Gaceta Crítica

Alejandro Pedregal (Red Antiimperialista), 15 de Febrero de 2026

El secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a manos del imperialismo estadounidense marca una nueva y gravísima escalada en la agresión sostenida contra la soberanía de Venezuela. Lejos de ser un hecho aislado o excepcional, este episodio forma parte de una ofensiva prolongada que combina la guerra económica y financiera, la deslegitimación política, la coerción militar y la generación de consenso mediático y hegemonía cultural. Ante la confusión informativa, la propaganda y la proliferación de narrativas especulativas, este artículo propone un marco analítico para comprender la lógica estructural del imperialismo contemporáneo y situar este ataque en el contexto del asedio que Venezuela ha sufrido durante décadas.

El imperialismo y el sistema mundial capitalista: un marco analítico

Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo, el capitalismo no se entiende como un conjunto de economías nacionales aisladas, sino como una totalidad histórica estructurada por relaciones jerárquicas de dominación y dependencia, articuladas mediante el intercambio desigual. En este marco, el imperialismo no es una distorsión temporal ni el resultado excepcional de crisis o guerras específicas, sino una dimensión constitutiva del sistema-mundo capitalista, inseparable de su lógica histórica de expansión y su permanente necesidad de acumulación a escala global.

El imperialismo puede definirse, pues, como el modo jerárquico mediante el cual se organizan la captura, la transferencia y la apropiación de valor a nivel mundial. Este proceso se basa en la subordinación estructural de unas sociedades a otras dentro de una división internacional de la producción y el trabajo que separa a los países que no retienen el valor que producen de aquellos que lo capturan y concentran mediante un intercambio desigual. Esta jerarquía configura los polos clásicos del sistema —centro y periferia, o Norte Global y Sur Global—, así como los espacios semiperiféricos intermedios, donde coexisten dinámicas contradictorias de apropiación y dependencia. El imperialismo, en este sentido, segrega y ordena el mundo para garantizar la acumulación de capital, basándose en la extracción barata de mano de obra, bienes materiales y energía, y en la externalización sistemática de costos hacia la periferia.

Lejos de limitarse a la dominación militar directa o al control territorial, el imperialismo contemporáneo opera como un sistema integrado que articula diferentes esferas de la vida social. La dominación económica —basada en el control de los flujos de valor, la deuda, las sanciones o el acceso a los mercados— se ve reforzada por instrumentos políticos y diplomáticos, por la amenaza o el uso efectivo de la coerción militar, y por formas de hegemonía cultural y mediática que contribuyen a legitimar el orden existente en el imaginario social. Estas esferas no funcionan de forma aislada, sino que se combinan y se refuerzan mutuamente mediante diversos grados de coerción y consentimiento, buscando un equilibrio que permita naturalizar la subordinación imperial y normalizar la captura de valor como algo inevitable o incluso deseable.

La participación activa de los Estados es fundamental en esta arquitectura de dominación. Mediante marcos legales, acuerdos internacionales, mecanismos diplomáticos y, cuando es necesario, el uso de la fuerza militar, se crean las condiciones para que las corporaciones transnacionales y las entidades financieras concentren la mayor parte de los beneficios del comercio global. En este contexto, es posible hablar de Estados imperialistas, ubicados principalmente en el núcleo del sistema-mundo capitalista, en contraposición a otros Estados cuya posición estructural es de dependencia, independientemente de sus proyectos políticos internos o aspiraciones de desarrollo. Las diferentes fases históricas del imperialismo —colonial, neocolonial y neoliberal— presentan continuidades y rupturas en estas formas de dominación, generalmente asociadas a periodos de hegemonía por parte de potencias específicas, con Estados Unidos como actor central del imperialismo contemporáneo.

Este marco permite analizar el caso venezolano no como una anomalía ni como un conflicto estrictamente interno, sino como una expresión concreta de las tensiones del sistema-mundo capitalista y de las formas contemporáneas de agresión imperialista. Las dinámicas económicas, políticas, diplomáticas, mediáticas, culturales y militares que han moldeado a Venezuela en las últimas décadas —culminando en la intervención militar abierta de los últimos días, violando el derecho internacional— solo pueden comprenderse plenamente si se sitúan dentro de esta lógica estructural de dominación, apropiación de valores y disciplinamiento de la periferia.

Venezuela en los engranajes del imperialismo contemporáneo

Situar el caso venezolano en el marco del sistema-mundo capitalista exige abandonar las explicaciones excepcionalistas o moralizantes y comprenderlo como una expresión concreta de la dinámica estructural del imperialismo contemporáneo. Lejos de ser un mero conflicto bilateral, un «fracaso interno» o una supuesta «deriva autoritaria», la agresión sostenida contra Venezuela debe interpretarse como parte de un proceso de disciplinamiento de la periferia en un contexto de crisis, reconfiguración geopolítica y el declive relativo de la hegemonía estadounidense.

Desde el inicio del proceso bolivariano, la soberanía venezolana se convirtió en blanco de una confrontación sostenida por parte del imperialismo estadounidense y sus aliados regionales. Ya durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013), esta ofensiva adoptó múltiples formas que anticiparon los mecanismos desplegados contra Venezuela en la actualidad. El golpe de Estado de abril de 2002 —apoyado por sectores empresariales, mediáticos y militares, y legitimado de facto por Washington— marcó un punto de inflexión, seguido meses después por el paro petrolero de 2002-2003, un acto de sabotaje económico destinado a paralizar a PDVSA y asfixiar al Estado venezolano. Estos episodios estuvieron acompañados de operaciones de desestabilización política y financiera, como la financiación de la oposición a través de agencias estadounidenses (USAID y NED), la presión internacional durante el referéndum revocatorio de 2004 y la detección de complots paramilitares vinculados a Colombia, como la denominada Operación Daktari en 2004.

Estos acontecimientos también se desarrollaron en un entorno regional cada vez más militarizado, marcado por la expansión de la presencia estadounidense en Colombia y la realización de ejercicios militares que simulaban escenarios de intervención en Venezuela, incluyendo el precedente de la Operación Balboa en 2001, liderada por España en coordinación con Colombia, Panamá y Estados Unidos. Paralelamente, se consolidó una guerra mediática internacional, destinada a erosionar la legitimidad del gobierno bolivariano y preparar el terreno simbólico para formas más abiertas de fuerza. Lejos de ser incidentes aislados, estos precedentes revelan una prolongada estrategia de interferencia que combina presión económica, conspiración política, amenaza militar y disciplinamiento discursivo, que continúa —a través de medios más radicalizados— en la fase actual de agresión imperialista contra Venezuela.

Así, en las últimas décadas —y con especial intensidad desde mediados de la década de 2010— Venezuela se ha visto sometida a una creciente estrategia multifacética de dominación, que combina sanciones económicas, estrangulamiento financiero, deslegitimación diplomática, operaciones de desestabilización política, amenazas militares, acciones encubiertas y una intensa guerra mediática y cultural. Esta articulación de instrumentos se corresponde claramente con los mecanismos imperialistas descritos anteriormente: un equilibrio relativo entre la coerción y el consentimiento, cuyo objetivo es forzar un cambio de régimen para imponer la sumisión del país a los circuitos globales de acumulación de capital.

El eje económico ha sido central en esta ofensiva. Tras la desestabilización interna causada por las guarimbas de 2014 —acompañada de un aumento de la financiación directa estadounidense a la oposición—, las sanciones unilaterales estadounidenses, ilegales según el derecho internacional, se intensificaron a partir de 2015 y se volvieron cualitativamente más agresivas en 2017 y 2019. Estas sanciones no solo castigaron severamente la capacidad del Estado venezolano para comerciar, financiarse y sostener políticas públicas, sino que también funcionaron como un mecanismo de guerra económica destinado a erosionar las condiciones materiales de la reproducción social. Las sanciones financieras impuestas en 2017 bloquearon el acceso a los mercados crediticios internacionales e impidieron la refinanciación de la deuda, mientras que el embargo petrolero de facto impuesto a PDVSA en 2019 —junto con la confiscación de activos estratégicos en el extranjero— profundizó el colapso de los ingresos públicos y la capacidad importadora del país.

Las consecuencias materiales de este estrangulamiento han sido ampliamente documentadas. Estudios del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) estimaron que las sanciones contribuyeron a 40.000 muertes evitables solo entre 2017 y 2018, al restringir el acceso a alimentos, medicamentos, suministros hospitalarios y servicios básicos, mientras que otros estudios elevaron la cifra a más de 100.000 para 2020. Informes de agencias de las Naciones Unidas han documentado el deterioro sostenido de los indicadores de salud, nutrición y mortalidad infantil y materna en el contexto de un colapso económico inducido. En 2018, un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. reconoció abiertamente el objetivo de esta política, afirmando que las sanciones habían obligado a Venezuela a declarar un impago y que el «colapso total» era prueba de que la estrategia estaba funcionando.

Este proceso de asfixia económica ha venido acompañado de un despojo financiero directo, en el que han participado activamente instituciones de países clave. El caso del oro venezolano retenido por el Banco de Inglaterra es particularmente ilustrativo. Con el argumento de «desconocer quién es el gobierno legítimo», el Reino Unido se negó a devolver las reservas soberanas pertenecientes al Estado venezolano, incluso durante la emergencia de la COVID-19. Paralelamente, se congelaron activos estatales en el extranjero por valor de decenas de miles de millones de dólares, y empresas estratégicas como Citgo fueron puestas bajo control judicial en Estados Unidos, privando al país de recursos fundamentales.

Este eje económico se articuló con una ofensiva política y diplomática destinada a negar la soberanía venezolana en el escenario internacional. Tras el no reconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, en enero de 2019 Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados reconocieron inmediatamente a Juan Guaidó como autoridad paralela, a pesar de no haberse presentado a las elecciones presidenciales. Un mes después, se produjo un intento de incursión desde la frontera colombiana con el pretexto de «ayuda humanitaria». Estos episodios pusieron de relieve el papel de los gobiernos, las organizaciones multilaterales y las alianzas regionales en la construcción de un consenso internacional para el cambio de régimen y la intervención, normalizando una interpretación notablemente elástica del derecho internacional a favor de intereses hegemónicos.

Cuando estas herramientas no produjeron los resultados deseados, la lógica imperial recurrió a formas de acción más directas. En agosto de 2018, se produjo un intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro mediante drones explosivos. En los años siguientes, se intensificaron los despliegues navales estadounidenses en el Caribe, incluyendo incursiones mercenarias como la Operación Gedeón en mayo de 2020 y recientes operaciones de interdicción bajo el pretexto de la «guerra contra las drogas», que han resultado en la ejecución extrajudicial, sin pruebas, de más de un centenar de personas, muchas de las cuales se sabe que eran simples pescadores artesanales. En este contexto, la designación del fentanilo como «arma de destrucción masiva» o la criminalización del Estado venezolano a través de narrativas como la del llamado Cártel de los Soles sirvieron para construir un marco moral que legitimaba la violencia imperial ante la opinión pública. Es revelador que esta última acusación se retirara una vez iniciadas las audiencias judiciales contra Maduro, lo que expuso su naturaleza instrumental y propagandística.

Por supuesto, este aparato coercitivo no se sostiene solo por la fuerza. La producción de consenso ha sido igualmente crucial. Esto ha implicado la promoción internacional de liderazgos de oposición y mecanismos de legitimación simbólica a través de premios institucionales, que van desde el Premio Sájarov de la Unión Europea hasta figuras de extrema derecha como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pasando por el Premio Nobel otorgado a la primera, o el absurdo Premio de la Paz de la FIFA otorgado a Donald Trump. Esto ha estado acompañado de una cobertura mediática sistemáticamente sesgada —con la repetición acrítica de términos como «dictador», «tirano», «autárquico» o «régimen» en los medios tradicionales, sensacionalistas e incluso deportivos—, constituyendo una estrategia cultural destinada a naturalizar la intervención y presentar el cambio de régimen como una causa deseable, humanitaria o incluso pacífica. Como en otros escenarios históricos, la hegemonía cultural funciona aquí como un complemento indispensable a la coerción financiera y militar, convirtiendo la agresión en un componente central del sentido común político.

Tras esta ofensiva, sin embargo, no se esconde solo una voluntad abstracta de disciplinar, castigar o dominar. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la geografía material del capitalismo global, en particular debido a sus reservas energéticas. Si bien el petróleo venezolano es ultrapesado y costoso de refinar, su relevancia no puede evaluarse fuera de la configuración actual del mercado energético global. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo —alrededor de 300.000 millones de barriles, principalmente en la Faja del Orinoco—, un volumen comparable o incluso superior al de grandes productores como Arabia Saudita o Irán, si bien en condiciones geológicas y técnicas complejas. La pronunciada caída de la producción —actualmente alrededor de 900.000–1,1 millones de barriles diarios, en comparación con máximos históricos superiores a los 3 millones— refleja el impacto de las sanciones a través de la asfixia financiera y el consiguiente deterioro deliberado de la inversión y la infraestructura.

En este contexto, el crudo pesado venezolano adquiere una importancia específica, ya que podría ayudar a compensar las limitaciones del petróleo de esquisto ultraligero estadounidense, que se estima insuficiente por sí solo para satisfacer la demanda de diésel y otros destilados medios. Además, el petróleo venezolano se ajusta a la capacidad instalada de las principales refinerías del Golfo de México, diseñadas específicamente para procesar crudos densos con alto contenido de azufre. A esto se suma un factor logístico significativo: la proximidad geográfica —alrededor de 1.500 a 2.000 millas náuticas en comparación con las 8.000 a 10.000 del Medio Oriente— reduce los costos de transporte (y, por lo tanto, los costos de utilización del crudo) y la exposición a cuellos de botella estratégicos como Ormuz, Suez o Bab el-Mandeb, en un contexto de creciente inestabilidad global. Esta combinación de reservas, calidad del crudo, infraestructura de refinación y geografía explica por qué el control territorial y logístico sobre el petróleo venezolano, si bien no es el único factor, sigue siendo un elemento significativo en las disputas geoeconómicas contemporáneas, más allá de las narrativas coyunturales utilizadas para justificar la agresión. Además, el control de estos recursos no sólo tiene implicaciones energéticas sino también financieras y monetarias, como parte de una estrategia orientada a reforzar el papel del dólar en el comercio internacional de energía para apuntalar un orden hegemónico en crisis.

En este sentido, Venezuela se presenta como un escenario clave dentro de un repliegue táctico más amplio por parte de Estados Unidos hacia sus esferas de influencia (incluyendo esfuerzos para disciplinar a la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur), en un momento de transformación global, combustión y disputa estratégica. No se trata simplemente de renovar la Doctrina Monroe a través del «Corolario Trump» para reafirmar el viejo «patio trasero» —como los imperialistas estadounidenses llaman despectivamente a América Latina—, sino de consolidar posiciones frente a posibles competidores sistémicos, a la vez que se refuerzan las dependencias y se liberan recursos para el eje central de la confrontación geopolítica contemporánea. Lejos de ser marginal, el caso venezolano se encuentra, por lo tanto, en el corazón de las contradicciones del imperialismo en su fase actual, ya que el núcleo percibe que ha perdido el control hegemónico sobre el resto del mundo.

Hechos versus conspiraciones: La obligación estratégica de la información frente a la confusión mediática imperial

El análisis realizado hasta ahora permite una conclusión fundamental: sin herramientas de análisis estructural, las agresiones imperialistas aparecen como eventos confusos, excepcionales o incluso inexplicables, a veces atribuidos a actitudes megalómanas o arrebatos psicóticos. En realidad, responden a patrones históricos bien conocidos. Comprender el imperialismo como un sistema, y ​​no como una serie de excesos, errores o conspiraciones aisladas, no es un ejercicio intelectual abstracto, sino una necesidad política para identificar al agresor, identificar la violencia y articular respuestas colectivas.

En contextos de crisis, incertidumbre y desinformación, esta tarea se vuelve aún más urgente. La ofensiva imperialista no se libra únicamente en los frentes económico, diplomático o militar, sino también en el ámbito de la producción de conocimiento. Lo que circula masivamente en estos momentos no es información neutral, sino, en el mejor de los casos, propaganda: narrativas diseñadas para desorientar, fragmentar, sembrar sospechas y desviar la atención de los hechos verificables hacia un pantano de especulación permanente. El ejemplo más reciente ha sido el intento de sugerir que la exvicepresidenta —y ahora presidenta interina— Delcy Rodríguez traicionó a Nicolás Maduro. Sin pruebas, sin datos, sin nada, esta acusación ha permeado los debates dentro de sectores de una supuesta izquierda en redes sociales que, a merced de los algoritmos, ni siquiera se ha atrevido a cuestionar el origen de la afirmación, a pesar de su amplia difusión por parte del propio Donald Trump, los servicios de inteligencia estadounidenses y los medios de comunicación con sede en Miami. Esto demuestra que cuanto mayor es la capacidad de difusión mediática de la potencia hegemónica, más efectiva se vuelve su estrategia de desinformación y confusión.

La especulación sin pruebas, la amplificación acrítica de narrativas fabricadas en centros de poder hostiles y la obsesión por tramas opacas terminan beneficiando al imperio, debilitando la capacidad de denuncia, erosionando la confianza política y fragmentando a quienes deberían construir respuestas comunes. Donde se necesita claridad, unidad y fuerza, se introduce la confusión, la sospecha y la parálisis. No se trata de negar la complejidad ni silenciar el debate, sino de aislar las narrativas que claramente sirven a los intereses imperialistas y negarse a convertir la incertidumbre en un mercado de rumores. La historia del imperialismo demuestra que su mayor eficacia reside no solo en la violencia que ejerce, sino en su capacidad para desarmar políticamente a sus adversarios, incluso desde posiciones que se proclaman críticas o de izquierda.

De hecho, ante una agresión imperialista que hace apenas unas décadas habría provocado movilizaciones masivas, hoy asistimos con demasiada frecuencia a la sustitución del análisis por teorías conspirativas recicladas, originadas con frecuencia —como hemos visto— en los mismos medios de comunicación y aparatos de inteligencia que históricamente han impulsado campañas de desestabilización contra Venezuela y otros países del Sur Global. En este contexto, recuperar el análisis materialista, prestar atención a las estructuras, identificar los intereses en juego y sostener una crítica basada en hechos verificables no es una opción entre muchas, sino una obligación estratégica. En un mundo marcado por una extraordinaria crisis sistémica y la consecuente intensificación de la agresión imperialista, el rigor intelectual y la disciplina no son lujos, sino formas de resistencia activa y condiciones indispensables para reconstruir la solidaridad internacional y la acción colectiva ante agresiones como las que estamos viviendo actualmente.

Por esta razón, es necesario enfocarnos en los hechos que conocemos: sanciones, saqueo de activos, amenazas militares, operaciones encubiertas, violencia económica sistemática y, por supuesto, el secuestro del presidente constitucional y su esposa en violación del derecho internacional, en un momento en que se hace cada vez más evidente que dicha ley solo ha funcionado mientras haya servido al control global de la potencia hegemónica. Es a través de estos hechos corroborados que evitamos el embrollo de opiniones infundadas y podemos enfocarnos en lo esencial en este momento: denunciar la flagrante violación estadounidense de la soberanía de Venezuela, exponer la amenaza que esto representa para el resto del mundo y, en consecuencia, exigir la liberación inmediata de los ciudadanos venezolanos Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Alejandro Pedregal es escritor, cineasta y profesor en la Universidad Aalto, Finlandia.