Gaceta Crítica

Olga Rodríguez (eldiario.es), 25 de Febrero de 2026

• En el registro policial en la sede de Sidenor en Basauri se encontró una tabla con destinatarios, entre ellos la armamentística israelí IMI Systems, junto a la referencia “obuses”, en la categoría de “pieza”.

Este medio ha podido conocer algunos de los hallazgos más relevantes encontrados por la Policía Nacional el pasado 10 de febrero en la sede principal de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra tres directivos por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.

Entre la documentación judicial a la que ha accedido elDiario.es hay una cadena de correos electrónicos, impresa y encontrada en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados.

Una tabla y la palabra “obuses”

Ese documento contiene una tabla con empresas del sector armamentístico presentadas como destinatarias de la mercancía, bajo el título “destinatario mcía”. Junto a cada empresa hay otro apartado, bajo el título “pieza”. Entre las empresas destinatarias aparece la armamentística israelí IMI Systems LTD, en el apartado de los destinatarios de la mercancía, junto con el tipo de pieza: “obuses”, en la categoría de “piezas”. También aparece Israel Weapon Industries como otra de la destinatarias.

Esa cadena de mensajes -el más reciente está fechado el 5 de marzo de 2025- hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024, año en el que el Ejército israelí mató a decenas de miles de palestinos en Gaza y bloqueó la entrada de ayuda necesaria en la Franja.

En el listado aparecen, además, otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar, cada una con una referencia en el apartado de “piezas”: “cañón”, “cuerpo de municiones”, “cadenas de tracción”, “cubo”, “obuses” o “tornillos”. En la comunicación anterior a ese mensaje con la tabla se solicita esa información a petición de una entidad bancaria.

El demandante contra Sidenor es la Comunitat Palestina de Catalunya, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Estos colectivos indican que los hallazgos en el registro policial muestran que “Sidenor tenía pleno conocimiento de que el acero que exportaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses”.

El registro en la sede de Sidenor se realizó en el marco de la investigación liderada por el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas, quien tomó declaración el pasado mes de noviembre al presidente de la siderúrgica española, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos, por la venta de acero a la compañía armamentística Israel Military Industries (IMI), con envíos de los que informó este diario el pasado mes de junio.

La providencia del magistrado de la Audiencia Nacional expone que estas ventas se produjeron “con pleno conocimiento” de que el comprador es un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero, y de que “el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento”. 

Desde Sidenor alegan que esa referencia a “obuses” no se refiere al destino final que recibirá el acero enviado por la empresa, sino al producto principal que fabrica IMI Systems, una armamentística israelí conocida por fabricar fusiles de asalto, municiones, artillería y tecnología militar. En la misma tabla hallada en el registro aparecen empresas como Expal y diferentes fábricas de la misma, con la referencia “obuses” o “cuerpo de municiones” en el apartado de “piezas” asignado a esa compañía. A la empresa destinataria de mercancía de Sidenor Beck Technologies le asignan “tornillos” en el apartado de “piezas”, y a William Cook Stanhope, “cadenas de tracción”.

De Jorge Mesas señala que los abusos perpetrados en la Franja de Gaza son conocidos por todos, “tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión, como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina], entre otras personas y agencias de Naciones Unidas”. 

La cadena de suministro de acero de Sidenor a Israel llevaba operativa al menos varios meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 envío 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 exportó 219 toneladas y en mayo de ese mismo año se registró otra carga, de 356 toneladas. Una de las últimas partidas rastreadas, de la que informó este diario, se produjo el pasado 10 de junio de 2025, cuando el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario. 

Una vez conocido este envío, la relatora de la ONU para Palestina,Francesca Albanese, advirtió de que el mismo haría escala en Turquía, y solicitó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel. 

Poco después, elDiario.es informó de que otro barco, el ZIM LUANDA, tenía previsto salir del puerto de Barcelona con 122 barras de acero del fabricante Sidenor Aceros Especiales -con sedes en el País Vasco, Cantabria y Catalunya- para hacer entrega de la carga el 11 de julio en el puerto israelí de Haifa. Estos hechos pudieron conocerse a través de una investigación de la organización estadounidense Palestinian Youth Movement.

La Fiscalía

Hace dos semanas la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió anular el registro de las instalaciones de Sidenor y la causa por genocidio. Ante ello, la Comunitat Palestina de Catalunya, colectivo querellante, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave”.

Sus portavoces señalan que dicha Fiscalía “se opuso al registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución” y “trata de impedir que comparezca en el procedimiento, en condición de víctima, una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo”. Por ello, solicitan que “el procedimiento judicial continúe sin interferencias y con todas las diligencias necesarias”.

También piden que se excluya a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y concesión de subvenciones hasta que se esclarezca su grado de participación y que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática “asuma los procesos en los que se investiguen hechos calificados” como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino.

Las obligaciones legales

Ya en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia señaló que había riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese mismo año pidió a los países de la ONU medidas “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación “ilegal” israelí y a la “segregación”.

La Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que “Israel comete genocidio en Gaza desde octubre de 2023”. Sus integrantes, presididos por la jueza Navi Pillay, han explicado que, desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia ya advirtió del riesgo de genocidio, “si no antes, los Estados tenían la obligación legal de actuar” con medidas para prevenir, detener y sancionar los crímenes israelíes.

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.

La campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientas organizaciones, insiste en pedir al Gobierno “la aplicación de un embargo de armas ”integral y retroactivo“, para que no se produzcan nuevas compras o transacciones a través de filiales de empresas israelíes o para que no haya nuevas autorizaciones de transacciones de material militar con Israel, como las aprobadas por España el pasado 23 de diciembre.