Ana Pardo de Vera (PUBLICO), 31 de Enero de 2026

El Partido Popular todavía no ha llegado a agitar la bandera de la teoría del reemplazo, como sí están haciendo su escisión ultra, Vox, y los grupos de ultraderecha que lo alimentan y protegen. «Invasión», «sustitución», «remigración», «deportación» o el citado «reemplazo» son términos del neofascismo español -copia de otros europeos o del estadounidense de Donald Trump– que estos activistas xenófobos utilizan para construir un discurso con el que pretenden justificar su odio al extranjero; al extranjero pobre, queremos decir: al que llega en patera, a los que viajan hacinados en contenedores o deformados en los bajos de un camión.
Lo cuenta en Público Danilo Albín: «Grupos xenófobos alientan la teoría del ‘reemplazo’ étnico y coordinan acciones contra la regularización de migrantes«. El reciente anuncio del Gobierno de aceptar la regularización de medio millón de inmigrantes tras alcanzar un acuerdo con Podemos -que se compromete a revisar su rechazo al traspaso de las competencias de inmigración del Estado a Catalunya, como pedía Junts-, una medida que había recogido 700.000 firmas a favor en el Congreso, ha provocado un aluvión de reacciones xenófobas y bulos fácilmente desmontables en Vox y el PP. Mientras Santiago Abascal habla directamente de «invasión», Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso prefieren los conceptos «efecto llamada», «dificultades en los servicios públicos» y el ya tradicional fraude electoral o compra de votos, una acusación que la (ultra)derecha no deja de arrojar siempre que puede y que es falsa o muy falsa, o sea, pura miseria.
Pese a que la regularización de inmigrantes es una figura ampliamente utilizada por todos los gobiernos, desde Felipe González a José María Aznar, la exitosa irrupción de la ultraderecha con su mensaje antiinmigración por bandera ha descolocado al PP de Feijóo, que ya no sabe qué hacer para detener la hemorragia de votos que se le marchan a Vox y ha decidido tragarse sus planteamientos xenófobos, éstos que constituyen, en realidad, la más cruel aporofobia en una España donde conviven ciudadanos/as de muchos países y culturas. La cuestión, claro, es el dinero; legal o ilegal, el que sea, basta con hacer memoria.
En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó las golden visa en España, un sistema de adquisición de permisos de residencia por parte de extranjeros extracomunitarios que invertían en nuestro país, entre otras formas, comprando bienes inmuebles por, al menos, 500.000 euros. «Silencio positivo» se le llama al «silencio administrativo» con el que las administraciones del Estado callaban y otorgaban tarjetas de residencia y/o ciudadanía española a chinos y rusos, sobre todo, pero también a estadounidenses, iraníes, ingleses, ucranianos, árabes, mexicanos, venezolanos, filipinos o egipcios. La práctica totalidad de estas inversiones a cambio de la regularización se hacían a través de la compra de inmuebles y organizaciones como Transparencia Internacional (TI), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtieron contra la oscuridad que esta euforia descontrolada en España de las golden visas traía consigo: «Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, corrupción, fraude, evasión fiscal, delitos financieros, crimen organizado, contra la seguridad e integridad del Estado… «, avisando, además, de que «un ciudadano de un Estado miembro tiene derecho a residir, circular y trabajar libremente en los otros 26 Estados miembro de la Unión» (TI España, informe de 2023 sobre el efecto de las golden visa)
¿Creen que grupos nazis, xenófobos, racistas, falangistas, ultraderechistas o activistas intolerantes del mismo cuño alertaron sobre los riesgos que suponía para España el descontrol de estas regularizaciones doradas a tocateja (con mucha teja)? Nada, ni una palabra, aunque bajase el arzobispo Munilla de su púlpito berroqueño a decir que «todos no caben». Tampoco fue el caso.
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