Gaceta Crítica

El historiador Ángel Viñas firma con el hijo y sobrino de cuatro represaliados del franquismo un libro atípico en la obra del historiador: “Lo he hecho por amor a la verdad y a España, a la mejor España”

Natalia Junquera (El País), 7 de Abril de 2026

El 3 de agosto de 1939, el coronel Manuel Cascón, de 44 años, escribe su última carta: “Queridísima madre, hermanas y sobrinos: Ha llegado la hora fatal para ustedes, pues para mí es la redención de tantas miserias. No hay necesidad de que a su ánimo pretenda convencer que no he sido ni un asesino, ni un ladrón, ni un inductor. No he sido más que un buen militar, que por esto me quedé aquí, habiéndome podido marchar, y por ello les pido perdón, pues es el último disgusto que les doy. Dios sabe perfectamente lo que he sido y lo que soy, limpio de toda bajeza y con un amor a los míos tan grande que es imposible manifestárselo…”.

Dos días después, a las 20 horas, el médico asignado reconoce el cadáver, que presenta “heridas de pequeño proyectil en cabeza y tórax”. El coronel, último responsable de la aviación militar republicana, viste uniforme de gala. Deseó estrenarlo ese día. También se negó a que le vendaran los ojos porque quería mirar de frente a los militares sublevados que lo habían obligado a limpiar letrinas, a los traidores que le habían detenido y condenado a muerte por el delito que solo ellos habían cometido, “rebelión”. Previamente, intuyendo la inminencia del final, Cascón se había hecho tomar una fotografía para los suyos, la misma que, casi nueve décadas después, corona la mesa del salón de su sobrino.

Jurista retirado, Juan José Aparicio Cascón, de 95 años, envió al historiador Ángel Viñas las memorias de su familia con la ilusión de que pudieran formar parte de un libro. Se está quedando ciego, así que en lugar de escribir, grabó decenas de audios en los que daba cuenta de toda la información que había recopilado sobre sus parientes represaliados. Viñas explica que entonces estaba rematando otras tres investigaciones, y en su prolífica obra no había “ningún libro parecido”. Empezó en los setenta, indagando en las relaciones económicas entre Alemania y España durante la Guerra Civil, es decir, en la ayuda de Hitler a Franco; los verdaderos motivos de la contienda, el oro de Moscú y los papeles de Negrín; el pacto con EE UU; los sobornos británicos… Si con 85 años se animó a firmar mano a mano con Aparicio Cascón El doloroso camino de una familia de Ciudad Rodrigo. República, guerra, dictadura, editado por la Universidad de Salamanca, es decir, a fundir en un volumen de 202 páginas la Historia con mayúsculas y la historia personal de “una familia machacada”, fue porque la primera vez que supo de las circunstancias de la muerte del coronel Cascón se le saltaron las lágrimas. Y no es una forma de hablar, porque, al explicarlo, vuelve a emocionarse: “Pudo huir con sus compañeros y no lo hizo porque había jurado ser leal a la República. Me impresionó que se vistiera con el uniforme de gala para colocarse frente al pelotón de fusilamiento. No todo el mundo muere así. Decidí hacer este libro por amor a la verdad, por amor a la historia, y aunque suene ridículo, por amor a España, a la mejor España. Para que este país sepa quiénes fueron los mejores españoles”.

En su casa de Madrid, Cascón Aparicio abre un maletín donde guarda el tesoro triste de su familia: cartas de despedida, fotografías de los asesinados, consejos de guerra. El coronel no es la única víctima. “A mi padre, Eduardo Aparicio Fernández, fueron a buscarlo el 15 de diciembre de 1936. Acababa de llegar del banco y estábamos comiendo. Aparecieron dos personas que se identificaron como policías y le dijeron: ‘Tiene que acompañarnos para hacer unas declaraciones en el Ayuntamiento’. Fue la última vez que lo vimos. Yo tenía seis años y mi hermana Lely, nueve”.

Eduardo Aparicio no pertenecía a ningún partido político y dirigía una oficina bancaria en Ciudad Rodrigo (Salamanca). Cuando se lo llevaron detenido, ya habían fusilado “al primo Manolo”, es decir, a Manuel Martín Cascón, alcalde de la localidad, quien antes de ser ejecutado también escribió emocionantes cartas de despedida. “Querido primo Eduardo: se celebró el Consejo de Guerra y ya sabes el fatal resultado. No os apartáis un momento de mi imaginación, mi pobrecita madre, ¡mis hijos! ¿Qué será de ellos? Todos, todos me atormentáis con vuestro recuerdo…“; “Queridísimo hermano Avelino: Ocultad a mi madre el sacrificio de mi vida hasta sus últimos momentos; sé que le costará la vida y solamente su recuerdo me ahoga y destroza el corazón. ¿Por qué habrá hombres tan malos? El notario Martín López tiene instrucciones que con más calma redacté. No obstante, en estos momentos, conservo el ánimo tan sereno como mi conciencia limpia…“.

Manuel Martín Gascón fue fusilado el 30 de agosto de 1936, tras un consejo de guerra que condenó a muerte a todos los miembros de la corporación municipal, salvo a dos que también fueron asesinados en el traslado de Salamanca a Burgos. A Eduardo Aparicio y Avelino Martín Gascón los asesinaron el 16 de diciembre. El notario al que el alcalde se refería en su carta era José Martín López, padre de la escritora Carmen Martín Gaite.

Los sublevados tomaron Ciudad Rodrigo el 20 de julio de 1936. A los registros, multas y detenciones se sucedieron las ejecuciones extrajudiciales y por consejo de guerra. “A mi padre y a los seis que detuvieron con él”, relata Aparicio Cascón, “los llevaron a la prisión de partido, que hoy es una residencia de ancianos. Estuvieron allí hasta aproximadamente las dos de la madrugada, cuando los trasladaron a una finca llamada La Rábida para matarlos. Los asesinos los dejaron allí hasta que a la mañana siguiente pasó un pastor y le obligaron a enterrarlos en una fosa común. La familia de mi padre se había unido al autodenominado alzamiento con bastante entusiasmo. Creo que la mayor tragedia de los hermanos y amigos de mi padre fue constatar la crueldad de la represión viviéndola en su propia familia. Al enterarse de dónde estaba enterrado, consiguieron una autorización verbal para exhumar el cadáver y llevarlo al cementerio de Béjar. Salieron en el camión de un transportista cargado de muebles y les acompañó un carrero de la fábrica de mis tíos. Fue él quien sacó el cadáver de la fosa. Me contó que era el segundo, que estaban enterrados todos juntos, con varios impactos de bala en el pecho y el tiro de gracia en la cabeza. El hijo del transportista me explicó que su padre lo pasó muy mal, ya que tuvo que limpiar el cadáver para poder ver la cara y reconocerlo. Enfermó a consecuencia del impacto que le produjo”.

La familia “bien conectada” se movió y llegó, indirectamente, relata Viñas, hasta el “arrogante jefe de la autodenominada España nacional, el Generalísimo Francisco Franco”, cuyo telegrama encabeza el expediente de pseudoinvestigación que se inició el 2 de enero de 1937 para que un juez militar instruyera “diligencias previas de averiguación de las causas de la desaparición de Eduardo Aparicio”. En el colmo del cinismo, las fuerzas que lo habían pasado por las armas, sin juicio ni sentencia, investigaban su desaparición cuando ya la propia familia había recibido autorización verbal para exhumar el cadáver. Se tomó declaración al capitán de carabineros, quien lo mandó detener, dijo, “por referencias de ser contrario al glorioso Movimiento Nacional”, y al director de la cárcel, que aseguró que había sido puesto en libertad y desde entonces no habían tenido más noticia suya. El expediente se cerró sin señalar culpable alguno. Después de todo, las ejecuciones extrajudiciales eran entonces, explica Viñas, un “método habitual”.

Los juicios tampoco implicaban, ni mucho menos, mayores garantías. El historiador recuerda cómo se le revolvieron “las tripas” al leer el manual que había escrito el general Felipe Acedo Colunga, fiscal jefe del Ejército de Ocupación, para retorcer el derecho y construir una “justicia de exterminio”. Acedo Colunga se inspiró en la Inquisición y asumió las tesis del derecho nazi para condenar a muerte a miles de personas “no por lo que habían hecho, sino por lo que eran y pensaban”. En el documento de instrucciones jurídicas para el nuevo Régimen habla expresamente de la necesidad de realizar una “depuración despojada de todo sentimiento de piedad” para “eliminar a todos los que no estén identificados espiritual y materialmente con el Movimiento”.