Gaceta Crítica

La guerra sin límites pone a prueba el orden mundial: la crisis de Ormuz provoca una conmoción económica.

Kurniawan Arif Maspul (SUBSTACK SAVAGE MINDS), 13 de Abril de 2026

Se le pide al mundo que asimile una peligrosa ficción: que una guerra sin límites aún puede gestionarse dentro de ciertos límites. En el contexto del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, esa ilusión se desmorona en tiempo real, no solo por los misiles disparados o los buques desplegados, sino también por el lento deterioro de la estabilidad económica, las normas jurídicas y la confianza diplomática.

A los pocos días de la escalada, el ritmo de gasto financiero por sí solo evidenciaba una campaña sin restricciones. Los costos operativos iniciales alcanzaron entre 1.000 y 2.000 millones de dólares diarios, con un gasto de 3.700 millones de dólares en municiones en tan solo las primeras 100 horas. Al duodécimo día, las estimaciones habían ascendido a 16.500 millones de dólares, y ya se hablaba de una necesidad adicional de 200.000 millones de dólares. Estas cifras no son simplemente elevadas, sino que resultan estructuralmente desestabilizadoras.

Estados Unidos, con una deuda nacional que supera los 39 billones de dólares, se acerca a un presupuesto de defensa proyectado de 1,5 billones de dólares, que podría sumar 5,8 billones de dólares en una década. La ambición estratégica choca con la gravedad fiscal, y ninguna de las dos parece dispuesta a ceder.

El creciente gasto bélico ya no son proyecciones fiscales abstractas, sino limitaciones políticas activas, donde cada mil millones adicionales absorbidos por el conflicto reduce el horizonte de la política interna y erosiona silenciosamente el consentimiento democrático necesario para sostener un compromiso prolongado.

Sin embargo, la ruptura más profunda no es financiera, sino sistémica. La decisión de militarizar el estrecho de Ormuz marca un punto de inflexión en el orden internacional moderno. Aproximadamente el 20 % del flujo mundial de petróleo y GNL transita por este estrecho corredor. Su militarización ya ha disparado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril y ha provocado un aumento del 17 % en el precio del gas natural. Para las economías que aún se recuperan de las crisis pandémicas y los ciclos inflacionarios, esto no es una perturbación temporal, sino una crisis estructural.

En todo el sudeste asiático, las economías fuertemente dependientes de las importaciones se enfrentan ahora a una creciente presión estratégica, donde la exposición a la interrupción de los flujos energéticos del Golfo amenaza no solo las trayectorias de crecimiento, sino también la estabilidad política ligada a un combustible asequible. La interrupción del estrecho de Ormuz ha puesto al descubierto una verdad estratégica más profunda: que las rutas marítimas de comunicación del mundo —consideradas durante mucho tiempo arterias neutrales de la globalización— se exponen ahora como puntos de estrangulamiento en disputa, donde una sola decisión puede repercutir en continentes en cuestión de horas.

Las consecuencias se extienden en cascada. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que hasta 32 millones de personas podrían volver a caer en la pobreza debido al aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos. Las cadenas de suministro de fertilizantes, ya de por sí frágiles, se enfrentan a una presión renovada, lo que plantea el riesgo de una contracción agrícola en Asia y América Latina. En el Golfo Pérsico, donde hasta el 100% del agua potable depende de la desalinización, incluso una interrupción parcial podría desencadenar una crisis humanitaria. El campo de batalla ya no se limita al territorio; se ha extendido al corazón mismo de los sistemas de supervivencia globales.

Australia y el Reino Unido se encuentran ahora a una distancia discreta pero significativa de la creciente tensión en Washington, donde la reticencia se transforma en rechazo a medida que surgen propuestas para profundizar el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un acto que cada vez se percibe más no como una ventaja estratégica, sino como una imprudencia sistémica. La contradicción es evidente: el entablar negociaciones con Irán al tiempo que se restringen las vías económicas vitales que sustentan la estabilidad global ha inyectado nueva volatilidad en los ya frágiles mercados petroleros, amplificando la incertidumbre en Europa y el Indo-Pacífico.

A medida que los compromisos se vuelven cada vez más impredecibles y económicamente perturbadores, la credibilidad de las alianzas ya no se mide solo por su solidez, sino también por su coherencia, la cual ahora se encuentra bajo una presión visible, ya que los socios comienzan a cuestionar si la alineación garantiza la estabilidad o importa volatilidad.

Lo que se está desarrollando tiene las características de una guerra sin fin: una campaña abierta, marcada más por la inercia que por objetivos definidos, en la que cada escalada oculta la posibilidad de una solución. En Líbano, el costo humano agudiza esta inquietud moral; los intensos ataques israelíes, incluyendo devastadores bombardeos que han matado a más de 250 civiles en cuestión de minutos, se han desarrollado en un contexto de silencio regional, donde las capitales árabes permanecen notablemente comedidas y la diplomacia colectiva parece paralizada.

En este vacío surge una paradoja: Irán, el mismo actor presentado como adversario, se posiciona retóricamente como defensor del Líbano, lo que evidencia una profunda inversión del orden regional. El resultado no es solo una crisis humanitaria, sino un colapso de la claridad política, donde las alianzas se desdibujan, la disuasión flaquea y la ausencia de una respuesta internacional coordinada corre el riesgo de normalizar un nivel de violencia y perturbación económica que tendrá repercusiones mucho más allá de la región.

La crisis ya no se limita al territorio o a las tácticas; está evolucionando hacia un vacío de legitimidad más amplio donde las narrativas contrapuestas de seguridad, resistencia y soberanía están erosionando la autoridad moral de todos los actores involucrados.

Esto es lo que hace que el momento actual sea tan inquietante. Los instrumentos de interdependencia económica —antes celebrados como fuerzas estabilizadoras— se están transformando en herramientas de coerción. El bloqueo no solo apunta a Irán; afecta a todas las economías vinculadas a los flujos energéticos globales. Transforma la interdependencia en vulnerabilidad, y la vulnerabilidad en poder de negociación.

En el plano diplomático, el fracaso de las conversaciones en Islamabad pone de manifiesto una erosión más profunda. Veintiuna horas de negociación no culminaron en un compromiso, sino en un atrincheramiento maximalista. El giro inmediato hacia el bloqueo sugiere que la diplomacia no se había agotado, sino que se había abandonado. Esta distinción es crucial. Indica al mundo que la negociación es condicional, mientras que la coerción es decisiva.

La lógica estratégica que se despliega en Ormuz evoca las inquietudes de la Guerra Fría sobre los puntos estratégicos marítimos, donde el control de las estrechas rutas marítimas corre el riesgo, una vez más, de transformar el comercio mundial en un escenario de confrontación en lugar de cooperación.

Para los aliados y socios, especialmente en el Indo-Pacífico, esto plantea interrogantes incómodos. Las estrategias de seguridad energética basadas en rutas marítimas abiertas ahora parecen depender de la alineación geopolítica. Países como India y Japón, profundamente dependientes del estrecho de Ormuz, se ven obligados a reajustar sus estrategias, explorando rutas de suministro y alianzas alternativas. La autonomía estratégica, antes una aspiración abstracta, se está convirtiendo en una necesidad urgente.

El escenario regional agrava la inestabilidad. Las operaciones intensificadas de Israel en el Líbano, incluidos los ataques que han causado la muerte de cientos de civiles y destruido infraestructura crítica, han provocado la enérgica condena de organizaciones de derechos humanos. Más de un millón de personas han sido desplazadas y las vías de transporte vitales han quedado interrumpidas. En Gaza y Cisjordania, la violencia continúa escalando, profundizando una crisis humanitaria que ya se ha calificado de catastrófica.

Lo que emerge no es una serie de conflictos aislados, sino un sistema interconectado de escalada. Cada escenario alimenta al siguiente; cada decisión reduce el margen para la desescalada. El discurso de la «guerra limitada» empieza a sonar cada vez más alejado de la realidad. Las capitales árabes navegan por un precario equilibrio entre silencio y supervivencia, donde el temor a la crisis económica, la vulnerabilidad del régimen y las repercusiones regionales han superado silenciosamente el coste político de la inacción, dejando un vacío donde antes se decía que existía un liderazgo colectivo.

La notable moderación de los principales estados árabes —mesurada, cautelosa y públicamente silenciosa— no refleja indiferencia, sino una parálisis calculada, donde los riesgos de la intervención superan ahora los costes del silencio, incluso a medida que se intensifica la devastación humanitaria.

Los marcos jurídicos también están bajo presión. Expertos de las Naciones Unidas han descrito algunos aspectos de la campaña como violaciones del derecho internacional, incluyendo actos de agresión sin mandato de la ONU. El principio de libertad de navegación, defendido durante mucho tiempo por Washington, se ve ahora comprometido por una aplicación selectiva. Esto no es simplemente una inconsistencia jurídica; es una crisis de credibilidad.

La historia ofrece paralelismos incómodos. La guerra económica de la Primera Guerra Mundial, las crisis petroleras de la década de 1970, los prolongados conflictos de Irak y Afganistán: todos resuenan en el presente. Cada uno comenzó con una confianza en el control y terminó con el reconocimiento de la complejidad. Todos demostraron que el poder, cuando se ejerce sin objetivos claros, tiende a generar consecuencias que van más allá de su propósito original.

El sentir interno en Estados Unidos refleja esta inquietud. La oposición pública al conflicto es significativa, y la mayoría cuestiona tanto su fundamento como su ejecución. La preocupación por el exceso de poder ejecutivo y la falta de autorización del Congreso añade una dimensión constitucional al debate. Al mismo tiempo, las presiones económicas internas —el aumento del precio del combustible y la saturación de los servicios públicos— ponen de manifiesto el costo interno de la ambición global.

Desde una perspectiva estratégica más amplia, el daño más duradero podría residir en la erosión de la confianza. Los aliados se muestran cada vez más cautelosos, los adversarios reajustan sus estrategias y los estados neutrales reevalúan sus dependencias. La estructura del liderazgo global —construida no solo sobre el poder, sino también sobre la previsibilidad y la legitimidad— muestra signos de fractura.

Lo que está en juego ahora va mucho más allá de cualquier alianza o cálculo regional; se trata de la integridad del orden global mismo. Un sistema basado en reglas no puede sobrevivir a una aplicación selectiva sin erosionarse hasta volverse irrelevante, y la crisis actual está poniendo de manifiesto esa erosión en tiempo real. Cuando las vías económicas se instrumentalizan, cuando los principios de navegación se aplican de forma condicional y cuando las normas jurídicas se interpretan desde la perspectiva del poder en lugar de los principios, el mensaje al mundo es inequívoco: las reglas ya no son reglas, son instrumentos.

Para los responsables políticos de todos los continentes, este ya no es un momento para promesas retóricas, sino para una reevaluación estratégica. La cuestión ya no es si el sistema está bajo presión, sino si puede restaurarse de manera efectiva antes de que la fragmentación se convierta en la nueva norma.

Esto exige un cambio de la diplomacia reactiva a la reparación estructural. La urgencia radica no solo en reducir la escalada del conflicto inmediato, sino en reafirmar la universalidad de las normas que impiden que las crisis se propaguen a través de regiones y ámbitos. Sin esa reafirmación, cada conflicto corre el riesgo de convertirse en precedente, cada excepción en un nuevo estándar. Lo que surge entonces no es orden, sino inestabilidad controlada, donde el poder llena el vacío dejado por los principios.

Para los responsables políticos mundiales, la tarea es clara: ir más allá de la alineación y avanzar hacia la gestión responsable, reconociendo que el coste de la inacción no es la neutralidad, sino la complicidad en el desmantelamiento silencioso del mismo sistema que sustenta la seguridad colectiva.

Aún queda un camino estrecho por recorrer, aunque exige valentía política. La desescalada mediante una diplomacia renovada, el levantamiento de las medidas económicamente indiscriminadas y un compromiso renovado con los marcos multilaterales no son señales de debilidad, sino requisitos indispensables para la estabilidad. La inversión en ayuda humanitaria y reconstrucción, especialmente en Líbano y Gaza, indicaría un cambio de rumbo, pasando de la destrucción a la responsabilidad.

La alternativa es un mundo donde las arterias económicas se instrumentalizan sistemáticamente, donde los principios jurídicos son contingentes y donde el conflicto se convierte en un instrumento político por defecto. Esa trayectoria no culmina en la victoria, sino en la fragmentación.

En este momento, la cuestión no es si se puede ejercer el poder, sino si se puede limitar. La respuesta determinará no solo el resultado de este conflicto, sino también el carácter del orden internacional que le siga.