Gaceta Crítica

Curtis F. J. Doebbler (MR ONLINE), 9 de Julio de 2026

Mientras la OTAN se reúne una vez más para redoblar sus esfuerzos en materia de gasto militar, producción de armas y la lógica de la disuasión mediante una potencia de fuego superior —a pesar de que los propios miembros de la alianza han utilizado repetidamente la fuerza en violación del derecho internacional en los últimos años, en Irán, Irak, Venezuela, Libia, Siria y la interminable Guerra contra el Terrorismo—, vale la pena preguntarse: ¿Qué tipo de seguridad estamos comprando realmente?

Estas intervenciones, a menudo justificadas bajo el pretexto del humanitarismo o la defensa colectiva, en la práctica han desestabilizado regiones enteras, alimentado insurgencias y causado un sufrimiento inmenso a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo. El resultado es una paradoja perversa: una alianza que se presenta como guardiana de un orden basado en normas, con sus propias acciones, ha socavado ese mismo orden, profundizando la inseguridad que dice combatir.

Los datos son inequívocos: la seguridad militarizada es reactiva, no preventiva. Aborda los síntomas —disputas territoriales, insurgencias, rivalidad entre grandes potencias— mientras ignora las causas profundas, como la desigualdad, la escasez de recursos, la exclusión política y la erosión de la confianza en las instituciones. La era posterior a 1945, con todos sus defectos, demostró que la estabilidad no es producto de la carrera armamentística, sino de las normas, las instituciones y el estado de derecho.

La relativa paz entre las democracias liberales, el declive de los conflictos armados internacionales y la expansión gradual de los derechos humanos no se debieron a que los Estados construyeran arsenales más grandes, sino a que crearon marcos de cooperación más sólidos. Organizaciones internacionales —como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Internacional de Justicia— han fomentado la cooperación y la estabilidad, mientras que los portaaviones o los misiles hipersónicos se han dedicado principalmente a sembrar el terror y la destrucción. Sin embargo, mientras la OTAN intenta expandir su influencia, estas mismas instituciones de cooperación social están siendo atacadas por los mismos Estados miembros de la OTAN que han recortado la financiación e incluso se han retirado de las organizaciones en algunos casos.

El costo de oportunidad de este enfoque militarizado impulsado por la OTAN es asombroso. El gasto militar combinado de los miembros de la OTAN supera actualmente los 1,3 billones de dólares anuales, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Los Informes sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que esta cifra empequeñece los 40.000 millones de dólares estimados necesarios para cerrar las brechas globales en educación, salud y seguridad alimentaria.

Por el precio de un solo submarino nuclear, una nación podría financiar la educación preescolar universal para toda su población durante un año. Por el coste de un nuevo escuadrón de aviones de combate, podría erradicar la malaria en toda una región. No se trata de abstracciones morales; son fracasos estratégicos.

Numerosos estudios han demostrado que el gasto en sanidad, educación y energías renovables genera multiplicadores económicos mucho mayores en términos de creación de empleo y crecimiento del PIB que un gasto equivalente en defensa. El gasto militar distorsiona las economías, priorizando una base industrial limitada de contratistas y exportadores sobre un desarrollo diversificado y sostenible. Exacerba la desigualdad al canalizar recursos públicos hacia sectores intensivos en capital que benefician a las élites, mientras que los servicios sociales —hospitales, escuelas, transporte público— sufren una financiación insuficiente crónica. Cuando los ciudadanos ven que sus impuestos financian bombas en lugar de puentes, el cinismo sustituye al compromiso cívico y se socava la legitimidad misma de la gobernanza de un país.

El derecho internacional, que ha sido un fuerte impulso para la cooperación en el mundo y que puede proporcionar normas fundamentales de equidad, ha sido utilizado como instrumento para promover la militarización y la violencia en el mundo por los países más ricos y poderosos del mundo.

El camino a seguir exige una reformulación radical del derecho internacional, no como lo utilizan actualmente los Estados poderosos para justificar la intervención, imponer la dependencia económica o afianzar las jerarquías globales, sino como una herramienta para la verdadera equidad, la cooperación y la prosperidad compartida.

Hoy en día, el derecho internacional se ha convertido con demasiada frecuencia en un arma de los poderosos, invocada selectivamente para castigar a los adversarios e ignorar las transgresiones de los aliados. Este no es el derecho internacional que necesitamos. Lo que necesitamos es un marco jurídico que sirva de base para una comunidad internacional verdaderamente equitativa, una que promueva la cooperación por encima de la competencia, el desarrollo compartido por encima de la explotación y los derechos de todas las personas por encima de los privilegios de unos pocos.

Un sistema de este tipo debe priorizar los acuerdos vinculantes sobre el cambio climático para garantizar la protección de nuestro medio ambiente natural, no como un lujo, sino como un derecho fundamental. Un sistema jurídico internacional justo exigiría prácticas comerciales equitativas que impidan la explotación de las economías más débiles y garantizaría los derechos económicos —alimentación, agua, educación, salud— como derechos inalienables para todo ser humano, no como limosnas que se reparten a discreción de los ricos. Un derecho internacional renovado también exigiría a todos los Estados, independientemente de su poder, que rindan cuentas conforme a los mismos estándares, poniendo fin a la hipocresía que permite a algunas naciones infringir las normas con impunidad mientras que otras son castigadas por delitos mucho menores.

El argumento a favor de la gobernanza participativa no es meramente moral, sino estratégico. Los Estados que involucran a todos sus ciudadanos de manera significativa en la gobernanza de su país tienen menos probabilidades de verse envueltos en conflictos externos, ya que sus líderes rinden cuentas ante electorados que asumen los costos de la guerra. Pero esta participación debe ser sustantiva, no meramente procedimental. La celebración de elecciones tiene poco sentido si la desigualdad económica permite que las élites dominen las políticas, si la concentración de los medios de comunicación distorsiona el discurso público o si la supresión del voto silencia a los grupos marginados. La verdadera participación requiere asambleas deliberativas, sindicalización en el lugar de trabajo, democracia directa digital y autonomía local. Cuando las personas sienten que su gobierno les pertenece, son menos susceptibles al canto de sirena de los demagogos populistas y a los cánticos xenófobos de los nacionalistas.

El consenso sobre la austeridad posterior a 2008 ha sido un desastre para la estabilidad global. La premisa fundamental del neoliberalismo —que la competencia sin regulación impulsa el progreso— ignora que los mercados generan ganadores y perdedores, y que estos últimos, al ser abandonados, recurren al extremismo. El auge de los partidos de extrema derecha, la expansión de los movimientos extremistas y el aumento de la violencia de las pandillas son, en gran medida, respuestas a la desesperación económica.

Un acuerdo global justo debe priorizar los servicios básicos universales como derechos humanos, no como mercancías. Debe invertir en políticas industriales verdes para crear empleos bien remunerados y con bajas emisiones de carbono. Debe cancelar las aplastantes deudas del Sur Global y reemplazar el libre comercio por el comercio justo, garantizando que las corporaciones no puedan explotar las regulaciones laxas en los Estados en desarrollo. Y debe gravar la riqueza extrema para financiar el fin de la pobreza extrema. Estas no son ideas socialistas ni comunistas; son simplemente políticas de sentido común.

Sin embargo, la trayectoria actual de la OTAN parte de la premisa de que la seguridad es un juego de suma cero, donde la ganancia de un Estado supone la pérdida de otro. Esto implica que las mayores amenazas de nuestro tiempo —el cambio climático, las pandemias, la proliferación nuclear— no conocen fronteras. Incluso China y Estados Unidos, a pesar de su rivalidad, han cooperado en acuerdos climáticos y en la respuesta a pandemias cuando les convenía. El Protocolo de Montreal tuvo éxito porque los Estados comprendieron que el agotamiento de la capa de ozono los amenazaba a todos. La seguridad colectiva, bien estructurada, puede funcionar. La cuestión no es si la cooperación es posible, sino si tenemos la voluntad de llevarla a cabo. La OTAN no responde a este desafío, sino que busca explotarlo enfrentando a las personas entre sí en nombre de la militarización.

Tenemos una elección. Podemos seguir por el camino de la seguridad militarizada, donde se gastan billones en armas que garantizan la destrucción mutua, donde la desigualdad se arraiga y donde la lógica de la competencia asegura que nadie esté jamás a salvo. O podemos invertir en un futuro donde ningún niño pase hambre, ninguna familia carezca de atención médica y ninguna nación viva con miedo a otra; un futuro donde el derecho internacional sirva como igualador, garantizando que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas y que nuestro planeta compartido se preserve para las generaciones venideras. El primer camino es el de la barbarie. El segundo es el de la civilización.

Los líderes de la OTAN harían bien en recordar que la verdadera seguridad no se mide por el tamaño de un arsenal, sino por la fortaleza de las sociedades que dice proteger, y que esas sociedades son mucho más débiles cuando sus miembros más vulnerables son abandonados a las consecuencias de un militarismo descontrolado.

El Dr. Curtis Doebbler  es profesor investigador de Derecho en la Universidad de Makeni, Sierra Leona, y propietario de DoebblerLaw, el bufete de abogados del Dr. Curtis FJ Doebbler, en Austin, Texas, EE. UU.