Gaceta Crítica

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Haití: Cómo EE.UU. ha impuesto un gobierno ilegal ante la pasividad internacional… otra vez.

Resumen Lationamericano, 15 de Febrero de 2026

Tres buques de guerra estadounidenses anclados frente a Puerto Príncipe marcaron el fin del último vestigio de autonomía gubernamental en Haití. El 7 de febrero, tras semanas de presión diplomática y amenazas directas, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) se disolvió, tal como exigía Washington, consolidando el poder absoluto del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un controvertido empresario que nunca ha sido elegido.

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La operación comenzó el 1 de febrero, cuando el USS Stockdale, un destructor de misiles guiados diseñado para operaciones multimisión, llegó a la bahía de la capital junto con las lanchas patrulleras USCGC Stone y USCGC Diligence. El Comando Sur justificó la presencia militar como un «firme compromiso con la seguridad», mientras que la embajada prometió un «Haití más seguro y próspero».

El 23 de enero, el secretario de Estado Marco Rubio transmitió directamente a Fils-Aimé la orden de disolver el CPT «sin interferencias causadas por divisiones internas». El mensaje llegó en un momento crítico: cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo habían exigido la dimisión del primer ministro apenas dos semanas antes, acusándolo de fracaso en su gestión justo cuando el país se preparaba para sus primeras elecciones en una década.

“El secretario añadió que el CPT debe disolverse antes del 7 de febrero, sin que actores corruptos intenten interferir”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. La ironía no pasó desapercibida para nadie: Washington habló de “actores corruptos” al defender a un funcionario acusado de malversación de fondos públicos y de traicionar la soberanía nacional.

Rubio reafirmó que Fils-Aimé debía permanecer como primer ministro para combatir las bandas terroristas y estabilizar el país, ignorando que la mayoría de los haitianos no lo reconocen como autoridad legítima. La embajada estadounidense calificó cualquier intento de cambiar la composición del gobierno como una amenaza a la estabilidad regional y advirtió que tomaría las medidas pertinentes. La flotilla militar reiteró el ultimátum.

Fils-Aimé, empresario de comunicaciones y graduado de la Universidad de Boston, nunca ha ganado unas elecciones. Su único intento fracasó en 2016, cuando buscaba un escaño en el Senado. Su primer discurso como máxima autoridad reveló sus lealtades: habló en francés durante la primera mitad, un idioma que solo habla la élite, mientras que la gran mayoría habla criollo. «Se dirigía a extranjeros y sectores privilegiados, no al pueblo», señala una publicación de Brasil de Fato.

La popular emisora ​​de radio Radyo Rezistans informó que el primer ministro desvía 35.000 dólares mensuales del erario público para pagar a cabilderos del Departamento de Estado. Además, firmó un contrato de 10 años por cientos de millones de dólares con la empresa de seguridad privada de Eric Prince, exdirector de Blackwater.

Este acuerdo otorga a mercenarios extranjeros el control de las aduanas y fronteras haitianas con el pretexto de la «modernización». Los documentos están siendo revisados ​​por el Tribunal Superior de Cuentas, mientras que organizaciones sociales exigen el fin de lo que consideran una cesión sistemática de soberanía.

El periodista haitiano Reyneld Sanon afirma que el primer ministro «no gobierna el país; es un sirviente del plan imperialista estadounidense». Según Sanon, Fils-Aimé, el secretario de Estado Mario Andresol y el director de policía Vladimir Paraison tienen vínculos con bandas criminales y cuentan con el respaldo de embajadas extranjeras.

El asedio: el patrón de intervención en el Caribe

El primer ministro Alix Didier Fils Aimé, un hombre que ejerce un poder absoluto sin legitimidad popular. Foto EFE

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, un hombre que ostenta un poder absoluto sin legitimidad popular. (Foto: EFE)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) legitimó el golpe institucional del 10 de febrero. “Considerando que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finalizó el 7 de febrero de 2026, la Secretaría General reconoce que el Primer Ministro Didier Fils-Aimé y su gabinete liderarán el período interino”, afirmó la organización, repitiendo la retórica de Washington sin cuestionar la legitimidad del proceso consolidado mediante la presión militar.

Los tres destructores que forzaron la disolución del gobierno de transición haitiano forman parte de un patrón de militarización que Washington mantuvo en el Caribe a lo largo de 2025, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de la administración Trump. La crisis política y económica que ha azotado a Haití durante décadas se agravó en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cuyo asesinato aún se investiga. Tras el asesinato, el entonces primer ministro Ariel Henry asumió el cargo, pero su falta de legitimidad provocó su reemplazo en 2024 por el CPT. El vacío de poder fue aprovechado por bandas criminales que, en alianza con políticos y empresarios, lograron controlar el 90% de la capital.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que más de 1,4 millones de personas huyeron de sus hogares en 2025 como consecuencia de la violencia. Haití no ha celebrado elecciones desde 2016. Las elecciones presidenciales y legislativas están programadas para el 30 de agosto, con una posible segunda vuelta el 6 de diciembre. Sin embargo, la promesa de organizar elecciones quedó subordinada al plan de dominación militar.

“Desde que las tropas estadounidenses se retiraron en 1934, recién en 1990 hubo elecciones libres y democráticas”, explica Sanon.

El imperialismo controla el proceso electoral y decide los resultados.

En agosto de 2025, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el despliegue de tres barcos con 4.000 soldados en la región. El New York Times reveló entonces que Trump había autorizado secretamente al Pentágono a usar la fuerza militar contra cárteles de la droga extranjeros, sentando las bases para operaciones militares directas en territorios extranjeros. Los movimientos militares aumentaron: buques de guerra, vuelos intimidatorios, traslado de personal militar y arsenal a bases en Puerto Rico.

El punto culminante de esta escalada se produjo en la madrugada del 2 de enero de 2026, con la Operación Resolución Total, que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Fue la culminación de una larga campaña de asedio que Washington había librado desde que Trump asumió el cargo.

La nueva fuerza de intervención

El 8 de diciembre, Fils-Aimé viajó a Estados Unidos para participar en una cumbre de países que contribuirán al despliegue de una Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) en la nación caribeña. La reunión reunió a socios clave: el embajador de Canadá ante la ONU, David Lametti, y el subsecretario de Estado estadounidense, Chris Landau.

El FRG surge como respuesta a la ineficacia de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, y busca acelerar operaciones más robustas contra las bandas criminales. El Grupo de Socios Permanentes, que supervisa el FRG, incluye a Estados Unidos, Canadá, Kenia, Bahamas, Jamaica, Guatemala y El Salvador. Ruanda ha expresado su interés en enviar tropas, mientras que la Unión Europea ha aportado recursos iniciales.

El liderazgo recae en Jack Christofides, representante especial de la ONU designado el 1 de diciembre, y Godfrey Otunge, oficial keniano que actúa como comandante interino. La FRG es una misión no perteneciente a la ONU, pero apoyada por esta, con un mandato de 12 meses centrado en operaciones de inteligencia destinadas a neutralizar, aislar y disuadir mediante el uso de fuerza letal cuando sea necesario.

Ecos del siglo XIX

El intelectual mexicano Fernando Buen-Abad analiza esta doctrina desde una perspectiva semiótica crítica:

Este documento no puede leerse meramente como un plan militar o diplomático; es una guerra cognitiva o una batalla cultural burguesa sobre el orden económico y simbólico global, una nueva gramática de dominación, un reordenamiento de significados en torno a la patria, la soberanía, la amenaza, la identidad y el poder.

Buen-Abad enfatiza que se trata de “una operación de hegemonía simbólica: redefine lo normal, lo deseable, lo legítimo; lo que constituye una amenaza, la inseguridad, la decadencia; lo que merece protección, intervención, coerción. Existe un compromiso con la domesticación del miedo, con la militarización del imaginario social, con la naturalización de la xenofobia, con la resemantización del nacionalismo como escudo contra el caos”. Así,

Se instituye una nueva semiótica del estado policial, de la frontera fortificada, del antagonismo perpetuo, de la soberanía cerrada, de la identidad homogénea. Es un escenario inevitable para la disputa por el significado.

El analista cubano Raúl Capote establece paralelismos históricos. El bloqueo naval más severo del siglo XIX contra Venezuela ocurrió entre 1829 y 1830, tras la disolución de la Gran Colombia. El gobierno español equipó entonces una expedición para reconquistar territorios en América. La flota, comandada por el almirante Ángel Laborde y Navarro, zarpó de Cuba hacia la costa venezolana.

“La flota española interceptó y capturó numerosos buques mercantes, tanto venezolanos como de otros países, lo que causó graves daños al comercio. España, aislada internacionalmente, no se atrevió a soportar una costosa invasión terrestre y finalmente cedió”, explica Capote.
También existen paralelismos con el bloqueo impuesto por las potencias europeas entre 1902 y 1903, que implicó la confiscación de buques. “Bombardearon fortificaciones, capturaron y hundieron buques de la armada venezolana. Participaron el Imperio Británico, el Imperio Alemán, el Reino de Italia y Estados Unidos”, señala.

La historia de Haití registra así otro capítulo de intervención extranjera: un gobierno de transición fallido es reemplazado por un hombre que concentra el poder absoluto sin legitimidad popular, respaldado por destructores de misiles y el respaldo de organizaciones regionales que normalizan la imposición mediante la presión armada. La misma flota que fondeó frente a Puerto Príncipe en febrero es la misma fuerza que asedió La Guaira meses antes. Los mismos barcos, la misma doctrina, el mismo guion imperial que ha atormentado al Caribe como un fantasma armado hasta los dientes desde el siglo XIX.

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