y frente a la guerra, a mi juicio arbitraria, de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estos movimientos, aunque limitados, han situado al Gobierno español en el punto de mira del sionismo internacional, del imperialismo estadounidense y de los gobiernos derechistas y abiertamente fascistas que gobiernan en numerosos Estados de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el Gobierno español ha contribuido activamente a la guerra de Ucrania, armando a Zelensky y siguiendo los llamamientos de Kaja Kallas y de buena parte de la élite gobernante en Alemania y en la Unión Europea, encabezada por Von der Leyen y Merz y apoyada, en numerosas ocasiones, por la Francia de Macron.

2. Los conflictos con Israel y Estados Unidos

El Gobierno español se ha apartado del seguidismo de Trump y de Estados Unidos en algunas cuestiones concretas:

• España ha evitado cooperar abiertamente con Estados Unidos en el suministro de armas y en el aprovisionamiento del ejército israelí en el contexto del genocidio de Gaza contra el pueblo palestino.
• España se ha negado a incrementar —aunque ya lo ha hecho de manera considerable— su presupuesto militar hasta alcanzar el 5 % del PIB, cuyas consecuencias terminaría pagando la clase trabajadora española, incluidos los pensionistas, mediante la reducción de servicios públicos esenciales y prestaciones sociales.
• España se ha negado a cooperar con Estados Unidos en su agresión ilegal —como la mayoría de los países— contra Irán.

Todos estos hechos han suscitado la ira de Donald Trump y de su Gobierno ultraderechista, que ha formulado todo tipo de amenazas contra la economía española y contra su presencia en diferentes organismos y entidades supranacionales.

Por último, España representa, en mi opinión, al país europeo más comprometido con la mejora de las relaciones políticas y económicas con la República Popular China, algo que vuelve a provocar las iras de Estados Unidos y, también, de Alemania.

3. España, la OTAN y la Unión Europea

Desde el final de la dictadura fascista de Franco, su heredero directo, Juan Carlos de Borbón, insistió en diferentes direcciones estratégicas destinadas a vincular cada vez más a España con Estados Unidos y con la OTAN.

Una de las causas por las que el presidente Adolfo Suárez fue apartado del Gobierno fue, precisamente, su reticencia a la entrada de España en la OTAN y su especial relación con los países árabes, frente a Israel, con quien España todavía no mantenía relaciones diplomáticas.

Recién sustituido Suárez por el derechista Leopoldo Calvo-Sotelo, España se incorporó a la OTAN en 1981, sin consulta ciudadana. A esta decisión se opuso prácticamente toda la izquierda, comenzando por el Partido Comunista de España y continuando por otras fuerzas de la izquierda anticapitalista, así como por los sectores nacionalistas de izquierda catalanes, vascos y gallegos.

También se opuso el PSOE, aunque con un matiz significativo: su conocido eslogan de 1981 fue «OTAN, de entrada, no».

Los jóvenes militantes contra la guerra de aquella época teníamos claro que aquel eslogan no presagiaba nada bueno. Y así fue.

En 1982, el PSOE ganó las elecciones por mayoría absoluta. En 1985, España recibió a Ronald Reagan, cuya visita fue recibida con el rechazo de 500.000 manifestantes en Madrid. Y en 1986, ante el fuerte sentimiento anti-OTAN y antinuclear existente en la sociedad española, el Gobierno de Felipe González planteó un referéndum que considero condicionado, en el que se sometieron a consulta tres cuestiones fundamentales.

El Gobierno se comprometía a:

1. No incorporar a España a la estructura militar de la OTAN.
2. No instalar armas nucleares ni instalaciones nucleares en territorio español.
3. Vincular nuestra permanencia en la OTAN a la construcción europea y a una mayor integración en la Comunidad Económica Europea.

El referéndum fue ganado por el «sí», aunque casi un 44 % de los votantes se manifestó en contra. Se suponía que quienes votaron favorablemente lo hicieron aceptando esas condiciones restrictivas.

Como habían advertido el PCE, Izquierda Unida y buena parte de la izquierda anticapitalista y nacionalista, el Gobierno socialista de Felipe González —que considero claramente antiobrero y belicista— fue incumpliendo progresivamente aquellos compromisos.

Su sucesor, José María Aznar, del Partido Popular, prosiguió y amplió esa ofensiva, haciendo saltar por los aires, desde mi punto de vista, la voluntad soberana expresada por los españoles y las españolas en el referéndum de 1986.

Desde entonces, el discurso oficial de todos los gobiernos del PP y del PSOE, incluido el actual, ha sido que «somos socios fiables» de la OTAN y de la Unión Europea.

Nuestra relación con la Unión Europea merecerá, sin duda, trabajos específicos. Pero me gustaría señalar algunos elementos que considero fundamentales: el desmantelamiento al que se vio sometida buena parte de nuestra industria naval y siderúrgica durante los años ochenta; la privatización de servicios esenciales como la telefonía, la electricidad y el gas durante los años noventa —de cuyos procesos continúan lucrándose, en mi opinión, González y Aznar—; y los ajustes impuestos por los llamados «señores de negro» tras la explosión de la crisis-gran depresión de 2008-2015, que provocó una brutal devaluación salarial para una gran mayoría de la población.

En definitiva, un tratamiento VIP para nuestro país.

4. La crisis de Ceuta

Lo que hemos vivido estos días en Ceuta es, desde mi punto de vista, la utilización del Reino de Marruecos para hacer saltar por los aires la convivencia en la Ciudad Autónoma de Ceuta y, por extensión, en España, alimentando al fascismo y a la derecha reaccionaria representada por PP y Vox.

A esta «fiesta» se han sumado Estados Unidos, Italia y buena parte de la Unión Europea, sacando a relucir todo su arsenal político y mediático para convertir a la inmigración en el chivo expiatorio de todos los males derivados de la decadencia imperial y europea.

En pocos días, esta «invasión» de 72.000 personas en una ciudad de poco más de 60.000 habitantes se ha visto revertida mediante los procedimientos legales y ordinarios, permaneciendo tan solo unas 2.000 personas en situación irregular en Ceuta.

A pesar de que el Gobierno español y el Partido Popular no quieren implicar directamente al Gobierno de Marruecos en esta operación, considero evidente que su Gobierno está detrás de la organización de este acto de desestabilización contra el Gobierno social-liberal de España, el último de una larga serie.

Y es evidente, asimismo, que Israel, a través de sus servicios secretos, y Estados Unidos han alentado la organización de este acto hostil.

A este acto contra España se han sumado, además, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la primera ministra socialdemócrata de Dinamarca —después de haber recibido la solidaridad española en su contencioso por Groenlandia— y Finlandia, entre otros países.

Para muchas personas activistas contra la guerra y comprometidas con el progreso social en España, queda claro, una vez más, que nuestro país es una especie de «pagafantas» de la OTAN y de la Unión Europea en sus aventuras belicistas, mientras España es abandonada a su suerte en sus conflictos con Marruecos.

El Gobierno de Sánchez ha cometido, desde mi punto de vista, un grave error estratégico al ofrecer la cabeza del Sáhara Occidental a Marruecos y a Trump, cuando España debería haber mantenido su apoyo al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática.

Y, por supuesto, España debe recuperar la amistad y la colaboración estratégica con Argelia.

5. Una alternativa para España

Desde mi punto de vista, España debería alejarse claramente de la estrategia de la OTAN y de la Unión Europea en el este de Europa y en Ucrania, y tomar la iniciativa para que las conversaciones de paz sustituyan a la guerra actual en Ucrania.

Debemos evitar que la actual dinámica desemboque en una conflagración nuclear en los próximos años si continúa imponiéndose la estela belicista de Alemania y de los países europeos del este.

Es necesario abandonar la ingenuidad por parte del Gobierno español y consolidar alianzas que garanticen realmente nuestra economía y, también, nuestra seguridad.

Y, tal como decíamos hace cuarenta años, nuestro bienestar —y con él el de la mayoría social trabajadora española— y nuestra seguridad están muy lejos de la OTAN y de la Unión Europea.

Fdo. Gerardo Del Val Cid
Editor de GACETA CRÍTICA