Gaceta Crítica

Jordi Bonet-Martí (JACOBIN.lat), 5 de Abril de 2026

Si las guerras de género funcionan desplazando el conflicto de clases hacia el terreno cultural, la respuesta no puede limitarse a defender posiciones en ese mismo terreno. Naturalmente, esa defensa es irrenunciable; pero quedarse ahí implica aceptar los términos de un debate donde las derechas radicales tienen ventaja.

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España presenta una aparente paradoja. Nos encontramos ante un país fuertemente secularizado, en el que la práctica religiosa ha caído en picado en las últimas décadas y que cuenta con una legislación avanzada en materia de derechos sexuales y reproductivos (de hecho, ha sido el tercer país en aprobar el matrimonio igualitario y uno de los primeros países del mundo que reconocieron plenamente la adopción conjunta en igualdad jurídica). Sin embargo, también ha visto emerger las primeras movilizaciones antigénero en 2005 y ha sido el país en que Vox, un partido de ultraderecha que hace del antifeminismo uno de sus ejes discursivos, logró consolidarse como tercera fuerza política propugnando explícitamente su apuesta por las guerras culturales.

El concepto de guerra cultural fue popularizado por el sociólogo James Davison Hunter en 1991 para describir las intensas confrontaciones que siguieron al 68 estadounidense en torno a las cuestiones raciales, el aborto, los derechos homosexuales y las cuestiones de género. Hunter describió la historia estadounidense como una guerra por el alma de un país que se escenificaba como conflicto existencial entre dos polos irreconciliables: el conservadurismo y el progresismo. Las guerras de género, así, constituyen una especificidad dentro de este marco más amplio, en tanto el género y la sexualidad tienen la capacidad de condensar significantes relacionados con temores personales y pánicos morales con los que no guardan relación intrínseca, lo que las convierte en especialmente funcionales para la movilización política.

Pero hay un elemento adicional que explica la eficacia de las guerras de género en el contexto actual: lo que podríamos llamar un «reencantamiento de la política». En un momento de profunda desafección, en que la maquinaria de integración social que sostiene a las democracias representativas se encuentra en crisis, las disputas morales sirven para devolver la fe en un tipo concreto de política. Así, convertirse en un defensor de los valores tradicionales permite reconstruir un lazo afectivo entre dirigentes y dirigidos en torno a una verdad que se presenta como amenazada, permitiendo construir un nosotros frente a un otro, ya sean migrantes, personas trans o feministas.

A causa del ruido mediático que generan, a menudo parece que las derechas populistas radicales representan mayorías sociales conservadoras. Pero esto no es así. Lo que movilizan estas derechas son minorías activas capaces de fijar la agenda mediática y el debate público. De hecho, las posiciones lgtbifóbicas, antifeministas o antiabortistas no solo son minoritarias entre la población española, sino que se encuentran en retroceso. Lo que ha cambiado es la capacidad de difundir mensajes anteriormente minoritarios y golpear a la audiencia con detonantes emocionales. De esta manera, las redes sociales permiten que un pequeño grupo posicione temas en medios, difunda ideas y fake news y active debates en uno u otro sentido.

El movimiento antigénero en España

La trayectoria del movimiento antigénero en España puede periodizarse en dos fases claramente diferenciadas que ilustran tal metamorfosis. La primera, entre 2007 y 2017, corresponde a la consolidación de un contramovimiento de matriz fundamentalmente católica; la segunda, a partir de 2018, marca la institucionalización del antifeminismo a través de Vox y su progresiva secularización discursiva.

El movimiento antigénero español hunde sus raíces en la reacción contra las políticas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), que impulsó una agenda de ampliación de derechos: la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004), la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (2005), la Ley de Igualdad (2007), la reforma del aborto hacia un sistema de plazos (2010) y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Esta batería legislativa galvanizó a sectores conservadores que percibían tales medidas como un ataque frontal a la familia tradicional y los valores cristianos. Los actores centrales de esta primera fase fueron organizaciones de matriz católica: Hazte Oír (fundada en 2001, que daría lugar a la plataforma internacional CitizenGo), el Foro Español de la Familia (coalición de asociaciones profamilia), la Federación Española de Asociaciones Provida y, más tarde, Abogados Cristianos. Estos actores desarrollaron repertorios de acción que combinaban la movilización callejera con manifestaciones masivas como las convocadas contra el matrimonio igualitario o el aborto con estrategias de litigio y campañas mediáticas de alto impacto.

Los marcos discursivos de esta fase estaban anclados en un discurso explícitamente religioso. La familia «natural» y la «defensa de la vida» constituían sus ejes argumentativos centrales. La ideología de género, categoría acuñada en el Vaticano durante los años noventa, se presentaba inicialmente como una amenaza contra el «orden natural». Este discurso conectaba con una tradición del catolicismo político español pero también con las directrices de la Santa Sede, que desde el pontificado de Juan Pablo II había intensificado su batalla contra lo que denominaba «cultura de la muerte».

Un elemento distintivo del caso español en esta fase fue la intensidad del conflicto en torno a la educación. La asignatura de Educación para la Ciudadanía, que incluía contenidos sobre igualdad de género y diversidad familiar, desencadenó una campaña de objeción de conciencia impulsada por organizaciones católicas y apoyada por la Conferencia Episcopal. Miles de familias se negaron a que sus hijos cursaran la materia en lo que constituyó un ensayo para conflictos posteriores (uno de los hitos de aquel momentos fue el denominado «pin parental», mediante el cual las familias podían restringir la participación de sus hijos e hijas en actividades educativas como la educación sexoafectiva o los talleres de prevención contra la violencia de género).

Pero la irrupción de Vox en el escenario político español, con su entrada en el Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018 y su posterior consolidación como tercera fuerza estatal, ha marcado un punto de inflexión. Por primera vez, el antifeminismo y los movimientos antigénero se incorporaban de manera explícita a la agenda de un partido con representación institucional significativa en España, abandonando el ámbito de los movimientos sociales conservadores católicos para instalarse en el centro del debate parlamentario.

Esta institucionalización vino acompañada de transformaciones significativas. A los actores tradicionales se sumaron nuevas organizaciones, como la Fundación Disenso (think tank vinculado a Vox), la Fundación NEOS o la sede española del ISSEP (Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, fundado por la nieta del fundador del Frente Nacional en Francia Marion Maréchal-Le Pen). Estos nuevos actores aportaron una mayor sofisticación intelectual y, sobre todo, un discurso desligado de referencias religiosas tradicionales.

La mutación discursiva es el elemento más significativo de esta segunda fase. El discurso antigénero abandonó progresivamente el registro teológico para adoptar un lenguaje que apela a la biología, el sentido común y la libertad individual. Ya no se trata de defender la ley natural contra la herejía, sino de proteger la «evidencia científica» frente al «adoctrinamiento ideológico». La «ideología de género», de esta forma, deja de ser una amenaza contra el plan divino para convertirse en una imposición de «élites globalistas» contra la «gente común».

Esta secularización estratégica permitió ampliar la base de interpelación más allá de los círculos católicos practicantes, conectando con sectores que pueden no ser religiosos pero que comparten malestares difusos respecto a los cambios en las relaciones de género. El discurso resultante combinó elementos del conservadurismo moral con el estilo populista: la defensa de la familia aparecía ahora enmarcada en una narrativa antiglobalista en la que las «élites de Bruselas» y los «lobbies LGTBI» imponían una agenda contra los intereses del pueblo.

Un elemento distintivo del caso español en esta fase es la centralidad del negacionismo de la violencia de género. Mientras que en otros países europeos el discurso antigénero se focalizaba en la oposición al aborto o los derechos trans, Vox hizo del cuestionamiento de las políticas contra la violencia machista uno de sus caballitos de batalla. La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que introdujo un marco de protección específico para las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja, fue presentada como una «ley ideológica» que discriminaba a los hombres y generaba «denuncias falsas». Este marco negacionista, que contradice la evidencia empírica y los consensos internacionales, consiguió sin embargo instalar dudas sobre la magnitud del problema y erosionar la legitimidad de las políticas de igualdad.

El género cómo pegamento simbólico

El antifeminismo no opera de forma aislada en el proyecto político de Vox. Por el contrario, constituye uno de los vértices de una articulación más amplia, que también incluye el nativismo antimigrante y el antiglobalismo. Esta triple soldadura es lo que otorga al género su función de «pegamento simbólico»: un elemento capaz de crear alianzas entre actores que no habían cooperado en el pasado y de movilizar afectos que trascienden las cuestiones estrictamente relacionadas con la sexualidad.

Asimismo, el cruce entre género y raza resulta especialmente significativo. El discurso de Vox incorporó de forma sistemática la atribución de violencia sexual a los migrantes (particularmente a los de origen marroquí), en lo que constituye una variante del feminacionalismo: la instrumentalización de la preocupación por la seguridad de las mujeres para justificar políticas antinmigración. «La mejor política gayfriendly es cerrar las fronteras», ha llegado a afirmar el partido, en una operación que presentaba la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales como incompatible con la presencia de poblaciones musulmanas. En este homonacionalismo, la incorporación de los derechos LGTBI a un proyecto nacionalista excluyente permitió disfrazar la xenofobia como defensa de «valores europeos».

La dimensión digital y generacional añade otra capa de complejidad. El antifeminismo ha encontrado en Internet un ecosistema particularmente propicio: la «machosfera», una constelación de foros, canales y comunidades online dedicadas a la crítica del feminismo y la reivindicación de la masculinidad, ha proporcionado un caldo de cultivo para la radicalización de jóvenes varones. Influencers y creadores de contenido antifeminista alcanzan audiencias de millones, difundiendo marcos interpretativos que presentan a los hombres como víctimas de un sistema «feminazi» y a las políticas de igualdad, como formas de discriminación inversa.

Los datos electorales reflejan esta dinámica: la brecha de género en el voto a Vox es significativa, con un apoyo notablemente mayor entre varones jóvenes. Esto contrasta con la fuerza del movimiento feminista en las calles, que ha protagonizado movilizaciones verdaderamente históricas, como las del 8M de 2018 y 2019. La paradoja de un feminismo fuerte en las plazas y las calles y un antifeminismo en ascenso en las urnas —particularmente entre los varones jóvenes— constituye uno de los rasgos más inquietantes de la coyuntura actual.

¿Excepción o laboratorio?

En materia de género, las derechas radicales europeas presentan una heterogeneidad considerable. En Europa del Este, partidos como el PiS polaco o el Fidesz húngaro mantienen posiciones abiertamente homófobas y se oponen frontalmente al aborto y los derechos trans. Viktor Orbán ha prohibido la adopción por parejas homosexuales y la difusión de contenidos sobre diversidad sexual a menores. En Europa occidental, en cambio, la tendencia es hacia el homonacionalismo: en Francia, Marine Le Pen votó a favor de incluir el aborto en la Constitución francesa, y en Países Bajos Geert Wilders presenta la defensa de los derechos LGTBI como muestra de la «superioridad» de la cultura europea frente al islam.

Vox ocupa una posición intermedia en este espectro. Su discurso no es abiertamente homófobo. Se opone a las banderas arcoíris en edificios públicos y a lo que llama «lobbies LGTBI» pero no propone criminalizar la homosexualidad, al tiempo que mantiene una retórica más dura que sus homólogos del norte de Europa en cuestiones como el aborto o la violencia de género. Esta posición híbrida puede explicarse por la especificidad del contexto español: un país secularizado en el que las posiciones más extremas carecerían de apoyo electoral pero en donde la tradición del nacionalcatolicismo sigue proporcionando recursos simbólicos movilizables.

Más allá de las diferencias, existe un elemento que unifica a todas las derechas radicales europeas: el nativismo antimigrante. Como han señalado Nuria Alabao y Pablo Carmona, la cuestión migratoria constituye el verdadero eje definitorio de este espacio político, el punto donde convergen formaciones por lo demás heterogéneas. Las guerras de género operan aquí como un complemento: permiten articular coaliciones, movilizar afectos y soslayar el conflicto de clases, pero el núcleo duro del proyecto pasa por la gestión diferencial de poblaciones, distinguiendo entre quienes están plenamente integrados en la sociedad y quienes no, quienes tienen acceso a derechos y quienes quedan excluidos.

Esta perspectiva invita a cuestionar la narrativa dominante que presenta a las derechas radicales como una amenaza externa a la democracia liberal europea. La tesis de Alabao y Carmona considera que estas fuerzas no serían una alternativa al orden existente sino su «progenie mutante», un «socioliberalismo xenófobo» o un «neoliberalismo nativista» que explicita lo que las políticas mainstream ya practican en los márgenes. El autoritarismo, así, no vendría de fuera sino que estaría inscrito en el propio ADN de la construcción europea: desde la Troika que intervino las cuentas de los países del sur durante la crisis de 2008 hasta el Pacto Migratorio impulsado por el socialdemócrata Pedro Sánchez y la ultraderechista Giorgia Meloni.

Desde esta óptica, las guerras de género cumplen una función de ocultamiento: mientras el debate público se polariza en torno a cuestiones de valores como el aborto, los derechos trans o la educación sexual, las cuestiones materiales que determinan las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables —como las mujeres migrantes, que son quienes sostienen el sistema de cuidados europeo, las mismas que quedan excluidas de las políticas de bienestar y sometidas a regímenes fronterizos cada vez más violentos— quedan fuera del foco.

Implicaciones para la izquierda

Todo esto, por supuesto, tiene consecuencias directas para pensar la respuesta desde posiciones de izquierda. La estrategia hegemónica entre la izquierda europea (en pocas palabras, la idea del «cordón sanitario» y el antifascismo reactivo, que presenta cada elección como un plebiscito entre democracia y autoritarismo) muestra límites cada vez más evidentes. No porque la amenaza no sea real, sino porque se apoya sobre supuestos que impiden comprender la complejidad del fenómeno y, sobre todo, las complicidades del liberalismo progresista con las políticas que la derecha radical explicita.

Si las guerras de género funcionan desplazando el conflicto de clases hacia el terreno cultural, la respuesta no puede limitarse a defender posiciones en ese mismo terreno. Naturalmente, la defensa de los derechos conquistados —el aborto, el matrimonio igualitario, las políticas contra la violencia machista— es irrenunciable. Pero quedarse ahí implica aceptar los términos de un debate donde las derechas radicales tienen ventaja: son mejores movilizando afectos negativos, generando indignación, fijando la agenda a través de provocaciones que obtienen una amplificación desproporcionada.

Recuperar la dimensión material que las guerras culturales ocultan parece una tarea más acorde con el contexto actual. No se trata de oponer lo «económico» a lo «cultural», una dicotomía que los análisis feministas han cuestionado, sino de reconectar las cuestiones de género con las condiciones materiales de existencia. ¿Quién sostiene los sistemas de cuidados que permiten la reproducción social? ¿Cómo se organiza el trabajo doméstico y de cuidados, mayoritariamente realizado por mujeres y, de forma creciente, externalizado en mujeres migrantes? ¿Qué relación existe entre las políticas de fronteras y la disponibilidad de mano de obra barata y desprotegida?

Estas preguntas permiten articular una crítica que no se limite a la defensa reactiva de derechos amenazados, sino que apunte al núcleo del orden social que las derechas radicales, pese a su retórica antisistema, no cuestionan. Las guerras de género, con todo el ruido que generan a su alrededor, persiguen el objetivo de erigirse en una distracción frente al verdadero reto en el que están inmersas las sociedades del capitalismo tardío: la crisis de reproducción social. Porque el verdadero conflicto no es entre tradición y progreso, entre familia natural y diversidad, entre patriotismo y globalismo. El verdadero conflicto es entre quienes trabajan, quienes cuidan, quienes tienen derechos, quienes quedan excluidos y quienes se benefician del trabajo y la exclusión ajenas.

Referencias

Alabao, Nuria (2025). Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales. Pamplona: Katakrak.

Alabao, Nuria y Carmona, Pablo (2024). «El gobierno de la decadencia de Europa. Crisis, integración y nueva derecha radical». [Manuscrito].

Andrade Amaral, Carolina; Bonet-Martí, Jordi y Ubasart González, Gemma (2025). «El auge y consolidación de las movilizaciones antifeministas y contra la ‘ideología de género’ en España (2007-2025)». [En prensa].

Bonet-Martí, Jordi (2021). «Antifeminismo. Una forma de violencia digital en América Latina». Nueva Sociedad, 302.

Bonet-Martí, Jordi; Biglia, Bárbara y Cagliero, Sara (2024). «De la movilización antiabortista a Vox. La incorporación del antifeminismo en la agenda política de la derecha populista española». Estudos IberoAmericanos.

Frank, Thomas (2008). ¿Qué pasa con Kansas? Cómo los ultraconservadores conquistaron el corazón de Estados Unidos. Madrid: Acuarela y Antonio Machado Libros.

Hunter, James Davison (1991). Culture Wars: The Struggle to Define America. Nueva York: Basic Books.

Kováts, Eszter y Põim, Maari (eds.) (2015). Gender as Symbolic Glue. The Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Antigender Mobilisation in Europe. Budapest: FEPS/FES.