Gaceta Crítica

MUNDO OBRERO, 7 de Julio de 2025

Advierte del daño que causan los discursos catastrofistas, que buscan justificar recortes y deslegitimar el Estado social, y critica la difusión de informes sin base técnica sólida

Manifestación «Con los derechos de la gente no se juega», de febrero de 2025. Fuente: PCE

Comisiones Obreras ha cargado duramente contra las nuevas predicciones catastrofistas sobre el futuro del sistema público de pensiones. La organización sindical rechaza el informe publicado esta semana por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA, que pronostica que la generación joven no podrá jubilarse hasta los 71 años. Para el sindicato, se trata de “un producto que busca el impacto mediático más que la reflexión y el análisis técnico riguroso”.

No es la primera vez que este tipo de afirmaciones se abren paso en los medios. Como recuerda CCOO, “llevan décadas anunciando el colapso del sistema público de pensiones, siempre con mensajes similares y que fallan sistemáticamente en sus predicciones”. En este caso, el documento promovido por IVIE y BBVA parte de una comparación forzada entre la tasa de ocupación de los jóvenes en 2007 —el pico más alto en 45 años— y la actual, omitiendo que esta última se encuentra en fase de recuperación tras el desplome provocado por la crisis de 2008-2012.

La crítica va más allá del análisis técnico. Para CCOO, este tipo de informes forman parte de una estrategia más amplia que alimenta el relato del conflicto intergeneracional. Un relato, subraya el sindicato, “que en realidad sólo busca justificar recortes de derechos”, al tiempo que socava la legitimidad del sistema de pensiones y del Estado social en su conjunto.

El informe objeto de crítica no solo proyecta a muy largo plazo —36 a 49 años— la evolución de variables inciertas, sino que introduce hipótesis que no existen en la legislación actual ni responden a ninguna propuesta en curso. Entre ellas, elevar a 40 años el periodo necesario para cobrar el 100% de la pensión, ampliar el periodo de cálculo a 35 años o recuperar el derogado Factor de Sostenibilidad de 2013, que podría suponer recortes del 30% en las pensiones futuras.

Para el sindicato, este tipo de ejercicios no son inocuos. Su función es generar alarma y debilitar la confianza en un sistema que ha demostrado resiliencia a lo largo de décadas. “Las personas que se están jubilando actualmente, comenzaron a trabajar en los años 70, cuando las tasas de ocupación juvenil eran incluso más bajas que las actuales”, recuerda CCOO. Y sin embargo, según los datos actuales, los hombres jubilados en 2024 han acumulado una media de 41 años cotizados, y las mujeres, 35, cifras que van en ascenso.

El informe también ignora que las reformas recientes han introducido elementos de mayor equidad, como el aumento progresivo de las bases máximas de cotización o la nueva cuota de solidaridad para las rentas más altas. Además, se critican medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que incrementa en un 1,2% las cotizaciones a partir de 2029, sin mencionar que la mayor parte de ese aumento —cinco sextas partes— recae sobre la parte empresarial.

Comisiones Obreras señala que entre 1978 y 1995 se redujeron en seis puntos las cotizaciones, el 90% de esa bajada a costa de las cuotas empresariales. Un detalle relevante que suele omitirse en los diagnósticos interesados que se centran solo en el gasto, sin contemplar los márgenes de ingresos del sistema.

“Promover fake news de pensiones también es promover la deslegitimación del Estado social y democrático”, denuncia el sindicato, que lanza una advertencia tanto a los autores como a quienes difunden estos informes sin espíritu crítico: “Flaco favor hace una parte de la academia científica en dejarse utilizar para contribuir a lo que en realidad son meras campañas publicitarias para promover productos financieros”.

La crítica no es solo a la base técnica de los informes, sino a su uso mediático y a la forma acrítica en que se reproducen en muchos medios de comunicación, dándoles credibilidad sin contrastar sus supuestos. Frente a este alarmismo, Comisiones Obreras defiende el sistema público de pensiones como un pilar fundamental de cohesión social, y reitera que su sostenibilidad no depende de dramatismos especulativos, sino de decisiones políticas y de un reparto justo del esfuerzo entre empresas, Estado y trabajadores.