Gaceta Crítica

The Palestine Chronicle, 18 de Febrero de 2026

 

Una campaña legal que vincula la gobernanza deportiva internacional con la situación en la Palestina ocupada se ha intensificado tras la presentación formal de una denuncia por parte de una coalición de actores palestinos ante la Corte Penal Internacional (CPI). La demanda acusa a los líderes de la FIFA y la UEFA, organismos internacionales del fútbol, ​​de complicidad al continuar autorizando a clubes israelíes con sede en asentamientos que operan en territorio ocupado.

Conclusiones clave

• Una coalición de clubes, atletas y organizaciones palestinas presentó una queja ante la CPI contra los dirigentes de la FIFA y la UEFA.
• El caso se dirige al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.
• La denuncia se centra en los clubes de fútbol de los asentamientos israelíes que operan en la Cisjordania ocupada.
• Los demandantes argumentan que las instituciones deportivas están permitiendo violaciones del derecho internacional al permitir la participación y la competencia.
• La medida transforma una disputa deportiva de años de duración en una posible cuestión de responsabilidad penal internacional.

Denuncia penal

El prolongado conflicto en torno a los equipos de asentamientos judíos israelíes ilegales que participan en competiciones de fútbol organizadas ha ido más allá de los argumentos disciplinarios y ha entrado en la esfera del derecho penal internacional. 

Una coalición palestina compuesta por instituciones deportivas, grupos de derechos humanos y personas afectadas presentó una queja formal ante el fiscal de la CPI, acusando a los presidentes de la FIFA y la UEFA de complicidad en violaciones relacionadas con la ocupación israelí.

Según Al-Jazeera, la demanda fue presentada por un grupo que representa a clubes, jugadores y terratenientes, quienes argumentan que las autoridades futbolísticas internacionales han permitido la celebración de competiciones organizadas en territorio considerado ocupado según el derecho internacional. La denuncia se centra en equipos israelíes ubicados en asentamientos de Cisjordania que participan bajo la Asociación Israelí de Fútbol.

Según la demanda, permitir que estos clubes operen a nivel internacional constituye una facilitación institucional. Los demandantes también argumentan que los organismos rectores del fútbol tienen autoridad regulatoria y, por lo tanto, son responsables de permitir actividades vinculadas a asentamientos considerados ampliamente ilegales según el derecho internacional.

Quds News Network informó el martes que la denuncia acusa explícitamente a los dos funcionarios de “colusión” con las autoridades israelíes al permitir la continua integración de equipos con base en los asentamientos en competiciones oficiales a pesar de las reiteradas objeciones de los organismos deportivos palestinos. 

Clubes de asentamientos ilegales

En el centro del caso hay una cuestión estructural: si las organizaciones deportivas internacionales pueden ser legalmente responsables de reconocer a los equipos que operan dentro de territorio ocupado.

Los denunciantes argumentan que la celebración de partidos de la liga israelí en asentamientos ilegales normaliza y sustenta económicamente la infraestructura de los asentamientos. Según el razonamiento de la denuncia, la autorización de los órganos rectores otorga legitimidad, visibilidad y protección institucional a actividades que, de otro modo, serían sancionadas.

Al-Jazeera informó que la coalición presentó la presencia de múltiples clubes en los asentamientos de Cisjordania ocupada como evidencia central, afirmando que las competiciones ocurren en tierras tomadas a las comunidades palestinas. 

El documento sostiene que la participación en estructuras reconocidas por la FIFA transforma la cuestión de un asunto puramente deportivo a uno vinculado al derecho internacional humanitario.

El caso puede poner a prueba los límites de la responsabilidad jurídica internacional de los actores no estatales y las organizaciones privadas que operan a nivel mundial. 

De aceptarse, podría sentar un precedente respecto de las obligaciones de las asociaciones transnacionales cuyas actividades se cruzan con la soberanía en disputa.