Gaceta Crítica

Luca Tancredi Barone (IL MANIFESTO -ITALIA-), 2 de Febrero de 2026

BARCELONA

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En una medida drástica, el gobierno español aprobó ayer una amnistía que ayudará a cientos de miles de migrantes a salir de la ilegalidad. El gobierno de Pedro Sánchez estima que aproximadamente medio millón de personas podrán acogerse a la amnistía, que las organizaciones sociales llevan reclamando desde la pandemia.

El anuncio lo hizo el lunes por la noche el partido Podemos, atribuyéndose el mérito de convencer al gobierno para que diera un paso largamente esperado. El medio elegido es una nueva modificación de la normativa de inmigración, que —y este es el punto crucial— no debe verse obstaculizada por el Congreso de los Diputados, donde el gobierno carece de mayoría. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que le permitirá modificar la normativa en las próximas semanas. Esto modificará los requisitos para obtener permisos, permitiendo que quienes hayan estado en suelo español desde al menos agosto del año pasado soliciten y obtengan inicialmente un permiso temporal (que ya les permite trabajar legalmente), que posteriormente se convertirá, una vez cumplidos los requisitos, en un permiso anual renovable. Se estima que más del 90% de los migrantes que lo solicitan son sudamericanos. La última amnistía fue emitida por Zapatero en 2004.

La iniciativa popular que impulsaba una ley en este sentido había recogido 700.000 firmas, y en 2024 todos los partidos (excepto Vox) acordaron iniciar el debate. Sin embargo, el texto ha permanecido estancado en comisión desde entonces. La vía elegida por el gobierno le permite superar el obstáculo que supone el bloque de la derecha: a Vox y al Partido Popular (PPV) se les une en esta y otras cuestiones sociales Junts, el partido liderado por el expresidente catalán Carles Puigdemont. Sin los votos de este último, el gobierno está derrotado, como se demostró ayer mismo.

El paquete social (que incluía, entre otras cosas, aumentos de las pensiones y del salario mínimo, y la congelación de los desahucios) fue rechazado en el Parlamento. Por lo tanto, el riesgo de que esta ley también fuera rechazada si el gobierno la hubiera debatido era muy alto. Para Podemos, Izquierda Unida y todos los partidos de izquierda, así como para las ONG (incluido el Movimiento Regularización Ya, que había promovido la ley), la amnistía era esencial tanto para proteger a los migrantes como para enviar un mensaje contundente contra la tendencia antiinmigratoria explotada por la derecha, tanto en España como en otros países. El dramático ejemplo de Estados Unidos es evidente.

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migración e Inclusión, Elma Saíz, la calificó de «una medida bien elaborada, debatida y necesaria» y de «un día histórico»: «Estamos fortaleciendo un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social». El Gobierno enfatizó su intención de «seguir siendo un faro» y «una semilla para luchar contra el avance de la extrema derecha».

La Conferencia Episcopal, a través de su presidente, el arzobispo Luis Argüello, ha expresado su acuerdo con el gobierno, calificándolo de «buena noticia», ya que la ley «reconoce la dignidad» de personas que «ya trabajaban, participaban en la escuela, la sanidad y los servicios sociales, y en ocasiones apenas sobrevivían entre nosotros».