Gaceta Crítica

Antonio Kapcia (JACOBIN.LAT), 8 de Junio de 2026

Los últimos movimientos de Trump contra Cuba demuestran que Washington nunca aceptó la desafección de la isla al poder estadounidense. Es el momento de la solidaridad con el pueblo cubano.

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Amedida que las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y el liderazgo cubano continúan escalando en paralelo con los persistentes rumores de conversaciones reservadas entre ambos, recibimos una imagen confusa del estado real de esas relaciones. Hay también aún más confusión sobre los posibles desarrollos en el futuro próximo, en lo que podemos describir como la «guerra» en curso que la administración Trump le declara a Cuba, una guerra en la que recientemente se abrió un nuevo frente gracias a dos decisiones judiciales adoptadas a fines de mayo.

El 20 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la cuestionable independencia de Cuba en 1902, los fiscales federales estadounidenses actuaron para hacer pública una acusación formal del 23 de abril contra el exlíder cubano Raúl Castro, tras la decisión de un juez de Miami de autorizarlos a hacerlo. Un día después, la Corte Suprema de Estados Unidos votó 8 a 1 para reafirmar un fallo previo contra cuatro grandes líneas de cruceros cuyos barcos hicieron escala en Cuba.

El fallo respaldó una reclamación de 440 millones de dólares por parte de Havana Docks, una empresa estadounidense. Habiendo construido los muelles en 1905 con un arrendamiento de noventa y nueve años que le otorgaba el derecho a operar el puerto hasta su vencimiento, la empresa tuvo su propiedad confiscada por el gobierno cubano en 1960.

Un tribunal de apelaciones había rechazado previamente la reclamación, con el argumento de que los noventa y nueve años ya habían transcurrido desde 1905. Sin embargo, la Corte Suprema ha revocado ahora ese fallo, argumentando que «quienes utilizan una propiedad contaminada por una confiscación pasada [son] responsables ante cualquier ciudadano estadounidense que sea titular de un derecho sobre esa propiedad».

Helms-Burton

Aunque es poco probable que ninguna de las dos decisiones se ejecute con rapidez, por razones distintas, ambas refuerzan de hecho la prolongada serie de medidas adoptadas por Donald Trump desde 2017 para endurecer el embargo estadounidense. Esto permite que esas medidas adquieran un significado nuevo e inquietante para el gobierno y el pueblo cubanos.

En ambos casos, la nueva amenaza surge de la decisión sin precedentes de Trump, durante su primera presidencia, de ponerle fin a una exención presidencial sobre la aplicación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (la legislación comúnmente conocida como Ley Helms-Burton, por sus principales impulsores). Los presidentes estadounidenses sucesivos habían continuado invocando la exención desde 1996 hasta que Trump la dejó expirar.

El contexto de todo ello fue el episodio por el cual Raúl Castro ahora fue acusado formalmente en Miami. Las fuerzas de defensa cubanas derribaron dos aviones pilotados y pertenecientes a ciudadanos estadounidenses de Florida, matando a todos los que iban a bordo. De manera reveladora, ambos gobiernos mostraron en su momento un grado inusual de cautela en el manejo de este acto potencialmente peligroso.

Esto se debió en parte a que las autoridades estadounidenses, conociendo la clara intención de los pilotos de violar el espacio aéreo cubano, los habían advertido a ellos y a su organización Hermanos al Rescate de que corrían el riesgo de ser atacados por las defensas cubanas. Una advertencia que debidamente ignoraron, con el resultado final conocido.

Uno de los resultados de la controversia, sin embargo, fue un cambio en el enfoque de Bill Clinton hacia Cuba. Clinton se había opuesto anteriormente a la Ley Helms-Burton, principalmente porque apuntaba a extender el alcance del embargo a países distintos de Estados Unidos. Esto podía poner en peligro las relaciones con el resto de un mundo que en su mayoría se oponía al embargo. Bajo la presión de castigar a Cuba y apaciguar al poderoso lobby cubano-estadounidense, Clinton decidió entonces promulgar la ley.

Sin embargo, lo hizo con una exención presidencial del Título III. Esta cláusula le permitía específicamente a los ciudadanos estadounidenses emprender acciones legales contra entidades no estadounidenses por comerciar con propiedades que alguna vez fueron de cubanos actualmente radicados en Estados Unidos, cuyos bienes habían sido confiscados por el gobierno cubano tras la revolución de 1959. Si bien la ley, levemente castrada, logró no obstante disuadir a más empresas fuera de Estados Unidos de mantener relaciones comerciales con Cuba, el resto del mundo tendió de todos modos a ignorarla.

Después de 1993, las votaciones reiteradas en la Asamblea General de la ONU le dieron respaldo a una moción cubana anual para condenar el embargo estadounidense, confirmando efectivamente que este era ilegal según el derecho internacional. Los sucesivos gobiernos estadounidenses ignoraron esas votaciones, con la breve excepción de la administración Obama. A lo largo de los años, hasta que Trump cambió las reglas del juego con Cuba, solo Estados Unidos e Israel votaban en contra de la moción cubana anual. El resto del mundo votaba para condenar el embargo, con un puñado de abstenciones, habitualmente de pequeños estados que buscaban la ayuda estadounidense.

¿Al rescate?

Un aspecto interesante de todo ello fue el papel de Hermanos al Rescate. La organización había sido creada a mediados de la década de 1990 por José Basulto, veterano de las actividades anti-Castro y de la notoria estrategia de sabotaje y violencia dentro de Cuba conocida como Operación Mangosta (en el curso de la cual Basulto admitió haber disparado contra un hotel cubano). Su objetivo era identificar y rescatar a los «balseros» cubanos que cruzaban el estrecho de Florida, lo que significaba llevarlos a territorio estadounidense.

A medida que Cuba sufría la crisis económica inmediata posterior a la era soviética, comenzó una ola de emigración ilegal hacia Estados Unidos. Esta ola fue tolerada por las autoridades cubanas pero temida por los funcionarios de inmigración estadounidenses, preocupados por la posibilidad de que Florida se viera desbordada, lo que llevaría a una repetición de los efectos del éxodo del Mariel de 1980.

En 1994, se alcanzó un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba, con el objetivo de controlar el éxodo estableciendo una distinción entre los migrantes de «pies mojados» (los recogidos en el mar, que serían devueltos a Cuba) y los de «pies secos». En virtud de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, los de la segunda categoría podrían solicitar la residencia estadounidense y eventualmente la ciudadanía tras llegar a tierra firme.

A comienzos de 1996, hubo rumores persistentes en Washington acerca de la posibilidad de que Clinton considerara medidas para aliviar las relaciones con Cuba. Esto impulsó a Hermanos a dar por tierra con esos planes buscando provocar una reacción cubana mediante la entrada en el espacio aéreo cubano. Y, en efecto, cualquier plan de ese tipo quedó luego en suspenso hasta que Barack Obama decidió, célebremente, en 2014, elevar el nivel de reconocimiento de Cuba por parte de Estados Unidos. (En 1977, Jimmy Carter había dado un primer paso hacia el reconocimiento pleno eventual con el establecimiento de «secciones de intereses» en embajadas de terceros países en las respectivas capitales de los dos estados.)

Estado de preparación

¿En qué situación deja todo esto a Cuba? Raúl Castro era el ministro de Defensa de Cuba en 1996 y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cuyos oficiales presumiblemente tomaron la decisión de derribar los aviones. Podemos ver su acusación formal bien como un primer paso hacia la ejecución de una incursión ilegal al estilo de Nicolás Maduro para detenerlo y llevarlo ante la justicia estadounidense, o bien como una elevación retórica de la temperatura en unas relaciones bilaterales entre La Habana y Washington que ya están profundamente deterioradas.

La probabilidad es que los círculos políticos y militares estadounidenses consideren todavía que cualquier intento de repetir la acción contra Maduro en Cuba sería mucho más difícil y políticamente arriesgado que lo que ocurrió en Venezuela. En pocas palabras, las FAR cubanas siempre han estado preparadas para resistir cualquier acción militar externa contra Cuba.

Este estado de preparación incluye el entrenamiento y el armamento de ciudadanos no militares, a través de las fuerzas de reserva de las FAR, la red nacional de unidades de defensa (los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, a nivel de calle) y las milicias civiles. Además, las FAR mantienen su lealtad a Raúl Castro, en contraste con el papel poco fiable desempeñado por los militares venezolanos en el caso de Maduro, una situación que llevó al presidente venezolano a depender de treinta y dos efectivos militares cubanos para actuar como su guardia personal.

Además, Raúl sigue gozando de un alto grado de respeto popular por su legitimidad histórica (como uno de los tres líderes de la rebelión de 1953-1958) y por su asociación con las numerosas reformas económicas que lideró desde 1993 y que luego profundizó como presidente desde 2008. Por supuesto, cualquier predicción sobre lo que podría ocurrir en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba debe ser matizada en consideración a la imprevisibilidad fundamental de Trump. No debemos descartar, por lo tanto, un ataque al estilo Maduro (y los cubanos ciertamente no lo descartan), temiendo sus consecuencias.

Debemos prestar por ello real atención a la otra decisión judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta sí parece abrir la puerta a reclamaciones legales en Estados Unidos contra empresas extranjeras que comercien con propiedades nacionalizadas durante los primeros años de la revolución.

Efecto disuasorio

Una salvedad que debemos introducir aquí es que, según la legislación estadounidense vigente, las reclamaciones individuales solo pueden ser presentadas por quienes ya eran ciudadanos estadounidenses en el momento de cualquier confiscación. La mayoría de los cubano-americanos que buscan aprovechar la Ley Helms-Burton no reunirían los requisitos.

Sin embargo, la decisión sí les permite ahora a las empresas presentar reclamaciones, ya que estaban más claramente establecidas como entidades estadounidenses en el momento de la confiscación. Por lo tanto, habrá un efecto dominó a partir de la decisión judicial, tal como lo hubo en cuanto Trump puso fin a la exención del Título III.

Si bien muchas empresas europeas y canadienses continuaron comerciando con Cuba tras la medida de Trump, hubo una visible reticencia entre los potenciales inversores a comprometerse con Cuba dada la incertidumbre jurídica. Esto fue especialmente cierto dado que la presidencia de Joe Biden no siguió el ejemplo de Obama, como se esperaba, y continuó aplicando el embargo tal como Trump lo había dejado.

Biden también siguió el ejemplo de Trump al continuar catalogando a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Aunque la mayoría de los demás gobiernos rechazan esta categorización, los bancos y las compañías de seguros no estadounidenses han llegado cada vez más a reconocerla negándose a participar en actividades comerciales y financieras con entidades cubanas, violando impunemente las leyes de libertad de comercio de la UE y del Reino Unido. El efecto ha sido desastroso para las transacciones de Cuba y de los cubanos individuales con entidades extranjeras, restringiendo severamente cualquier relación económica significativa con el mundo exterior.

Definiendo al enemigo

Todo esto forma parte del cuadro mucho más amplio de una guerra económica y política implacable contra Cuba. El uso del término «guerra» puede parecer exagerado dada la ausencia de combates reales, en contraste con la otra guerra de Trump contra Irán. Sin embargo, siempre es saludable recordar que cuando el gobierno estadounidense codificó formalmente el embargo en 1963 —que hasta entonces había sido parcial y limitado— lo hizo bajo el amparo de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Esta medida definió legalmente a Cuba como enemiga de Estados Unidos.

El marco de 1963 sigue siendo el instrumento legal de cualquier presidente para tratar con Cuba. Sin embargo, ahora fue superado por otro efecto más de la Ley Helms-Burton de 1996, que a partir de entonces exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para derogarla. Esto otorga efectivamente a la ley un estatus equivalente al de la mayoría de los tratados en los que Estados Unidos es parte.

El punto respecto a que Washington utiliza la ley de 1917 como mecanismo es que sirve como recordatorio de la situación de Cuba, formalmente en guerra con una potencia que la considera una amenaza. El arma principal de la guerra ha sido, por lo tanto, el embargo.

Mientras Cuba mantuvo una relación económica efectiva y exitosa con el bloque liderado por la Unión Soviética, principalmente entre 1972 y 1990, el embargo tendió a perder importancia. A ello contribuyó el mayor reconocimiento de Cuba y el mayor comercio con ella por parte de otros países latinoamericanos. La condición previa de Cuba de estar sitiada en el contexto de una guerra parecía desvanecerse en el pasado.

Sin embargo, el colapso de la URSS tuvo otro efecto además de la terrible crisis económica que le siguió. En el protocolo secreto del acuerdo de la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962, Estados Unidos se había comprometido a no invadir Cuba. Esto creó una situación inusual para Cuba durante las tres décadas siguientes: gozó de la capacidad de actuar en el exterior con cierto grado de impunidad, desafiando a ambas superpotencias mediante su apoyo activo a la revolución armada en América Latina y al anticolonialismo armado en África y Asia.

Washington asumió ese compromiso ante la Unión Soviética, no ante la propia Cuba. Después de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Esto persuadió a los líderes cubanos de la real posibilidad de una política estadounidense diferente, la de la guerra en lugar del embargo, en un momento en que Cuba podía defenderse con menor eficacia. En última instancia, Clinton no tenía ningún interés en hacer la guerra a Cuba y simplemente mantuvo su compromiso con el embargo. Pero la amenaza persistió y ahora regresó con creces bajo un régimen diferente en Washington.

Conjurando una amenaza

La idea de Cuba como amenaza también ha resurgido en los enfoques estadounidenses hacia el país de maneras que evocan usos históricos del término. Remontándose al comienzo del siglo XIX, desde Thomas Jefferson en adelante, los deseos estadounidenses de tomar el control de la isla fueron alimentados por el temor a que otra potencia (generalmente Gran Bretaña en un principio) tomara algún grado de control sobre una Cuba independiente. En este escenario, la amenaza era la otra potencia que podría en el futuro establecer su influencia en suelo cubano.

Tras el interregno del control estadounidense —directo entre 1902 y 1934, indirecto desde ese momento hasta 1959— el comunismo se convirtió en el nuevo monstruo. El término «comunismo», tal como lo usaban los funcionarios estadounidenses, aludía tanto a una amenaza ideológica que ofrecía a los latinoamericanos una alternativa popular al statu quo respaldado por Estados Unidos como a una amenaza estratégica de la Unión Soviética.

Estados Unidos comenzó así a imponer sanciones a mediados de 1960 tras el primer intercambio comercial cubano-soviético de azúcar por petróleo. A partir de entonces justificó esas sanciones por referencia a la presencia soviética, real o imaginada, y a la amenaza derivada de la imagen cubana de resistencia exitosa, además de cualquier apoyo de La Habana a la revolución «comunista» (que podría o no estar liderada por comunistas).

Ahora, tras su éxito con Maduro, Trump le recordó a toda América Latina la historia del imperialismo estadounidense, vistiéndose orgullosamente con el ropaje de la Doctrina de James Monroe y su Corolario de Teddy Roosevelt. Él y Marco Rubio también resucitaron la noción de una amenaza proveniente de Cuba, más de dos siglos después de que Estados Unidos comenzara a interesarse por primera vez en la isla. Esa supuesta amenaza podría ofrecer precisamente la justificación que Trump podría usar como pretexto para una intervención militar agresiva.

Antoni Kapcia. Profesor de historia latinoamericana en el Centro de Investigación sobre Cuba de la Universidad de Nottingham. Entre sus obras destacan Leadership in the Cuban Revolution: The Unseen Story, A Short History of Revolutionary Cuba: Revolution, Power, Authority and the State from 1959 to the Present Day y Cuba in Revolution: A History Since the Fifties.