Gaceta Crítica

Charlene Crowell (The Black Press -Estados Unidos-), 24 de Marzo de 2026

En nombre de los casi 9 millones de personas que actualmente se encuentran en mora con sus préstamos estudiantiles, una coalición de defensores de organizaciones de consumidores, derechos civiles y educación solicita al Departamento de Educación federal que detenga sus planes de comenzar a embargar los salarios de los prestatarios este mes. La mora se considera un retraso de 270 días o más en los pagos.

Citando una nueva investigación de Protect Borrowers, anteriormente conocido como Student Borrower Protection Center, la coalición informó a la Secretaria de Educación, Linda McMahon, en una carta del 7 de enero, que en 2025 se produjo un nuevo impago de préstamos estudiantiles cada nueve segundos. Esta tasa creciente no tiene precedentes y es casi tres veces peor que la de 2019, el año anterior a la pandemia de COVID-19.

Además, según los defensores, las políticas de préstamos estudiantiles de la administración Trump perjudican de manera desproporcionada a los prestatarios negros y de mayor edad. Firmaron la carta conjunta de apelación: Protect Borrowers, la Federación Estadounidense de Maestros, The Debt Collective, la NAACP, la Asociación Nacional de Educación, el Centro de Crisis de la Deuda Estudiantil y Young Invincibles.

“Las investigaciones demuestran que los cobros involuntarios no hacen sino agravar los problemas económicos a los que se enfrentan los prestatarios morosos, que son desproporcionadamente personas mayores y prestatarios negros”, escribió la coalición.

De hecho, de los prestatarios que ya están en mora, aproximadamente un tercio son personas mayores. Además, los graduados negros tienen cinco veces más probabilidades de incurrir en mora que sus compañeros blancos.

Además, y según Protect Borrowers, casi dos tercios de los prestatarios que incumplieron sus pagos durante la administración Trump —más de 2,6 millones de personas— residen en estados que el presidente Trump ganó en las elecciones de 2024. Entre los estados más afectados se encuentran Florida, Georgia, Ohio y Texas, cada uno de los cuales registró 100.000 o más prestatarios que incumplieron sus pagos el año pasado.

“La decisión de reanudar el embargo de salarios a millones de prestatarios en medio de una creciente crisis de asequibilidad que está asfixiando a las familias trabajadoras es insensible e innecesaria”, continuó la coalición.

Esta decisión se produce además en un momento en que los prestatarios con dificultades se han visto obligados a esperar, en medio de un retraso de casi un millón de solicitudes, para inscribirse en un plan de reembolso basado en los ingresos (IDR, por sus siglas en inglés), y cuando los despidos masivos en el Departamento han dificultado aún más que los prestatarios obtengan ayuda con sus préstamos estudiantiles o si tienen problemas con la entidad que gestiona sus préstamos estudiantiles.

Para Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la NAACP, la organización de derechos civiles más antigua del país, las políticas de la administración Trump tienen que ver con los derechos financieros.

“Al embargar los salarios de los prestatarios de préstamos estudiantiles que no han pagado sus deudas, la administración Trump solo agravará las dificultades financieras de las familias trabajadoras y perjudicará de manera desproporcionada a los prestatarios negros”, dijo Johnson.

Millones de personas ya están lidiando con el aumento de los costos y la incertidumbre económica, y la reducción de los salarios solo empujará a las familias aún más hacia la crisis financiera.

Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, coincidió con Johnson:

Esto no tiene que ver con la responsabilidad de los prestatarios; es una hostilidad manifiesta hacia los jóvenes que intentan salir adelante. La administración Trump está optando por exprimir a maestros, enfermeros y otros trabajadores mientras los precios suben y las familias luchan por sobrevivir, recortando salarios y reembolsos de impuestos justo cuando más se necesitan.

Una ficha informativa elaborada por el Centro para Préstamos Responsables hace un seguimiento de las decisiones políticas clave de 2025 que resumen las medidas adoptadas por el Departamento de Educación contra los prestatarios de préstamos estudiantiles. Estas incluyen:

• En marzo de 2025, el Departamento redujo casi a la mitad su plantilla, siendo la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes y la Oficina de Derechos Civiles algunas de las más afectadas. Al desmantelarse las infraestructuras de atención al cliente y de divulgación comunitaria de la Ayuda Federal para Estudiantes, es menos probable que se detecten o corrijan los errores sistémicos en la gestión de préstamos, lo que deja a los prestatarios con menos opciones de ayuda justo cuando se están implementando importantes cambios en las políticas de préstamos.
• En mayo de 2025, el Departamento reactivó el Programa de Compensación del Tesoro, que permite al gobierno confiscar las devoluciones de impuestos de los prestatarios en mora.
• El 1 de agosto de 2025, el Departamento de Educación reanudó la acumulación de intereses para los prestatarios con préstamos del Departamento de Educación acogidos al programa de aplazamiento SAVE. Desde 2023, los intereses impagados del programa SAVE protegían a los prestatarios del aumento de sus saldos. Al desaparecer esta protección, los saldos de los prestatarios aumentarán durante este período de aplazamiento y podrían seguir aumentando si los pagos mensuales no cubren la totalidad de los intereses acumulados. Este cambio dificulta el pago y genera incertidumbre a largo plazo para más de 7 millones de prestatarios.

A partir del 1 de julio de 2026, los padres que soliciten nuevos préstamos Parent PLUS ya no podrán acogerse a ningún plan de pago basado en los ingresos. Esto significa que no tendrán acceso al plan de pago contingente a los ingresos (ICR) ni al plan de asistencia para el pago (RAP), quedando el plan de pago estándar como su única opción. Los prestatarios con préstamos Parent PLUS vigentes pueden conservar el acceso al ICR si consolidan sus préstamos antes del 1 de julio de 2026.

“A medida que se reducen las medidas de protección y se debilita la supervisión, los prestatarios se enfrentan a saldos crecientes y a una mayor presión financiera, lo que hace urgente presionar para que se implementen políticas más sólidas que preserven la promesa de la educación superior como vía hacia las oportunidades”, concluyó CRL.

Charlene Crowell es investigadora principal del Centro para Préstamos Responsables (EEUU) .