Gaceta Crítica

COUNTERCURRENTS y Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos, 6 de Abril de 2026

Territorio Palestino  – Las restricciones impuestas por las autoridades israelíes a la libertad de culto en Jerusalén no solo constituyen una grave violación de la libertad religiosa y del derecho internacional, sino que también forman parte de un aparato sistemático de represión dentro de una estructura más amplia de colonialismo de asentamiento y apartheid. Estas medidas se utilizan para someter a los palestinos y reconfigurar la demografía de la ciudad según criterios religiosos y étnicos discriminatorios.

Estas medidas reflejan una política israelí deliberada para consolidar el control colonial excluyendo a los palestinos musulmanes y cristianos y marginando su presencia religiosa y nacional en Jerusalén, al tiempo que se conceden privilegios a los colonos y se mantienen abiertos los lugares de culto y los establecimientos comerciales judíos sin restricciones comparables.

El cierre de la mezquita de Al-Aqsa por parte de Israel desde el 28 de enero de 2026, bajo el pretexto del estado de emergencia y las instrucciones del Comando del Frente Interno tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, va más allá de una medida de seguridad temporal. Marca una nueva fase en los continuos esfuerzos de Israel por imponer realidades coercitivas en Jerusalén. Las autoridades israelíes utilizan la guerra y las medidas de emergencia como pretexto para acelerar las políticas destinadas a reducir la presencia palestina y borrar la identidad histórica y religiosa de la ciudad.

Las autoridades israelíes mantienen el cierre total de la Mezquita de Al-Aqsa por trigésimo ^séptimo  día consecutivo desde el 28 de febrero de 2026, impidiendo por completo la celebración de rituales religiosos, incluso en instalaciones internas cerradas como la Mezquita Marwani subterránea, con capacidad para unos 4.000 fieles. Esto desmiente cualquier argumento de que las restricciones se basen en necesidades de seguridad, medidas de protección o un estado de emergencia.

Si bien a los musulmanes se les prohíbe el acceso a la Mezquita de Al-Aqsa durante los períodos religiosos más importantes, como  el Ramadán  y el Eid al-Fitr, la policía israelí brinda una fuerte protección a decenas de miles de colonos, permitiéndoles entrar a los patios de la mezquita, introducir material para la oración y realizar rituales talmúdicos públicos. Esto refleja una aplicación discriminatoria de las restricciones y socava el estatus histórico y legal del lugar.

El peligro de estas prácticas va más allá de las incursiones y los rituales en sí. Son impulsadas por grupos extremistas de derecha, incluidos los llamados «grupos del Templo», que declaran abiertamente su objetivo político de imponer una división temporal y espacial en la Mezquita de Al-Aqsa y abogan por la demolición de la Cúpula de la Roca para construir un «Tercer Templo» en su lugar. Esto se refleja en las celebraciones públicas de los grupos de colonos en las redes sociales, donde describen el cierre de la mezquita a los musulmanes como una «declaración de guerra» y una «victoria» en el esfuerzo por imponer la soberanía judía exclusiva sobre el lugar.

Estas restricciones ya no solo suscitan preocupación, sino que reflejan una estrategia israelí sistemática para imponer una nueva realidad en Jerusalén, con el objetivo de socavar el statu quo histórico y legal vigente, disminuir la autoridad del Departamento Islámico de Waqf y reducir gradualmente la presencia palestina. Israel reconoce que la Mezquita de Al-Aqsa no es solo un lugar de culto, sino también un pilar fundamental de la identidad nacional, política y religiosa palestina. Por lo tanto, atacar la presencia palestina en la mezquita constituye un ataque directo a esa identidad y un intento de debilitarla, en el marco de los esfuerzos oficialmente respaldados para reconfigurar el carácter religioso e histórico del lugar mediante medidas prácticas que imponen una división temporal y espacial.

Las restricciones israelíes no se han limitado a la Mezquita de Al-Aqsa, sino que también han afectado a la Iglesia del Santo Sepulcro durante el mismo período. El acceso a la iglesia se encuentra restringido desde el 28 de febrero de 2026, en virtud de las medidas impuestas en la Ciudad Vieja.

El 29 de marzo de 2026, la policía israelí impidió que el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el Custodio de Tierra Santa, el Padre Francesco Ielpo, entraran en la iglesia para celebrar la Misa del Domingo de Ramos, a pesar de que viajaban individualmente y sin ningún tipo de ceremonia.

Estas medidas no son meras restricciones desproporcionadas o selectivas; son manifestaciones de un sistema de apartheid impuesto por Israel, basado en la dominación sistemática de un grupo racial sobre otro y la opresión sistemática de los palestinos mediante el control discriminatorio del acceso a los lugares sagrados y a los derechos fundamentales. Este sistema otorga privilegios y control a los judíos israelíes, mientras priva a los musulmanes y cristianos palestinos de su derecho inherente a practicar su religión y a estar presentes en Jerusalén.

El cierre de Jerusalén a los fieles musulmanes y cristianos, mientras se mantiene una fuerte seguridad contra las incursiones de colonos y el acceso y la práctica religiosa de los judíos permanecen en gran medida sin restricciones, demuestra que estas medidas no son políticas de seguridad neutrales, sino que se implementan de manera discriminatoria y desigual.

Durante el apogeo del estado de emergencia, que Israel invocó para cerrar la Mezquita de Al-Aqsa y la Mezquita Ibrahimi, Jerusalén fue testigo de grandes concentraciones de israelíes en sinagogas y calles a principios de marzo de 2026 para celebrar Purim. A pesar de las restricciones oficiales a las reuniones públicas, la policía israelí a menudo limitó su respuesta a advertencias, mientras que las celebraciones continuaron por toda la ciudad. En contraste, la policía utilizó porras, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar a los fieles palestinos cerca de la Ciudad Vieja cuando intentaban realizar las oraciones de Taraweeh el 17 de marzo de 2026 y las oraciones de Eid al-Fitr el 20 de marzo de 2026, tras habérseles negado el acceso a la Mezquita de Al-Aqsa.

Esta flagrante contradicción en las políticas israelíes pone de manifiesto la profundidad del sistema de apartheid. Mientras las autoridades mantienen abiertos al público instalaciones comerciales y recreativas, incluido el centro comercial Mamilla, a pesar de su proximidad a lugares sagrados sitiados, simultáneamente niegan un derecho humano fundamental: la libertad de culto y el acceso a los lugares sagrados. Esto demuestra que las restricciones no se basan en una necesidad real de seguridad, sino que se utilizan como herramienta discriminatoria para someter a los palestinos y restringir su presencia religiosa en la ciudad.

El cierre continuado de la mezquita de Al-Aqsa se ha convertido en una herramienta coercitiva para remodelar la presencia palestina mediante el acceso restringido, la exclusión de figuras influyentes de Jerusalén y la erosión del vínculo religioso y nacional colectivo que representa la mezquita.

Este enfoque es anterior al cierre actual y se refleja en políticas sistemáticas de prohibiciones, citaciones y restricciones, incluidas más de 250 órdenes de expulsión emitidas desde principios de 2026. Muchas de estas órdenes abarcaron la Mezquita de Al-Aqsa y la Ciudad Vieja, y fueron prorrogadas repetidamente, lo que confirma que la reducción de la presencia palestina en Al-Aqsa no es una respuesta a una situación de seguridad de emergencia, sino parte de una política israelí en curso, que ahora toma su forma más clara en el cierre total impuesto bajo el pretexto de la seguridad.

La comunidad internacional debe tomar medidas inmediatas y serias para detener las restricciones ilegales de Israel a la libertad de culto y al acceso a los lugares sagrados en Jerusalén, y para obligar a Israel, como potencia ocupante, a que deje de utilizar pretextos de seguridad y el estado de emergencia como tapadera para restringir los derechos religiosos fundamentales de los musulmanes y cristianos palestinos, y a que garantice el respeto del statu quo histórico y legal de los lugares sagrados islámicos y cristianos de la ciudad.

Las Naciones Unidas, incluido el Secretario General, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los Relatores Especiales sobre la libertad de religión o de creencias y sobre las formas contemporáneas de racismo, deben adoptar posiciones públicas claras condenando estas acciones y trabajar para documentarlas y darles seguimiento como parte de un patrón más amplio de discriminación y persecución sistemática contra los palestinos en la Jerusalén ocupada.

Además, las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra deben cumplir con sus obligaciones legales y adoptar medidas prácticas para poner fin a las violaciones israelíes en Jerusalén Este, incluso ejerciendo una presión política, diplomática y jurídica efectiva para detener la imposición continua de medidas coercitivas en los lugares sagrados e impedir que Israel explote la impunidad para seguir socavando los derechos religiosos y nacionales de los palestinos.

Es necesario garantizar una protección internacional eficaz de la libertad de culto y el acceso a los lugares sagrados en Jerusalén mediante misiones de investigación o mecanismos de vigilancia internacionales independientes que supervisen las restricciones impuestas a los fieles, documenten los patrones de discriminación y controlen las medidas que afectan a los lugares sagrados y a los residentes palestinos de la ciudad.

Deben cesar todas las medidas israelíes destinadas a alterar el carácter religioso, histórico y jurídico de Jerusalén, incluyendo el cierre de la Mezquita de Al-Aqsa, las restricciones de acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro, el apoyo a las incursiones de colonos en lugares sagrados y las políticas de expulsión y acoso contra figuras religiosas y nacionales de Jerusalén. Estas prácticas deben reconocerse como parte de un proyecto más amplio para transformar la realidad de la ciudad de manera que excluya a los palestinos y margine su presencia auténtica.

Proteger la libertad de culto en Jerusalén es inseparable de proteger la presencia palestina en la ciudad. Por lo tanto, Euro-Med Human Rights Monitor insta a la comunidad internacional a considerar estas violaciones como infracciones de derechos inalienables, y no como meras medidas administrativas o de seguridad temporales, y a adoptar medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y evitar que se repitan, incluyendo el apoyo a los mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas contra los palestinos en Jerusalén Este.

Euro-Med Human Rights Monitor es una organización independiente con sede en Ginebra y oficinas regionales en toda la región MENA y Europa.