Gaceta Crítica

SCOTT LAVERY

26 de Abril de 2024

En mayo de 2023, Olaf Scholz proclamó que en Alemania se estaba produciendo una gran «reindustrialización». En su intervención durante la inauguración de una nueva planta de fabricación de semiconductores Infineon valorada en 5.000 millones de dólares, la Canciller se jactó de que uno de cada tres microchips europeos sería ahora «Fabricado en Sajonia». Un mes después, Intel confirmó que invertiría 33.000 millones de dólares en dos nuevas fábricas en Magdeburgo: la mayor inversión extranjera directa en la historia de la República Federal. A esto le siguió el anuncio de que el gigante taiwanés de semiconductores TSMC asumiría una participación del 70% en una nueva planta de fabricación de 11.000 millones de euros en Dresde. El llamado libre mercado no atrajo a estas empresas a ‘Silicon Saxony’: sí lo hicieron los sorprendentes 20 mil millones de euros en subsidios del gobierno alemán. El Sumo Sacerdote de la disciplina presupuestaria de la eurozona ha dejado de lado sus sagradas escrituras, respondiendo al declive de su modelo de crecimiento basado en las exportaciones con un exceso de subvenciones.

La causa inmediata del cambio radical fueron las consecuencias inflacionarias de la pandemia de Covid-19. En octubre de 2021, cuando Europa comenzó a levantar las restricciones de bloqueo, el director general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Eric-Mark Huitema, emitió una advertencia. El sector automovilístico europeo –la mayor parte del cual se concentra en Alemania y su interior– había sufrido pérdidas de producción por valor de 100.000 millones de euros durante 2020, y el suministro mundial de semiconductores se estaba desplomando. Ante esta escasez, Huitema pidió un «plan estratégico paneuropeo para aumentar la producción de semiconductores en la UE», con el objetivo de minimizar la dependencia de Europa de los mercados exteriores.

Al otro lado de la Rue de Loi, frente a la sede de ACEA, la Comisión Europea estaba ocupada desarrollando sus planes para apuntalar la debilitada industria europea. Ursula von der Leyen destacó la necesidad de reforzar las capacidades de fabricación de chips de la UE para restaurar su «soberanía tecnológica» en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Esto culminó en un paquete de 43 mil millones de euros –la Ley de Chips de la UE de 2023– que buscaba reducir las dependencias externas de Europa y al mismo tiempo reorientar la producción de semiconductores al Mercado Único. La característica más importante de la Ley no es su precio principal ni su elevada ambición de «duplicar la participación de Europa en el mercado mundial de semiconductores para 2030». Su verdadera importancia está a nivel de los Estados miembros. La Comisión ha relajado las restricciones a las ayudas estatales, permitiendo a los gobiernos nacionales inyectar fondos públicos en sus sectores nacionales de semiconductores. La Dirección General de Competencia –tradicionalmente la encargada de hacer cumplir el estricto régimen antisubsidios de la UE– ha dado su visto bueno a los nuevos acuerdos. En lugar de vigilar celosamente las prácticas «anticompetitivas», Bruselas ahora brindará apoyo activo a un régimen de subsidios masivos.

Esto marca una ruptura decisiva con el pasado reciente. En las décadas de 1990 y 2000, Washington y Bruselas vieron el desarrollo de la industria de semiconductores como un ejemplo de cómo la globalización funciona según lo previsto . La cadena de suministro de semiconductores es notoriamente compleja e incorpora múltiples empresas a través de numerosas fronteras nacionales. Los productores del Reino Unido se especializan en el software que sustenta la fabricación de chips modernos; Silicon Valley domina el diseño de chips de alto valor añadido; Taiwán ejerce un monopolio efectivo sobre la fabricación de chips de alta gama; La fabricación final se subcontrata a países como Malasia y Vietnam. Las élites occidentales apostaron a que la expansión de las cadenas de suministro hacia el este consolidaría la primacía de las empresas estadounidenses y europeas, reduciendo los prohibitivos costos iniciales, permitiéndoles centrarse en la I+D y asegurando un suministro continuo de componentes de bajo costo.

Pero el impulso de las escuelas de negocios que sustentaba esta visión de la globalización se ha desmoronado. En lugar de una esfera de intercambio de mercado fluido, la cadena de suministro de semiconductores se ha convertido en una zona de rivalidad económica y conflicto geopolítico. China, decidida a reducir su dependencia de Occidente en materia de tecnologías de punta, rápidamente desarrolló sus capacidades de fabricación internas. En 2000, un año antes de su adhesión a la OMC, China lanzó la Shanghai Manufacturing International Corporation (SMIC), una planta de fabricación respaldada por el Estado que pretende desafiar a su rival al otro lado del Estrecho de Taiwán. En 2014, bajo los auspicios del programa «Hecho en China 2025», Beijing reservó 170 mil millones de dólares para apoyar el desarrollo de los «campeones nacionales» chinos, siendo SMIC uno de los principales beneficiarios. En 2019, China representó el 20% de las exportaciones mundiales de semiconductores, una cifra que se proyectaba que seguiría aumentando durante las siguientes décadas.

Inicialmente, la administración Obama se mostró relajada ante este rápido ascenso, pero algunos dentro del establishment de seguridad nacional pronto comenzaron a expresar preocupación. Los semiconductores son una tecnología de «doble uso», capaz de ser utilizada tanto en uso civil como militar, y el impulso de China para asegurar la independencia tecnológica también amenazó con socavar uno de los «puntos de estrangulamiento» críticos que Washington mantenía sobre Beijing. Con la Ley de Reforma del Control de Exportaciones de 2018, las autoridades estadounidenses comenzaron a frustrar sistemáticamente el avance tecnológico de China. Trump colocó a Huawei en la ‘lista de entidades’ de Estados Unidos y Biden amplió las restricciones, obligando a los aliados de Estados Unidos –incluida la empresa holandesa ASML– a limitar la exportación de máquinas herramienta críticas y propiedad intelectual a empresas chinas de alta tecnología. Al mismo tiempo, la administración Biden aumentó el apoyo a los fabricantes nacionales de chips, canalizando 280 mil millones de dólares a través de la Ley CHIPS a la industria estadounidense.

La escalada de la guerra de chips entre Estados Unidos y China provocó conmociones en el núcleo industrial de Europa. Los controles de exportación, la escasez de chips y la feroz competencia por los subsidios amenazaron con socavar la primacía tecnológica de la industria europea. La principal víctima fue Alemania. En los años de auge de las décadas de 2000 y 2010, Alemania consolidó su posición como plataforma de producción globalizada. Pero los triunfos de ayer arrojan una sombra sobre su debilitada economía basada en las exportaciones hoy: dependencia de la energía rusa, inflación persistente por encima del promedio de la eurozona, débil poder adquisitivo de los consumidores agravado por altos costos de endeudamiento y un colapso en la demanda de exportaciones alemanas. «El riesgo de desglobalización es especialmente grave para las perspectivas de crecimiento de Alemania», observó Joachim Nagel, presidente del Bundesbank. «Su economía está mucho más abierta al comercio que la de muchos otros países».

Por esta razón, las piedades que dominaron la economía política europea durante toda la era neoliberal (multilateralismo, política de competencia, reforma del lado de la oferta) ya no servirán. Un mundo de «interdependencia armada», como lo expresaron los politólogos Henry Farrell y Abraham Newman, otorga gran importancia a la capacidad estratégica, el poder estatal y la escala. Para el capital europeo, lo que se necesita es un nuevo marco para la integración de la UE, capaz de respaldar la posición del bloque comercial en el centro de la economía mundial. Como lo expresó una declaración conjunta de 2019 de los gobiernos francés y alemán, la opción es «unir nuestras fuerzas o permitir que nuestra base industrial y nuestra capacidad desaparezcan gradualmente».

La Ley de Chips de la UE, con su ambición de crear un marco paneuropeo capaz de competir con Estados Unidos y China, es una expresión de esta lógica de «unificar o morir». Pero aspira a un tipo peculiar de unificación. Por supuesto, la UE todavía está muy fragmentada. Su presupuesto sigue siendo un miserable 1% del PIB total del bloque, lo que significa que no hay recursos suficientes a escala supranacional para apoyar una política industrial expansiva en todo el continente. En efecto, aunar recursos significa crear las condiciones para que los grupos industriales ya existentes y los estados con poder fiscal consoliden aún más sus posiciones dominantes. La convergencia en torno a una política industrial común de la UE amenaza con acelerar la divergencia entre los Estados miembros. Desde que la UE relajó sus restricciones, Alemania ha representado un asombroso 53% del total de 672 mil millones de euros emitidos en ayuda estatal. Alemania también se ha beneficiado de nuevos marcos paneuropeos diseñados para apoyar sectores estratégicos, engullendo la mitad de la ayuda estatal adjunta a los «Proyectos Importantes de Interés Común Europeo» en microelectrónica.

A raíz de la crisis de la eurozona, surgió una división entre el núcleo norte de Europa, impulsado por las exportaciones, y su periferia sur, impulsada por la deuda. Las élites habían prometido que la integración europea apoyaría una convergencia ascendente en el desempeño económico entre los estados miembros. Pero bajo el euro, con sus estrictas reglas de deuda y déficit y su falta de mecanismos de transferencia fiscal, quedó claro que la integración estaba logrando exactamente lo contrario. La industria alemana floreció mientras los estados deudores del sur de la eurozona sufrían la penuria de una austeridad permanente. Hoy, las condiciones que permitieron este episodio de dinamismo impulsado por las exportaciones se están desmoronando, con implicaciones nocivas para el capitalismo alemán. Pero la respuesta de la UE –una nueva política industrial paneuropea que permita un intervencionismo estatal más vigoroso– representa un intento de reforzar el núcleo industrial de Europa.

Los mitos que impulsaron la globalización neoliberal ahora han sido destrozados por la batalla por los semiconductores y otros sectores estratégicos. Se están eludiendo reglas que antes se aplicaban rígidamente para permitir nuevas oleadas de intervencionismo estatal; Se está eludiendo la igualdad de condiciones del Mercado Único para apuntalar fracciones dominantes del capital europeo. Mientras tanto, se están forjando nuevos mitos: una unión cada vez más integrada y autónoma, unida por el desafío planteado por China y Rusia. A medida que las autoridades de la UE se movilizan contra sus rivales externos, las divisiones internas del bloque –entre el núcleo industrial y la periferia subdesarrollada– continúan ampliándose.

(Publicado originalmente en New Left Review)

Posdata de Gaceta Crítica.-

El pasado 23 de Abril se aprobaron en el Parlamento Europeo las Nuevas Reglas Fiscales, que no son más que las antíguas reglas de Maastricht 2.0., donde obligarán de nuevo a los países del sur de Europa, que tienen mejores datos económicos los últimos años que Alemania, a restringir o eliminar políticas expansivas, con perjuicios económicos y sociales indudables. Como se aprecia en este artículo, Alemania propone más inversión en armas, menos deuda, menos déficit y más ajustes fiscales. En España esta medida se va a traducir en 15.000 millones de euros en recortes para los próximos presupuestos. Todo ello tendrá impactos sociales y políticos difíciles de calibrar.

De nuevo el cuestionamiento global del «modelo europeo» dictado desde el norte de Europa es un imperativo para evitar la dualidad que se propone desde Alemania y desde Bruselas.

GACETA CRÍTICA, 27 DE ABRIL DE 2024