La guerra contra los pobres: drogas, campesinado y capitalismo

Instituto TRICONTINENTAL, 4 de Febrero de 2026

Lejos de combatir el narcotráfico, la guerra contra las drogas es una herramienta imperial para disciplinar gobiernos rebeldes y promover agendas contrarrevolucionarias. El campesinado y la clase trabajadora pagan el precio, el capital se lleva los beneficios.

Foto: Confrontación entre comunidades campesinas y el ejército nacional con varias personas heridas, en el marco de un proceso de erradicación forzada. Cajibío, Cauca. Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Las ilustraciones de este dossier son intervenciones artísticas que combinan fotografías de la Comisión de Comunicaciones del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC). El PUPSOC articula organizaciones que defienden los territorios y derechos de comunidades del suroccidente colombiano, una región fuertemente golpeada por la “Guerra contra las Drogas” impuesta por el imperialismo estadounidense en alianza con los intereses del capital. Esta política ha servido para militarizar territorios, criminalizar al campesinado y profundizar el despojo, afectando la soberanía alimentaria y la autonomía rural. Las intervenciones artísticas hechas por el Instituto Tricontinental representan cómo el imperialismo y el capital orquestan esta violencia a través de diagramas, mapas y números, mientras que las fotografías retratan a un pueblo que permanece en resistencia organizada, en defensa de la vida, la tierra y la dignidad.

Agradecimientos

Este dossier se basa en parte en nuestro proyecto Adictos al imperialismo, para el cual hemos publicado varios textos en español (Tricontinental, 2025).

También quisiéramos agradecer a:

La Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), quienes, con su historia de lucha y resistencia, continúan defendiendo los derechos del campesinado y construyendo alternativas frente a la criminalización de lxs agricultorxs de estos cultivos en Colombia.
El Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), quienes llevaron a cabo parte de la investigación para nuestro proyecto Adictos al imperialismo y recopilaron testimonios de los territorios que reflejan la realidad vivida por el campesinado colombiano.
La Comisión de Comunicación del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) por el material fotográfico que acompaña este dossier. Su trabajo, arraigado en la lucha y la organización junto a las comunidades, nos han permitido ilustrar la realidad cotidiana de la vida campesina y la resistencia con imágenes de sus territorios.
El Transnational Institute por su proyecto de larga data de investigación y análisis del narcotráfico desde la década de 1990, como por ejemplo sacar a la luz el informe suprimido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cocaína (Transnational Institute, The WHO Cocaine Project, 1995). Otros informes incluyen 10 Years Review: TNI Drugs and Democracy Programme, 1998-2008, 2008; Global Commission on Drug Policy Report, 2011; y Ernestien Jensema, Martin Jelsma y Tom Blickman, Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle, 2014.

Hace cientos de años, lxs bandidxs del capitalismo temprano afirmaban que habían llegado a las tierras “salvajes” para traer la “civilización”. Pero lo que vinieron a hacer fue saquear: apoderarse de tierras, explotar la mano de obra y extraer lingotes de oro de África, Asia y América. A lo largo de las generaciones, este bandolerismo se transformó en algo estructural, incorporado a las plantaciones, las minas y las compañías comerciales que drenaron esa riqueza hacia la “gloria eterna” de Europa. Con el tiempo, lxs descendientes de estxs bandidxs se vistieron con trajes impecables y sugirieron que la maldad del pasado no era su herencia, que sus fortunas eran producto de su diligente espíritu empresarial. Pero debajo de ellxs, en las cloacas de la actividad comercial, se encontraban las otras ramas organizadas de los negocios: la mafia, lxs narcotraficantes, lxs traficantes de armas, lxs contrabandistas, lxs traficantes de personas, lxs cibercriminales, lxs usureros, lxs cazadorxs furtivxs de animales, lxs traficantes de órganos y quienes dirigen las granjas de estafas y los complejos de cibercrimen (Fenstein, 2011; Naím, 2006; Ramos, 2018; Botte, 2000; Franceschini et al., 2025). Lxs capitalistas de la superficie y lxs de las profundidades están unidxs por la circulación de grandes cantidades de dinero sucio y líquido. Estos fondos ilícitos fluyen desde abajo para ser blanqueados por los de arriba. Se elimina el olor del dinero, se planchan y doblan los billetes y luego se ponen en circulación, con un pequeño descuento, como el volumen necesario de dinero que es convertido en capital limpio para uso lícito.

Este dossier busca socavar la narrativa dominante que presenta la “guerra contra las drogas” como una auténtica cruzada moral de los Estados capitalistas para prohibir la circulación de narcóticos ilícitos. Esta narrativa se basa en la afirmación de que el narcotráfico está de alguna manera separado del capitalismo “legítimo”. Sostenemos, por el contrario, que la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído del comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él. Por otra parte, más allá del lavado de dinero de las ganancias delictivas y de la guerra de clases contra el campesinado, la guerra contra las drogas se ha convertido en una herramienta imperial flexible para disciplinar a gobiernos desafiantes, promover agendas contrarrevolucionarias y abrir territorios al capital. Si bien esta guerra es un régimen global, este dossier se centra en la economía de la coca y la cocaína de Colombia como lente a través del cual examinar su economía política.

Nuestro texto se basa en investigaciones históricas sobre las últimas décadas de la guerra contra las drogas, documentos clave de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y nuestro propio trabajo con organizaciones campesinas en Colombia.

Desde su posición en la base de la cadena de productos básicos, el campesinado tiene una comprensión clara de las estructuras que sostienen el comercio ilícito. Sus organizaciones han mapeado el capitalismo paralelo que explota a lxs productorxs rurales y sus familias, así como a las comunidades de clase trabajadora en las naciones más ricas, donde el desempleo estructural empuja a muchxs a esta economía como vendedorxs o consumidorxs de bajo nivel.

Foto: Movilización de la Minga Social y Comunitaria hacia Bogotá, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

No podemos abandonar esta parte del tema sin señalar una flagrante autocontradicción del gobierno británico, que pregona el cristianismo y promueve la civilización. En su capacidad imperial, finge ser completamente ajeno al comercio de contrabando de opio e incluso firma tratados que lo proscriben. Sin embargo, en su capacidad india, impone el cultivo de opio en Bengala, en gran perjuicio para los recursos productivos de ese país; obliga a una parte de los ryots [cultivadores campesinxs] indios a dedicarse al cultivo de amapola; incita a otra parte a lo mismo mediante anticipos de dinero; [y] mantiene la fabricación al por mayor de la droga nociva como un monopolio cerrado en sus manos… La caja que le cuesta al gobierno británico alrededor de 250 rupias se vende en el mercado de subastas de Calcuta a un precio que oscila entre 1.210 y 1.600 rupias. Pero, aún no satisfecho con esta complicidad de hecho, el mismo gobierno, hasta el día de hoy, lleva cuentas expresas de ganancias y pérdidas con los comerciantes y armadores que se embarcan en la peligrosa operación de envenenar un imperio.

Las finanzas indias del gobierno británico han llegado a depender, de hecho, no solo del comercio de opio con China, sino del carácter de contrabando de ese comercio… Mientras predica abiertamente el libre comercio del veneno, defiende en secreto el monopolio de su fabricación. Siempre que observamos de cerca la naturaleza del libre comercio británico, generalmente encontramos el monopolio en el fondo de su “libertad”.

Karl Marx, Free Trade and Monopoly [Libre cambio y monopolio], 25 de septiembre 1858

Arriba

Parte 1: La economía política de las drogas ilícitas

A partir de la década de 1830, el opio cultivado en India se introducía de contrabando en la China Qing en cantidades cada vez mayores. Producido bajo el monopolio del opio de la Compañía Británica de las Indias Orientales en India y vendido en subasta a comerciantes privados, se transportaba a través de redes de contrabando a lo largo de la costa china. Tras las dos guerras del opio libradas entre Gran Bretaña y el imperio Qing (1839-1842 y 1856-1860, con la participación de Francia en la segunda), el comercio se afianzó y su alcance se amplió, inundando el mercado chino con opio.¹ Esto permitió a Gran Bretaña usar la plata que recibía de las ventas de opio en China para financiar sus compras de té, revirtiendo la salida de lingotes y haciendo rentable el comercio con China. La adicción generalizada, incluso entre los funcionarios y las tropas imperiales, profundizó la corrupción y debilitó el Estado Qing. La entrada del opio a China generó fortunas fabulosas para las nuevas familias adineradas, muchas de las cuales son ahora nombres legendarios en el capitalismo legítimo como los Astor, los Forbes, los Delano (de quienes desciende el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt), los Jardine, los Matheson y los Sassoon (Downs, 1972). Estas fortunas también contribuyeron a establecer bancos poderosos, como el Hong Kong and Shanghai Banking Company (HSBC), fundado en 1865. Las ganancias del opio contribuyeron a la acumulación de capital para construir la infraestructura de los centros imperiales, incluidos los ferrocarriles en Estados Unidos, construidos a mediados y finales del siglo XIX, que dependían en gran medida de la mano de obra migrante china. El capital acumulado en el comercio con China también fluyó hacia las empresas estadounidenses a través de las inversiones de importantes comerciantes chinos como Wu Bingjian (Houqua) (Wong, 2016).

A finales del siglo XIX, las consecuencias del opio altamente rentable y fácilmente disponible, ya no se limitaban a China. La droga había llegado a los centros imperiales, con tasas de adicción en aumento en los Estados del Atlántico Norte. Lxs reformadorxs sociales en estas partes del mundo intensificaron las campañas para prohibir la entrada del opio, pero lo único que lograron fue empujar a toda la industria a los brazos de organizaciones criminales cada vez más poderosas. El período de prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 marcó un cambio profundo en la economía política de las drogas. La prohibición del alcohol, junto con controles más estrictos sobre los narcóticos, impulsaron el crecimiento exponencial de la economía ilícita, dotando a las organizaciones criminales de recursos e influencia sin precedentes. Las pandillas locales se transformaron en sindicatos nacionales, extendiendo su alcance a las instituciones políticas. Cuando se derogó la prohibición del alcohol en 1933, la heroína y otras drogas siguieron siendo la principal fuente de ingresos para esta floreciente infraestructura criminal y una importante fuente de liquidez para la estructura bancaria legal. Las ganancias de las empresas ilegales, aunque eran enormes, se convirtieron en la fuente de una inyección constante de efectivo en la economía legal.

El saqueo colonial de monedas, tierras y mano de obra, junto con el acaparamiento de los bienes comunes en Inglaterra entre 1750 y 1860, sentó las bases de lo que Marx llamó ursprüngliche Akkumulation, o acumulación “originaria”, en El Capital, volumen 1. No había ninguna preocupación por la legalidad. Todo el proceso de acumulación estuvo bañado en sangre: la conquista de inmensos territorios, la captura de pueblos enteros y el comercio de cualquier cosa que pudiera comprarse y venderse, incluidas las drogas más mortíferas y los seres humanos. Así es como nació el capitalismo, ciertamente, pero también es así como sobrevive. La acumulación originaria no es un preludio único que pone en marcha una máquina de movimiento perpetuo. Puede entenderse como algo periódico: la acumulación originaria se reanuda una vez más cuando el capital, hambriento de liquidez, busca nuevas reservas para satisfacer sus necesidades, al igual que un vampiro busca sangre fresca para su sustento.

La economía de las mercancías ilícitas, ya sea el tráfico de drogas o de personas, tiene una lógica peculiar que la diferencia de la economía de los productos legales. Una vez que el Estado designa un producto como ilegal, sale del aparato regulador. Quienes trabajan en su producción, desde su etapa primaria (el campesinado que cultiva la hoja de coca, por ejemplo) hasta su etapa final (los traficantes que venden cocaína en sus diversas formas), carecen de protección legal y, por lo tanto, son vulnerables a una superexplotación a niveles inimaginables.² Los productos primarios tienen precios tan inferiores a su valor en la calle que generan enormes cantidades de efectivo para quienes controlan la cadena de suministro desde la compra en el origen hasta la venta en la calle. La cadena de producción de cocaína se ilustra a continuación:³

Cultivo de hoja de coca
1. Proceso: La hoja de coca se cultiva principalmente en la región andina (Bolivia, Colombia y Perú). Lxs raspachines (recolectorxs contratadxs de hoja de coca) la cosechan varias veces al año y la venden en la misma finca (directamente del productor, antes del transporte o procesamiento) a intermediarios. Una parte de la hoja de coca se usa legalmente (para masticar tradicionalmente, o mambeo, y para hacer té). El resto se destina al procesamiento ilícito para obtener cocaína.
2. Precios: En Colombia, que ha sido el mayor cultivador de coca del mundo en los últimos años, el precio en origen de la hoja de coca se ha desplomado en muchas regiones. Un informe reciente muestra que entre 2022 y 2023, el precio de una arroba (un bulto de 12,5 kilogramos) cayó de 20 a 7 dólares en Nariño y de 17 a 9 dólares en Argelia (Cauca) (Isacson, 2023).
3. Propósito: Lxs campesinxs venden en la base de una cadena que no controlan. La ilegalidad elimina las protecciones y crea un mercado favorable a lxs compradorxs en la finca.
Procesamiento de pasta base (pasta de coca)
1. Proceso: En pequeños laboratorios clandestinos, lxs trabajadorxs maceran la hoja de coca a mano, utilizando destilados de petróleo para extraer los alcaloides de la hoja. A continuación, este material se seca para producir pasta de coca.
2. Precios: Los precios de la pasta de coca varían en toda la región, pero una cifra indicativa es que en Colombia un kilogramo de pasta de coca se podía vender en el laboratorio por entre 450 y 600 dólares en los últimos cinco años.
3. Propósito: Lxs intermediarios convierten la hoja en un concentrado, y con la concentración viene el primer gran margen de ganancia: valor que no revierte a lxs agricultorxs.
De la pasta de coca al clorhidrato de cocaína (cocaína en polvo)
1. Proceso: Algunos procesos usan ácidos minerales para cambiar la forma química de los alcaloides extraídos. Lxs trabajadorxs luego usan sustancias alcalinas para cambiar la solubilidad de los alcaloides durante el procesamiento. Otros pasos pueden involucrar el uso de agentes oxidantes o solventes para purificar el producto. Estos productos químicos, a menudo fácilmente disponibles debido a su uso en la agricultura y la industria, son manipulados y mezclados por trabajadorxs que usan métodos extremadamente inseguros, incluyendo manos desnudas y palos.
2. Precios: A la salida de este sitio de procesamiento, el precio sube a más de 1.000 dólares por kilogramo, aunque hoy puede alcanzar varios miles de dólares dependiendo de la calidad del clorhidrato de cocaína.
3. Propósito: El refinamiento estandariza la droga para los mercados mayoristas, convirtiéndola en una mercancía de alto valor que puede moverse como el dinero.
Tráfico mayorista y minorista
1. Proceso: Posteriormente, el polvo de cocaína es transportado desde los países andinos a centros de tránsito, especialmente en América Central, el Caribe, Brasil y África Occidental, por grupos armados y organizaciones criminales. El producto de alta pureza se vende a granel entre las redes de tráfico (UNODC, 2023a). Lxs traficantes luego transportan la droga a los países consumidores (principalmente Estados Unidos y Europa Occidental) donde el producto se corta, reempaqueta y distribuye a pequeños mayoristas (principalmente pandillas) antes de llegar a las calles a través de vendedorxs minoristas.
2. Precios: Datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) sobre precios durante la última década en México sugieren que el precio de tránsito es aproximadamente 12.000 dólares por kilogramo. En Panamá, el precio registrado es de 30.000 dólares por kilogramo. El precio al por menor en Kenia varía ampliamente, con una estimación que lo sitúa en 90 dólares por gramo con una pureza de alrededor del 56% y un precio al por mayor de 44.580 dólares por kilogramo con una pureza de entre 40% y 50% (2004).
3. Propósito: Las ventas al por mayor y menor generan la mayor parte de las ganancias en efectivo, que luego se lava y reinvierte, proporcionando liquidez a la economía formal.

En conjunto, las cifras anteriores muestran cómo el valor aumenta en órdenes de magnitud desde la hoja de coca en la finca en Colombia, con un precio de entre 0,56 y 0,72 dólares por kilogramo, hasta la cocaína al por mayor en Kenia, por ejemplo, a 44.580 dólares por kilogramo: un aumento de precio de aproximadamente 62.000 a 80.000 veces (alrededor del 6,2 a 8,0 millones por ciento).

La naturaleza de las mercancías ilícitas como la cocaína es tal que la demanda es en gran medida inelástica en cuanto al precio (lo que significa que el consumo cambia poco incluso cuando los precios aumentan), especialmente entre lxs usuarixs dependientes, ya que la adicción hace que lxs usuarixs sigan consumiendo independientemente del precio. En algunos casos, los aumentos de precio empujan a lxs usuarixs a cometer pequeños hurtos u obtener otros ingresos informales para para cubrir esos costos. La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado, ya que el desempleo y la precariedad garantizan un ejército de reserva de mano de obra que puede incorporarse al comercio cuando otrxs son asesinadxs, encarceladxs o expulsadxs.

De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. Los pueblos desindustrializados con altas tasas de desempleo proporcionan convenientemente un grupo de reclutas y consumidorxs para una economía de drogas que emplea a sectores de la población, crea muchas personas adictas y luego permite la represión coercitiva por parte de las fuerzas estatales en nombre de la guerra contra las drogas (González, 2014; Labate y Rodrigues eds., 2018; Reding, 2009). La economía de las mercancías ilícitas, por lo tanto, sobreexplotando a lxs trabajadorxs, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.

El vínculo entre narcóticos y capitalismo no se limita al mundo del hampa: las mismas plantas y moléculas que recorren los circuitos ilícitos también abastecen a industrias perfectamente legales. Las amapolas de opio alimentan el mercado farmacéutico mundial con analgésicos y sedantes. Las hojas de coca se transforman en aromatizantes y productos médicos descocainizados. Los opioides sintéticos como el fentanilo los fabrican bajo licencia las principales compañías farmacéuticas. En cada caso, los Estados diseñan regímenes regulatorios y comerciales que protegen las ganancias corporativas mientras criminalizan los circuitos informales paralelos. La frontera entre las drogas “legales” e “ilegales”, por lo tanto, no es química sino política, trazada de manera que favorece la acumulación de capital en los centros imperiales y expone al campesinado y a lxs consumidorxs pobres en las periferias a la criminalización y la violencia.

Los cuantiosos volúmenes de dinero líquido que pasan por las manos de los cárteles criminales y se lavan en los bancos suponen una enorme tentación para los gobiernos: usar ese dinero para operaciones encubiertas extrapresupuestarias. En la práctica, esto a menudo toma la forma de alianzas encubiertas con fuerzas proxy —que incluyen protección, entrenamiento, armas y logística—, que operan dentro de las narcoeconomías y se financian a sí mismas mediante el cobro de impuestos al cultivo, el procesamiento y el tránsito. De esta manera, los ingresos ilícitos pueden subsidiar guerras por delegación al tiempo que se protege al gobierno patrocinador de la supervisión pública. Estos son los tipos de circuitos utilizados por Estados Unidos para financiar fuerzas contrarrevolucionarias contra los movimientos de izquierda o comunistas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos incluyen los restos del Kuomintang (KMT) en Birmania y el norte de Tailandia (principios de la década de 1950-1960), movilizados contra la República Popular China y las fuerzas comunistas a lo largo de la frontera en el norte de Myanmar y Tailandia. El Ejército Secreto Hmong bajo el General Vang Pao en Laos (c. 1960-1973), movilizado contra el Pathet Lao y las fuerzas norvietnamitas. Las fuerzas armadas survietnamitas (1955-1975), movilizadas contra el Frente de Liberación Nacional (Viet Cong) y Vietnam del Norte. Lxs muyahidines afganxs (finales de la década de 1970-1980), movilizadxs contra el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) respaldado por los soviéticos en Afganistán y, después de la intervención soviética, contra las fuerzas soviéticas. Lxs contras nicaragüenses (década de 1980), movilizadxs contra el gobierno sandinista. Los paramilitares colombianos, notablemente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, 1997-2006), movilizadas contra las FARC-EP⁴ y la izquierda en general (McCoy, 1972; Webb, 1998; Grillo, 2016).⁵

Un Estado securitista que trata al mundo de las drogas ilegales como un banco para sus propias operaciones encubiertas tiene pocos incentivos para desmantelar estos circuitos. Existe amplia evidencia de que los propios cárteles utilizan sus contactos dentro de los servicios de seguridad para eliminar a sus rivales y así poder expandir sus operaciones a nuevos territorios. La relación simbiótica entre pandillas ilegales y las agencias encubiertas paralegales del Estado está bien documentada (Valentine, 2017; CIA, 1998).⁶

El paradigma de la guerra contra las drogas ha permitido a Estados Unidos, el principal arquitecto de esta campaña, señalar a cualquiera de sus adversarios como narcotraficantes y usar su inmenso poder militar y financiero contra ellxs. La base del Plan Colombia (lanzado en 2000 como una iniciativa estadounidense-colombiana) era utilizar los fondos antinarcóticos para armar al ejército colombiano, cuyo foco principal de atención no eran lxs narcotraficantes, que habían infiltrado el aparato estatal y de seguridad, ni los paramilitares de derecha, que trabajaban estrechamente con lxs narcotraficantes, sino grupos revolucionarios como las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Rojas, 2015). En la práctica, la arquitectura antinarcóticos del Plan Colombia también operaba como un proyecto de contrainsurgencia y recaptura territorial destinado a reafirmar el control estatal en regiones productoras de coca (las propias FARC-EP surgieron de comunidades campesinas de autodefensa y extrajeron gran parte de su base social de la Colombia rural).

Más recientemente, la retórica de la guerra contra las drogas se ha utilizado para intensificar la presión sobre países de toda la región cuyos gobiernos se niegan a ser sumisos ante Estados Unidos (principalmente Venezuela, Colombia y México). En agosto de 2025, Washington comenzó a intensificar este encuadre contra Venezuela al designar al supuesto Cártel de los Soles como un “grupo terrorista transnacional” con supuestos vínculos con el presidente Nicolás Maduro. A pesar de no ofrecer ninguna evidencia de la conexión (o incluso de la existencia de este “cártel”), Estados Unidos se ha comprometido en una campaña violenta contra la Revolución Bolivariana que incluye, más recientemente, ataques extrajudiciales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe (asesinando a más de 100 personas a fines de 2025), un bloqueo naval de buques petroleros venezolanos sancionados y el 3 de enero, el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en un tribunal de Nueva York por cargos infundados que incluyen y están relacionados con el “narcoterrorismo” (Tricontinental, 2025; Arlacchi, 2025). Vale la pena señalar que, a los pocos días del secuestro de Maduro y Flores, el Departamento de Justicia retiró “la afirmación de que el ‘Cártel de los Soles’ de Venezuela es un grupo real”, como lo expresó un artículo de The New York Times (Savage, 2026).

Esta narrativa se sustenta en una guerra de información basada en exageraciones, desinformación y mentiras descaradas. Según la propia Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés), Colombia sigue siendo el principal lugar de cultivo de coca y el principal país de origen de la cocaína incautada en Estados Unidos. Además, la mayor parte de la cocaína destinada al mercado norteamericano sale de Colombia por el Pacífico y se mueve a través de Centroamérica y México; Venezuela representa solo el 5% de las drogas transportadas a través de Colombia (DEA, 2025; Tricontinental, 2026). Aunque Venezuela es responsable de una cantidad insignificante del narcotráfico mundial, sigue siendo en este momento un objetivo principal de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Esto no solo es un desprecio flagrante de los hechos, sino también una violación del derecho internacional y un claro ejemplo de cómo se usa la narrativa de la guerra contra las drogas para disciplinar a las fuerzas de izquierda en la región y drenar riqueza del Sur al Norte.

Foto: Un homenaje a las y los compañeros que perdieron sus ojos debido a la represión policial en el marco de las movilizaciones del estallido social. Popayán, Cauca, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Según una estimación, en 2015 el intercambio desigual de bienes y servicios entre el Norte Global y el Sur Global totalizó entre 10,8 y 14,1 billones de dólares (suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces) (Hickel et al., 2022: 1, 6). Esta cifra enorme que no ha sido completamente asimilada por quienes dan forma a las políticas, significa que cada año, más de 10 billones de dólares de riqueza son drenados del Sur al Norte, en su mayoría legalmente. La fuga ilícita de capitales no es tan elevada, aunque las cinco principales áreas de ilegalidad son asombrosas, incluso con estimaciones conservadoras: el comercio ilegal de armas pequeñas (3.500 millones de dólares), el narcotráfico (32.000 millones), la minería ilegal (48.000 millones), la trata de personas (150.000 millones) y la falsificación (467.000 millones) suman en conjunto alrededor de 700.500 millones de dólares al año (Vásquez et al., 2025: 2; UNODOC, 2012; FATF, 2021: 10; OIT, 2014; OCDE, 2025). Lo más destacable sobre el comercio ilegal es que genera un volumen enorme de efectivo. En 2011, UNODC publicó un informe importante sobre los flujos financieros ilícitos del dinero de las drogas (2011: 7, 10). Vale la pena reflexionar sobre los hallazgos principales, ya que no hay datos globales actualizados sobre estos temas:

Una gran parte, hasta el 70%, de las ganancias del crimen organizado transnacional se estima (con alta incertidumbre) que se lava a través del sistema financiero.
La mejor estimación del informe sobre el total de ingresos ilícitos disponibles para el lavado de dinero es del 2,7% del PIB mundial, o 1,6 billones de dólares en 2009.
Se estima que el comercio ilícito de drogas es el mercado de crimen organizado transnacional más grande, que representa alrededor del 20% de todos los ingresos del crimen internacional.
La tasa de interceptación es sorprendentemente baja: solo alrededor del 1% (probablemente alrededor del 0,2%) de los ingresos procedentes de las drogas son incautados o congelados.

Un informe más reciente de UNODC, de 2023, sostiene que en varios países, los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados con el dinero de las drogas son comparables a los flujos transfronterizos legales y en algunos casos los superan (2023b). En Colombia, por ejemplo, el informe estima (mediante modelos) que los FFI anuales relacionados con el tráfico de cocaína oscilaron entre 1.200 y 8.600 millones de dólares entre 2015 y 2019. En comparación, de acuerdo con informes preliminares del Gobierno, las entradas de inversión extranjera directa en Colombia en 2024 fueron de unos 14.200 millones de dólares (Oficina de la Presidencia de Colombia, 2025). En México, los FFI entrantes relacionados con el tráfico de heroína, cocaína y metanfetamina totalizaron entre 8.000 millones y 17.000 millones de dólares al año de 2015 a 2018, aproximadamente comparable a sus ganancias promedio de exportación agrícola durante el mismo período (12.600 millones de dólares). Estas cifras deben leerse como indicativas, ya que la mayoría de los países no recopilan estadísticas nacionales confiables sobre FFI.

Las redes de lavado de dinero y lxs intermediarixs financierxs usan una variedad de medios para mover efectivo y valor. Entre ellxs se encuentran sistemas informales de transferencia de efectivo (como hawala and hundi)⁷, criptoactivos y servicios digitales, además de la explotación de canales de migración y remesas para mover efectivo fuera del ojo regulatorio del Estado. Aunque la ONU ha elaborado una nueva metodología para medir las finanzas ilícitas, no compensa el mundo sombrío del mercado negro (UNODC y UNCTAD, 2020). Por esa razón, el informe de UNODC de 2011 señaló: “las estimaciones monetarias finales deben tratarse con precaución” (2011: 5).

Ocasionalmente, hay un escándalo por la participación de un banco en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El caso más prominente involucró a HSBC, que surgió del comercio de opio para convertirse en uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos totales a partir de 2025 (HSBC, 2025). En 2012, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que HSBC había lavado alrededor de 881 millones de dólares para cárteles de droga colombianos y mexicanos entre aproximadamente 1996 y 2006. El banco acordó pagar 1.900 millones de dólares en multas en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, pero no fue cerrado y ningún ejecutivo de HSBC fue procesado penalmente como parte del acuerdo (Blackhurst, 2023). Dado que solo se detecta una pequeña parte de estos crímenes, se puede asumir que la multa fue modesta en relación con las ganancias.

Mientras tanto, los bancos más pequeños han sido cerrados cuando se han llevado a cabo investigaciones similares (por muy poco frecuentes que sean). En octubre de 2015, el Banco Continental de Honduras fue obligado a la liquidación después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos lo designara al banco como un “narcotraficante especialmente designado” (la cantidad presuntamente lavada nunca se reveló). Tales acciones aparentemente equivalen a juicios espectáculo para mostrar la ira de los organismos reguladores que de otro modo son indulgentes cuando el objetivo es un banco estadounidense o transnacional. El sistema es intocable, y no puede haber reforma de todo el podrido sistema bancario (incluidos los paraísos fiscales ilícitos que albergan billones de dólares).

El Grupo de Acción Financiera Internacional mundial, establecido en 1989 por el G7, se supone que proporciona un marco contra el lavado de dinero (FATF, 2012-2025). Sin embargo, como señala un estudio reciente, su fracaso “para reducir los delitos subyacentes que generan grandes ingresos criminales o el volumen de lavado de dinero es indiscutible” (Nazzari y Reuter, 2025). Cada año, las estimaciones de la ONU sugieren que tanto las sumas lavadas como la actividad ilegal que las genera continúan aumentando (UNODC, 2024).

Tanto si se trata de drogas de origen vegetal (cocaína) como sintéticas (metanfetamina), su producción se traslada a zonas rurales y periféricas donde las personas viven en la pobreza o cerca de ella. A continuación, los cárteles transportan la droga a grandes distancias hasta los mercados consumidores, donde jóvenes empobrecidxs la venden por salarios que superan lo que podrían ganar en la economía uberizada y precaria, pero que siguen siendo modestos en comparación con los valores que mueven. Lxs jefes de los cárteles, mientras tanto, obtienen vastas cantidades de riqueza del comercio, pero sus vidas suelen ser cortas y violentas. El sistema bancario formal, que recibe grandes cantidades de dinero en efectivo que se desvían de la cadena de mercancías, termina beneficiándose enormemente sin sufrir apenas consecuencias. A largo plazo, los riesgos como violencia, encarcelamiento, despojo se concentran entre el campesinado y lxs pobres urbanxs, mientras que el excedente es absorbido y reinvertido a través de las instituciones del capitalismo “legítimo”.

Foto: Reforestación de la cuenca del Río Cauca por la ecoaldea Estrella Roja y el Comité Ambiental del Humedal La Orquídea.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes, y los océanos.

Allí en esas selvas, se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2, entre millones de especies, es una de las más perseguidas de la tierra. A cómo dé lugar, se busca su destrucción: es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas.

Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo, destruida.

Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruyan la planta que mata, gritan desde el norte, pero la planta no es sino una planta más de los millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva.

Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen Estados y negociantes. No importa el grito de los científicos bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más.

Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva.

La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir.

El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión.

No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera.

Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 77º período de sesiones, 20 de septiembre de 2022 (Eljuri, 2022)

Arriba

Parte 2: Cómo el campesinado ve la “guerra contra las drogas”

La acusación de Petro nombra lo que medio siglo de política de drogas ha intentado ocultar: que esta “guerra” se ha librado no contra los narcóticos, sino contra las personas y la naturaleza. La arquitectura moderna de esta “guerra” se remonta al 17 de junio de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon dijo a lxs reporterxs que “el enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de drogas” (1971). “Para combatir y derrotar a este enemigo”, continuó, “es necesario lanzar una nueva ofensiva total”. El anuncio llevó a los medios estadounidenses a acuñar el término “guerra contra las drogas”. Inicialmente, Nixon dijo que el objetivo de la guerra sería el “traficante”, o el vendedor de drogas. El lenguaje bélico apenas se preocupaba por abordar la adicción a las drogas generada por la guerra de Estados Unidos en Vietnam, una guerra que ayudó a producir la crisis que la guerra contra las drogas pretendía combatir. En lugar de centrarse en la adicción y en la industria que se aprovecha de las personas adictas, Estados Unidos muy pronto usó la “guerra contra las drogas” para perseguir no solo a lxs pobres dentro de sus propias fronteras, sino también al campesinado empobrecido en América Latina y Asia que no tenía más opción que producir drogas, condiciones que Estados Unidos mismo había contribuido a crear. No iba a haber una verdadera guerra contra la adicción o el sistema que la produce, sino solo una guerra contra el campesinado y contra las organizaciones revolucionarias que trabajaban entre ellxs.

El instrumento legal que Europa y Estados Unidos necesitaban para librar esta guerra ya estaba disponible: la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 (1961). Presentada como un marco internacional de salud pública, sometió a plantas como la coca, el cannabis y la amapola al control internacional y obligó a los Estados a limitar su producción y uso a fines médicos y científicos. La convención también exigía la abolición del mascado de hoja de coca tras un período “transitorio”, criminalizando una práctica indígena milenaria en nombre del “orden” mundial. No se trataba de una clasificación neutral: fue una decisión política tomada en un sistema internacional dominado por el Norte que convirtió ciertas plantas y las personas cuyas vidas y culturas están entrelazadas con ellas, en objetos de control.

El caso colombiano es paradigmático para comprender los efectos concretos de la prolongada guerra contra las drogas, precisamente porque hace visibles los vínculos entre cultivos, subdesarrollo rural y conflicto armado: un marco de políticas que hoy se está reeditando y reciclando una vez más. Como discutimos en el cuaderno nº 1 de nuestro proyecto de investigación Adictos al imperialismo, “la producción de hoja de coca en Colombia tiene algunas características únicas que se relacionan con la conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado” (Gutiérrez, 2024: 11). Lejos de lo que los medios nos harían creer, y lejos de ser el resultado de una “asociación delictiva” entre grandes cárteles de droga y comunidades campesinas, la economía de la coca en Colombia tiene sus raíces en el desarrollo histórico del país y la evolución de su conflicto armado. Ese conflicto, que involucra fuerzas estatales, insurgencias guerrilleras de izquierda (incluidas las FARC-EP y el ELN) y los paramilitares de derecha, tiene profundas raíces en la desigualdad de la tierra y la exclusión política, en las que, como era de esperar, Estados Unidos ha desempeñado un papel protagónico.

A pesar de su temprana relevancia como un importante centro de comercio colonial y sede del virreinato de Nueva Granada del imperio español, durante gran parte de su historia Colombia siguió siendo un país eminentemente rural con una economía agraria. Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, las exportaciones de tabaco, caña de azúcar, banano y café hicieron rentable al país, pero también eran rentables la extracción de oro y esmeraldas. Aunque la balanza comercial ha cambiado, Colombia sigue siendo un exportador de productos agrícolas (como café, aguacate, aceite de palma, además de coca y cocaína) y energía (principalmente petróleo y carbón). Este orden exportador-extractivo descansa sobre la concentración de la tierra y la fuerza coercitiva, produciendo conflictos rurales recurrentes. La intensa lucha de clases en el campo se ha recreado generación tras generación, desde la Masacre de las bananeras, cuando los esbirros de la United Fruit Company abrieron fuego contra lxs trabajadorxs en huelga y sus simpatizantes en Ciénaga en diciembre de 1928 (matando a un estimado de 1.000 personas), hasta la masacre de Mapiripán de 1997 en el Meta, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron y “desaparecieron” a aproximadamente 49 civilxs en una campaña contrainsurgente para apoderarse del territorio y asegurar rutas de narcotráfico (Comisión de la Verdad, 2025; CNMH, 2018).

En los últimos años, la violencia se debe en gran medida al desarrollo de nuevas formas de inversión de capital y extracción de materias primas en el campo. Se movilizan ejércitos paramilitares para expropiar grandes extensiones de tierra para la producción ganadera, el monocultivo a gran escala de sorgo, soya, trigo, palma, algodón, maíz y arroz, y para proyectos puramente extractivos de minería y agroindustriales vinculados a las élites domésticas y al capital transnacional. La mera existencia del campesinado plantea un problema para estas operaciones. El campesinado es atacado directamente mediante procesos de despojo violento, pero también a través de las condiciones estructurales que se les imponen: la deflación de los precios de los cultivos de pequeñxs propietarixs (impulsada por la liberalización del comercio, el poder de lxs compradorxs y la ausencia de medidas de apoyos a los precios) y el desgaste de los sistemas de bienestar social. Ambos profundizan la pobreza (Le Grand, 1988; Machado, 2017; Reyer, 2010). Cuando este despojo tiene éxito, lxs campesinxs se concentran en las periferias de las áreas urbanas, o se convierten en carne de cañón para las vastas redes de narcotráfico y otras mercancías ilegales controladas por los mismos grupos que lxs expulsan de la tierra. Estas organizaciones criminales establecen nuevas dinámicas rurales y urbanas de control territorial mientras al mismo tiempo ofrecen oportunidades económicas precarias para lxs trabajadorxs rurales (Ramos, 2021).

Foto: Un pescador del Atlántico, uno de los campesinos denominados anfibios, que producen en la tierra, en el agua, en los ríos. Santa Marta, Colombia.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Lo que es evidente en Colombia también está sucediendo en toda América Latina: la profundización del modelo neoliberal en la agricultura ha acelerado la extinción de lxs pequeñxs agricultorxs. El campesinado enfrenta falta de acceso y tenencia de la tierra, así como exclusión social y económica, desempleo, opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales. La concentración de la tierra es extrema: lxs grandes terratenientes controlan la mayor parte de las tierras productivas, el 1% de las propiedades más grandes (fincas de más de 100 hectáreas) representan el 81% de las tierras agrícolas (DANE, 2014).

En conjunto, estas dinámicas reproducen una larga historia de despojo que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a América. En Colombia, sectores del aparato estatal se confabulan con narcotraficantes y grupos paramilitares para arrebatar violentamente la tierra al campesinado y despojarlos de los medios para reproducirse. Al mismo tiempo, los acuerdos de libre comercio y la competencia de importaciones socavan los cultivos lícitos, empujando a lxs agricultorxs hacia cultivos ilícitos más rentables. Aunque la coca es nativa de los Andes y tiene un profundo significado espiritual y cultural para los pueblos indígenas que la han usado durante miles de años, la mayoría de lxs agricultorxs ahora se ven obligadxs a cultivar coca bajo el mismo sistema neoliberal que luego se da vuelta e intenta erradicar el cultivo en nombre de la guerra contra las drogas.

La producción de coca somete a los hogares a una dependencia económica y a un trabajo altamente informal durante todo el año, ya que la hoja de coca madura se cosecha cada dos meses. Además, logra una producción rápida a bajo costo, una comercialización rápida y un ingreso neto mensual promedio estimado en alrededor del 56% del salario mínimo colombiano (en 2018) por hectárea cultivada (UNODC, 2018b: 33). No obstante, esta cifra enmascara una amplia variación y no refleja cómo la coerción, lxs intermediarixs, los cuellos de botella en el transporte y la volatilidad de los precios pueden reducir aún más los ingresos de lxs cultivadorxs. Nuestra investigación conjunta con la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) encontró que no solo la producción es intensiva en mano de obra y consume mucho tiempo, sino que la tasa de rendimiento para el campesinado es insignificante. Según un líder de la COCCAM:

Cuando ya terminamos de hacer todo el proceso prácticamente ya estamos para iniciar nuevamente. Entonces es constante. Se siembra la coca y a los seis meses ya está para la primera raspa y la sigue raspando cada dos meses, es decir, que cada dos meses hay producto.

Otro miembro de la COCCAM, un cultivador de 26 años dijo:

Puede que por hectárea vayas a necesitar entre seis y diez obreros. Eso hay que recalcar, porque la hoja de coca genera muchísimo empleo. Hay fincas donde nunca paran las raspas y hay sesenta a ochenta obreros diarios. Eso prácticamente, durante el año, descansará un mes (Gutiérrez, 2024: 68).

Además, las zonas de cultivo de coca están entre las más pobres y aisladas de Colombia, con un acceso a bienes y servicios públicos marcadamente menor que el resto del país. Una encuesta de hogares de UNODC de 2018 de 6.350 familias en 29 municipios participantes en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) de Colombia detectó que el 57% de los hogares estaban en pobreza monetaria y el 47% eran multidimensionalmente pobres (OPHI, s/f). UNODC calcula su índice de pobreza multidimensional en cuatro dimensiones: educación, salud, infancia y adolescencia, y condiciones de vivienda, y clasifica a un hogar como multidimensionalmente pobre cuando está privado en al menos un tercio de los indicadores ponderados. La misma encuesta señala el trabajo infantil generalizado (el 92% de lxs niñxs de 6 a 9 años están trabajando), la baja asistencia escolar (el 68% de la población en edad escolar no asiste) y los graves déficits de servicios (solo el 3% reporta acceso a un hospital o centro de salud, mientras que solo el 63% declara tener acceso a electricidad) (UNODC y Fundación de Ideas para la Paz, 2018a).

Los efectos en la salud asociados a las tareas realizadas en los cultivos ilícitos superan los asociados al trabajo agrícola. A esto se suman los daños causados por los productos utilizados para tratar las plantaciones y por las medidas institucionales de erradicación (como la fumigación indiscriminada de glifosato sobre territorios campesinos), así como los impactos de la deforestación para expandir la frontera agrícola. En todos estos territorios, la informalidad laboral es casi universal y el hacinamiento está generalizado. Además, las tasas de natalidad son altas y la migración de adultxs es común: dinámicas que los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo rara vez toman en cuenta (Gutiérrez, 2024: 72). Estas son condiciones de abandono estatal que sostienen y son reforzadas por la economía de la coca y las estructuras coercitivas que la rodean.

Estas condiciones son centrales para entender por qué el campesinado vende su mano de obra en la economía ilícita de la coca: es una de las pocas fuentes viables de ingresos en efectivo. Como lo expresó un líder de la COCCAM:

El campesinado ha sido juzgado y catalogado como el que ha querido cultivar la hoja de coca, cuando han sido las circunstancias, la falta también de involucrarse los gobiernos locales y nacionales en el territorio (…). La carencia de esa institucionalidad ha provocado buscar alternativas con economías ilegales para alimentar, mantener y sostener a las familias. Esto se produce por no tener unas buenas vías de acceso, centros de comercialización e impulsar iniciativas productivas (Gutiérrez, 2024: 70).

Aunque las actividades ilícitas en torno a la hoja de coca comenzaron décadas antes, el surgimiento de Colombia como un nodo central del comercio mundial de cocaína tomó forma en la década de 1970, cuando la creciente demanda internacional llevó al país al procesamiento y exportación a gran escala (Gootenberg y Dávalos eds., 2021). A finales de la década, Colombia era uno de los principales exportadores mundiales de cocaína y marihuana, lo que generó una afluencia de capital que transformó la economía y la política del país, una transformación que continúa en la actualidad. En la década de 1980, el tráfico de cocaína se consolidó a expensas de otras drogas y el cultivo se expandió a más regiones del país, incluso cuando disminuyó en Perú y Bolivia. Esta trayectoria se aceleró en la década de 1990: entre 1995 y 2000, la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia aumentó de aproximadamente 50.900 a 136.200 hectáreas, lo que representa aproximadamente entre el 0,1% y el 0,3% de las tierras agrícolas del país (UNODC, 2001).⁸

Entre 1994 y 2005, la expansión de la producción de coca intensificó el conflicto interno, llevó a la expansión de la frontera agrícola, alteró los patrones de crecimiento demográfico y profundizó la desigualdad. También impulsó cambios culturales relacionados con la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad, la migración interna y cambios en la siembra y producción de cultivos. A lo largo de este período, menores fueron cada vez más atraídxs al conflicto armado entre grupos insurgentes y los ejércitos legales e ilegales del Estado colombiano, a través del reclutamiento y la coerción por parte de actores armados, tanto como combatientes como en funciones de apoyo. La expansión de la coca también remodeló los patrones de asentamiento, atrayendo a migrantxs internxs (incluidas familias desplazadas) a las zonas fronterizas y convirtiendo a los centros urbanos existentes en centros de comercio y servicio (Gutiérrez, 2024: 23).

Durante las décadas de 1980 y 1990, surgieron grandes cárteles de droga en Medellín y Cali, que construyeron grandes imperios de riqueza y poder territorial. Aunque estos imperios tenían su sede en estas capitales departamentales, el negocio de la producción y el procesamiento se llevaba a cabo en otras partes del país, particularmente en el sur, el suroccidente y en el oriente y nororiente. En la práctica, la persecución de los cárteles por parte de los gobiernos colombiano y estadounidense se convirtió en una cacería de brujas para criminalizar al campesinado agricultor y a las organizaciones políticas armadas presentes en estas regiones del país, lo que proporcionó un telón de fondo ideal para el desarrollo del Plan Colombia. Este plan condujo a una intensificación de la violencia política en el país, con financiamiento estadounidense directo para la guerra contra las drogas, lo que finalmente resultó en una mayor militarización y allanó el camino para una sucesión de presidentes de derecha que instrumentalizaron la guerra contra las drogas para profundizar su control sobre la sociedad: Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque Márquez (2018-2022).

La economía de la coca en Colombia se ha afianzado en regiones donde la presencia del Estado ha sido militarizada durante mucho tiempo mientras las instituciones civiles y los servicios públicos siguen siendo débiles. En estos territorios, el conflicto por la tierra se agudiza por la inseguridad de la tenencia y las reclamaciones superpuestas, y por actores armados, legales e ilegales, que extraen recursos de las familias campesinas cuyo sustento depende de la coca como cultivo comercial. Como explicó un líder regional de la COCCAM:

Actualmente, no existen garantías para quienes intervienen en el cultivo de hoja de coca. La situación de concentración se ha vuelto con el paso de los años más crítica en las regiones (…) Además, los actores armados ilegales y legales, se aprovechan de la situación del campesinado, más de uno ha pedido recursos, que el campesino accede entregar para evitar de que se le arranque la mata, que es su único medio de sustento (Gutiérrez, 2024: 74).

Sin embargo, estas mismas condiciones han alimentado generaciones de lucha organizada. El campesinado colombiano tiene una larga tradición de organización política en torno a sus derechos, la tierra, la producción y la defensa del territorio. No es casualidad que, históricamente, las y los campesinos hayan estado al frente de las luchas contra la expansión de los latifundios y las prácticas depredadoras del capital nacional y extranjero, desde la creación de las organizaciones guerrilleras en la década de 1960 hasta las formas más recientes de organización en torno al trabajo agrícola. Estas luchas se han trasladado repetidamente del campo a las calles y carreteras, a pesar de la represión policial, la criminalización, los asesinatos y el abandono del Estado.

El movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Notables son las marchas campesinas de 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), lideradas por cultivadorxs de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Guaviare contra las políticas de fumigación con glifosato del gobierno. Cuando el Estado no cumplió con los acuerdos resultantes, campesinxs, raspachines, recolectorxs, comerciantes, agricultorxs asentadxs y jornaleros lanzaron una nueva ola de movilizaciones en 1996, que se convirtió en una característica definitoria de las luchas sociales de la década.

Las conversaciones de paz de San Vicente del Caguán (1998-2002), negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, colocaron a los territorios cultivadores de coca en el centro del debate nacional, no solo como lugares de narcotráfico y conflicto armado, sino también como lugares donde grandes poblaciones civiles dependían de la economía de la coca para sobrevivir. En territorios como el Guaviare, Putumayo, Caquetá, el Meta, Catatumbo y Cauca, esta economía sostenía a una población de alrededor de un millón de personas cultivadoras, raspachines, recolectoras, cocineras y otras que sobreviven en medio de la disputa constante entre actores armados y condiciones de vida precarias. Estas comunidades no eran nuevas, pero fueron tratadas cada vez más como un sujeto político distinto, el campesinado cultivador de coca, formado en parte por la migración interna hacia zonas agrícolas de frontera. Debido a que el cultivo de coca fue considerado como una economía enemiga, estas comunidades se enfrentaron a una represión cada vez más fuerte a medida que se intensificaba el conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, junto con disputas territoriales y la cooptación del poder político por parte de narcotraficantes. Para empeorar las cosas, el Estado ha abordado esto durante mucho tiempo como una cuestión de orden público, erradicación y militarización, en lugar de una cuestión de políticas públicas como la garantía de los derechos sobre la tierra, la inversión rural y los medios de vida del campesinado.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, el Estado reconoció formalmente la necesidad de una solución definitiva e integral al problema de las drogas ilícitas, que trate al campesinado como sujetos de derechos y promueva políticas públicas mediante enfoques diferenciales. A principios de 2017, se creó la COCCAM, que reúne a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de toda Colombia para discutir la situación de cultivadorxs y recolectorxs y exigir participación en la erradicación y sustitución (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016).

Las manifestaciones masivas de 2019, incluido el paro nacional en noviembre, ayudaron a consolidar un amplio bloque popular que luego se unió en la coalición electoral Pacto Histórico, que reunió fuerzas como Colombia Humana y Unión Patriótica, entre otras. Este bloque rompió el consenso de la derecha y llevó a Gustavo Francisco Petro Urrego a la presidencia en 2022.

Petro ha argumentado que la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha fracasado y ha pedido que se cambie la política de criminalización del campesinado cultivador de coca y se centre en toda la estructura de la economía ilícita. Este cambio marca el comienzo de una ruptura. Una ruptura más profunda requeriría un ataque a todo el sistema bancario, que se alimenta de la acumulación originaria de la economía ilícita, una confrontación que alcanzaría el corazón mismo del capitalismo.

Arriba

Conclusiones

Durante los últimos años, nuestro trabajo con organizaciones campesinas de todo el mundo —particularmente la COCCAM en Colombia— nos ha permitido examinar la economía de las drogas no como un asunto de crimen y seguridad, sino como una ventana a las estructuras más profundas del capitalismo contemporáneo. El campesinado sabe que la economía ilícita de la coca no es la causa de la crisis de Colombia, sino uno de sus síntomas. Estxs agricultorxs se incorporan a la economía ilícita no por elección, sino porque todas las demás vías de subsistencia digna han sido bloqueadas por el despojo de tierras, el colapso de los precios agrícolas, el retroceso del Estado y la expansión del poder paramilitar y corporativo.

Desde el punto de vista de estas comunidades, la narrativa dominante de la guerra contra las drogas se revela como un profundo diagnóstico erróneo. El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a lxs pobres rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales lxs acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal.

Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista.

Este no es un texto que interviene en las políticas públicas desde el punto de vista de la seguridad o la adicción a las drogas. Nuestro punto de partida es el bienestar de los millones de trabajadorxs que son empujadxs a cultivar coca, procesarla para convertirla en cocaína y transportar y vender el producto. Ningunx de estxs trabajadorxs se beneficia de los miles de millones de dólares que circulan en el narcotráfico y dan liquidez al sistema bancario internacional. Tratar al narcotráfico como algo ajeno a la economía lícita es un enorme error de categorización, ya que oculta la función del dinero de las drogas dentro del propio sistema capitalista. La erradicación, la criminalización y la militarización no pondrán fin a la producción de coca ni a la economía ilícita.

El campesinado conoce esta verdad íntimamente. Su experiencia demuestra que la economía de la droga persiste no por la hoja de coca en sí, sino porque el capitalismo requiere la reposición constante de nuevas reservas de riqueza, lícitas o ilícitas, para sostenerse. Por lo tanto, cualquier solución genuina debe comenzar con lxs campesinxs y con el reconocimiento de que la frontera entre el capitalismo legal y el ilegal es mucho más delgada, y mucho más útil políticamente, de lo que los arquitectos de la guerra contra las drogas están dispuestos a admitir.

Foto: Vigilia en Monterredondo en apoyo al proceso de paz, cuando las y los firmantes del Acuerdo llegaron a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Miranda, Cauca.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.Arriba

Notas

¹La historia definitiva en chino es obra de Haijian, 2005, una excelente síntesis en inglés es obra de Lovell, 2011.

²Para el concepto de “superexplotación”, véase Marini, 1973: 91-99.

³A menos que se indique lo contrario, las cifras proceden de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de los últimos 20 años en varios países y niveles de mercado. Son valores indicativos de esos momentos, no precios actuales.

⁴

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) surgieron a mediados de la década de 1960 como una organización guerrillera marxista-leninista arraigada en la autodefensa campesina y las luchas por la tierra. Su programa se centraba en la reforma agraria y en un proyecto más amplio de transformación política y social en un país marcado por la extrema concentración de la tierra y la exclusión política. Se convirtió en una de las principales fuerzas insurgentes del conflicto armado interno de Colombia, en el que también participaron las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares de derecha.

⁵Para consultar documentación desclasificada sobre la relación entre los cárteles y el estado belicista, véase Kornbluh y Byrne, eds., 1993.

⁶Además, una lectura clave es: Cockburn y Saint Clair, 1999.

⁷Hawala y hundi se refieren a sistemas informales de transferencia de valor en los que los intermediarios (hawaladars) mueven dinero a través de las fronteras mediante redes de contrapartes y no a través de transferencias bancarias formales. El remitente entrega los fondos a un intermediario en un lugar y otro intermediario asociado paga al destinatario en otro lugar; posteriormente, los intermediarios liquidan las cuentas mediante transacciones de compensación (facturas comerciales, mensajeros de efectivo u otros acuerdos de compensación). Estos sistemas se utilizan ampliamente para remesas legítimas en lugares donde la banca formal es limitada, pero también pueden utilizarse para evadir los controles de capital y la fiscalización contra el lavado de dinero.

⁸Según la definición de tierras agrícolas del Banco Mundial (tierras cultivables + cultivos permanentes + pastizales permanentes), Colombia contaba con aproximadamente 448.590 km² de tierras agrícolas en 2000 (es decir, 44.859.000 hectáreas).Arriba

Referencias bibliográficas

Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Oficina de Ciencias Forenses, Laboratorio Especial de Pruebas e Investigación. “CY 2024 Annual Cocaine Report”, PRB nº 2025-42, 2025. Disponible en: https://www.dea.gov/sites/default/files/2025-09/CY2024%20Annual%20Cocaine%20Report%20PRB-2025-42%20Final.pdf.

Arlacchi, Pino. “The Great Hoax Against Venezuela: Oil Geopolitics Disguised as ‘War on Drug’”. Venezuela Analysis. 2 de septiembre de 2025. Disponible en: https://venezuelanalysis.com/opinion/the-great-hoax-against-venezuela-oil-geopolitics-disguised-as-war-on-drugs/.

Blackhurst, Chris. Too Big to Jail: Inside HSBC, the Mexican Drug Cartels and the Greatest Banking Scandal of the Century. Londres: MacMillian, 2023.

Botte, Roger. Esclavages et traite des êtres humains au Sahel. París: Karthala, 2000.

Central Intelligence Agency (CIA), Report of Investigation: Allegations of Connections Between CIA and the Contras in Cocaine Trafficking to the United States, vols. I y II. Washington DC: Central Intelligence Agency, Office of Inspector General, 1998.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). “21 años de la masacre de Mapiripán”. Noticias CNMH. 11 de julio de 2018. Disponible en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/21-anos-de-la-masacre-de-mapiripan/.

Cockburn, Alexander y Jeffrey St. Clair. Whiteout: The CIA, Drugs, and the Press. Londres: Verso, 1999.

Comisión de la Verdad. “La masacre de las bananeras”, No Matarás, Comisión de la Verdad, 22 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/la-masacre-de-las-bananeras.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Gobierno de Colombia. Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014: Hay Campo para Todos: La mayor operación estadística del campo colombiano en los últimos 45 años. Bogotá: DANE, 2014. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014.

Downs, Jacques M. “Fair Game: Exploitative Role-Myths and the American Opium Trade”, vol. 41, nº 2. Pacific Historical Review. 1972.

Eljuri, Ariadna. “Gustavo Petro en la ONU: ‘La guerra contra las drogas ha fracasado’”. Últimas Noticias. 20 de septiembre de 2022. Disponible en: https://ultimasnoticias.com.ve/general/gustavo-petro-en-la-onu-la-guerra-contra-las-drogas-ha-fracasado/.

Feinstein, Andrew. The Shadow World: Inside the Global Arms Trade. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

Franceschini, Ivan, Ling Li y Mark Bo. Scam: Inside Southeast Asia’s Cybercrime Compounds. Londres: Verso, 2025.

Gobierno de Colombia y FARC-EP. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 24 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0.

González, Cecilia. Narcosur: La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina. Buenos Aires: Marea Editorial, 2014.

Gootenberg, Paul y Liliana M. Dávalos, eds. Los orígenes de la cocaína: Colonización y desarrollo fallido en los Andes amazónicos. Bogotá: Universidad de los Andes-Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y Ediciones Uniandes, 2021.

Grillo, Ioan. Gangster Warlords: Drug Dollars, Killing Fields, and the New Politics of Latin America. Londres: Bloomsbury Press, 2016.

Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation. París: Financial Action Task Force, 2012–2025. Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.

—. Money Laundering from Environmental Crimes. París: Financial Action Task Force, 2021. Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-environmental-crime.html.

Gutiérrez Alfonso, Karen Jessenia. “La criminalización de los cultivadores como coartada imperialista: Economía política de las drogas en Colombia”. Adictos al imperialismo: Estados Unidos y la política de “guerra” contra las drogas, nº 1. Buenos Aires: Instituto Tricontinental de Investigación Social; Bogotá: Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), octubre de 2024. Disponible en: https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2024/10/Adictos-al-Imperialismo_Cuaderno-1_Web-1.pdf.

Haijian, Mao. Tianchao de Bengkui: Yapian Zhanzheng Zai Yanjiu [La caída de Bengkui: la batalla de Yapian bajo investigación]. Beijing: Shenghuo·Dushu·Xinzhi Sanlian Shudian, 2005.

Hickel, Jason et al. “Imperialist Appropriation in the World Economy: Drain from the Global South Through Unequal Exchange, 1990–2015”. Global Environmental Change, vol 73, nº 113823, 2022. Disponible en: https://eprints.lse.ac.uk/113823/1/1_s2.0_S095937802200005X_main_1_.pdf.

HSBC Holdings plc. Interim Report 2025. Disponible en: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0822/2025082200025.pdf.

Instituto Tricontinental de Investigación Social. “Los perros del imperio ladran contra Venezuela”, alerta roja n.º 20, 6 de noviembre de 2025. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/alerta-roja-20-venezuela/.

____. ¿Cuántas leyes internacionales puede violar Estados Unidos contra Venezuela y aun así salir impune?, Boletín 2, 8 de enero de 2026. Disponible en: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-venezuela-ataque-estados-unidos/.

Isacson, Adam. “Crisis and Opportunity: Unravelling Colombia’s Collapsing Coca Markets”. Washington Office on Latin America (WOLA), 24 de agosto de 2023. Disponible en: https://www.wola.org/es/analysis/crisis-oportunidad-entendiendo-colapso-mercado-coca-colombia.

Kornbluh, Peter y Malcolm Byrne, eds. The Iran-Contra Scandal: The Declassified History. Nueva York: The New Press, 1993.

Labate, Beatriz Caiuby y Thiago Rodrigues, eds. Política de Drogas no Brasil: Conflictos e Alternativas. Campinas y São Paulo: Mercado de Letras, 2018.

Le Grand, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988.

Lovell, Julia. The Opium War. Drugs, Dreams, and the Making of China. Oxford: Picador, 2011.

Machado, Absalón. El problema de la tierra: conflicto y desarrollo en Colombia. Bogotá: Debate, Penguin Random House Grupo Editorial, 2017.

Marini, Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia. México, D.F.: Ediciones Era, 1973.

Marx, Karl. “Free Trade and Monopoly”. New York Daily Tribune, 25 de septiembre de 1858.

McCoy, Alfred. The Politics of Heroin in Southeast Asia. Nueva York: Harper and Row, 1972.

Naím, Moisés. Illicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats Are Hijacking the Global Economy. Nueva York: Knopf, 2006.

Nazzari, Mirko y Peter Reuter. “How Well Does the Money Laundering Control System Work?”. En Crime and Justice, editado por Michael Tonry. Chicago: The University of Chicago Press, 3 de julio de 2025.

Nixon, Richard. “President Nixon Declares Drug Abuse ‘Public Enemy Number One’” (video de YouTube, 17 de junio de 1971). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y8TGLLQlD9M.

Oficina de la Presidencia de Colombia. “El 75 por ciento de la inversión extranjera directa que llegó a Colombia en 2024 beneficia a sectores no minero energéticos”, comunicado de prensa, 27 de marzo de 2025. Disponible en: https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/El-75-por-ciento-de-la-inversion-extranjera-directa-que-llego-a-Colombia-250327.aspx .

Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito (UNODC). Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas. Viena: United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 2001. Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/report_2001-06-26_1_es/report_2001-06-26_1_es.pdf.

______. World Drug Report 2004, Volume 2: Statistics. Naciones Unidas, 2004, https://www.unodc.org/pdf/WDR_2004/Chap5_coca.pdf.

______. Estimating Illicit Financial Flows from Drug Trafficking and Other Transnational Organised Crimes. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, octubre de 2011. Disponible en: https://info.publicintelligence.net/UNODC-IllicitFlows.pdf.

______. “Drug Trafficking: A $32 Billion Business Affecting Communities Globally”. 2012. Disponible en: https://www.unodc.org/southasia/frontpage/2012/August/drug-trafficking-a-business-affecting-communities-globally.html.

______. y Fundación Ideas para la Paz. ¿Quiénes Son las Familias que Viven en las Zonas con Cultivos de Coca? Caracterización de las Familias Beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Bogotá: agosto de 2018a. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Agosto/Quienes_son_las_familias_que_viven_en_las_zonas_con_cultivos_de_coca_N.1.pdf.

______. Colombia: Monitoreo de los territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. Bogotá: UNODC-SIMCI, septiembre de 2018b. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf.

______. Rama de Investigación y Análisis de Tendencias, y Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rama de Estadísticas e Información de Desarrollo. Conceptual Framework for the Statistical Measurement of Illicit Financial Flows. Viena y Ginebra: United Nations Office on Drug and Crime and United Nations Conference on Trade and Development, octubre de 2020. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_15Oct.pdf.

______. Global Report on Cocaine 2023: Local Dynamics, Global Challenges. Naciones Unidas, marzo de 2023a. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf.

______. Crime-related Illicit Financial Flows: Latest Progress. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, diciembre de 2023b. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/IFF/2023/IFFs_Estimates_Report_2023-final-11dec2023.pdf.

______. Oficina Regional para Afganistán, Asia Central, Irán y Pakistán. “Improving regional investigations on money laundering and asset recovery”, 2024. Disponible en: https://www.unodc.org/roca/en/NEWS/news_2024/november/improving-regional-investigations-on-money-laundering-and-asset-recovery.html.

Organización de las Naciones Unidas. Convención única sobre estupefacientes, 1961. Nueva York: Naciones Unidas, 30 de marzo de 1961. Disponible en: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). “OIT: El trabajo forzoso genera 150.000 millones dólares de ganancias anuales”, 20 de mayo de 2014. Disponible en: https://www.ilo.org/es/resource/news/oit-el-trabajo-forzoso-genera-150000-millones-d%C3%B3lares-de-ganancias-anuales.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Global Trade in Fake Goods Reached USD 467 Billion, Posing Risks to Consumer Safety and Compromising Intellectual Property”, 7 de mayo de 2025. Disponible en: https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/05/global-trade-in-fake-goods-reached-USD-467-billion-posing-risks-to-consumer-safety-and-compromising-intellectual-property.html.

Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). “What Is the Global Multidimensional Poverty Index (MPI)?”. Disponible en: https://ophi.org.uk/what-global-mpi.

Ramos Castiblanco, Leandro. Formas de violencia urbana populares: monografías barriales Bogotá, Medellín y Cali. Medellín: Universidad de Antioquia, 2021.

Ramos, María José. El tráfico ilegal de fauna en América Latina. Buenos Aires: Mágicas Naranjas, 2018.

Reding, Nick. Methland: The Death and Life of an American Small Town. Nueva York: Bloomsbury, 2009.

Reyes Posada, Alejandro. Guerreros y campesinos: El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: IES, CINEP, 2010.

Rojas Rivera, Diana Marcela. El Plan Colombia. La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012). Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, 2015.

Savage, Charlie. “Justice Dept. Drops Claim That Venezuela’s ‘Cartel de los Soles’ Is an Actual Group”. The New York Times, 5 de enero de 2026. Disponible en: https://www.nytimes.com/2026/01/05/us/trump-venezuela-drug-cartel-de-los-soles.html.

Valentine, Douglas. The CIA as Organised Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World. Atlanta: Clarity Press, 2017.

Vázquez del Mercado, Guillermo, Ruggero Scaturro y Alex Goodwin. “Measuring the Scope and Scale of Illicit Arms Trafficking”. Ginebra: Global Initiative Against Transnational Organised Crime, enero de 2025. Disponible en: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/06/Measuring-the-scope-and-scale-of-illicit-arms-trafficking-GI-TOC-January-2025.v2-.pdf.

Webb, Gary. Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion. Nueva York: Seven Stories Press, 1998.

Wong, John D. Global Trade in the Nineteenth Century: The House of Houqua and the Canton System. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Gaceta Crítica