Gaceta Crítica

The Palestine Chronicle, 31 de Marzo de 202

Los líderes europeos invocan el derecho internacional en relación con la guerra contra Irán, lo que pone de manifiesto un marcado contraste con su prolongado silencio durante el genocidio de Gaza.

Se está produciendo un cambio significativo en toda Europa. Los gobiernos que, durante más de dos años desde el 7 de octubre de 2023, se resistieron a aplicar el derecho internacional al genocidio israelí en Gaza, ahora invocan ese mismo marco jurídico con urgencia en respuesta a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en marzo de 2026.

No se trata de un hecho marginal. Se está debatiendo en los niveles más altos de la política europea tradicional.

El 24 de marzo de 2026, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró que la guerra contra Irán es «contraria al derecho internacional», rechazando explícitamente los argumentos de legítima defensa.

Días después, el 29 de marzo de 2026, un análisis jurídico realizado por expertos parlamentarios alemanes concluyó que los ataques violaban la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de las Naciones Unidas, debido a la ausencia tanto de autorización del Consejo de Seguridad como de una base válida de legítima defensa.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adoptado una postura clara a principios de mes. El 4 de marzo de 2026, calificó los ataques estadounidenses-israelíes de «ilegales», posición que reiteró el 25 de marzo de 2026, al tiempo que se negaba a permitir que las bases españolas se utilizaran para operaciones militares.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, declaró de manera similar el 5 de marzo de 2026 que los ataques violan claramente el derecho internacional.

Incluso los actores más cautelosos están manifestando su incomodidad. El 2 de marzo de 2026, funcionarios franceses bajo la presidencia de Emmanuel Macron recalcaron que tales ataques unilaterales deberían abordarse en el marco de las Naciones Unidas.

Para el 26 de marzo de 2026, Francia hacía hincapié en que cualquier futura intervención militar en la región debía ser estrictamente defensiva y estar fundamentada en la legitimidad internacional.

En el ámbito de la Unión Europea, el 1 de marzo y de nuevo el 19 de marzo de 2026, las declaraciones encabezadas por Kaja Kallas hicieron hincapié en la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, sin respaldar la legalidad de la guerra.

Estas posturas contrastan marcadamente con la posición de Europa durante el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza.

Silencio sobre Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023, los gobiernos europeos han protegido en gran medida a Israel de la responsabilidad legal, invocando sistemáticamente su «derecho a defenderse» y evitando o desestimando las implicaciones legales de sus acciones.

Esta postura no fue del todo uniforme: países como España e Irlanda, junto con algunos otros, adoptaron posiciones más críticas, pidiendo altos el fuego y, en ocasiones, expresando su apoyo a los mecanismos de rendición de cuentas.

Sin embargo, la postura dominante entre las principales potencias europeas —incluidas Alemania, Francia e Italia— siguió siendo la de protección política de Israel, incluso a medida que se intensificaba la magnitud de la destrucción en Gaza.

A lo largo de finales de 2023 y durante 2024, importantes estados europeos expresaron reservas y, en algunos casos, una oposición frontal a las iniciativas legales internacionales destinadas a exigir responsabilidades a Israel.

Esto incluyó la resistencia política al caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, presentado en diciembre de 2023, que acusaba a Israel de genocidio en Gaza.

Si bien el tribunal procedió con medidas provisionales a principios de 2024, varios gobiernos europeos cuestionaron el caso o evitaron respaldarlo.

A medida que el escrutinio jurídico se intensificó en 2024 y 2025, y surgieron debates sobre posibles órdenes de arresto en la Corte Penal Internacional —que finalmente se dirigieron contra figuras como Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant—, las respuestas europeas siguieron siendo cautelosas, divididas y, a menudo, críticas con el proceso en sí, en lugar de apoyar sus implicaciones jurídicas.

Durante más de dos años, desde octubre de 2023 hasta principios de 2026, el derecho internacional fue tratado como flexible, negociable o secundario, a pesar de la magnitud de la destrucción en Gaza y los crecientes argumentos jurídicos presentados en foros internacionales.

Ahora ha vuelto a ser un punto de referencia central.

Ansiedad estratégica

La diferencia radica en lo que está en juego.

La guerra contra Irán, especialmente desde la escalada a principios de marzo de 2026, no se percibe en Europa como un conflicto contenido. Conlleva el riesgo de una escalada regional, una confrontación directa y el colapso de acuerdos de seguridad ya de por sí frágiles.

También plantea interrogantes fundamentales sobre la fiabilidad de Estados Unidos como socio estratégico.

Bajo el mandato de Donald Trump, los líderes europeos se han visto obligados a replantearse supuestos arraigados sobre el liderazgo transatlántico. La retórica que Trump ha utilizado a lo largo de 2024 y 2025 —incluidas las amenazas a los aliados de la OTAN y los llamamientos a reconsiderar los compromisos estadounidenses— ya ha mermado la confianza en toda Europa.

La guerra actual refuerza la percepción de que las acciones de Washington pueden estar motivadas por prioridades que no coinciden con los intereses europeos, y de que Europa podría verse arrastrada a un conflicto más amplio sin tener una influencia significativa sobre su rumbo.

En este contexto, invocar el derecho internacional no solo sirve como argumento jurídico, sino también como medio para afirmar la distancia política.

Exposición económica

Las consideraciones económicas son igualmente decisivas.

Un conflicto prolongado con Irán amenaza la estabilidad del estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético mundial. Desde mediados de marzo de 2026, la preocupación por posibles interrupciones en el estrecho se ha intensificado, y los mercados energéticos ya muestran signos de volatilidad.

Las economías europeas, ya debilitadas desde 2022 por la guerra en Ucrania, las crisis energéticas y las interrupciones en las cadenas de suministro, no están en condiciones de absorber otro gran impacto. La fragilidad económica que ha persistido durante 2024 y 2025 agrava especialmente los riesgos asociados a una guerra más amplia con Irán.

Esta vulnerabilidad explica por qué los gobiernos europeos están tan interesados ​​en hacer hincapié en la desescalada y en los marcos legales que podrían limitar una mayor expansión militar.

Derecho Instrumental

Lo que emerge es un patrón de aplicación selectiva.

El derecho internacional no está ausente de la política europea. Se activa cuando coincide con intereses estratégicos, económicos y políticos, y se margina cuando no es así.

Esto no invalida las preocupaciones legales relativas a la guerra contra Irán en marzo de 2026. Más bien, pone de relieve la inconsistencia en la forma en que se aplican dichas preocupaciones.

Los mismos principios jurídicos que ahora se invocan para cuestionar la guerra estuvieron vigentes durante todo el genocidio en Gaza, desde octubre de 2023 en adelante. Sin embargo, no se invocaron con la misma claridad ni urgencia.

Curso incierto

La posición actual de Europa no es ni fija ni garantizada.

A medida que la guerra se prolonga más allá de marzo de 2026, también puede cambiar el lenguaje que la rodea. Si los cálculos estratégicos se modifican —si el conflicto se expande de forma que exija una mayor alineación con Washington, o si cambian las presiones internas—, el énfasis de Europa en el derecho internacional podría, de hecho, atenuarse.

Esto no supone una ruptura con los precedentes, sino una continuación de los mismos. Lo que está ocurriendo no es un redescubrimiento repentino de principios jurídicos, sino una redefinición de prioridades.

En este caso, el derecho internacional no es simplemente una norma. Es una herramienta, una que Europa ha optado por utilizar, por ahora.

La cuestión de fondo sigue sin resolverse: si esa herramienta se aplicará alguna vez de forma sistemática, o solo cuando los costes de ignorarla sean demasiado elevados.

La respuesta debería ser obvia.