Mark Weibrot (CEPR), 21 de Febrero de 2026

Cuando se acercaba el pináculo de la escalada militar estadounidense en la guerra de Vietnam, Martin Luther King Jr. dijo de forma célebre que el gobierno estadounidense era “el mayor proveedor de violencia del mundo actual”.
En los años siguientes, el gobierno estadounidense ha desarrollado, a un ritmo acelerado, un nuevo método de ejercer violencia letal con el fin de alcanzar sus metas: sanciones económicas unilaterales y amplias.
Un estudio publicado por la revista médica Lancet Global Health, del cual fui coautor junto a los economistas Francisco Rodríguez y Silvio Rendón en julio, estimó que las sanciones unilaterales cobran 564.000 vidas al año. Esta cifra es comparable al número de muertes anuales en todo el mundo provocadas por conflictos armados.
En este momento podemos ver en tiempo real cómo ocurren esas muertes. “La vida en Cuba se detiene bajo el bloqueo petrolero de EE. UU.”, fue el titular del Wall Street Journal hace unos días. Estados Unidos bloqueó el petróleo procedente de Venezuela, el principal suplidor de Cuba, poco después de hacerse con el control de la producción petrolera venezolana el mes pasado.
El 29 de enero, el presidente Donald Trump emitió un decreto que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que se atreva a exportar petróleo o productos petrolíferos a Cuba. Las importaciones petroleras de la isla se derrumbaron a casi cero este mes.
El colapso de las importaciones petroleras ha tenido efectos inmediatos y potencialmente mortales. Más del 80 por ciento de la electricidad de Cuba se genera a partir del petróleo. Los apagones ya han aumentado dramáticamente a medida que la capacidad disminuye. Los hospitales, los servicios sanitarios y la disponibilidad farmacéutica se han interrumpido; el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido sobre “un impacto cada vez más severo sobre los derechos humanos del pueblo de Cuba” debido a la pérdida de la distribución de agua, incluyendo agua potable y saneamiento. Incluso la distribución de cargamentos humanitarios se ha interrumpido debido a la falta de combustible, causando escasez generalizada de alimentos y un incremento en los precios de los víveres.
El decreto de Trump, como todas las sanciones estadounidenses unilaterales, es ilegal según los tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario, tales como la carta de la Organización de Estados Americanos; y según el derecho internacional. También viola directamente las leyes estadounidenses, ya que el gobierno cubano no ha generado ninguna “emergencia nacional” para los ciudadanos estadounidenses, ni una “amenaza extraordinaria e inusual” a la seguridad nacional estadounidense, como el decreto señala falsamente.
Si bien los funcionarios en Washington intentan culpar a Cuba por la peor crisis económica del país en 67 años, las sanciones actuales se suman al daño provocado por la creciente guerra económica de Estados Unidos en los últimos años.
En enero del 2021, el gobierno de Trump decidió que Cuba debería ser designada nuevamente como un estado patrocinador del terrorismo, tal como lo había sido desde 1982 hasta 2015, cuando el presidente Barack Obama retiró a Cuba de la lista. Nunca hubo una justificación fáctica para la designación. Pero tuvo un profundo impacto negativo en la industria turística de Cuba, ya que automáticamente obstaculizó las visitas a Estados Unidos para los ciudadanos de Europa y otras regiones si habían ido a Cuba.
La cantidad de turistas extranjeros que visitan Cuba ha disminuido en un 68 por ciento en comparación con 2019. Esto ha supuesto una pérdida de miles de millones de dólares en los ingresos de divisas de Cuba, los cuales son necesarios para las importaciones esenciales (el 80 por ciento de los alimentos del país son importados) y para la estabilidad económica en general.
El gobierno de Trump también impuso otras sanciones y restricciones, incluyendo algunas que se fundamentaron en la designación de “estado patrocinador de terrorismo”, para impedir que Cuba realice transferencias bancarias, transferencias electrónicas y otras interacciones con el sistema financiero internacional. Esto debilitó y desestabilizó sustancialmente la economía cubana, dejándola aún más vulnerable a agresiones más severas.
Si desea ver lo que pueden provocar este tipo de sanciones si se mantienen vigentes durante un plazo lo suficientemente prolongado, mire a Venezuela, el objetivo número dos (después de Cuba) del Secretario de Estado Marco Rubio para un cambio de régimen. Las sanciones estadounidenses provocaron en Venezuela cuatro años de hiperinflación y la depresión más grave de la historia sin una guerra: una pérdida del 73 por ciento del PIB real desde 2012 a 2020. Eso triplica con creces la magnitud de la Gran Depresión estadounidense. El primer año de las sanciones de Trump (2017–2018) mató a decenas de miles de venezolanos; es casi seguro que el saldo de muertes haya alcanzado hoy los centenares de miles.
Esto es lo que las sanciones económicas amplias de Estados Unidos logran: se dirigen contra una población civil con violencia económica para forzar cambios políticos. Funcionarios estadounidenses del gabinete ministerial lo han admitido durante años — o décadas en el caso de Cuba. Trump solamente se diferencia de líderes anteriores en que no disimula que lo hace para promover la democracia o los derechos humanos.
Entretanto, muchos gobiernos están brindando, o se han comprometido a brindar, ayuda humanitaria a Cuba. La lista incluye a México, Vietnam, China, Venezuela, España, Rusia, la Unión Europea y Chile. Casi todo el mundo puede ver aquí la diferencia entre el bien y el mal; la Asamblea General de Naciones Unidas votó durante 33 años seguidos a favor de poner fin al embargo a Cuba. En 2024, el voto fue de 187 a 2 (EE. UU. e Israel votaron en contra), y una abstención.
Sin embargo, la ayuda humanitaria no es suficiente para salvar a los cubanos del impacto mortal del bloqueo petrolero de Trump. Ellos, y nosotros, necesitamos más solidaridad. Trump está amenazando al mundo entero para ejercer violencia económica contra los cubanos. Pero parece que no le importa tanto un cambio de régimen en Cuba, como sí le importa a Rubio. Si suficientes países ofrecen resistencia, el bloqueo podría correr la misma suerte que muchas de las amenazas de Trump, y quedar en el olvido.
Mark Weisbrot es co-director del Center for Economic and Policy Research. Es autor de Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy (Oxford University Press).
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