Gaceta Crítica

Jayakhosh Chidambaran (COUNTERCURRENTS), 30 de Marzo de 2026

En una fría mañana de febrero de 2022, mientras los misiles rusos impactaban Kiev, los líderes occidentales recurrieron a un lenguaje que en su día había definido la arquitectura moral del mundo moderno. La agresión de Putin fue condenada con el venerado vocabulario de la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden internacional basado en normas. La respuesta de Occidente fue rápida: sanciones generalizadas, congelación de activos y exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT. Sin embargo, para gran parte del mundo, otro recuerdo afloró con una claridad punzante: Bagdad, 2003.

La guerra de Irak comenzó el 20 de marzo de 2003, cuando Estados Unidos y sus aliados lanzaron ataques aéreos y operaciones terrestres. Semanas después, George W. Bush, a bordo del USS  Abraham Lincoln , declaró: «Misión cumplida». Pero lo que se presentó como una victoria tuvo consecuencias mucho más profundas: la erosión del derecho internacional y la normalización de su aplicación selectiva.

La justificación de la guerra se basaba en la afirmación de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y representaba una amenaza inminente, lo que situaba a Irak dentro del marco retórico de un «eje del mal», junto con Irán y Corea del Norte. Sin embargo, la invasión se llevó a cabo sin conclusiones definitivas por parte de los inspectores de armas de la ONU, socavando así los procesos institucionales destinados a dirimir dichas reclamaciones.

Lo que siguió forma parte ahora del registro histórico. No se encontraron arsenales de armas de destrucción masiva. En cambio, Irak se sumió en la violencia sectaria y una insurgencia prolongada. Cientos de miles de personas murieron, millones fueron desplazadas y el tejido social iraquí se desgarró. No hubo sanciones contra Estados Unidos ni sus aliados, ni restitución financiera, ni rendición de cuentas efectiva. Los principios invocados en Kiev —soberanía, legalidad, orden— habían sido completamente negociables en Bagdad. Esta disonancia moral revela un patrón más profundo que ha estado erosionando silenciosamente la legitimidad del sistema internacional: la trampa de la hipocresía.

La «trampa de la hipocresía» surge cuando las naciones poderosas —aquellas que diseñan el derecho internacional y las instituciones multilaterales— comienzan a aplicar esos mismos principios de forma selectiva. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados occidentales se propusieron construir un nuevo orden mundial, destinado a prevenir la repetición de la anarquía sistémica que había sumido al mundo en la catástrofe en dos ocasiones. El resultado fue una arquitectura de contención: instituciones como las Naciones Unidas, el sistema de Bretton Woods y los Convenios de Ginebra, marcos diseñados para limitar el poder dentro de las normas.

La legitimidad de este orden no residía únicamente en su diseño, sino en su supuesta universalidad. Se suponía que las reglas se aplicarían independientemente del tamaño, la riqueza y la influencia política. Su cumplimiento, en teoría, era el gran igualador. Sin embargo, esta estructura ocultaba una sutil paradoja: era, a la vez, un sistema de restricciones y un sistema de poder.

En realidad, su genialidad radicaba en su capacidad para conciliar ambas cosas: hacer que la jerarquía pareciera basada en principios, persuadir a los Estados de que las normas servían al bien común en lugar de a los intereses de quienes las redactaban. Pero esa persuasión depende del compromiso y la coherencia. Cuando los principios se vuelven contingentes —invocados en una crisis, suspendidos en otra— la ilusión de universalidad comienza a desvanecerse. Y cuando esa hipocresía se convierte en un hábito, la legitimidad se erosiona. Lo que queda del orden internacional hoy es, en muchos sentidos, una sombra: un sistema que aún habla el lenguaje de las normas, aunque cada vez más se rija por excepciones diplomáticas y conveniencias geopolíticas.

Hedley Bull , uno de los teóricos más influyentes en las relaciones internacionales, exploró esta tensión en su obra fundamental La sociedad anárquica. Planteó la idea central de que, incluso en ausencia de un gobierno mundial, una forma de sociedad internacional podría mantenerse mediante reglas y normas compartidas, una proposición que aún hoy genera debate.

La Guerra Fría puso a prueba esta proposición en condiciones de extrema tensión ideológica y estratégica. La rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos no generó caos, sino una tensa estabilidad bipolar, sostenida tanto por la moderación como por la competencia. Sin embargo, esta estabilidad se sustentó en repetidas violaciones de los mismos principios que ambas partes afirmaban defender. Las intervenciones soviéticas en Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) y Afganistán (1979) , junto con las intervenciones estadounidenses en Vietnam , se justificaron dentro de un discurso compartido de seguridad y necesidad ideológica, aun cuando ambas superpotencias infringieron los principios que decían defender.

En cada caso, el principio de soberanía, fundamental para el orden basado en normas, quedó subordinado a imperativos geopolíticos: ya fuera mediante la doctrina soviética de soberanía limitada en Europa del Este o la política estadounidense de contención en el Sudeste Asiático. Sin embargo, se mantuvo un cierto grado de sensatez en aras de la preservación de la humanidad, como lo demuestra la moderación moral y la prudencia diplomática del presidente John F. Kennedy durante la Crisis de los Misiles de Cuba, que llevó al mundo a un punto crítico nuclear.

La verdadera prueba del orden internacional liderado por Occidente llegó con el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando Estados Unidos emergió como la única superpotencia. En ese momento unipolar se presentó una oportunidad extraordinaria: lo que el profesor de Princeton John Ikenberry describe como la posibilidad de que una potencia hegemónica se ciñera a normas e instituciones, subordinando el poder ilimitado a la legitimidad. Estados Unidos podría haber consolidado un orden genuinamente basado en normas, uno que no solo impusiera, sino que respetara visiblemente, encarnando así un liderazgo moral e intelectual a escala global. En cambio, se inclinó cada vez más hacia una política exterior marcada menos por la moderación basada en principios que por el ejercicio del poder puro y duro.

Esta ruptura se hace especialmente patente en las controvertidas promesas dadas al final de la Guerra Fría. El acuerdo informal de «ni un centímetro hacia el este» , transmitido por James Baker a Mijaíl Gorbachov durante las negociaciones para la reunificación alemana, se ha convertido desde entonces en un punto central de controversia. Su estatus jurídico exacto sigue siendo objeto de debate; ningún tratado vinculante lo codificó, y funcionarios occidentales han argumentado que el compromiso nunca se formalizó. Sin embargo, su repercusión política ha sido profunda. Las sucesivas administraciones estadounidenses —desde Bill Clinton hasta George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump— supervisaron sucesivas oleadas de expansión de la OTAN , extendiendo la alianza desde los Balcanes hasta los países bálticos y el Mar Negro.

Para Moscú, esto no fue una expansión institucional, sino una intrusión estratégica. Desde Boris Yeltsin hasta Vladimir Putin, los líderes rusos alertaron repetidamente sobre su peligrosidad, de forma más explícita en el discurso de Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 , donde advirtió sobre un orden unipolar impuesto por alianzas militares. La guerra en Ucrania puede entenderse —sin eximir a Rusia de responsabilidad por su agresión— como la violenta culminación de una tensión estructural latente entre la expansión y la percepción de cerco. Cabe preguntarse si Estados Unidos consideraría aceptable el despliegue de sistemas de misiles adversarios en México o Canadá, comparable a los despliegues de la OTAN en Polonia, a menos de 160 kilómetros de la frontera occidental de Rusia.

Otro punto de inflexión en la erosión del orden internacional basado en normas se produjo con la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999. La crisis surgió de la escalada de violencia entre las fuerzas serbias de Slobodan Milošević y los separatistas de etnia albanesa en Kosovo, en medio de numerosos informes de atrocidades contra la población civil. Presentada como una intervención humanitaria para prevenir la limpieza étnica, la campaña militar de la OTAN conllevaba cierto grado de urgencia moral y simpatía internacional.

Sin embargo, la intervención se llevó a cabo  sin autorización explícita del  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , debido a los vetos previstos de Rusia y China. Esto supuso una importante desviación de las normas jurídicas establecidas. Lo que se presentó como una respuesta excepcional a una catástrofe humanitaria en desarrollo sentó un precedente trascendental: que las coaliciones poderosas podían eludir las restricciones institucionales cuando consideraban que los imperativos morales o estratégicos eran suficientemente imperiosos. Debilitó la fuerza normativa de las Naciones Unidas y el consenso multilateral, poniendo en marcha un patrón que se observó en la guerra de Irak de 2003 y, posteriormente, en Libia en 2011 , donde se excedió el mandato de la ONU de establecer una zona de exclusión aérea para proteger a la población civil durante el cambio de régimen de Muamar Gadafi. Tales infracciones envalentonaron a Rusia para invadir Crimea en 2014 y a una coalición liderada por Estados Unidos para llevar a cabo ataques aéreos en Siria desde 2014 sin una autorización clara del Consejo de Seguridad de la ONU. Los críticos han argumentado que estas intervenciones militares en Irak, Libia y Siria fueron intervenciones económicas encubiertas para obtener el control de la vasta riqueza petrolera de estas naciones y afianzar el papel de Estados Unidos como potencia hegemónica regional.   

Más allá de las intervenciones militares directas, la erosión del orden basado en normas también se ha manifestado en el abandono selectivo de compromisos multilaterales y marcos de consenso. La retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en 2018 —a pesar de su respaldo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— generó inquietudes sobre la vigencia de los acuerdos negociados. De igual modo, su salida del Acuerdo de París sobre el Clima supuso un retroceso en la responsabilidad colectiva ante los desafíos del calentamiento global, haciéndose eco de las afirmaciones de que el cambio climático era un «engaño chino».  Asimismo, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel en 2017 se apartó del consenso internacional de larga data sobre el estatus controvertido de la ciudad, generando un profundo resentimiento en todo el mundo musulmán. Cada una de estas decisiones, defendibles desde el punto de vista político, reflejaba un patrón de desvinculación institucional.

Este patrón se extendió más allá de la seguridad y la diplomacia, llegando al ámbito humanitario. La anunciada retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud  en 2020 —aunque posteriormente revertida— generó preocupación por la politización de las instituciones mundiales de salud pública. De igual modo, las reducciones o interrupciones en la financiación a través de USAID  han tenido consecuencias tangibles en regiones vulnerables. En algunas zonas del África subsahariana y el sur de Asia, los programas apoyados por Estados Unidos sustentan servicios que abarcan desde el tratamiento del VIH/SIDA y la prevención de la malaria hasta la seguridad alimentaria y la ayuda en casos de desastre. Cualquier reducción de esta asistencia conlleva el riesgo de interrumpir las cadenas de suministro, debilitar los frágiles sistemas de salud y exacerbar las crisis humanitarias. Como observó Tucídides en su relato de la Guerra del Peloponeso: «Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben»; esta lógica aún perdura.

Esta disonancia entre principio y práctica no se limita a las naciones occidentales. Es igualmente evidente en la conducta de grandes corporaciones occidentales que proclaman los derechos humanos en plataformas globales mientras dependen de cadenas de suministro basadas en regímenes laborales de bajo costo. Marcas globales como Nike y Apple han enfrentado críticas constantes por las condiciones laborales en el sur y sureste de Asia, incluyendo jornadas laborales excesivas, entornos inseguros y denuncias de trabajo infantil. Estas corporaciones implementaron marcos de cumplimiento solo después de que el escrutinio público expusiera estas prácticas. Esto pone de manifiesto una verdad inquietante: el compromiso occidental con la dignidad humana y los derechos laborales se subordina fácilmente al arbitraje de costos y la maximización de ganancias cuando nadie los vigila.

La guerra en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán toca fondo para el orden liberal internacional, reduciendo instituciones como la ONU a instrumentos con autoridad menguante. Anuncia un retorno a una moral propia del Lejano Oeste, donde el poder prevalece sobre la ley. Como advirtió Denis Diderot: «Del fanatismo a la barbarie solo hay un paso», un paso que ahora se ha consumado. El bombardeo indiscriminado de escuelas, hospitales, barrios civiles e infraestructura económica, en flagrante violación de la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma, ya no es una aberración, sino una doctrina. Los crímenes de lesa humanidad se normalizan bajo el pretexto de la seguridad y la supuesta sanción divina. Mientras esta guerra ilegal continúa, el mundo presencia una erosión irreversible del Estado de derecho y el derrumbe de las fortalezas morales que Occidente erigió con tanta confianza.

Nicolás Maquiavelo comprendió esta verdad perdurable: que la apariencia de virtud a menudo sobrevive a la virtud misma. Lo que se desarrolla no es simplemente la guerra, sino el vaciamiento sistemático del Estado de derecho occidental, dejando tras de sí un orden global donde la pretensión moral sobrevive, pero la sustancia moral se ha derrumbado. 

En otoño de 2023, mientras los ataques aéreos israelíes reducían gran parte de Gaza a escombros, un alto diplomático del G7 declaró a la revista TIME  : «Sin duda, hemos perdido la batalla en el Sur Global. Olvídense de las reglas, olvídense del orden mundial. Jamás nos volverán a escuchar». No era el tipo de declaración que suele aparecer en los comunicados de prensa. Pero, quizás, fue la evaluación más sincera sobre el estado del orden internacional liberal que un funcionario occidental había ofrecido en décadas.

Jayakhosh Chidambaran es analista geopolítico y columnista con más de 150 artículos publicados en plataformas internacionales. Su trabajo se centra en las relaciones internacionales, las estructuras de poder globales y la filosofía política.