Gaceta Crítica

Fulya Apaydin (Phenomenal World), 28 de Julio de 2026

Rastros de satélites no céu noturno ao longo de uma hora, deserto do Atacama, norte do Chile, outubro de 2025. Crédito: F. Kamphues, ESO/M. Kornmesser.

A mediados de junio, SpaceX salió a bolsa. El precio de apertura en el mercado bursátil fue de  150 dólares por acción, lo que convirtió rápidamente a Elon Musk en el primer “trillonario” del mundo. Mientras los directivos de la empresa tocaban la campana del Nasdaq, Musk anunció planes descabellados para lanzar 100 mil satélites y nuevos centros de datos más allá de la estratosfera. Los retos técnicos que plantea esta proyección de crecimiento—entre ellos, la ausencia de un régimen global de gestión del tráfico espacial—se ven contrarrestados por el enorme poder político de la empresa.

Los dominios orbitales y los objetos celestes se han definido desde hace tiempo en el derecho internacional como “el dominio de toda la humanidad”, destinados a servir a los intereses colectivos y futuros. Décadas antes del auge de los nuevos “tech-evangélicos” con la mirada puesta en la colonización de Marte, el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 sirvió como marco jurídico principal en el que se basaban la coordinación del espectro y la coordinación orbital. Los signatarios de este tratado reconocieron que la exploración y el uso de los dominios extraterrestres “se llevarán a cabo en beneficio y en interés de todos los países”.

Pero en los últimos quince años, el espacio exterior se ha convertido en una frontera de intensa actividad comercial e inversión privada, y la regulación del entorno orbital—desde la concesión de licencias de satélites hasta las normas de mitigación de residuos espaciales—se ha visto cada vez más influida por los intereses corporativos. Cuestiones que antes se trataban como asuntos de política pública (cómo gestionar las franjas orbitales, el espectro radioeléctrico, la seguridad de los lanzamientos o los datos espaciales) se resuelven predominantemente mediante consultas a puerta cerrada. ¿Cómo es posible que este marco regulador se haya alejado tanto de la protección de un ámbito que pertenece a toda la humanidad?

Desde la década de 1970, las reformas estadounidenses han otorgado gradualmente a las empresas privadas con sede en Estados Unidos una ventaja competitiva en el acceso a los satélites de comunicaciones, especialmente en la órbita terrestre baja (LEO). Los satélites en la LEO vuelan por debajo de una altitud de 2 mil km, lo que les permite transmitir la señal rápidamente, pero se necesitan muchos más de ellos para mantener una cobertura espacial constante que en la órbita geoestacionaria (GEO), situada a mayor altitud. Los derechos de espectro en la GEO se conceden por orden de llegada por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo especializado de la ONU. Mientras que los derechos de la LEO se otorgan mediante patrocinio estatal y un riguroso proceso de solicitud destinado a evitar interferencias perjudiciales.1

Sin embargo, este proceso se ha visto debilitado por las empresas privadas en busca de poder monopolístico. Bajo la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), las licencias para los operadores de la LEO se han extendido, se obtienen más rápidamente y son más fáciles de transferir.2 El año pasado, la FCC puso en marcha una nueva revisión de las normas de uso compartido del espectro, bajo la presión de SpaceX para acelerar la expansión de la constelación de la LEO de Starlink. La persistente colaboración de la empresa con la agencia revela cómo un actor dominante puede, con el tiempo, influir en las propias normas y procesos de la gobernanza espacial.

Dado que las posiciones orbitales y las frecuencias de radio son escasas y dependen de la trayectoria, la ocupación temprana genera ventajas consolidadas que son difíciles de revertir. El resultado es una nueva forma de cercamiento, en la que el control sobre infraestructuras espaciales complementa el poder económico, político y militar en la Tierra, al tiempo que excluye a la mayoría de los Estados de cualquier participación influyente en las decisiones que afectan a la vigilancia climática, las comunicaciones, la seguridad y la producción de conocimiento.

Legados de la Guerra Fría

Los orígenes de la privatización contemporánea se remontan a las decisiones institucionales y tecnológicas tomadas durante la Guerra Fría, cuando el dominio inicial de Estados Unidos en el despliegue de satélites y la gobernanza espacial allanó el camino para que los actores privados obtuvieran ventajas duraderas. Mucho antes de que empresas como SpaceX dominaran la órbita terrestre baja (LEO), el acceso orbital y al espectro para los satélites de comunicaciones se regía mediante un sistema coordinado por los Estados, en el que los gobiernos controlaban las solicitudes internacionales, los sistemas competidores eran prohibidos o se les imponían estrictas restricciones, y las autorizaciones de lanzamiento privadas eran poco frecuentes.

Esto cambió con la aprobación de la Ley de Satélites de Comunicaciones de 1962, que creó el primer sistema comercial de satélites de comunicaciones: “el vigor de nuestro sistema competitivo de libre empresa se utilizará de manera eficaz en una nueva y desafiante actividad en la frontera del espacio”, señaló el presidente John F. Kennedy al firmarla. Al amparo de dicha ley, dos años más tarde se fundó la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (más tarde conocida como Intelsat). Este consorcio intergubernamental, propietario y gestor de una serie de satélites de comunicaciones, estaba dirigido por una corporación estadounidense de carácter cuasi-privado (COMSAT) con sede en Washington. La gestión de la empresa convirtió a Estados Unidos en el mayor inversor y en quien marcaba la agenda en materia de regulación de los satélites comerciales.3 

Aunque desde sus primeros años se presentó como un sistema de comunicaciones global y no discriminatorio, Intelsat era inseparable de las prioridades políticas estadounidenses en materia de posicionamiento orbital. Dado que las posiciones GEO son finitas y las longitudes escasas, la obtención de derechos de prioridad mediante la coordinación de la UIT se convirtió en un ejercicio de acaparamiento—por lo general a través de registros, solicitudes y “satélites de papel” que convierten las reivindicaciones anticipadas en derechos de uso.4 En consecuencia, Intelsat contribuyó a que el Estado regulador estadounidense se convirtiera en un actor clave a la hora de traducir las reivindicaciones orbitales en un acceso legítimo y reconocido internacionalmente. En Estados Unidos, la FCC se convirtió en el punto central para la concesión de licencias de sistemas de satélites, la gestión de las reivindicaciones de espectro y la coordinación de las asignaciones de posiciones orbitales y frecuencias con el sistema de la UIT.

Proyectos rivales surgieron en gran medida para competir con este orden liderado por Estados Unidos: el Intersputnik de la Unión Soviética se constituyó como un contrapeso explícito a un régimen dominado por Estados Unidos. Del mismo modo, elEutelsat europeo se creó para atender las necesidades regionales desatendidas por Intelsat. Pero estas alternativas resultaron, en última instancia, incapaces de desafiar el dominio estadounidense. Intersputnik, que a menudo dependía de subvenciones estatales y de capacidad arrendada en lugar de construir un sistema comparable impulsado por el mercado, se quedó rezagado tecnológicamente, mientras que Eutelsat convergió hacia el modelo de mercado estadounidense. Así, en la década de 1980, Estados Unidos contaba con la capacidad política para presentarse como el organizador legítimo del acceso orbital, incorporando sus preferencias en la gestión práctica de las posiciones orbitales, el espectro y el acceso al mercado.

A medida que la privatización y la creciente financiarización remodelaban la economía estadounidense en las décadas siguientes, su arquitectura reguladora se reorientó para desregular y abrir aún más el entorno orbital a los actores privados. Durante la década de 1980, el decreto presidencial n.º 12465 del presidente Ronald Reagan y la Ley de Lanzamientos Espaciales Comerciales de 1984 crearon un entorno jurídico propicio para la privatización de los lanzamientos de cohetes y satélites. La gobernanza del espacio exterior se orientó cada vez más hacia la recopilación de datos y la promoción de la interconectividad, y la carrera desregulada por ocupar y monetizar posiciones orbitales favoreció, como era de esperar, a las empresas estadounidenses o aliadas de Estados Unidos.

En el año 2000 se dio un nuevo impulso, cuando la Ley ORBIT de Washington se alejó aún más del modelo de consorcio basado en tratados, desmantelando los monopolios intergubernamentales y respaldando la privatización.5 La ley consolidó el papel institucional de la FCC, otorgándole autoridad de facto sobre el acceso a los recursos orbitales y concediéndole mayor poder para establecer normas técnicas, umbrales de concesión de licencias y procedimientos administrativos que respondieran a los motivos geopolíticos de Estados Unidos y a la demanda empresarial, al dar prioridad al rápido despliegue privado frente a la deliberación colectiva.

El nexo entre la financiación privada y el “New Space”

La última ola de comercialización del espacio exterior comenzó a gestarse a raíz de la crisis financiera mundial de 2008. Tras el colapso, los inversores empezaron a buscar nuevas salidas para el exceso de capital. El ámbito de las infraestructuras espaciales—con sus elevadas barreras de entrada, la demanda respaldada por el Gobierno y la promesa de ingresos estables por servicios como la conectividad de banda ancha, la obtención de imágenes de la Tierra y las aplicaciones GPS—se perfiló como una opción atractiva. Esto se vio facilitado por la Ley de Competitividad de los Lanzamientos Espaciales Comerciales, que el presidente Barack Obama firmó en 2015 y que permitía explícitamente a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses participar en la exploración y explotación comercial de los recursos espaciales, creando incentivos jurídicos y económicos más sólidos para la inversión privada en proyectos espaciales.6 Como resultado, entre 2015 y 2023, la inversión privada en empresas espaciales de todo el mundo superó los 300 mil millones de dólares, repartidos entre unas 2 mil empresas.7

El auge de la inversión privada en el espacio exterior también se vio condicionado por la evolución del “capitalismo de gestión de activos”—un régimen que se formó a raíz de la crisis financiera y en el que un puñado de complejos de fondos de inversión ejerce una influencia desmesurada en múltiples sectores—.8 Este modo de inversión promete abundancia de capital al centralizar y estandarizar el despliegue del ahorro a través de vehículos pasivos, orientados a índices de referencia. Estos vehículos transforman el ahorro heterogéneo en una demanda de mercado permanente y líquida, sostenida por la política monetaria acomodaticia y la credibilidad institucional. El resultado es un sistema caracterizado por continuas entradas de capital y valoraciones de activos más elevadas, pero con una capacidad limitada para inversiones a largo plazo, ilíquidas e inciertas. A mediados de la década de 2020, BlackRock y Vanguard figuraban entre los mayores accionistas de casi todas las empresas del S&P 500, con un nivel de concentración de la propiedad que habría sido inconcebible una generación antes.9 Esto incluye a todos los principales actores de la industria espacial que cotizan en bolsa.

Pero durante la década de 2010, las gestoras de activos también se convirtieron en un conducto para inversores activistas. Esto fue posible gracias a la flexibilización cuantitativa que infló los valores de los activos cotizados y comprimió los rendimientos, lo que indujo a los inversores institucionales a reequilibrar sus carteras hacia activos de mayor riesgo y poco líquidos. Mientras que los fondos indexados se convirtieron en el vehículo dominante para la exposición a la renta variable cotizada, los mismos complejos de gestión de activos ampliaron las plataformas del mercado privado y las herramientas de ingeniería de carteras que facilitaron la transición hacia el capital de riesgo, el capital privado y la financiación del crecimiento.10 La expansión del capital del mercado privado y el crecimiento de los mecanismos de liquidez secundaria—como las ofertas públicas de adquisición y la negociación privada de acciones— han ido de la mano de cambios normativos fundamentales. El más notable fue la flexibilización, introducida por la Ley JOBS de 2012, de los requisitos de información para la inversión de capital privado, lo que hizo atractivo para las empresas de alto crecimiento permanecer en el ámbito privado durante más tiempo, reduciendo así la dependencia de las salidas a bolsa y las exigencias de divulgación y gobernanza de los mercados públicos.

Como resultado, la edad media de las empresas tecnológicas en el momento de su salida a bolsa se ha alargado hasta superar los doce años y, de hecho, algunas empresas espaciales de gran repercusión posponen indefinidamente sus planes de salida a bolsa. En ciclos anteriores, una empresa aeroespacial de éxito podía salir a bolsa al cabo de unos pocos años de crecimiento para acceder a los mercados públicos. Empresas como SpaceX y Blue Origin, sin embargo, han permanecido privadas durante una década o más, recaudando miles de millones en capital de riesgo y capital privado, y aislando así su gobernanza del escrutinio público. No han tenido que cumplir con la obligación de presentar informes trimestrales de resultados ni presentar documentos ante la SEC. Empresas como SpaceX han podido atraer grandes volúmenes de inversión sin someterse a la disciplina de los mercados públicos. En ese sentido, las start-ups del “New Space” proliferaron gracias a su papel fundamental a la hora de reconfigurar los canales de los flujos de inversión.

A principios de este mes, solo el sistema Starlink de SpaceX representaba alrededor del 65 por ciento de todos los satélites activos en órbita terrestre baja—más de 10.700 de unos 16.200 satélites operativos—, lo que otorga a una única empresa una presencia casi monopolística más allá de la estratosfera.11 Según los recuentos de lanzamientos recopilados por analistas del sector, SpaceX completó aproximadamente 134 lanzamientos orbitales comerciales en 2024, lo que representó un 84 por ciento estimado del mercado mundial de lanzamientos comerciales. En 2025, la empresa amplió aún más su cuota de mercado con entre 161 y 165 lanzamientos orbitales y una cuota estimada del 82 por ciento de la actividad mundial de lanzamientos comerciales.

Regulación bifurcada

Los incentivos y las preferencias normativas de los grandes gestores de pasivos financieros difieren de los inversores emprendedores o activistas: mientras que estos últimos presionan para lograr cambios normativos radicales, los primeros buscan normativas que garanticen la estabilidad general del mercado y la mitigación del riesgo frente a la competencia específica de cada empresa. Una de las consecuencias de esto es que los organismos reguladores integrados en regímenes de seguridad y responsabilidad, como la Administración Federal de Aviación (FAA), tienden a colaborar más con empresas que comparten una orientación similar hacia la estabilidad, mientras que los reguladores encargados de facilitar el funcionamiento del mercado, como la FCC, tienden a hacerlo más con inversores privados y activistas que buscan “actuar con rapidez y romper moldes”. Este régimen bifurcado impide un debate público significativo sobre la gobernanza orbital.

En la actualidad, los gestores de pasivos—entre los que se incluyen los complejos de fondos indexados—son los principales accionistas en los sectores más consolidados, como el aeroespacial y el de las telecomunicaciones. Los datos más recientes sobre la participación institucional, extraídos de los informes 13F presentados ante la SEC, muestran que, en el sector aeroespacial, Vanguard posee aproximadamente el 9,2 por ciento de las acciones en circulación de Lockheed Martin y BlackRock, alrededor del 7,3 por ciento, mientras que State Street controla una participación aún mayor, de casi el 15 por ciento, a fecha de septiembre de 2025. Se observa un patrón similar en Boeing, donde Vanguard posee alrededor del 8,9 por ciento de las acciones y BlackRock cerca del 6,8 por ciento. En el sector de las telecomunicaciones se da una tendencia similar: Vanguard es el mayor accionista de AT&T, con aproximadamente el 9,3 por ciento, seguido de cerca por BlackRock, con un 8,1 por ciento. Incluso cuando las empresas espaciales salen a bolsa, los derechos de control a través de los votos y la influencia en los consejos de administración siguen concentrados en manos de unos pocos gestores de activos de gran envergadura.

Estos inversores no pueden liquidar fácilmente sus posiciones, ya que gestionan fondos indexados que deben mantener acciones en proporción a sus ponderaciones en el índice.12 Conbillones bajo gestión —solo BlackRock gestiona alrededor de 10 billones de dólares—, sus participaciones en las empresas son tan grandes que vender acciones mediante la habitual amenaza de salida de Wall Street perturbaría sus inversiones relacionadas y, por lo tanto, las previsiones de beneficios esperadas. En su lugar, el voto por delegación y las comunicaciones con la dirección se han convertido en canales fundamentales a través de los cuales estos grandes fondos ejercen influencia sobre los resultados en materia de gobernanza, centrándose un mayor escrutinio en las grandes empresas en las que mantienen participaciones concentradas.

Cuando se trata de decisiones regulatorias que afectan a empresas dedicadas al lanzamiento de cohetes, como Lockheed Martin o Boeing, los gestores de activos rara vez presionan directamente a la FAA. Sin embargo, influyen indirectamente en la normativa relacionada con la FAA a través del gobierno corporativo y al configurar los incentivos en materia de cumplimiento normativo, supervisión de la seguridad y transparencia del cabildeo en las grandes empresas que trabajan estrechamente con la FAA. A diferencia de la clásica “captura regulatoria” mediante sobornos o el nombramiento de personas afines al sector, la configuración de nuevas normas suele producirse a través de la experiencia técnica y una estrecha consulta. Esto crea oportunidades para que las empresas con una plantilla bien dotada influyan considerablemente en la elaboración de normas y, de hecho, participen en la redacción de la normativa de una forma invisible para las partes interesadas del público. Lo que parece una normativa técnica o de seguridad neutral puede, en realidad, servir como mecanismo de estructuración del mercado a favor de los intereses privados.

La influencia indirecta de las “Tres Grandes” en las normas de la FAA sobre lanzamientos y residuos espaciales también se canaliza a través de la participación formal de los representantes de las empresas aeroespaciales en el proceso normativo de la FAA. La normativa de la FAA sobre lanzamientos espaciales comerciales se ha configurado mediante procesos consultivos del sector, como el Comité de Elaboración de Normas de Aviación de la FAA, en el que participan Boeing, Lockheed Martin y ULA.13 La reciente simplificación de la normativa sobre lanzamientos, plasmada en un nuevo marco de la FAA conocido como “Parte 450”, fue el resultado de una interacción iterativa entre la FAA y estas empresas, que presionaron a favor de arquitecturas normativas que internalizaran el trabajo de cumplimiento dentro de sus propias empresas, al tiempo que se preservaba la supervisión de la FAA mediante mecanismos procedimentales y discrecionales. En este caso concreto, aunque tanto SpaceX como ULA apoyaron la simplificación, SpaceX presionó con mayor firmeza a favor de unas normas de rendimiento amplias y definidas por los operadores, mientras que ULA hizo hincapié en la claridad normativa y en una supervisión discrecional predecible.14

Captura regulatoria

Dado que los gestores de activos concentran los intereses de múltiples empresas, sus preferencias se han inclinado hacia estrategias corporativas que priorizan el control de riesgos dentro de la industria espacial. Esto también explica por qué el S&P 500 ha rechazado recientemente la solicitud de SpaceX para una inclusión acelerada en el índice, negándose a flexibilizar las normas para permitir la entrada de la empresa antes de alcanzar los umbrales de beneficios necesarios. Los inversores privados y activistas esperan un cambio regulatorio más sustancial, ya que los beneficios en los sectores de mayor riesgo dependen de la reconfiguración del acceso al mercado, la concesión de licencias y las normas técnicas. El activismo regulatorio es, por tanto, una característica fundamental del capital privado, tanto por parte de los inversores como de los emprendedores. La expectativa de los principales inversores de SpaceX, entre los que se encuentran Founders Fund y Valor Equity Capital, ha sido obtener una rentabilidad más rápida de sus inversiones. Bajo esta presión, la empresa ha buscado constantemente reducir costos y eludir regulaciones largas y costosas, actuando primero con precipitación y considerando cualquier perjuicio que sus operaciones pudieran acarrear más adelante.

Como resultado, la relación entre la FAA y SpaceX ha estado plagada de conflictos. El modelo de negocio de SpaceX—caracterizado por una rápida iteración, pruebas de alta frecuencia y fallos—choca sistemáticamente con el mandato de la FAA de gestionar la seguridad pública, la integridad del espacio aéreo y la responsabilidad civil derivada. Esto ha dado lugar a enfrentamientos repetidos y muy visibles: medidas coercitivas formales y sanciones civiles propuestas por presunto incumplimiento de las licencias, procesos prolongados de aprobación de lanzamientos vinculados a investigaciones de accidentes que requieren docenas de medidas correctivas, y cierres temporales del espacio aéreo civil tras desintegraciones de vehículos y riesgos de escombros.

Mientras tanto, dado su poder de cuasi-monopolio en las comunicaciones por satélite en órbita terrestre baja (LEO), SpaceX se ha afianzado en los procesos reguladores de la FCC de forma aún más agresiva que las empresas tradicionales, ejerciendo una presión continua sobre los tecnócratas y los responsables políticos con el fin de remodelar las normas de acuerdo con sus prioridades comerciales.

Un ejemplo claro es la decisión de la FCC de 2021 de permitir a SpaceX modificar su constelación Starlink de primera generación rebajando las órbitas de unos 2.800 satélites de entre 1.100 y 1.300 km a unos 550 km. Los operadores competidores objetaron que esto podría aumentar los riesgos de colisión e interferir con sus futuros sistemas, e instaron a la FCC a que, como mínimo, aplazara la decisión hasta que se realizara una nueva evaluación medioambiental. La FCC siguió adelante y aprobó de todos modos la solicitud de SpaceX con algunas condiciones. La resolución escrita reflejaba muchas de las garantías ofrecidas por SpaceX, como la promesa de que una altitud menor reduciría de hecho el riesgo de residuos espaciales y que las interferencias serían manejables. En un caso relacionado, cuando Dish Network y un grupo de astrónomos impugnaron ante los tribunales una aprobación similar de una solicitud de SpaceX por parte de la FCC, el tribunal confirmó la decisión, acatando el criterio técnico de la agencia. En esas resoluciones, las alegaciones técnicas de SpaceX aceptadas por la FCC se consideraron preferibles a las de los demandantes, ya que la envergadura y la experiencia de la empresa le permitieron marcar el marco de las evaluaciones de riesgo de la FCC. Dado que SpaceX podía implementar rápidamente la modificación, también gracias a su elevada cadencia de lanzamientos, la FCC pudo alegar beneficios como la mejora de la latencia y la reducción de los residuos espaciales, lo que el tribunal parece haber considerado razonable.

Otra controversia reciente se produjo en torno a la solicitud de SpaceX de operar satélites a una potencia nueve veces superior a los límites autorizados por la FCC, lo que ilustra aún más cómo la escala y el dominio del mercado de una empresa le permiten moldear la normativa a su antojo. A pesar de las fuertes objeciones de competidores como AT&T y Verizon, que advirtieron de graves interferencias en el espectro, la FCC concedió a SpaceX una exención en marzo de 2025 sin resolver por completo las preocupaciones técnicas. En lugar de aplicar su anterior criterio de interés público, más precavido, la FCC aceptó las garantías de SpaceX y trasladó la responsabilidad a la supervisión a posteriori de las interferencias.15 Los ingenieros y abogados de SpaceX participan habitualmente en este tipo de reuniones ex parte con funcionarios de la FCC para debatir las normas pendientes. Al plantear las cuestiones normativas en términos de lo que es técnicamente factible o más seguro—y dado que disponen de gran parte de los datos necesarios—, SpaceX suele ser capaz de orientar la conversación. El resultado es una normativa con reglas generales que, casualmente, se ajustan a la arquitectura de la empresa dominante.

El futuro de la órbita    

En el actual sistema de gobernanza del espacio exterior, privatizado de facto, las decisiones, que van desde la asignación del espectro hasta las normas sobre residuos espaciales y las condiciones de concesión de licencias, se toman cada vez más a través de procesos burocráticos opacos. Estas decisiones son fundamentales para determinar quién puede permitirse operar en el espacio exterior y quién se beneficia de él. La jerga técnica y el carácter especializado de estos procedimientos actúan como una barrera de entrada para las voces que defienden el interés público. Aunque otros países como Rusia, China, Japón, la Unión Europea y la India también buscan consolidar su presencia en los ámbitos extraterrestres, dada la divergencia de las prioridades políticas nacionales, apenas existe un consenso compartido entre estos países sobre el futuro de la gobernanza colectiva del espacio exterior. De hecho, está surgiendo una clara polarización. Por un lado se encuentran los signatarios del Acuerdo Artemis liderado por Estados Unidos—una coalición de setenta naciones que han acordado un conjunto de principios no vinculantes en torno a la exploración espacial. Por otro lado, un número más reducido de países se han reunido en torno a la propuesta alternativa de China, la Estación Internacional de Investigación Lunar.

El resultado es que la mayoría de las decisiones con un impacto colectivo importante pasan desapercibidas. Cuando la FCC actualizó su normativa sobre residuos orbitales, quienes más se pronunciaron fueron los actores del sector. Durante este proceso, la FCC llegó a invocar una exclusión categórica de la evaluación ambiental para Starlink y otras grandes constelaciones. La FCC había descuidado durante mucho tiempo el impacto ambiental de las licencias de satélites, un descuido que se ha vuelto cada vez más problemático dada la enorme magnitud de los satélites y las reentradas que ahora pueden afectar a la astronomía y a la atmósfera. En 2022, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) recomendó a la FCC que re-examinara su exclusión categórica para las grandes constelaciones y que, como mínimo, explicara por qué considera que son inocuas para el medio ambiente. Sin embargo, a falta de intervención por parte de organizaciones de interés público, la FCC no cumplió con esta recomendación. Aunque organizaciones científicas especializadas publicaron hallazgos que ponían de relieve la liberación de partículas de óxido de aluminio con el potencial de dañar la capa de ozono, los reguladores optaron por hacer caso omiso de ellos en favor de los argumentos de la industria.16

La clasificación de seguridad enturbia aún más la transparencia en la toma de decisiones. Muchos usos militares de sistemas comerciales, como el de Starlink en Ucrania o el de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se debaten en foros cerrados y no en el ámbito legislativo abierto. Pero estos debates plantean cuestiones de gran relevancia social y política: ¿debería una empresa privada, o su director ejecutivo, poder decidir unilateralmente proporcionar o retirar el servicio de Internet a un país en conflicto, como hizo Elon Musk en algunas zonas de Ucrania que el país intentaba recuperar de las fuerzas rusas en 2022? ¿Cómo deberíamos determinar el nivel aceptable de riesgo de residuos espaciales? ¿Y debería reservarse alguna parte del espectro para uso público?

Aunque las instituciones públicas establecen aparentemente las normas de la gobernanza espacial, la propiedad (quién es propietario de los satélites y la infraestructura), la escala (quién puede desplegar y operar a gran escala) y la estructura financiera (quién cuenta con el respaldo del capital) influyen notablemente en las prácticas reguladoras emergentes. Las tendencias actuales en el sector espacial apuntan a una transformación más amplia en la que las líneas entre lo público y lo privado se han difuminado, ya que el Estado actúa cada vez más como socio de un puñado de empresas, priorizando el dominio estadounidense en los ámbitos comercial y militar como objetivos compartidos por los inversores privados y las agencias reguladoras.

Una vía alternativa partiría de la comprensión de que la gobernanza de la órbita es de interés colectivo. Los astrónomos que alertan sobre cómo las megaconstelaciones arruinan el cielo nocturno, los ecologistas que señalan la contaminación por reentrada y los expertos en competencia preocupados por la concentración empresarial apuntan todos a un creciente interés e inversión en la economía política del espacio exterior. La gobernanza de la órbita debería orientarse hacia el conocimiento colectivo, la coordinación pública y la gestión a largo plazo. En lugar de tratar el acceso comercial como la norma y el interés público como una limitación, un régimen más equitativo invertiría esa jerarquía: el acceso a las posiciones orbitales y al espectro se concedería principalmente para la investigación científica, la observación de la Tierra, la vigilancia climática y otras misiones públicas de beneficio global, con límites estrictos al uso con ánimo de lucro.

Esto requeriría reforzar la autoridad multilateral, más allá de la coordinación, hacia una gobernanza colectiva, incluyendo la facultad de establecer límites vinculantes a la densidad de satélites, dar prioridad a las misiones no comerciales y recuperar posiciones orbitales de despliegues especulativos o con ánimo de lucro. Los reguladores nacionales ya no actuarían como “guardianes” que traducen las solicitudes de las empresas en registros ante la UIT, sino como custodios responsables ante mandatos públicos internacionales.

Fundamentalmente, dicho régimen trataría los satélites no como activos privados, sino como elementos de una infraestructura pública del conocimiento, lo que requeriría estándares de datos abiertos, acceso compartido a las observaciones y una gestión colectiva de los desechos orbitales y la congestión. Reafirmar el control público sobre el espacio celeste supondría, por tanto, un rechazo a la idea de que la coordinación global deba llevarse a cabo a través de los mercados y, en su lugar, posicionaría el espacio exterior como un ámbito en el que la cooperación internacional, la investigación científica y la responsabilidad intergeneracional tienen prioridad sobre el lucro y el poder privado.