Gaceta Crítica

Marc López Plana (Agenda Pública), 27 de Mayo de 2026

En la Europa de las mayorías frágiles, una investigación judicial puede modificar equilibrios políticos antes incluso de llegar a juicio. Italia vivió este desplazamiento con Mani Pulite; España observa hoy síntomas parecidos. Cuando los partidos pierden capacidad de mediación, la justicia deja de ser solo un árbitro jurídico y pasa a convertirse en un actor central del clima político

El expresidente Rodríguez Zapatero durante la comisión de investigación del caso Koldo. | Eduardo Parra / Europa Press

En política no hace falta una sentencia para provocar una crisis. A veces basta una investigación, o que esta sea factible y empiece a circular como posibilidad, para que el sistema político cambie de comportamiento.

Italia lo aprendió de forma brusca a comienzos de los años noventa. La operación Mani Pulite comenzó como una investigación sobre corrupción administrativa en Milán y acabó siendo el punto de ruptura de todo un sistema político. En pocos años desaparecieron los grandes partidos que habían estructurado la Primera República italiana. Aquello no fue una derrota electoral: fue un colapso más desordenado, rápido y difícil de procesar para las instituciones.

El momento en que cambia la percepción de legitimidad

Lo que hace singular ese episodio es el desplazamiento de la legitimidad política que produjo. Una parte importante de la opinión pública empezó a ver a la magistratura como el único actor capaz de imponer límites en un sistema que había perdido credibilidad. El problema no estaba en la ampliación del papel judicial sino en la renuncia del sistema político a cumplir el suyo. En ese vacío, la justicia, sin sustituir a la política, ocupa un lugar simbólico y crea un equilibrio difícil de revertir.

«Al debilitarse esa función, el sistema es sujeto de un desplazamiento, un cambio. Parte del conflicto se traslada a los medios, parte a la movilización social y parte al sistema judicial»

Por tanto, el inicio de la problemática es previo y se encuentra en la forma en que los partidos han perdido su capacidad de estructurar la sociedad. Durante décadas, eran mecanismos de mediación que lograban organizar los intereses de la ciudadanía al tiempo que absorbían sus conflictos y canalizaban las demandas sociales por la vía política. Al debilitarse esa función, el sistema es sujeto de un desplazamiento, un cambio. Parte del conflicto se traslada a los medios, parte a la movilización social y parte al sistema judicial.

Cuando esto ocurre, puede producirse lo que el profesor de Derecho Sabino Cassese llama desbordamiento. El desbordamiento entra en escena cuando, por una mala interpretación de la autonomía judicial, surgen magistrados militantes. Un magistrado militante está convencido de que tiene una misión que cumplir. ¿Dónde está la línea que distingue a un magistrado convencido de que puede imputar a un expresidente del Gobierno de un magistrado militante? En mi humilde opinión, un magistrado, sabiendo el impacto que su decisión va a tener y siendo consciente de las dinámicas que se han apuntado, debería pensárselo muchas veces antes de imputar a un expresidente del Gobierno. Sería injusto por mi parte afirmar que el juez Calama no lo ha hecho, pero más grave sería que no lo hubiera hecho.

La experiencia italiana

El caso italiano ayuda a entender la persistencia de ese cambio. Silvio Berlusconi es, además del producto político del vacío posterior a Mani Pulite, la figura que convierte la relación entre política y justicia en un conflicto permanente.

A partir de ahí, cada investigación relevante adquiere una traducción política inmediata. Y lo mismo ocurre con las respuestas: la justicia es percibida como fiel cumplidora de su mandato legal o como un actor politizado, según el lugar desde el que se mire. Esa dualidad sigue funcionando hoy en día.

«Una investigación en curso o una imputación preliminar bastan para alterar los comportamientos de los actores políticos, sobre todo en países con mayorías frágiles»

En este tipo de sistemas, el punto más delicado es el momento en que los procedimientos judiciales empiezan a producir efectos políticos. Durante mucho tiempo, ese efecto se producía con sentencias o en fases avanzadas del proceso. Hoy el umbral, como digo, se ha desplazado: una investigación en curso o una imputación preliminar bastan para alterar los comportamientos de los actores políticos, sobre todo en países con mayorías frágiles.

Precisamente, España ofrece un ejemplo de esta dinámica. La estabilidad del Gobierno depende de una mayoría parlamentaria fragmentada, donde actores como Junts per Catalunya ocupan posiciones de bisagra con capacidad real de alterar el equilibrio. En este entorno, la política se organiza alrededor de decisiones tácticas constantes sobre costes, apoyos y reputación, dejando los bloques ideológicos en un segundo plano. Cualquier elemento que afecte a la percepción de estabilidad institucional adquiere un peso político inmediato porque modifica los incentivos de los actores.

El caso de la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy suele citarse como ejemplo de cómo una decisión judicial tiene consecuencias políticas directas. Sin embargo, aquel episodio pertenecía a otra lógica: la sentencia del caso Gürtel ya estaba emitida. En otras palabras, el sistema reaccionó a un hecho consolidado, no a un proceso en desarrollo. Por tanto, lo que podría ocurrir ahora es más temprano y más incierto: la política empieza a reaccionar en fases previas, antes de que el procedimiento cristalice en una resolución definitiva. Dicho desplazamiento del momento de reacción es uno de los cambios más relevantes del sistema político contemporáneo.

Junts y la lógica del cálculo permanente

En sistemas parlamentarios fragmentados, los actores bisagra —en el caso español suelen ser los partidos de ámbito no estatal— adquieren un papel especialmente relevante. Junts opera como actor de equilibrio dentro de una estructura inestable. Su comportamiento combina la negociación con el Gobierno, la competencia con otros actores independentistas y la evaluación constante del coste de cada movimiento en el tablero estatal. Esto genera una política menos lineal y más situacional, donde la posición varía según el contexto inmediato y los efectos del clima institucional se amplifican.

Este fin de semana han sido muchos los que han especulado con la idea de que Junts (no así el PNV, que depende del Partido Socialista en el País Vasco) pudiera apoyar una moción de censura instrumental del Partido Popular, que también podría ser apoyada por Vox.

«¿Nos imaginamos una campaña electoral en pocas semanas con Pedro Sánchez apelando a reunir al progresismo y con el PP y Vox con Puigdemont a la espalda?»

Desde mi punto de vista, Junts solo apoyaría una moción en la que consiguiera algo que pudiera contrarrestar lo que dicen las encuestas: casi la mitad de los votantes del partido afirman reiteradamente que prefieren a Pedro Sánchez como jefe del Gobierno en España; prácticamente ninguno dice lo mismo de Feijóo. Esto solo se podría neutralizar si Feijóo se comprometiera a abrir la posibilidad de que Puigdemont pudiera volver a España inmediatamente. Pero, para el PP y Vox —con Vox necesariamente en la ecuación de una moción de censura—, tiendo a pensar que prima el instinto conservador. ¿Nos imaginamos una campaña electoral en pocas semanas con Pedro Sánchez apelando a reunir al progresismo y con el PP y Vox con Puigdemont a la espalda?

En este marco, la justicia entra en los cálculos de la política. No hace falta una sentencia para que exista impacto político; basta con que un procedimiento judicial introduzca incertidumbre en una mayoría frágil. Esto produce una situación difícil de clasificar: un gobierno no queda condicionado directamente por los jueces, aunque la justicia tampoco permanece ajena a la dinámica política. Es una zona intermedia e inestable.

En el debate político actual en España, el llamado caso Zapatero es un ejemplo de cómo un procedimiento judicial se convierte en factor de discusión política mucho antes de su resolución. Podrá (o no) determinar mayorías por sí mismo, pero lo cierto es que entra en un sistema ya condicionado por la fragilidad parlamentaria y la lógica de actores bisagra. Y, a este respecto, el tipo de sistema en el que se inserta es una variable importantísima, porque en este caso hablamos de un sistema en el que la estabilidad depende cada vez más de percepciones de solidez institucional que pueden verse alteradas en fases tempranas del proceso judicial.

Una conclusión difícil de ignorar

Italia nos recuerda que cuando la realidad muestra que la acción judicial se convierte en una pieza clave para determinar resultados políticos, se activan todos los incentivos en la política para intentar influir en la conformación y en las decisiones judiciales. Es la judicialización de la política la que acaba impulsando la politización de la justicia.