Gaceta Crítica

Rosanna Álvarez (Venezuelanalysis), 21 de Abril de 2026

La historiadora Rosanna Álvarez documenta la sumisión de la élite venezolana al imperialismo estadounidense a lo largo del siglo XX, particularmente a través de la industria petrolera.

Esta entrega de «Historia de la Insurgencia» aborda la sumisión de las élites venezolanas al imperialismo estadounidense en el siglo XX. (Foto de fondo: Archivo Fotografía Urbana)

La política petrolera de Venezuela no se ha limitado a un conjunto de regulaciones técnicas, sino que se ha convertido en un campo de batalla donde la soberanía nacional se ha definido frente a los intereses imperialistas occidentales. En este sentido, el siglo XX en Venezuela comenzó con cañones apuntando a sus costas. El bloqueo naval impuesto por Inglaterra, Alemania e Italia en 1902 fue consecuencia de las exigencias para cobrar las deudas contraídas desde la Guerra de Independencia y a lo largo del siglo XIX para construir la república oligárquica y fragmentada que surgió desafiando el proyecto bolivariano de unidad. 

Incapaz de pagar a sus acreedores, el presidente venezolano Cipriano Castro se negó a entregar los recursos y el territorio del país, razón por la cual se le considera el primer presidente nacionalista derrocado por las potencias imperiales de la época. En respuesta a la presión extranjera ejercida mediante el bloqueo, proclamó en la prensa nacional: «¡La insolente bota extranjera ha profanado la tierra sagrada de la patria!». Castro encarnó un desafío que las potencias no perdonarían.

Sin embargo, la verdadera tragedia no fue el ataque externo, sino la traición interna. Juan Vicente Gómez, amigo íntimo del presidente, no solo fue el instigador del golpe de Estado de 1908, sino también el artífice del primer gran modelo económico de sumisión. Bajo su gobierno, Venezuela se transformó de la noche a la mañana de una economía agraria en un enclave petrolero.

Las concesiones otorgadas a partir de 1922 mediante leyes y decretos no fueron acuerdos comerciales; fueron actos de cesión de soberanía territorial y económica a Standard Oil y Royal Dutch Shell, que configuraron la nueva geometría del poder y el surgimiento de una nueva forma de ser y de hacer política: había nacido lo que el antropólogo Rodolfo Quintero llamó «la cultura del petróleo», una sociedad cuya élite miraba más hacia el norte que hacia las llanuras del interior venezolano.

El historiador venezolano Oscar Battaglini ofrece un análisis profundo del funcionamiento interno de esta nueva cultura económica y política. 

…el imperialismo organiza (actuando directamente como en los tiempos del antiguo colonialismo) un estado fuerte y verdaderamente centralizado al frente del cual aparecen, en el papel de meros «supervisores nativos», los restos de la antigua oligarquía: grandes terratenientes, agroexportadores e importadores y banqueros usureros… El estado que emerge… su misión principal era mantener la represión más cruel y abierta, la estabilidad del orden petrolero establecido; lo que equivalía a garantizar a las compañías petroleras beneficios consistentemente altos y a los sectores nacionales dominantes, la apropiación… de los ingresos fiscales del petróleo… 

Tras la muerte de Gómez en 1935, su propio Ministro de Guerra y Marina, Eleazar López Contreras, recibió el encargo de servir de puente de transición entre un sistema de gobierno personalista y sumamente represivo y uno que parecía más libre. Con reservas petrolíferas bajo sus pies y una activa presencia estadounidense en los puertos del lago de Maracaibo, López caminaba sobre la cuerda floja. Los diversos sectores políticos y populares, ya consolidados pero silenciados, lanzaron una feroz resistencia: trabajadores petroleros, estudiantes, partidos políticos y activistas que hasta entonces habían operado en la clandestinidad, mujeres y campesinos empobrecidos irrumpieron en la vida política con fuerza. 

La expansión de los pozos petrolíferos, junto con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el auge del fascismo, sentaron las bases para la consolidación de un modelo económico que comprometió la soberanía nacional, estableció el intervencionismo como mecanismo de «negociación» y socavó el desarrollo político mediante la persecución de cualquier expresión que pudiera amenazar los intereses del altamente lucrativo negocio del petróleo.

De la Ley de 1943 al Pacto de Puntofijo: La institucionalización de la dependencia

El gobierno de Isaías Medina Angarita representó una importante apertura política y orientó la industria petrolera hacia los intereses nacionales. Durante su administración (1941-1945), se redactó la primera legislación justa sobre la gestión de los ingresos petroleros, así como el primer plan para el desarrollo de una economía productiva que buscaba superar el modelo rentista que ya se había arraigado durante la era Gómez. Con la Ley de Hidrocarburos de 1943, reforzada por la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1942, el Estado venezolano obtuvo una participación del 60% en los ingresos petroleros, un hecho que no favoreció a las compañías petroleras estadounidenses, acostumbradas a obtener hasta el 75% de las ganancias petroleras. Esta ley, junto con la Ley de Reforma Agraria de 1945, preparó el terreno para una intervención que impidió la transición democrática y soberana a otro mandato presidencial y precipitó lo que algunos han llamado «la Revolución de Octubre» y otros un «golpe de Estado» contra estas medidas, que afectaron el régimen de propiedad de la tierra y el control sobre los recursos de combustibles fósiles de Venezuela. 

Tras el golpe de Estado y durante el «trienio de Adeco» (1945-1948), liderado por Rómulo Bentancourt, si bien la ley de 1943 no fue derogada, se aplicó una especie de flexibilización, conocida como el acuerdo «cincuenta-cincuenta», que consistía en garantizar a las compañías petroleras una participación del 50 % en los ingresos, evitando así el pago de impuestos y, por consiguiente, previniendo posteriores aumentos de renta. Cabe destacar que este proceso no solo afectó a los aspectos económicos, sino que también consolidó el enclave petrolero, lo cual, como en todo proceso de colonización, incluyó elementos culturales; en este caso, el establecimiento de un «estilo de vida (norteamericano)» en los yacimientos petrolíferos y sus alrededores. 

Las ciudades-campamento se crearon para funcionar como islas de modernidad extranjera, segregadas de la realidad nacional, donde la administración local comenzó a adoptar la mentalidad y los intereses de las empresas matrices. Un claro ejemplo de esto fue Judibana, en el estado Falcón, cerca de la refinería de Amuay. Judibana es un complejo urbano diseñado alrededor de 1948 por la Creole Petroleum Corporation, que en aquel entonces incluía escuelas, clubes, un economato y una dinámica interna aislada y autosuficiente. Durante el cierre patronal petrolero de 2002, sirvió como enclave para la clase petrolera antinacionalista. 

Posteriormente, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1953-1958) proclamó el “sueño del progreso” mediante la transformación del paisaje y una política de obras públicas monumentales que reflejaban la naturaleza “todopoderosa” del petróleo y servían como manifestación física del poder estatal. Tras su derrocamiento en 1958, surgió el Pacto de Punto Fijo, dando origen a lo que muchos académicos denominan “democracia pactada”. Si bien se presentó como la estabilización del sistema político, algunos autores sugieren que fue un mecanismo para excluir a las fuerzas populares y proteger los intereses transnacionales.

Rómulo Betancourt, líder del partido Acción Democrática —también conocido como el “Padre de la Democracia Venezolana”—, fue el primer presidente bajo el Pacto de Punto Fijo. A pesar de su retórica nacionalista de juventud, durante su administración (1959-1964) estableció un modelo en el que los ingresos petroleros se utilizaron para apaciguar el conflicto social sin alterar la estructura de la propiedad. La “sumisión” adquirió aquí una dimensión más sofisticada: no se trataba de la cesión directa de tierras, sino de la subordinación a la política exterior estadounidense. La burguesía comercial y financiera abandonó cualquier plan de industrialización para convertirse en una clase parasitaria que vivía a expensas de los ingresos estatales.

Bajo los gobiernos de Punto Fijo (1958-1998), Venezuela fue vista como un «laboratorio» para la implementación de políticas socialdemócratas que servían de contrapeso a la influencia de la Revolución Cubana (1959) –caracterizada por su fuerte postura antiimperialista–, consolidando así la hegemonía estructural del mercado estadounidense, que para 1997 recibía casi el 70% de las exportaciones petroleras del país. 

El neoliberalismo y la “desnacionalización” de la década de 1990

Tras un largo proceso de redacción de leyes y negociaciones, el 1 de enero de 1976 se izó la bandera nacional en el pozo petrolero Zumaque n.° 1. Con este acto simbólico y legal, nació Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa encargada de planificar, coordinar y supervisar la industria, marcando el inicio de una fase en la que el Estado asumió no solo los ingresos, sino también el control operativo total de los recursos petroleros del país.

Bernard Mommer, experto en la materia, ofrece una aguda crítica que distingue entre la nacionalización —cuyo objetivo era el control político y económico del petróleo en aras de la soberanía nacional— y la estatización, que implicó la creación de una corporación estatal (PDVSA) que, con el tiempo, comenzó a operar según una lógica empresarial privada, distanciándose de las necesidades del gobierno nacional y del objetivo de esta estrategia supuestamente soberana. En este sentido, Mommer sostiene que, tras la nacionalización, la industria permaneció bajo control imperialista. PDVSA heredó la estructura organizativa y la cultura de las antiguas concesionarias (Shell, Exxon, Mobil), lo que creó un «estado dentro del estado».

El giro neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 marcó el momento en que la sumisión se disfrazó con el lenguaje técnico del Consenso de Washington. La Apertura Petrolera fue la máxima expresión de este proceso: una iniciativa en la que PDVSA operó según una lógica transnacional, minimizando los beneficios para el país y allanando el camino hacia la privatización total. Se trató más bien de una «desnacionalización», donde el Estado dejó de actuar como un propietario exigente y, en cambio, se convirtió en un promotor de la inversión extranjera, sacrificando los ingresos fiscales, reduciendo drásticamente las regalías (del 16,6 % al 1 % en algunos casos) y cediendo el control operativo.

Las políticas de desestatización no se limitaron al sector petrolero. Se privatizaron los servicios telefónicos (CANTV) y las aerolíneas (Viasa), y se intentó privatizar industrias básicas como la del hierro y el aluminio. En este proceso, la dirección de PDVSA comenzó a distanciarse de las directrices del Ministerio de Energía y Minas para convertirse en una entidad controlada por intereses internacionales neoliberales.

El Carmonazo: Un intento fallido de regresar al pasado

Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, se intentó revertir este proceso de desestatización mediante la Ley de Hidrocarburos Orgánicos de 2001. Esta ley elevó las regalías al 30% y exigió que el Estado mantuviera una participación mayoritaria (51%) en cualquier empresa conjunta. Asimismo, restableció el control del Ministerio de Energía sobre PDVSA.

La reacción de sectores tradicionales como la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y el lobby empresarial FEDECAMARAS, aliados con la Iglesia y el sector militar, fue el llamado a una huelga petrolera y el golpe de Estado (el Carmonazo) llevado a cabo el 11 de abril de 2002, una respuesta directa de los directivos de PDVSA y la oligarquía neocolonial para proteger los contratos y la visión de la Apertura Petrolera. El efímero decreto del régimen golpista de Carmona buscaba derogar estas leyes para regresar a Venezuela al modelo de gestión de la década de 1990: una PDVSA «privatizada» y un Estado sin control sobre su principal fuente de riqueza.

El “Decreto Carmona” fue la expresión más pura de la mentalidad oligárquica neocolonial. En menos de 24 horas, se disolvieron las autoridades públicas y se eliminó el nombre de “República Bolivariana”, volviendo simbólicamente a la “República de Venezuela” controlada por la élite. El objetivo principal era paralizar la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos, devolviendo el control de los ingresos a la administración de PDVSA, alineada con intereses externos.

Desde el bloqueo de 1902 hasta el golpe de Estado de 2002, el denominador común ha sido una élite venezolana que percibe la soberanía como un obstáculo para sus intereses comerciales. La sumisión no es solo una postura política, sino una identidad de clase que confunde el progreso con la imitación del núcleo imperial.

La historia de este siglo en Venezuela demuestra que la lucha por la nacionalización no se trata solo de petróleo , sino de la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino sin la tutela de la insolente bota extranjera.

Rosanna Álvarez es Magíster en Historia de la Venezuela Republicana de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar y Fundación Hugo Chávez, además de redactora de la revista Libertador 8 Estrellas. Es autora de Venezuela vista e imaginada. Un recorrido visual por nuestra historia y conductor del programa Bolívar Nuestro de Radio del Sur.