Gaceta Crítica

Florencia Oroz (JACOBIN), 23 de Marzo de 2026

La dictadura no solo impuso terror y neoliberalismo: también dejó una marca duradera en la forma en que el campo popular argentino concibe la democracia. A cincuenta años del golpe, recuperar la memoria implica también repensar los límites de esa herencia.

El 24 de marzo de 1976, hace cincuenta años, las Fuerzas Armadas se hicieron con el gobierno de la Argentina mediante un golpe de Estado. Pero la fecha no solo indica el inicio de la última dictadura cívico-militar en el país (la última de las seis que se sucedieron en menos de medio siglo desde 1930). Señala también, y sobre todo, el momento de la interrupción violenta de un proceso histórico: el de una sociedad que, con todas sus contradicciones, sus fracturas internas y sus apuestas desiguales, había llegado a concebir la política como el terreno de una disputa abierta sobre el tipo de mundo que quería construir.

No hay que romantizar aquella época. Los años inmediatamente previos al golpe fueron tiempos de una movilización popular extraordinaria pero también de una polarización política y una violencia paraestatal creciente que la derecha peronista —con la Triple A de López Rega a la cabeza— contribuyó de manera decisiva a escalar. Un proceso cuya responsabilidad ineludible recae sobre quienes detentaban el poder del Estado, en manos de María Estela Martínez de Perón, «Isabelita», desde 1974. Pero incluso en esa turbulencia había algo genuino e irreductible: la convicción, extendida entre amplios sectores de la sociedad, de que el orden existente podía y debía ser transformado, y de que la posibilidad de hacerlo estaba en sus propias manos.

El golpe destruyó eso. Y lo destruyó de una manera que no admite eufemismos ni omisiones: con treinta mil desaparecidos, con centros clandestinos de detención desplegados por todo el país, con torturas inimaginables, con vuelos de la muerte, con censura, con persecución, con el exilio forzado de decenas de miles de personas, con el secuestro sistemático de bebés y la apropiación de sus identidades.

El terrorismo de Estado fue la forma que asumió en la Argentina la contrarrevolución del capital. Un capital que, hacia comienzos de la década del setenta, veía cómo su mayor temor se confirmaba cada vez más. Luego de décadas de violencia, autoritarismo y proscripción, y de la reiterada incapacidad de los sucesivos elencos gobernantes para imponer con éxito un proyecto de país, para buena parte de la sociedad argentina el punto ya no pasaba por dilucidar cuál de los partidos tradicionales se haría cargo del aparato del Estado, sino que era la naturaleza misma de ese Estado lo que entraba crecientemente en cuestión.

La atrocidad de la violencia desatada respondió a la magnitud de la amenaza percibida. Pero el legado de la dictadura no se agota en el horror de sus crímenes —que es inmenso y que bajo ningún concepto puede ser relativizado— sino que se extiende hacia dimensiones menos visibles y acaso más durables: aquellas relacionadas con el modo en que esa experiencia reconfiguró, a largo plazo, los marcos dentro de los cuales los argentinos aprendimos a pensar la política. Cincuenta años después, esa reconfiguración silenciosa sigue siendo, en muchos sentidos, el nudo del problema.

Un proyecto de clase con nombre propio

La dictadura no fue un accidente. Fue la respuesta organizada de los sectores dominantes del país —con el apoyo entusiasta del capital transnacional y la anuencia de Washington— al ascenso de una clase trabajadora que, durante el período previo, había demostrado una capacidad de movilización y organización sin precedentes. El Cordobazo de 1969, las huelgas y tomas de fábrica de los años siguientes, la emergencia de coordinadoras fabriles que funcionaban con relativa autonomía de las burocracias sindicales oficiales: todo eso constituía una amenaza concreta para un orden social roto que los sectores dominantes buscaban desesperadamente salvar.

Pero la dictadura no fue tampoco un punto de partida. Fue la radicalización extrema de procesos que venían desplegándose con anterioridad. La represión ilegal, los asesinatos políticos y el accionar de la Triple A forman parte de esa secuencia. Lo que marca el 24 de marzo de 1976 es la transformación en política de Estado de una violencia que, de manera más selectiva pero no menos sistemática, ya estaba operando. El golpe significó un salto cualitativo: la violencia dejó de ser episódica para convertirse en un dispositivo de exterminio orientado a producir una derrota social de largo alcance.

Reconocer esa continuidad es indispensable para entender tanto la magnitud de lo que ocurrió como las condiciones que lo hicieron posible. Una dictadura pensada como irrupción inexplicable, caída del cielo sobre una democracia que funcionaba, resulta paradójicamente menos útil para comprender el presente que una dictadura entendida como respuesta planificada a una crisis de hegemonía ya en curso.

Y entender esto es importante, además, porque la dictadura no fue solo un régimen de terror. Fue también un régimen de transformación económica y social. Entre 1976 y 1981, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz implementó uno de los primeros y más profundos experimentos del neoliberalismo en América Latina: apertura de la cuenta de capital, liberalización financiera, desindustrialización deliberada, congelamiento salarial, endeudamiento externo masivo.

Mientras los grupos de tareas operaban en los centros clandestinos, el sistema financiero se reorganizaba sobre bases completamente nuevas. La «plata dulce» de los años de la tablita cambiaria no fue una consecuencia no prevista de las políticas del régimen: fue su cara visible, el mecanismo mediante el cual se buscó disciplinar la fuerza laboral e incorporar a una parte de las clases medias urbanas como beneficiaria —transitoria y efímera— del nuevo orden.

El resultado fue una doble ruptura. Por un lado, la ruptura demográfica y generacional producida por el terrorismo de Estado: una generación entera de militantes, intelectuales y sindicalistas fue eliminada, encarcelada o forzada al exilio. Por otro, la ruptura estructural operada por las políticas económicas del régimen: la destrucción del tejido industrial y la recomposición de la estructura social argentina sobre bases radicalmente distintas a las anteriores.

Ambas rupturas se potenciaron mutuamente. La primera desarticuló las organizaciones populares que podrían haber resistido la segunda. La segunda transformó las condiciones materiales sobre las que esas organizaciones podrían haberse reconstituido. La deuda externa —que hacia el final del régimen representaba más de cuarenta mil millones de dólares— fue el instrumento de sujeción que consolidó esa transformación y la prolongó mucho más allá de los límites cronológicos del gobierno militar. No es una metáfora: la democracia argentina volvió literalmente hipotecada.

La democracia como fin

Cuando en diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia con el 52% de los votos, algo había cambiado en la sociedad argentina de manera profunda y duradera. Y no me refiero solo —ni principalmente— a las transformaciones institucionales producto de la apertura democrática. Me refiero a algo más difícil de medir pero igualmente real: un desplazamiento en el modo en que amplios sectores de la sociedad concebían el valor de la democracia y el sentido de la política.

Antes de 1976, entre los sectores populares y buena parte de la izquierda, la democracia había sido concebida fundamentalmente como un medio: un terreno de disputa, un conjunto de instituciones que podían ser utilizadas —junto a otras formas de organización y de lucha— para avanzar hacia objetivos de transformación social más amplios. Esta concepción no implicaba necesariamente una valoración negativa de la democracia, pero sí una valoración relativa, instrumental: su valor dependía de lo que permitiera construir.

La experiencia de la dictadura produjo un corrimiento genuino y comprensible en ese modo de valorar la democracia. Quienes habían sobrevivido al terrorismo de Estado, quienes habían padecido el exilio, quienes habían visto desaparecer a familiares, amigos y compañeros, tenían razones más que concretas para valorar la democracia de una manera diferente: no ya como medio sino como fin, no ya como instrumento sino como valor en sí mismo, un «bien supremo» a preservar y defender contra cualquier amenaza que pudiera cercenarla.

Este corrimiento tuvo consecuencias enormemente positivas. Permitió la construcción de un consenso amplio y robusto alrededor de la defensa de los derechos humanos que resultó, en perspectiva comparada, verdaderamente excepcional. Los juicios a las juntas militares en 1985, la creación de la CONADEP y la publicación del informe Nunca Más, la búsqueda incesante de los organismos de derechos humanos… Todo aquello fue posible, entre otras cosas, gracias a la consistencia y la profundidad del consenso democrático forjado desde 1983. Las políticas de memoria, verdad y justicia que la Argentina construyó a lo largo de las décadas siguientes no tienen parangón en el mundo y son, sin lugar a dudas, uno de los capítulos más luminosos de su historia reciente.

Pero ese mismo corrimiento tuvo también consecuencias que, con el tiempo, se fueron revelando algo más ambivalentes. La consagración de la democracia como valor último, definitivo, tendió a establecer, de manera gradual pero persistente, un conjunto de parámetros restrictivos sobre el espacio de lo políticamente imaginable. Si la democracia es el bien a preservar por encima de todo, entonces cualquier proyecto que se proponga transformarla, interrogarla o cuestionar el modo en que esa democracia se traduce política y socialmente, queda descalificado de antemano.

Así, el horizonte de la transformación se retrae y la política se vuelve cada vez más una cuestión de administración de lo existente. El conflicto, en lugar de ser reconocido como el motor de la vida democrática, pasa a ser visto con desconfianza, como un riesgo potencial para la estabilidad institucional. Este efecto no fue intencional ni obra de ningún agente conspirativo. Fue el resultado de una experiencia histórica real, de una derrota social y política que dejó marcas indelebles en el cuerpo social.

El kirchnerismo y los límites del consenso

Durante más de una década, el kirchnerismo constituyó la principal experiencia política que intentó tensionar ese consenso transicional, aunque sin abandonarlo. La reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad —luego de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos menemistas—, la política de derechos humanos, la recuperación de la figura del Estado como agente redistributivo, la retórica explícitamente confrontativa frente a los poderes concentrados representaron un intento, parcial y contradictorio pero en buena medida genuino, de recuperar para la política democrática algo de su capacidad transformadora.

Ese giro tuvo una dimensión adicional que merece atención. La reapertura de los juicios y la centralidad otorgada a las políticas de derechos humanos resignificaron el legado del Nunca Más y dotaron a esa lucha de una fuerza material inédita. Pero al mismo tiempo produjeron un desplazamiento que, con el tiempo, comenzó a exhibir su fragilidad: los organismos de derechos humanos que habían nacido como expresiones de lucha autónoma frente al terror estatal fueron progresivamente institucionalizados e incorporados a la arquitectura simbólica y política del Estado.

Esa inscripción estatal, al tiempo que significó un reconocimiento histórico largamente postergado, tendió a debilitar el sustrato organizativo y popular de esos organismos. Cuando el Estado cambió de manos, ese desplazamiento mostró toda su vulnerabilidad: el retroceso no fue solo en términos de iniciativas públicas sino también político y cultural. Ideas, lenguajes y prácticas que habían sido absorbidas por el Estado encontraron dificultades para sostenerse por fuera de él.

Los límites de esa tentativa son hoy más evidentes que nunca. El kirchnerismo nunca se propuso —ni podría habérselo propuesto sin desencadenar conflictos que juzgó excesivos— una transformación estructural del modelo económico heredado de la dictadura y profundizado durante el menemismo. Redistribuyó renta, amplió derechos y recompuso el tejido social desgarrado por la crisis de 2001. Pero los fundamentos del modelo (la dependencia financiera, la estructura agroexportadora, la primarización de la economía) permanecieron intactos. Cuando los vientos internacionales dejaron de soplar a favor y la torta a repartir se achicó, los engranajes crujieron y la ausencia de una transformación estructural se volvió imposible de disimular.

A esto se suma otra cuestión, de orden más político e ideológico, que tiene que ver con el modo en que el kirchnerismo procesó —o más bien no procesó— las contradicciones que encarna cualquier proyecto que se pretende transversal. Cuando las posibilidades de redistribución comenzaron a estrecharse y las tensiones de clase que el modelo no había resuelto afloraron con más fuerza, el kirchnerismo recurrió a un desplazamiento que le resultó más llevadero que la confrontación directa con esas contradicciones: trasladarlas hacia el interior del propio campo popular.

La lógica del «no hacerle el juego a la derecha» —operación política que en determinados contextos puede ser legítima y necesaria— se fue convirtiendo, de manera gradual pero sostenida, en el principal mecanismo de disciplinamiento interno. Cualquier crítica por izquierda o desde las bases del movimiento quedaba subsumida bajo la acusación de fortalecer al adversario. La política cultural e identitaria —la disputa por los sentidos, por los símbolos, por el relato— ocupó el lugar que la transformación estructural no había podido o no había querido ocupar.

El resultado de todo esto fue fiel reflejo de la relación histórica del peronismo con la movilización popular: alentarla desde la oposición, encauzarla o contenerla desde el gobierno. Así, un movimiento que al menos en parte había nacido producto de la movilización popular y que había construido su legitimidad sobre la recuperación de la política como instrumento de transformación, terminó por reproducir, a su propio interior, la misma lógica que criticaba: la sustitución del conflicto productivo por la exigencia de unidad defensiva, la clausura del debate por el imperativo de la preservación. Las contradicciones no procesadas hacia afuera se procesaron finalmente hacia adentro —entre figuras, bloques y lealtades—, generando la fragmentación que conocemos y que la derecha supo capitalizar.

La derrota de 2015 ante Mauricio Macri fue el primer síntoma visible de ese agotamiento. Pero el kirchnerismo (o al menos sus variantes dominantes) lo procesó como un accidente, como una anomalía que sería resuelta por el peso de la evidencia: cuando la gente comprobara los efectos del gobierno macrista volvería a las urnas. En 2019, en cierta medida, eso fue lo que ocurrió. Pero el gobierno de Alberto Fernández demostró que el problema era más profundo: sin un proyecto capaz de articular las demandas populares con un horizonte de transformación creíble, sin un balance sincero sobre las causas de la derrota anterior, la gestión derivó en la peor combinación posible —austeridad de hecho y retórica progresista—, erosionando la confianza tanto de las propias bases como de los sectores que buscaba recuperar.

Milei y la erosión del consenso

En este contexto, Javier Milei no es una anomalía. Es un síntoma. Y entender qué es lo que expresa probablemente sea una de las tareas políticas más urgentes para la izquierda argentina en el presente.

En primer lugar, Milei expresa el desgaste del consenso político-cultural forjado durante la transición democrática. Ese consenso, que durante décadas organizó los debates públicos y estableció los límites de lo que podía decirse y hacerse en política, comenzó a erosionarse silenciosamente desde mediados de los años noventa. La convertibilidad y su colapso, el «que se vayan todos» de 2001, el agotamiento del ciclo kirchnerista, la gestión macrista y su fracaso: cada uno de estos episodios dejó una nueva capa de desencanto, una nueva generación llegada a la adultez sin haber experimentado las posibilidades de una política capaz de ofrecer un horizonte posible y creíble de futuro.

Milei recogió ese desencanto y lo canalizó en una dirección precisa: la impugnación explícita ya no de alguna orientación particular sino del conjunto del edificio político e institucional de la posdictadura. Su discurso no es simplemente liberal o conservador en el sentido clásico; es un discurso de ruptura total, que se presenta a sí mismo como la alternativa radical a un «sistema» que habría fallado irremediablemente. En ese sentido, Milei es el reverso simétrico del «que se vayan todos»: el mismo hartazgo, pero canalizado en la dirección contraria.

Lo que torna particularmente alarmante la coyuntura actual es que el gobierno de Milei no se limita a impugnar el consenso económico del período posdictatorial —lo cual podría considerarse un blanco legítimo de crítica, aunque no por las razones que esgrime el presidente— sino que extiende esa impugnación al consenso político y cultural construido alrededor de los derechos humanos y la memoria. Las declaraciones que relativizan o directamente niegan la cifra de los desaparecidos, los gestos de reivindicación implícita del régimen militar, el cuestionamiento sistemático de los organismos de derechos humanos: todo apunta a desmantelar los fundamentos del pacto democrático concebido a lo largo de más de cuarenta años de democracia.

Cincuenta años y una pregunta abierta

Hay una tentación, comprensible pero peligrosa, de responder al negacionismo con una reivindicación defensiva del consenso democrático tal como fue construido. Defender las políticas de memoria, defender los juicios, defender las cifras, defender las condenas, defender… Esa defensa es necesaria e irrenunciable, hoy más que nunca. Pero si se agota ahí, corre el riesgo de reproducir el mismo problema que contribuyó al agotamiento del consenso en primer lugar: la política reducida a la preservación de un orden, el horizonte encerrado en los límites de lo ya conquistado.

Porque cuando la democracia se vuelve intocable pero socialmente impotente, deja de ser un obstáculo efectivo frente a proyectos que, desde dentro del régimen democrático, avanzan sobre derechos, condiciones de vida y capacidades colectivas de organización. Más aún, corre el riesgo de perder aquello que alguna vez la volvió deseable: la promesa de que la política puede ser algo más que la administración de lo existente.

El problema no es que la memoria mire demasiado al pasado; al fin y al cabo, esa es su razón de ser. El problema es el modo en que lo hace. Cuando la memoria se organiza exclusivamente como condena, tiende a aislar al terrorismo de Estado y sus políticas de los procesos históricos que los hicieron posibles. Y una dictadura concebida únicamente en términos de horror resulta menos útil para comprender un presente en el que reaparecen —sin tanques ni juntas militares— elementos centrales de su proyecto.

La pregunta, entonces, no es cuánto de aquel pasado vuelve hoy. Es cómo inscribir ese pasado en una reflexión política capaz de intervenir en el presente y transformar el futuro. Y esto, lejos de ser una frase trillada, tiene consecuencias muy concretas para la forma en que el campo popular argentino —disperso, golpeado, todavía sin haber procesado las razones profundas de sus sucesivas derrotas— decide organizarse y actuar.

Implica, entre otras cosas, animarse a hacer el balance que se viene postergando: no solo de los crímenes de la dictadura, sino también de los límites de la democracia que la sucedió; no solo de los horrores del pasado, sino también de las responsabilidades del presente. Implica reconocer, en particular, que el hartazgo que Milei supo capitalizar no surgió de la nada ni fue fabricado exclusivamente por los medios de comunicación o la máquina propagandística del capital. Fue fruto de la experiencia real de personas reales que vieron cómo, año tras año, las promesas de la política se incumplían, la desigualdad se reproducía y las opciones se estrechaban.

Ese hartazgo es el caldo de cultivo en el que creció la extrema derecha. Para disputarlo, el primer paso es dejar de ignorarlo y de descalificarlo. El segundo, construir una política capaz de ofrecer algo genuinamente distinto: no la restauración de lo que ya no funciona, sino la apertura de un horizonte nuevo.

El 24 de marzo de 1976 interrumpió por la fuerza la posibilidad de imaginar alternativas. Cincuenta años después, la tarea no puede pasar solo por la exhibición de similitudes entre este presente y aquel pasado con la esperanza de que con eso alcance para que las urnas hagan su trabajo y nos devuelvan a una situación menos peor. Cincuenta años después, la tarea debe pasar por preguntarse cómo construimos, en condiciones radicalmente distintas, algo por lo que realmente valga la pena luchar.

Florencia Oroz, Magíster en Historia Argentina y Latinoamericana por la Universidad de Buenos Aires, docente y coordinadora de redacción de Revista Jacobin.