Gaceta Crítica

The Palestine Chronicle, 31 de Marzo de 2026

Israel está a punto de finalizar una ley que institucionaliza la ejecución de palestinos, una medida ampliamente condenada como discriminatoria, ilegal y una peligrosa escalada del dominio de ocupación.

La votación final

El parlamento israelí, la Knesset, tiene previsto celebrar el lunes la votación final sobre un controvertido proyecto de ley que establecería la pena de muerte como castigo por defecto para los palestinos condenados por el asesinato de israelíes.

La votación se produce tras años de presión política por parte de facciones de extrema derecha dentro de la coalición gobernante y tiene lugar pocos días antes del receso de primavera del parlamento.

De aprobarse, la legislación supondría un cambio decisivo en la política penal israelí, transformando la pena capital de una disposición poco utilizada en un instrumento central aplicado en el contexto de la ocupación.

Impulso político

El proyecto de ley está siendo impulsado por el ministro israelí Itamar Ben-Gvir, líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, cuyo partido presentó la legislación.

Ben-Gvir, un pilar clave de la coalición liderada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha presentado la medida como una escalada necesaria, describiéndola como «la ley más importante» de los últimos años.

En el período previo a la votación, promovió públicamente el proyecto de ley luciendo un broche con forma de soga, que simbolizaba la ejecución por ahorcamiento, el método al que se hacía referencia explícitamente en versiones anteriores de la legislación.

Lo que dice el proyecto de ley

El proyecto de ley introduce un marco que ampliaría y formalizaría significativamente el uso de la pena capital.

Según sus disposiciones, los tribunales militares —que procesan a los palestinos en la Cisjordania ocupada— estarían obligados a imponer la pena de muerte a las personas condenadas por matar israelíes en actos definidos como «terrorismo». 

Esta sentencia se convertiría en el resultado por defecto, y solo en circunstancias especiales limitadas e indefinidas se permitiría la conmutación a cadena perpetua.

Al mismo tiempo, los tribunales civiles israelíes —que juzgan a los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos— conservarían la potestad de elegir entre la cadena perpetua y la pena de muerte.

La legislación también reduce las garantías procesales. Los tribunales podrían dictar sentencias de muerte sin requerir unanimidad, basándose en cambio en una mayoría simple de los jueces. 

Además, la ley elimina las vías de clemencia o indulto y exige que las ejecuciones se lleven a cabo dentro de un plazo fijo, supuestamente dentro de los 90 días posteriores a la sentencia.

Otras disposiciones restringen el acceso a la asistencia letrada y aíslan a los condenados a muerte, mientras que las consultas legales podrían realizarse de forma remota en lugar de presencial.

Dos sistemas, una ley

Expertos legales y grupos de derechos humanos han recalcado que el proyecto de ley formaliza una estructura jurídica dual.

Los palestinos en la Cisjordania ocupada estarían sujetos a la ley militar, donde las garantías procesales son ampliamente criticadas por considerarse insuficientes según las normas internacionales. 

Los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos judíos israelíes ilegales que viven en el mismo territorio, permanecerían bajo jurisdicción civil, donde la imposición de penas sigue siendo discrecional.

Según los críticos, esta distinción garantiza de hecho que la ley se aplicará mayoritariamente —si no exclusivamente— a los palestinos.

“Esta distinción es discriminatoria”, declaró Amichai Cohen, del Instituto Israelí para la Democracia, según el Washington Post, señalando que la estructura de la ley hace muy improbable que los israelíes judíos sean procesados ​​bajo sus disposiciones más severas.

Preocupaciones legales e internacionales

El proyecto de ley ha suscitado una fuerte oposición por parte de expertos legales, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.

Expertos de las Naciones Unidas advirtieron en un comunicado el mes pasado que la legislación viola el derecho fundamental a la vida y no cumple con el umbral exigido por el derecho internacional para la aplicación de la pena capital. 

Hicieron hincapié en que las condenas a muerte obligatorias, especialmente sin plena discreción judicial, son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos.

La Unión Europea también ha condenado la propuesta, afirmando que la pena de muerte viola intrínsecamente el derecho a la vida y corre el riesgo de constituir un castigo cruel, inhumano o degradante.

Las objeciones legales también se han centrado en la falta de jurisdicción de Israel para legislar sobre los palestinos en la Cisjordania ocupada. 

Según el derecho internacional, el territorio ocupado no es territorio soberano israelí, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de imponer tales sanciones a través de tribunales militares.

Cuestiones relativas al debido proceso y a un juicio justo

Más allá de la cuestión de la pena capital en sí misma, el proyecto de ley plantea preocupaciones más amplias con respecto al debido proceso.

Los tribunales militares en la Cisjordania ocupada han sido objeto de críticas constantes por parte de organizaciones internacionales por no cumplir con los estándares de un juicio justo. Los críticos argumentan que la introducción de la pena de muerte en dicho sistema aumenta significativamente el riesgo de errores judiciales irreversibles.

El proyecto de ley limita aún más las garantías al restringir las apelaciones, eliminar el indulto y permitir condenas y sentencias mediante procedimientos judiciales simplificados.

Expertos de la ONU han advertido que la combinación de estos factores —incluidas las definiciones vagas de «terrorismo»— podría dar lugar a la imposición de penas de muerte en casos que no cumplen los estrictos criterios exigidos por el derecho internacional.